A principios de 2023, en mi artículo de opinión en LA RAZÓN ¿Recesión con crisis financiera?, había concluido que “estamos en un contexto de alta incertidumbre mundial, de tal manera que cualquier evento relevante, como el caso de las viviendas o las tecnológicas, o la crisis de las criptomonedas, etc., puede gatillar una crisis financiera que vaya junto de la mano a una estanflación. Habrá que tocar madera para que no se dé este escenario y el aterrizaje sea suave.”

Los acontecimientos recientes parecen indicar que no tocamos madera en forma suficiente, dado el brote de una mini crisis bancaria que se gatilló con la caída del Silicon Valley Bank (SBV), uno de los principales prestamistas de las empresas tecnológicas estadounidenses, el 16º banco en el ranking de EEUU y el primer banco grande en desplomarse después de la gran crisis financiera de 2008, que desató una clásica corrida bancaria.

La respuesta del Gobierno de EEUU fue inmediata, el banco fue intervenido y se salvó solo a los depositantes y no a los inversores y tenedores de acciones, pero seguidamente se dio el repentino cierre del Signature Bank de Nueva York, que hizo que el presidente Biden salga el lunes 13 para decir que Estados Unidos hará “lo que sea necesario” para apuntalar el sistema bancario y que “todos los estadounidenses deben sentirse seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten”.

La reacción de los mercados financieros ante el colapso de un banco especializado como el SVB en prestar a las empresas start up tecnológicas y del Signature Bank, que tenía muchos clientes involucrados en criptografía, es solo una muestra o experiencia piloto de una corrida bancaria y lo que podría suceder si la incertidumbre financiera continúa y, en especial, los bancos centrales rescatistas, como la Reserva Federal (Fed) bajo la presidencia de Jeromy Powell, le echan más combustible a la estanflación aumentando aún más sus tasas de interés.

Recordemos, como dijo Stiglitz recientemente en Project Syndicate, que: “Powell formó parte del equipo regulador del expresidente Donald Trump que trabajó para debilitar las regulaciones bancarias Dodd-Frank promulgadas después de la crisis financiera de 2008, con el fin de liberar a los bancos ‘más pequeños’ de los estándares aplicados a los bancos más grandes y sistémicamente importantes.” Así, la ley fue modificada y actualmente solo se aplica a los bancos que tienen activos de más de $us 250.000 millones, y no a los más pequeños, por lo que el SVB no estaba sometido a las mismas reglas que los bancos más grandes.

El problema no está tanto en el detonante inicial o gatillador de la crisis sino en el contexto de altas perturbaciones financieras que puede asemejarse a un polvorín. Así, la corrida bancaria no pareció contenerse, en cambio se fue amplificando al sumarse la caída de las acciones del Credite Suisse, banco suizo pero que ya estaba en problemas desde el año pasado, después de que su principal accionista descartara seguir invirtiendo y aportando con liquidez al banco.

Sin embargo, el banco central suizo y el regulador financiero (FINMA) dieron el apoyo al Credit Suisse AG que dijo que tomará prestados hasta $us 54.000 millones, pero al final UBS, su rival, acabó comprándole.

También se dio el rescate del First Republic Bank cuando los mayores bancos de EEUU acordaron un plan para depositar unos $us 30.000 millones en dicho banco, en un esfuerzo orquestado por el Gobierno estadounidense para estabilizar al prestamista.

Si bien el Gobierno de EEUU actuó oportunamente, el problema está en la reacción de los principales bancos centrales. El Banco Central Europeo (BCE), en medio de la perturbación financiera, ya elevó su tasa de interés de referencia del 3% al 3,5% y ahora el dilema de subir o no subir le tocará al Fed en la reunión del 21 de marzo, cuando decida si continúa con los incrementos en su tasa de interés o prefiere congelar su tasa en 4,75%.

Lo que ha mostrado esta minicrisis bancaria es la preocupación de la calidad crediticia del sistema financiero a medida que aumentan las tasas de interés en un contexto de turbulencias financieras y la estanflación, por lo que no es tan simple la consigna de subir la tasa de interés a toda costa.

Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.

Cuando se analizan los efectos de la guerra y su impacto en la economía boliviana es bueno precisar previamente que la economía global atraviesa por una conjunción de tres crisis; la inicial con el COVID-19 y sus prolongaciones en China que dislocaron las cadenas de suministro mundiales, aumentaron los costos de envío, contrajeron la oferta de suministros y generaron medidas de expansión fiscal para contrarrestar sus efectos negativos en las empresas y en la gente. El producto global cayó en 3,2% y cuando la actividad económica mundial se estaba recuperando, puesto que en 2021 creció un 5,9%, vino un segundo sacudón en febrero de 2022, hace un año, con la invasión de Rusia a Ucrania, el apoyo directo de los “aliados” y especialmente la proliferación de sanciones comerciales y financieras que generaron una nueva dislocación económica ahora en función de los intereses geopolíticos y económicos en juego.

La torta de la cereza la pusieron los Bancos Centrales de los países avanzados al subir simultáneamente sus tasas de interés ante el aumento de la inflación, la cual de 3,1% en 2021 trepó a un 7,3% en 2022, y que llegó en el caso de Europa a los dos dígitos al superar el 10% en los dos últimos trimestres de 2022.

La “normalización financiera” que reclamaba el FMI en realidad fue un descoordinado endurecimiento de las condiciones financieras que, junto con la revaluación del dólar, incentivó en los países en desarrollo salidas de capitales de corto plazo, depreciaciones cambiarias, caída de las Reservas Internacionales y aumento del spread de los bonos de la deuda.

El impacto más notorio en la economía boliviana de esta pluricrisis fue en el desequilibrio del sector externo, el cual se puede enfrentar con mayor endeudamiento externo, modificación del tipo de cambio y con uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Bolivia optó por las RIN, las cuales, en enero de 2020, antes de la primera crisis, eran de $us 6.374 millones y que, a enero de 2023, como resultado de la pluricrisis, cayeron a 3.616 millones, mostrando una pérdida acumulada de $us 2.758 millones.

Frente al desequilibrio en el sector externo por factores no controlados, el país podría recurrir a las instituciones financieras internacionales creadas expresamente para financiar desequilibrios de balanza de pagos, como el FMI y el FLAR, del cual Bolivia forma parte y es miembro activo con derechos y obligaciones.

En el caso del FMI, dentro de la diversidad de líneas de financiamiento o facilidades financieras, está la Línea de Crédito Flexible (LCF) creada el 24 de marzo de 2009 como parte de una profunda reforma de los mecanismos de préstamo del FMI, la cual “permite a los países beneficiarios utilizar la línea de crédito en cualquier momento para hacer frente de manera flexible a necesidades de balanza de pagos reales y potenciales. Los giros en el marco de la LCF no se escalonan ni están sujetos a condicionalidad ex-post, como ocurre con los programas ordinarios del FMI”.

El año pasado, el FMI aprobó un acuerdo de dos años para Chile de Boric en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto de DEG 13.954 millones ($us 18.500 millones; equivalente al 800% de su cuota). Que “reforzará temporalmente los buffers precautorios para Chile y brindará un seguro importante frente a una amplia gama de riesgos, como los derivados de una posible desaceleración brusca de la economía mundial, choques de precios de las materias primas, las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania, o un continuo endurecimiento de las condiciones financieras internacionales”.

La cuota de Bolivia en el FMI es de 240,1 de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a $us 320 millones, por lo que un monto similar a 800% de la cuota seria de $us 2.400 millones, cercana a la pérdida de RIN asociada a los shocks externos producto de la pluricrisis.

La LCF la utilizan Chile, Perú, Colombia y México, que no son neoliberales.

Eso sí, se requiere reconocer el problema (que ya es parte del 50% de la solución), romper el velo ideológico y utilizar los mecanismos disponibles en función de los intereses del país.

* Esta es una versión corta del artículo que salió erróneamente en el suplemento El Financiero del domingo 5 de marzo bajo el nombre de Pablo Deheza y bajo el titulo “Los efectos de la guerra y la política”.

Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.

ECONOMÍA

La economía global atraviesa por una pluricrisis que inició con el COVID-19 y sus consecuencias en China que afectaron a todo el mundo, seguida por la guerra de Rusia en Ucrania, la cual provocó inflación y, consecuentemente, la subida de tasas de interés.

Cuando se analizan los efectos de la guerra y su impacto en la economía boliviana es bueno precisar previamente que la economía global atraviesa por una conjunción de tres crisis; la inicial con el COVID-19 y sus prolongaciones en China que dislocaron las cadenas de suministro mundiales, aumentaron los costos de envío, contrajeron la oferta de suministros y generaron medidas de expansión fiscal para contrarrestar sus efectos negativos en las empresas y en la gente. El producto global cayó en 3,2% y cuando la actividad económica mundial se estaba recuperando, puesto que en 2021 creció un 5,9%, vino un segundo sacudón en febrero de 2022, hace un año, con la invasión de Rusia a Ucrania, el apoyo directo de los “Aliados” y especialmente la proliferación de sanciones comerciales y financieras que generaron una nueva dislocación económica ahora en función de los intereses geopolíticos y económicos en juego.

La torta de la cereza la pusieron los bancos centrales de los países avanzados al subir simultáneamente sus tasas de interés ante el aumento de la inflación, la cual de 3,1% en 2021 trepó a un 7,3% en 2022, y que llegó en el caso de Europa a los dos dígitos al superar el 10% en los dos últimos trimestres de 2022.

La mala lectura de los bancos centrales —como señaló Dani Rodrik— aceleró la desaceleración económica hasta llegar a una situación de estancamiento y en algunos países de recesión e, incluso, avivó el aumento de precios de bienes y servicios distintos a los combustibles y alimentos. La mala lectura no entendió que el aumento de la inflación estaba asociado al efecto diferido del aumento de los costos de envíos mundiales (que se estiman hasta 18 meses), al aumento del precio de los alimentos y de los combustibles (que también tienen efectos de dos meses) asociado a la Guerra de Ucrania y a la provocada dislocación geoeconómica que alteró las cadenas mundiales de suministro. Es decir, como concluyó Roubini: “Más guerra significa más inflación”.

La “normalización financiera” que reclamaba el FMI en realidad fue un descoordinado endurecimiento de las condiciones financieras que, junto con la revaluación del dólar, incentivó en los países en desarrollo salidas de capitales de corto plazo, depreciaciones cambiarias, caída de las Reservas Internacionales y aumento del spread de los bonos de la deuda.

El impacto más notorio en la economía boliviana de esta pluricrisis fue en el desequilibrio del sector externo, el cual se puede enfrentar con mayor endeudamiento externo, modificación del tipo de cambio y con uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Bolivia optó por las RIN, las cuales, en enero de 2020, antes de la primera crisis, eran de $us 6.374 millones y que, a enero de 2023, como resultado de la pluricrisis, cayó a 3.616 millones, mostrando una pérdida acumulada de $us 2.758 millones.

Frente al desequilibrio en el sector externo por factores no controlados, el país podría recurrir a las instituciones financieras internacionales creadas expresamente para financiar desequilibrios de balanza de pagos, como el FMI y el FLAR del cual Bolivia forma parte y es miembro activo con derechos y obligaciones.

En el caso del FMI, dentro de la diversidad de líneas de financiamiento o facilidades financieras, como los casos de la emergencia del COVID (Instrumento de Financiamiento Rápido para combatir la pandemia de COVID-19), la crisis alimentaria mundial, la Línea de Liquidez de Corto Plazo e incluso para implementar políticas climáticas sólidas, contempla la Línea de Crédito Flexible (LCF) creada el 24 de marzo de 2009 como parte de una profunda reforma de los mecanismos de préstamo del FMI (véase su sitio web), la cual “permite a los países beneficiarios utilizar la línea de crédito en cualquier momento, y está concebida para hacer frente de manera flexible a necesidades de balanza de pagos reales y potenciales. Los giros en el marco de la LCF no se escalonan ni están sujetos a condicionalidad expost, como ocurre con los programas ordinarios del FMI”.

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El año pasado, el FMI aprobó un acuerdo de dos años para Chile de Boric en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto de Derechos Especiales de Giro (DEG) 13.954 millones (aproximadamente $us 18.500 millones; equivalente al 800% de su cuota). La LCF “reforzará temporalmente los buffers precautorios para Chile y brindará un seguro importante frente a una amplia gama de riesgos, como los derivados de una posible desaceleración brusca de la economía mundial, choques de precios de las materias primas, las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania, o un continuo endurecimiento de las condiciones financieras internacionales”. Es decir, los efectos de la pluricrisis.

La cuota de Bolivia en el FMI es de 240,1 de DEG, equivalentes a $us 320 millones, por lo que un monto similar a 800% de la cuota sería de $us 2.400 millones cercana a la pérdida de RIN asociada a los shocks externos producto de la pluricrisis. La LCF, actualmente, la utilizan Chile, Perú, Colombia y México en la región, países a los que no podríamos tacharles de neoliberales.

En síntesis, existe un mecanismo financiero para hacer frente a los impactos de esta pluricrisis que está afectando a nuestro país y cuya duración no se sabe ni se tiene certeza. Lo único que se requiere es reconocer el problema (que ya es parte del 50% de la solución), romper el velo ideológico y utilizar los mecanismos existentes en función de los intereses del país.

*El artículo se publicó erróneamente el domingo 5 de marzo bajo el nombre de Pablo Deheza y el titulo “Los efectos de la guerra y la política”.