En la coyuntura nacional actual se vive un acalorado debate sobre la fecha del proceso censal, empero, su normal desarrollo se ha contaminado por intereses sectarios y regionalistas que buscan su politización antes que velar por su calidad técnica y transparencia.
La realización de un censo es ante todo un proceso estrictamente técnico y sumamente importante para conocer la realidad de un país, ya que permite obtener información necesaria para el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas, facilitando la focalización de la inversión pública.
A pesar de los recientes intentos de tergiversar y desvirtuar el sentido eminentemente técnico del Censo, el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha continuado con los preparativos del Censo con una mirada técnica, responsable y transparente, habiéndose realizado campañas de difusión en todos los departamentos y con un avance de 100% en la cartografía en cuatro ciudades del país y otras con avances intermedios.
Este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel, instancia que cuenta con la experticia en temas censales en la región y que recomendó que el empadronamiento se realice en 2024 con el fin de garantizar su transparencia y solidez.
Esta comisión, conformada por representantes de organismos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), tiene la misión de garantizar que el proceso censal genere datos fehacientes, velar por la calidad del proceso en el marco de estándares internacionales.
Experiencias en países vecinos alertan del riesgo inminente en caso de ceder a las posturas caprichosas de actores irresponsables que, basados en planteamientos sin fundamento técnico, sugieren la realización del Censo en 2023, con la aparente intención de obtener un censo que luego corra el riesgo de ser cuestionable por la calidad de los datos recolectados, tal como pasó en Chile, país que repitió en 2017 el censo realizado en 2012, producto de haber apresurado su proceso censal.
La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 en Chile recomendó que la información del censo 2012 no sea utilizada para fijar parámetros de política pública para asignar recursos, para caracterizar a la población según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de población. Concluyéndose que el proceso debía repetirse. Esta mala decisión representó un gasto para el Estado chileno de $us 60 millones en 2012 y aproximadamente $us 68 millones en 2017.
Por tal motivo, no es recomendable promover escenarios de conflicto, mucho menos sin el fundamento técnico necesario para plantear abreviaciones de plazos o acortamiento de procesos como sugieren desde el oriente del país, sobre un tema meramente técnico, que sigue un cronograma definido con parámetros aceptados internacionalmente.
Asimismo, resulta absurdo poner en riesgo todo el proceso censal por las discrepancias existentes emanadas de grupos políticos, que por el contrario podrían ponernos en la situación que atravesó Chile hace unos años.
Por responsabilidad y compromiso con Bolivia, sin egoísmo e intenciones de desestabilización y confrontación, la sociedad debe demandar un censo técnico. Por tanto, es imperativo mantener la coordinación, socialización y constante comunicación respecto al avance del proceso censal y mantener un diálogo permanente con la sociedad a objeto de lograr un proceso censal exitoso que beneficie a todas las bolivianas y bolivianos.
Verónica Huarina Villanueva es economista.