De pronto la prensa nos dio la noticia: la carretera Oruro-La Paz estaba bloqueada por mineros de Colquiri; la memoria nos trae el recuerdo de la Marcha por la Vida y otros sucesos luctuosos. ¿Qué ocurría?
La promulgación del DS 4783 del 24 de agosto pasado provocó una reacción de los sindicatos de la minería nacionalizada, de la Federación de Mineros e incluso de la Central Obrera Boliviana. Los trabajadores de Colquiri no esperaron en tomar medidas de fuerza. En concreto, dice el decreto: “Las empresas públicas … transferirán recursos al TGN”. Por un lado, ¿es que las empresas públicas no son del Estado y éste no puede disponer de su patrimonio? y, por otro, ¿los trabajadores no están obligados a garantizar el futuro de su fuente de trabajo? Son interrogantes que nos introducen al fondo del problema.
Al crear sus empresas, el Estado espera no solo beneficiarse con las utilidades, sino que sean agentes de la transformación productiva; de eso se trata la sustitución de importaciones y la industrialización. Esto no libera que tributen como establecen las leyes. En el caso del sector minero se ha establecido un régimen de contribución del sector: paga una regalía por la explotación de un recurso natural no renovable que beneficia al departamento y el municipio donde se encuentra asentada la mina, 5 al 7% del valor bruto del metal; por otra parte, paga el impuesto a las utilidades de las empresas en una proporción del 25% de las utilidades; más una alícuota adicional del 12,5% cuando las cotizaciones son altas, además, en 2021 contribuyó con 1,8% para el bono Juancito Pinto. Así, la contribución de Colquiri al Estado, en la gestión 2021 llegó al 55% de la utilidad de la empresa, equivalente a un valor de $us 20 millones. Esto es lo particular del sector minero estatal, es el que más aporta de sus utilidades y no como dice el ministro de Economía, que es solo el 1,8%.
Las empresas estatales están obligadas a ser eficientes y contribuir al desarrollo nacional, por eso, más allá de cumplir con sus obligaciones de ley, deben ampliar sus horizontes y encarar las tareas de la industrialización. Esta visión debe estar formulada en un plan estratégico y no puede estar sujeta a necesidades coyunturales. De esta manera, los trabajadores de Colquiri y en general los de la Comibol sienten frustración, por cuanto las inversiones realizadas en sus empresas no han dado los resultados esperados.
No existe una visión de futuro, su actividad se guía por la rutina cotidiana. ¿Quién debiera darle la certeza de futuro? La Comibol, la empresa matriz, la que no deja de ser una rémora del neoliberalismo.
La preocupación de los obreros por el futuro de la empresa es consustancial a la historia del movimiento sindical minero: el control obrero, la cogestión obrera y hoy el “control social”, es un derecho por ser los actores del triunfo de la Revolución de 1952 y la derrota a las dictaduras y el neoliberalismo. El apoyo al proceso de cambio en San Cristóbal (2015) condiciona a la formulación por parte de los trabajadores de una “política minera-metalúrgica, que se convierta en pilar central de crecimiento económico, con el único objetivo de reactivar el aparato productivo en beneficio del pueblo boliviano”, que tampoco lo formulan.
Coincidentemente, en la visión del Gobierno, el sector minero es estratégico, con la ventaja de ser ampliamente conocido, pero ¿cuáles son sus planes?, ¿cómo piensa implementarlos? No hay claridad, solo deseos. Proyectos tan importantes como la refinería de zinc están a la espera del financiamiento externo; mientras, en su momento, se negó que Colquiri asumiera la construcción de su propia planta hidrometalúrgica con recursos propios, con una inversión de $us 50 millones —el proyecto se pagaría en dos años—, por cuanto hoy, por el zinc, solo le pagan un tercio de su valor de mercado.
Vivimos momentos relevantes para la consolidación del proceso de cambio, que significa la liberación económica y política de la nación y este propósito solo lo lograremos con la unidad de las masas sociales que son el sustento del proceso y el Gobierno que está obligado a una planificación participativa a mediano y largo plazo, donde se tenga claros los objetivos a ser alcanzados, los tiempos de su ejecución y el financiamiento conjunto; una actitud burocrática del mando y orden no corresponde y la acción de los obreros no puede ser una reacción circunstancial sino un compromiso permanente con la empresa y el país.
¡Vamos juntos, adelante! Lo importante es ponernos de acuerdo sobre cómo hacer grande a nuestro país, aportando cada uno lo suyo en función del interés nacional.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.