Voces

Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 20:13 PM

Me equivoqué

/ 5 de octubre de 2022 / 02:14

Como crecí en Turquía, viví mi niñez a la sombra de una fuerte censura y me sentí fascinada por lo que las nuevas tecnologías significarían para el mundo y en especial para la libertad de expresión y el disenso. Ingresé a una escuela de posgrado en Estados Unidos. Tenía un especial interés en las relaciones entre la tecnología, el disenso y las protestas. Sin embargo, la reacción del gobierno de George W. Bush al 11 de septiembre cambió la manera en la que pasé mi tiempo.

Después de 2001, me metí de lleno al movimiento para detener una guerra infundada, que se suponía que era una respuesta a terribles actos de terrorismo. Al ser de la región, conocía bien la brutalidad de Sadam Husein. Pero también pensaba que una guerra de grandes proporciones y la ocupación militar de un país del Medio Oriente, con base en acusaciones poco sólidas y pruebas endebles serían catastróficas.

Sin duda, esa inmensa ola de protesta —quizá la más larga de la historia— ayudaría a detener la marcha imparable hacia aquella guerra mal aconsejada. Todos sabemos qué sucedió. Pero me tomó años de estudio descifrar el cómo y el porqué. La primera pregunta que me hice fue por qué tantos otros y yo esperábamos que las protestas influirían de manera inevitable en las decisiones del Gobierno. Nos parecía que era cosa de sentido común, pero, ¿cuál sería el mecanismo para que el poder del pueblo se transformara en un cambio de políticas? En el caso de la invasión de Irak, algo no había funcionado tan bien.

Empecé a entender mejor la razón menos de una década después, cuando comenzó una nueva ola de protestas mundiales: las revoluciones de la Primavera Árabe en todo el Medio Oriente, el movimiento Occupy en Estados Unidos y muchos más. Todos ellos parecieron surgir de la nada y crecer con rapidez, valiéndose de los poderes de la tecnología digital. A medida que estudiaba muchos de esos movimientos, observé que existían patrones comunes. Los grandes movimientos que surgieron con rapidez a menudo perdieron el rumbo una vez que llegó el inevitable rechazo. No contaban con las herramientas necesarias para navegar por la traicionera fase siguiente de la política, porque no habían necesitado construirlas para llegar a ella.

En el pasado, una marcha realmente multitudinaria era la culminación de una organización a largo plazo, el signo de exclamación al final de una frase, que indicaba una planificación previa y fuerza. Pero desde principios de la década de 2000, una gran protesta ha empezado a parecerse más a una frase que empieza con un signo de interrogación. Así que concluí que aunque las grandes manifestaciones de hoy se ven igual que las del pasado, los diferentes mecanismos que las producen ayudan a determinar si los gobiernos o las autoridades las verán como una amenaza verdadera o solo como algo que puede desestimarse con el argumento de que es un grupo focal. Esto no quiere decir que he llegado a pensar que las protestas son inútiles o que las grandes marchas no tienen sentido. Lo tienen.

En 2003, durante aquellas protestas contra la inminente invasión de Irak, los demás manifestantes y yo estábamos alarmados por el pensamiento colectivo que observábamos entre los políticos y los medios de comunicación sobre los motivos y la necesidad de la guerra. Las pruebas que ofrecían parecían débiles a todas luces y sus hipótesis sobre cómo se desarrollaría la guerra eran muy ajenas a la comprensión realista de la situación.

Pero nosotros también teníamos nuestra propia versión del pensamiento ilusorio que teñía nuestro juicio. Por supuesto, nuestro nivel de culpabilidad no era similar, ya que no pudimos detener una catástrofe a pesar de haberlo intentado, en comparación con el hecho de haber iniciado una a partir de pruebas deficientes y poco sólidas, pero nos sirvió de lección. Estar en el lado correcto de la historia no nos libra de los análisis débiles ni de la tentación de confundir lo que colectivamente esperábamos que fuera cierto con un examen de cómo fueron las cosas en realidad.

Zeynep Tufekci es columnista de The New York Times.

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Avances y retos en reducción del hambre y pobreza

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:44

En noviembre se han presentado publicaciones, reportes, informes y notas de prensa respecto a la seguridad alimentaria, hambre y pobreza en el mundo. Algunos medios de comunicación nacionales, artículos de opinión y analistas económicos dieron su punto de vista respecto a estas publicaciones, indicando un contexto nacional sin progreso, sin desarrollo y sin avances económicos y sociales en las últimas dos décadas, mostrando una mirada incompleta de los datos, confundiendo a la población.

Por tanto, en este artículo daré una mirada más amplia a los resultados publicados por estos organismos. El primero es el Índice Global de Hambre (IGH) de las organizaciones Ayuda en Acción, Helvetas Bolivia y Welt Hunger Hilfe; que combina una inadecuada oferta alimentaria, la desnutrición infantil y la mortalidad infantil.

La principal conclusión de este informe es que el país ha mejorado considerablemente el IGH en las últimas dos décadas, aunque existen asimetrías al interior del país. Sin embargo, aquí debo agregar aspectos que deben ser tomados en cuenta en el análisis. En 2000, Bolivia era el país de la región con el IGH más alto, ocupando la última posición en el vecindario, anotando cerca de 28 puntos, con una amplia brecha respecto a otros países como Argentina, Chile o Uruguay, ubicando al país en una escala “Grave”.

En 2022, este indicador mejoró significativamente, llegando a 13 puntos, y un aspecto a resaltar es que Bolivia ya no ocupa la última posición en la región. Es más, el país fue uno de los que más aceleró esta reducción del IGH en más de la mitad junto a Perú entre 2000 y 2022, y tuvo su mayor disminución entre 2007 y 2014, con una caída de 7,3 puntos. Estos resultados no solo fueron destacables a nivel Sudamérica, sino a nivel América Latina.

A nivel departamental, las reducciones también son evidentes, y fueron plasmadas en el informe del IGH, se rescatan dos aspectos. El primero tiene que ver con el comportamiento histórico del IGH de cada departamento, donde en general se registraron reducciones significativas hasta 2019 (con excepción de La Paz, Chuquisaca y Tarija, donde encontraron su menor nivel en 2016). El segundo aspecto es que, debido a la pandemia del COVID-19, el IGH departamental se incrementó (con excepción de La Paz). Pero el mensaje es evidente, existe una mejora del IGH nacional y departamental hasta 2019, una recuperación de la misma en 2021 respecto a 2020 en la mayoría de los departamentos, y en general se pasó de un estado “Grave” a una situación “Moderada”.

El segundo documento tiene como encabezado        de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés). Aquí se destaca lo siguiente: la prevalencia de la subalimentación de la población total, que hace referencia a la privación de alimentos, se dedujo de manera importante en el país, pasando de un 27% entre 2004 y 2006 a 14%, en el periodo 2019- 2021, una reducción de 13 puntos porcentuales (pp), la caída más importante a nivel Latinoamérica, seguida por Perú (-10,5 pp).

Asimismo, la población subalimentada de Bolivia se redujo en el periodo 2019-2021 respecto a 2004-2006, según el informe de la FAO, el país fue uno de los que más contrajo el número de personas subalimentadas, de 2,5 millones a 1,6 millones, que en porcentaje respecto de la población sería de 27% a 13,7%.

Estos resultados son consistentes con la política social aplicada desde 2006, aunque tuvieron un retroceso en 2020 debido al COVID-19, lo que es mostrado en los documentos descritos en este artículo. Por lo tanto, es más sensato mencionar que Bolivia avanzó en cuanto a la seguridad alimentaria, acceso a la alimentación, desnutrición en niños y mortalidad infantil, siendo uno de los países que más redujo este último indicador.

Por último, el Banco Mundial, en su documento Pobreza y prosperidad compartida 2022, destacó el incremento de los ingresos del 40% de la población más pobre, con un 2,2%, el más elevado a nivel Sudamérica para el periodo 2015-2020, que trasciende a una disminución de la pobreza a nivel nacional, difiriendo con artículos de opinión que señalaron que la pobreza se incrementó.

Los resultados obtenidos por estos organismos internacionales y la reducción de la pobreza y desigualdad, demuestran que Bolivia tiene avances importantes y destacables en materia social. No obstante, las políticas implementadas para este logro deben seguir avanzando a un mayor desarrollo económico y social.

Álvaro Aruquipa es ingeniero comercial y analista económico.

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Hijos del centralismo republicano

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:39

La construcción del Estado republicano colonial liberal liderado por el caudillismo militar culminó su ciclo con la invasión chilena y de capitales ingleses a nuestras costas del Pacífico, la pérdida de territorio y la derrota militar iniciaron la fase oligárquica con el ascenso al gobierno al frente de los “barones de la plata”, con Narciso Campero, Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, la revolución federal de fines del siglo XIX, el asesinato a Zárate Willca, el ascenso de los liberales al poder político y con ellos, los “barones del estaño”, hasta la insurrección y la revolución de abril de 1952, cerró el ciclo oligárquico minero y feudal en occidente y en el valle en el país.

Los constructores del Estado, en función de la colonialidad, partieron de la estratificación racial y patriarcal de la sociedad, cuyo efecto es la composición de clase del Estado, de la propiedad de los recursos naturales y sobre los indígenas, fueron expulsados de la titularidad política del poder, el MNR y el nacionalismo revolucionario lideraron la fase del capitalismo de Estado del republicanismo liberal que no se desprendió del colonialismo.

El voto universal fue la nacionalización de la ciudadanía y con ello del Estado, la reforma agraria fue la nacionalización de la tierra en occidente, parcialmente en el valle y la nacionalización de la minería significó que los obreros, con la revolución, transfirieron la plusvalía al Estado, la nueva élite nacionalista en el poder dispuso del excedente.

La concepción ideológica de los titulares políticos del nacionalismo-capitalismo de Estado, en su vertiente democrática y militar dictatorial, al detentar el poder y disponer de excedente tuvieron como horizonte dual mantener en occidente la estructura productiva minera heredada de la oligarquía y en el oriente, constituir, impulsar y financiar la nueva burguesía con la dotación de millones de hectáreas, bajo los parámetros de la colonialidad, es decir el nacionalismo prescindió de los indígenas y campesinos, fueron los grupos de poder y los migrantes europeos los beneficiarios que acapararon el monopolio de la tierra.

La base de la estructura cruceña hasta la primera mitad del siglo XX era la hacienda tradicional, que derivó de la encomienda colonial, que representaba el 11% a nivel nacional y en menor escala, la ganadería.

A inicios de la década de los años 40, EEUU envió una delegación al frente de Mervin Bohan, que elaboró el Plan Bohan, que se sintetiza en: i) promover las relaciones de largo plazo entre ambos países; ii) fomentar las comunicaciones en Bolivia, teniendo como proyecto primordial la carretera Cochabamba-Santa Cruz; iii) alentar la expansión y diversificación de la producción agrícola para las exportaciones; y iv) potenciar y perfeccionar la explotación minera. La mirada de imperio en ese tiempo se concentró en el oriente y potenciar la oligarquía minera; nacionalizada la propiedad de los “barones del estaño”, el nacionalismo civil y militar miraba al oriente.

La fase civil-democrática entre 1952-1964, liderada por el MNR, dotó 5.113.152 hectáreas, en la fase militar-dictatorial (1964-1980) se dotó 26.597.313. Desde el poder se impulsó el nuevo latifundio y con ello, la construcción y constitución de la nueva clase. Hasta mediados de los años 90, el 68% de las tierras tituladas (38 millones de ha) estaba concentrada en empresas privadas. La fuerza no estaba solo concentrada en la tenencia de la propiedad sino en la generación de excedente, para ello el gobierno, a través de financiamiento del Banco Agrícola, entre en 1955 y 1975, dispuso cerca del 80% de créditos para el empresariado oriental, además de la dotación de equipos, maquinarias, financiamiento externo de la CAF, donación y créditos de EEUU, condonación de deudas, construcción de infraestructura caminera, eléctrica, etc.

En este tiempo largo, el enemigo para la nueva oligarquía oriental no era el centralismo colla, es más, convivían, disfrutaban y se beneficiaban del poder, mientras el Estado representaba sus intereses.

El ascenso de los plebeyos, la izquierda y la construcción del Estado Plurinacional quebró el sentido de poder de la oligarquía oriental y así empezó a combatir la fuente que le dio patrimonio y poder para reconfigurar su espacio —regional— y dominio hegemónico. Ante su derrota autonómica, la nueva ofensiva está en función de la consigna federalista.

La disputa para el establishment cruceño contra el Estado Plurinacional es detentar el poder de decisión sobre los recursos naturales en su departamento, dominio y control territorial oligárquico; implicaría para Bolivia que Santa Cruz se constituya en factor geopolítico. La reconfiguración del poder en su lógica no parte por ahora en ascender al Gobierno, sino en determinar la organización del poder en función del vector de clase del oriente, el federalismo deja de ser una consigna para constituirse en el motivador regional y en estrategia de poder territorial.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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Censo, instrumento de las élites cívicas

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:25

A más de un mes de la proclamación del paro cívico indefinido por parte de las autoridades cívicas y departamentales de Santa Cruz, debemos preguntarnos: ¿Quiénes son los más afectados por esta clase de medidas?

Esta simple pregunta puede tener un alcance a múltiples respuestas, sin embargo, en la mayoría de casos, y casi en su mayoría las personas interesadas en contestar a esta interrogante podrán asegurar que los más desfavorecidos son los sectores populares (transportistas, comerciantes, gremiales, entre otros), aquellos que con su trabajo ganan el sustento para sus familias día a día, que en muchos casos vieron sus fuentes laborales cerradas por este tiempo. Ahora, cabe recalcar que si bien hay un sector desfavorecido, lógicamente podría o no existir uno o varios que se beneficien (o no se vean tan perjudicados).

Para saber si existen beneficiarios, debemos ver ¿cuál es el motivo de este paro cívico? La respuesta es “el Censo de Población y Vivienda”. Se enfatiza que el motivo de este paro es la solicitud de que este proceso se lleve lo más pronto posible, por lo cual el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) fijaron la fecha para la realización y la presentación de sus resultados para 2024, a través del Decreto Supremo 4824, del 11 de noviembre de 2022.

Sin embargo, se ve el descontento de las élites políticas y económicas de Santa Cruz (descontento impulsado principalmente por el Comité Cívico y la Gobernación) por la fecha fijada. Pero, la fecha determinada responde a aspectos técnicos, logísticos y de coordinación por parte del ente encargado de llevar a cabo el Censo. Entonces, si bien ya se tiene fechas para la ejecución y entrega de resultados del Censo, ¿por qué este descontento? Se puede asegurar que en la mayoría de los casos es el interés y expectativa por la posible redistribución de escaños de las diputaciones uninominales (las cuales responden a un criterio poblacional), que podría aplicarse dependiendo de los resultados obtenidos; de esta manera, nos encontramos con dos frentes en contraposición: uno que se ve afectado continuamente, que quiere y necesita trabajar, y otro, que está velando o responde a intereses políticos, generando esta suerte de dicotomía en el pueblo cruceño.

En conclusión, de esta forma, el Censo es usado como instrumento que pretende generar división y confrontación en el pueblo cruceño. Si bien todos los datos que logremos obtener del Censo son importantes, el no contar con los mismos no imposibilita a ningún departamento, región o municipio en la realización de sus actividades, como ser la elaboración de las cartas orgánicas, la generación del plan de desarrollo, el Plan Operativo Anual, la asignación y la ejecución del presupuesto enfocado para el desarrollo de sus regiones. Un claro ejemplo es el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, que a la fecha cuenta con un presupuesto vigente de Bs 2.466 millones y registra una ejecución de 65,47% a poco más de un mes para concluir la gestión. La población del departamento de Santa Cruz debe analizar el porqué de tan baja ejecución o ¿es el Censo de Población y Vivienda un instrumento para la captación de mayor poder político o acaso es una cortina de humo para tapar la ineficiencia en la ejecución del presupuesto financiero a un mes de la finalización del año?

Javier Gonzalo Tirado es auditor financiero.

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¿Este es el fin de la criptoindustria?

/ 23 de noviembre de 2022 / 02:25

Eventos recientes han hecho evidente la necesidad de regular a la criptoindustria, que creció de la nada hasta alcanzar una capitalización de mercado de $us 3 billones hace un año, aunque la mayor parte de ese valor ya se evaporó. El problema es que también parece probable que esta industria no logre sobrevivir la regulación.

Así se ha desarrollado la historia hasta ahora: la criptoindustria alcanzó su máxima fama entre el público el año pasado, cuando apareció por primera vez en pantalla el comercial en el que Matt Damon dice que “la fortuna favorece a los valientes”, patrocinado por la casa de cambio con oficinas en Singapur Crypto.com. En esa época, el bitcóin, la criptomoneda más famosa, se vendía por más de $us 60.000.

En este momento, el valor del bitcóin es de menos de $us 17.000. Así que las personas que compraron la criptomoneda después de ver el anuncio de Damon han perdido más del 70% de su inversión. De hecho, como la mayoría de las personas que compraron bitcoines lo hicieron cuando el precio era alto, la mayoría de las personas que invirtieron en bitcoines —alrededor de tres cuartas partes de los inversionistas, según un nuevo análisis del Banco de Pagos Internacionales— han perdido dinero hasta ahora.

Lo cierto es que el precio de los activos baja todo el tiempo. Quienes compraron acciones de Meta, la empresa que antes se llamaba Facebook, al tope de su valor el año pasado han sufrido pérdidas casi de las mismas proporciones que quienes invirtieron en bitcoines.

Así que la caída de precios no significa forzosamente que las criptomonedas estén perdidas. Sin duda, los seguidores de las criptomonedas no se darán por vencidos. Según un informe de The Washington Post, muchas de las personas que se suscribieron a Twitter Blue Verified, el desastroso intento (ahora en pausa) de Elon Musk para sacarles dinero a los usuarios de Twitter, eran cuentas que promovían política de derecha, pornografía y especulación de criptomonedas.

Más revelador que los precios ha sido el derrumbe de las instituciones de la criptoindustria. La más reciente, FTX, una de las mayores casas de cambio, anunció declararse en quiebra y, al parecer, quienes la operaban sencillamente huyeron con miles de millones de dólares de los inversionistas, fondos que quizá utilizaron para intentar apuntalar, sin éxito, a Alameda Research, empresa perteneciente al mismo grupo.

Sin embargo, después de 14 años, las criptomonedas casi no han logrado ningún avance en su objetivo de adoptar el papel tradicional del dinero. Son demasiado peculiares para poder utilizarlas en transacciones ordinarias. Su valor es muy inestable. De hecho, relativamente pocos inversionistas están siquiera dispuestos a guardar sus claves criptográficas, pues el riesgo de perderlas, por ejemplo, si las guardan en un disco duro que termina en un vertedero, es muy grande.

Por eso, la mayoría de las criptomonedas se compran a través de casas de cambio como Coinbase y (sí, efectivamente) FTX, que aceptan tu dinero y guardan los tókenes de criptomonedas por ti.

Estas casas de cambio no son nada menos que —atención— instituciones financieras, cuya habilidad de atraer inversionistas depende nada menos que —de nuevo, atención— de la confianza de esos inversionistas. En otras palabras, en su evolución, el ecosistema de las criptomonedas se ha convertido exactamente en aquello que supuestamente quería remplazar: un sistema de intermediarios financieros cuya capacidad de operar depende de la confianza que proyecten.

Si es así, ¿qué caso tiene? ¿Qué valor fundamental tendría una industria cuyos méritos, en el mejor de los casos, se limitan a reinventar la banca convencional?

Peor aún, la confianza en las instituciones financieras convencionales se basa en parte en la validación del “tío Sam”: el gobierno supervisa a los bancos, regula los riesgos que pueden tomar y garantiza muchos depósitos; en cambio, las criptomonedas operan prácticamente sin ninguna supervisión. Por eso, los inversionistas dependen de la honestidad y competencia de los empresarios; cuando los acuerdos que ofrecen son extraordinariamente ventajosos, los inversionistas no solo deben creer en su competencia sino en su genialidad.

¿Cómo ha funcionado hasta ahora? Como a los partidarios les encanta recordarnos, las predicciones anteriores sobre el fracaso inminente de las criptomonedas han sido erróneas. De hecho, que los bitcoines y sus monedas rivales no puedan utilizarse en realidad como dinero no quiere decir que no tengan ningún valor; después de todo, podría decirse lo mismo del oro.

Pero si el gobierno por fin se decide a regular a las firmas de la criptoindustria, lo que, entre otras cosas, les impediría prometer rendimientos imposibles de obtener, es difícil identificar alguna ventaja que puedan ofrecer en comparación con los bancos ordinarios. Incluso si el valor del bitcóin no cae hasta cero (cosa que todavía podría ocurrir), hay muchos motivos para esperar que la criptoindustria, que lucía tan imponente hace apenas unos meses, termine en el olvido.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times.

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Matonaje por el Censo

/ 23 de noviembre de 2022 / 02:13

El país está sumergido en un callejón sin salida a raíz de una pulseta por la fecha del Censo de Población y Vivienda. Todo comenzó con la postergación del empadronamiento inicialmente previsto para el 16 de noviembre de este año.

Son 33 días de paro indefinido en Santa Cruz, que se justificó en demanda de Censo en 2023, a pesar de la modificación planteada en el Consejo de Autonomías del 12 de julio, cita a la que, de los nueve gobernadores del país, no asistió Luis Fernando Camacho.

Mientras, sin necesidad, el diferendo pasó a la Asamblea Legislativa, conviene revisar algunos hechos que desnudan la naturaleza del conflicto que comenzó por la tarea ineficiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) — que había garantizado el Censo de 2022— y prosiguió con su uso político.

El principal actor es Camacho, que dejó sus responsabilidades de gobernador para ocuparse, de facto, de sus viejas funciones de dirigente cívico. Su gestión —que ya mostraba cifras rojas— está en el limbo luego de no solamente los 33 días de paro, sino desde mucho antes. Ya le dijeron que su hábitat es la confrontación, en desmedro de su gestión.

Desconoció la sugerencia de postergación del Censo del Consejo de Autonomías, desautorizó a sus ocho colegas a los que, al contrario, los llamó “masistas” y tildó de “vendidos” por apoyar la medida. Eludió una a una las oportunidades de diálogo, desahució las mesas técnicas, insinuó la resistencia civil, promovió la discriminación y el racismo al considerar que quienes se reunían en un cabildo contra el paro eran avasalladores, y validó la violencia de sus seguidores y la parapolicial Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

Su carácter autoritario también tocó a sus correligionarios como el rector Vicente Cuéllar, a quien le recordó que tendrán “muerte civil” quienes osen traicionar a Santa Cruz. ¡Y se puso camisa de fuerza al insistir en que conseguirá Censo en 2023!

Con su lógica, Rómulo Calvo se convirtió en su lugarteniente, con el antecedente de una vez haber llamado “bestias humanas” a los migrantes en Santa Cruz y haber promovido el desconocimiento del triunfo electoral de Luis Arce, a quien incluso le recordó que tiene “la receta para tumbar” gobiernos.

Los cruceños, y los bolivianos, están ahora a merced de ellos, cuya protesta más parece un matonaje que movimiento cívico. Cierto, entre los manifestantes seguramente hay ciudadanos convencidos de su protesta legítima, pero en el marco de la democracia.

Todo comenzó con las preguntas predeterminadas que validaron en un cabildo que no fue 1.530.000 personas —como certificó una notaria de Fe Publica contratada por el Comité pro Santa Cruz— sino de solo 229.126, según estableció en un estudio el Tribunal Electoral.

El paro emanado de ese cabildo no es pacífico y ha degenerado en peores formas de protestar. Hay una serie de hechos violentos evidentes, más la muerte de cuatro personas en circunstancias vinculadas al movimiento: una persona golpeada por movilizados por el paro en Puerto Quijarro, otra degollada por un cable en un punto de bloqueo y dos apuñaladas entre sí debido a disputas por el control de otro de los puntos de bloqueo. Además, la quema y el saqueo de sedes sindicales.

Muchos puntos de bloqueo se han convertido en puntos de matonaje, con acciones ilegales como el cobro de “peajes”, el acoso a mujeres, el abuso a enfermos, el control de credenciales, el cierre al paso de ambulancias y, lo indignante, la revisión de ataúdes y carros fúnebres. También, en el lado más romantizado, en puntos de fiestas, matrimonios, cumpleaños, churrascos, borracheras, juegos de póker, piscinas, árboles de Navidad o televisión abierta para ver el Mundial de fútbol.

Ni es paro voluntario. La UJC se encarga de amedrentar y atacar a quienes no se someten.

Lo peor, la protesta abusa del pueblo. Senadores y diputados de la alianza de Camacho admitieron que es imposible el Censo en 2023, pero no se atreven a informarlo así.

Todo, naturalizado y relievado por algunos medios de información masivos, que cuentan esos extremos como si fueran normales y no atentatorios contra los derechos humanos.

Rubén Atahuichi es periodista.

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