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Tuesday 6 Dec 2022 | Actualizado a 00:01 AM

Responsabilidad social empresarial pública estatal

/ 4 de octubre de 2022 / 01:35

La emisión del Decreto Supremo 4783 con relación al pago de utilidades de las empresas públicas bolivianas y las reacciones que se han presentado en los últimos días dejan lugar a un espacio de análisis respecto al concepto de responsabilidad social empresarial, el rol del Estado con relación a las transferencias publico privadas para la reducción de la pobreza y los efectos registrados en Bolivia.

El Decreto Supremo 4783 dispone la transferencia de utilidades registradas en las empresas públicas del país para financiar proyectos de inversión o programas de interés social. De donde ha resultado la polémica acerca de que se pretendería pagar parte de los bonos que son entregados por el Gobierno con estos recursos.

Al respecto, corresponde analizar que la norma antes citada dispone la transferencia de las utilidades registradas por las empresas públicas; consecuentemente, el patrimonio de estas no se vería afectado con esa disposición puesto que, como en cualquier empresa privada, al cabo de un año de trabajo corresponde ver si se ha ganado o perdido, y en su caso reintegrar la pérdida o distribuir la utilidad.

Ahora, en torno a la polémica suscitada, se debe tener presente que, como en cualquier negocio, se estaría cobrando el rédito de la inversión realizada a tiempo de la formación de la empresa, o su nacionalización, y con ello no se está disminuyendo el patrimonio con el que se ha generado esa utilidad, toda vez que es la ganancia del trabajo desarrollado durante un año.

Por otro lado, el concepto de responsabilidad social empresarial utilizado en el decreto resulta muy pertinente con relación a esas empresas que, en realidad, han sido creadas en el marco de un modelo económico que busca precisamente la generación de excedentes para su redistribución, entonces, cuando se utilizan estos recursos para bonos, resulta que se están destinando a su propósito original, las políticas sociales.

Ahora bien, el pago de los bonos, como la polémica ha entendido que es el destino de esas utilidades, constituyen transferencias público-privadas que han demostrado su utilidad como un instrumento de lucha contra la pobreza, aspecto que no es solamente reconocido a nivel local sino que organismos como la CEPAL han reconocido y medido su eficacia.

Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial es justamente eso, devolver a la sociedad una parte de las ganancias que registran en favor de sus grupos de relacionamiento o la sociedad en general; esto en Bolivia, en materia estatal, encuentra un vehículo idóneo a través del financiamiento de políticas sociales destinadas a la disminución de la pobreza como es el destino que se ha manifestado en el Decreto 4783.

En conclusión, cuando se utilizan los réditos de las inversiones del Estado en el financiamiento de políticas sociales y responsabilidad social empresarial, en realidad lo que se está haciendo es reafirmar el compromiso de nuestras empresas públicas con el pueblo boliviano y garantizar el desarrollo y seguridad de nuestras nuevas generaciones.

Rafael Villarroel es economista.

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Civismo versus representatividad

/ 5 de noviembre de 2022 / 00:41

El último aniversario del comité cívico cruceño y las declaraciones de su presidente en torno a los logros obtenidos a lo largo de su historia, abren espacio para que se pueda hacer una reflexión sobre la representación que ejercen estos comités corporativos y la necesidad de su democratización a la luz de los tiempos que vivimos en la actualidad.

El presidente cívico, en su salutación de aniversario, hizo referencia a los aportes hechos por el movimiento cívico en favor de las autonomías y la profundización del proceso democrático, atribuyéndose el logro de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, también quedó claro que este comité, como la mayoría de los comités que se constituyeron alrededor del país, tiene una estructura corporativa o de “sectores institucionales” donde esos “sectores” determinados son los que toman a su cargo el nombramiento de sus representantes, sin que medie una elección directa con la participación de los integrantes de esos colectivos, lo que importa una práctica democrática restringida.

Ahora bien, es innegable el papel desarrollado, no solo por el comité cívico cruceño, sino por el movimiento cívico boliviano; también resulta en un contrasentido advertir que en el transcurso de los casi tres cuartos de siglos de presencia de estos grupos corporativos, no se hayan modificado sus estructuras en función a una democracia representativa, y se siga eligiendo a sus representantes por medio de designaciones por instituciones afiliadas y no se haga una votación que convoque de manera directa al debate de ideas y la contraposición de posiciones que puedan representar de mejor manera el sentir de la población.

En paralelo a eso, también debe tenerse en cuenta que esta práctica de elección a través de corporativos ha producido una crisis de representatividad en otros departamentos, puesto que, como consecuencia de la fórmula de su elección, surgen instituciones de objeto análogo que se arrogan la legitimidad para ejercer la representación de la población. Generando así una duplicidad que termina en una anulación fáctica de estos comités.

En el momento actual, vemos que, como reacción a algunas determinaciones de estos comités, también comienzan a surgir voces que cuestionan su papel. Asimismo, otros colectivos disidentes acusan que no se encuentran representados por estos corporativos, que no fueron consultados en cuanto a las decisiones adoptadas; y que los afectan restringiéndolos en el ejercicio de sus derechos. Ante esto, resulta que la fórmula democrática es la ideal para poder tener un nivel de certeza en relación a la legitimidad de la representación que se alega, puesto que, de mediar una elección con mayor democracia, los comités ganarían en legitimidad y representación; sin embargo, ello implica el sacrificio de una articulación rápida pero antojadiza alrededor de algunos intereses mezquinos.

En suma, resulta necesario que los comités cívicos avancen en sus propios procesos de democratización en aras de despejar las dudas que se van posicionando alrededor de su legitimación para el ejercicio de la representatividad que pretenden ejercer, y así puedan revitalizarse en cuanto a su representatividad y vigencia.

Rafael Villarroel es economista.

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La jubilación nuestra de cada día, ayer y hoy

/ 21 de octubre de 2022 / 02:09

La jubilación, y la administración de los fondos que la financian, han sido objeto de polémica y de cuestionamientos en los últimos días, pero el sistema de pensiones ha sido uno de los capítulos más sensibles de la historia boliviana de los últimos 30 años, que ha constituido un llamado a la lucha de los distintos sectores de nuestra sociedad; hoy en día, toma una vez más el centro de atención del análisis, con posiciones en pro y en contra con relación a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

Para este efecto, es bueno recordar que a mediados de los años 90 del siglo XX, tuvo lugar una de las reformas estructurales del Estado más polémicas de nuestra historia con la “ley de capitalización” entregando el aparato productivo estatal a manos privadas de consorcios extranjeros internacionales; en paralelo a esto, se dio la reforma de pensiones con aquella “ley de pensiones” que rompió con la lógica de administración jubilatoria, imponiendo un sistema de capitalización individual, cerrando de manera violenta los distintos fondos de pensiones y entregando las acciones de las “empresas capitalizadas” a los administradores del nuevo sistema.

La reforma de pensiones trajo consigo importantes impactos para el Estado boliviano; el primero de ellos, fue una escalada de convulsión interna que concluyó con el silenciamiento sistemático de los disidentes que no estaban dispuestos a consentir estas medidas, con represión y la declaración de estados de sitio que se prologaron por varios meses.

Otro efecto fue que el costo financiero de la entrega de los fondos de pensiones a empresas privadas —que después comenzaron a llamarse familiarmente como AFP—, fue absorbido enteramente por el Estado sin tener ninguna fuente de financiamiento para ello, raíz del fuerte déficit fiscal experimentado; con el costo social que vivimos a finales de los años 90 y la primera parte del nuevo siglo, junto a las protestas de ancianos en la calle que se encontraban en la “generación sándwich” o que cobraban jubilaciones que hacían inviable la subsistencia.

Lo anterior produjo que en los gobiernos que sucedieron a la reforma de los años 90, se introduzcan cambios que sensibilicen el sistema de pensiones; sin embargo, fueron insuficientes, creciendo a la par la demanda de una nueva reforma de pensiones que humanice este sistema.

Los sucesos citados constituyen el antecedente de la nueva Ley de Pensiones y la creación de la nueva Gestora, donde no solamente se han hecho cambios que permitan una renta universal de vejez (Renta Dignidad), sino que se ha aumentado un componente solidario a la jubilación de quienes no pueden acceder a una renta que garantice su supervivencia. Sin perder de vista que esta reforma ya cuenta con 12 años y sus resultados son notables.

De todo esto, resulta poco comprensible que sectores que hace 30 años estaban en las calles luchando contra la privatización del aparato público estatal y del sistema de pensiones, hoy pidan la permanencia de empresas privadas que tuvieron en sus manos la administración de las empresas capitalizadas a nombre del Estado con los resultados que se conocen, impidiendo la profundización de un sistema de pensiones que ya cuenta 12 años y ha demostrado la solidaridad de los bolivianos con sus mayores.

Rafael Villarroel es economista.

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212 años y el tren de la inversión pública

/ 15 de septiembre de 2022 / 00:39

El 212 aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba trajo consigo la singularidad de la entrega del Tren Metropolitano, obra que ha convocado la atención de todo el país. Este evento nos invita a reflexionar el papel de la inversión pública y el concurso del Estado en la prestación de servicios.

El Tren Metropolitano, una obra que, de acuerdo con los datos publicados, ha requerido la inversión de aproximadamente Bs 2.500 millones —esto a lo largo del tiempo—, tendrá un retorno no solo económico sino social en función al servicio que prestará en seis municipios del departamento de Cochabamba.

Pero el monto del costo debe ser asumido como lo que es, una inversión que a lo largo del tiempo tendrá un rédito que, a diferencia del campo privado, tendrá que ser medido no solo en el campo del retorno económico, sino que tiene intrínseco un factor multiplicador para el bienestar de la población y el desarrollo de sus actividades que amerita el esfuerzo por parte del Estado.

El costo de esta importante obra, asumido por el Estado, a tiempo de su análisis también debe ser sopesado con el hecho de que, producto de la Ley de Capitalización, los privados que se hicieron cargo de los ferrocarriles decidieron, junto a cientos de millones de dólares invertidos en otras líneas, suprimir un servicio tan importante para los cochabambinos, con el costo social que eso ha importado para el desarrollo de todo el valle cochabambino.

La historia del siglo XX en Bolivia tiene entre sus factores comunes la formación de monopolios privados ineficientes y abusivos que con gran frialdad se inclinaron en muchas oportunidades por la explotación abusiva de ellos, sacrificando al país como es el caso de la oferta eléctrica, el estaño o los propios ferrocarriles. Ante esta inacción, el Estado en la segunda parte del siglo pasado fue el que realizó grandes esfuerzos para poder corregir las disposiciones creadas, siendo el germinador de la primera generación de las empresas públicas del país.

Debe anotarse también que el esfuerzo del Tren Metropolitano no es aislado y hoy se cuenta con experiencias del retorno de estas inversiones en distintos ámbitos, como son el incremento de la oferta eléctrica y la integración del mundo rural a la electrificación; la democratización de las telecomunicaciones; el acceso al agua potable (Misicuni); el transporte masivo por teleférico o el ingreso de energías limpias y alternativas.

Con motivo de esta importante obra, el balance nos arroja que el Estado, con el concurso de las empresas públicas, ha realizado importantes aportes de inversión pública en ámbitos estratégicos que han contribuido a la democratización del acceso a servicios, que son tangibles en el presente, dejando constancia de que su participación es fundamental para el desarrollo obtenido en los últimos tres lustros.

Rafael Villarroel es economista.

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