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Sunday 9 Feb 2025 | Actualizado a 23:11 PM

Crisis del gas… oportunidad del trabajo

Roberto Laserna

/ 21 de octubre de 2022 / 02:06

En un reciente diálogo organizado por el Grupo “Marcos Escudero” se trató la situación de los hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas. Expusieron el tema dos especialistas que, en su momento, tuvieron responsabilidades ministeriales en el rubro: Álvaro Ríos Roca y Mauricio Medinaceli. Ambos coincidieron en definir la situación actual como difícil y las perspectivas como muy críticas.

Hoy nadie menciona más la posibilidad de hacer de Bolivia el corazón energético de América del Sur. Bolivia ya es un importador neto de hidrocarburos.

Los especialistas también coincidieron al identificar la causa de este dramático cambio de situación: la nacionalización. Ésta expropió las acciones que tenían los bolivianos a través del Fondo de Capitalización Colectiva, y obligó a los inversionistas extranjeros a cambiar sus contratos, aceptando una carga tributaria mayor, a cambio de garantizarles rentabilidad al cubrir sus “costos recuperables”. Esto desalentó nuevas inversiones y estimuló la explotación acelerada de los yacimientos ya existentes.

El debate se centró luego en lo que debería hacerse para reactivar la producción, volver a exportar y satisfacer las expectativas de la gente. El escenario más optimista dice que, si se cambia de inmediato y radicalmente la política de hidrocarburos, comenzando por la Constitución, y se consigue que comiencen a llegar nuevas inversiones con alta tecnología, recién cinco años después sabremos si puede ser posible lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos o contar con un sector exportador dinámico. Tal vez esto nos dé una oportunidad de desarrollo.

En medio del debate, Medinaceli recordó que varios profesionales firmamos en 2006 una propuesta de distribución directa de las rentas de recursos naturales entre todos los ciudadanos. La idea entonces no era solamente cumplir con la afirmación constitucional de que los recursos naturales son de todos, sino también la de evitar los males del rentismo estatal, una enfermedad que se contagia muy fácilmente hacia la sociedad, como precisamente ocurrió, con secuelas que todavía nos afectan.

El rentismo surge de la concentración de las rentas en el Estado divorciándolo de la vida económica de la sociedad. El Estado resuelve con rentas sus problemas de financiamiento, cobrando a un puñado de empresas, y depende menos de los impuestos, que exigen mayor trabajo de cobranza y que se generan con el trabajo y la producción de miles de personas y empresas. De espaldas a la economía pero con recursos, el Estado se concentra en la gestión política, logrando apoyos mediante el gasto público. Esto, a su vez, incentiva comportamientos corporativos en la sociedad: todos se organizan en grupos que luchan para “arrancar” recursos al Estado: inversiones, servicios, oficinas, subsidios, etc. Así, en vez de que la creatividad y el esfuerzo de la gente se canalicen hacia la producción, lo hacen hacia la “política”, reducida a pugnas por el presupuesto. Las rentas de recursos naturales terminan distribuidas al calor de la presión corporativa, muchas veces en proyectos insostenibles y otras en simple despilfarro.

Sucedió precisamente eso, pues caímos en la trampa del rentismo. Pudimos haberla evitado creando un fondo soberano, como lo hicieron en Noruega, pero no teníamos entonces (y menos ahora) la institucionalidad y fortaleza jurídica para hacerlo. También lo hubiéramos evitado, como propusimos algunos, dándole a la gente su plata, porque sin duda hubiera hecho un uso más prudente de ella que la burocracia, y seguro no se habría distraído en pugnas pseudopolíticas como las que han debilitado nuestra democracia.

Para tener una idea, tomando en cuenta un informe de YPFB que asegura que se recaudaron más de $us 37.000 millones entre 2006 y 2019, su distribución entre la gente hubiera llevado a cada familia cerca de $us 15.000 de libre uso en estos años. Para la mayoría, eso hubiera sido un cambio radical de vida.

Para ambas opciones ya es un poco tarde, ahora nos queda trabajar y producir.

Esa es la oportunidad.

Roberto Laserna es economista de CERES.

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Un poquito de extractivismo, por favor

El verdadero problema no radica en la abundancia de recursos naturales sino en el rentismo estatal, sostiene el autor.

/ 8 de febrero de 2025 / 23:42

Con bastante premura, hemos entrado ya en el período electoral que culminará el 17 de agosto de 2025 con la elección de presidente, vicepresidente y asambleístas. Este período coincide con el agotamiento de un ciclo que fue particularmente bueno para la economía nacional debido a las elevadas exportaciones de gas y minerales.

Aunque comenzó a declinar en 2014, poco a poco vamos llegando al fondo de ese ciclo con el agotamiento de las reservas explotables de gas y minerales. Obviamente, las reservas no se han agotado del todo, sino que no han sido estudiadas ni cuantificadas lo suficiente como para que los inversionistas diseñen, en base a ellas, nuevos proyectos económicamente viables.

La coincidencia de elecciones y crisis económica ha hecho que reaparezca en el debate la idea de que podemos aunar voluntades y llevar a cabo el cambio definitivo que conduzca al desarrollo económico y la felicidad democrática.

Extractivismo y economía

Un hecho sin duda notable es la aparente coincidencia en el diagnóstico de base: el problema que se debe vencer sería el carácter extractivista de la economía. Se asegura que es la excesiva dependencia de la explotación de los recursos naturales lo que impide a nuestra economía ofrecer mejores condiciones de bienestar a la población y acercarnos a los países más desarrollados. De acuerdo con esa explicación, extraemos riquezas que exportamos como materias primas con poco valor agregado y, para consumir, importamos bienes finales con alto valor agregado, lo que nos llevaría a un intercambio “desigual” en el que terminamos transfiriendo valor y renovando la pobreza.

Por ello, también se observa mucha coincidencia en las propuestas: abandonar el extractivismo y dedicar nuestros esfuerzos a buscar actividades que añadan mayor valor a la producción. Las discrepancias empiezan a surgir cuando se trata de establecer esas prioridades.

El actual gobierno de Arce Catacora, como antes el de Evo Morales y décadas atrás los gobiernos nacionalistas, se ha propuesto forzar la industrialización creando empresas públicas de todo tipo. La mayoría de las anteriores fracasó y la mayoría de las actuales va por el mismo camino. La oposición lo sabe y lo denuncia, proponiendo otras opciones que van desde el turismo (de aventura, cultural, de naturaleza o de salud) hasta la informática (producción de software, alojamiento de computadoras en el altiplano, call centers especializados), pasando por el mejor aprovechamiento de la riqueza cultural (tejidos, música, danzas folklóricas) y un sinfín de ideas estupendas en busca de inversionistas.

Otra perspectiva

En esta oportunidad, y con el mayor respeto por mis colegas, me permito discrepar. Creo que no es viable abandonar “el extractivismo” y que es equivocado culpar de nuestro subdesarrollo a la abundancia de recursos naturales.

En primer lugar, no creo que sea viable ignorar la dotación de recursos naturales que el país tiene a su alcance. Estos serán siempre un foco de atracción para empresarios y trabajadores, sobre todo considerando que nuestra tradición constitucional los ha hecho “propiedad” de todos los ciudadanos. Que este mandato no se cumpla o lo haga de manera deficiente a través del Estado no impide que el acceso a esas riquezas sea considerado un derecho de todos.

Los recursos naturales del país, en la medida en que tengan demanda, ofrecerán oportunidades de inversión que generarán empleos, y será muy difícil evitar su explotación. Y seguramente esto tampoco será aconsejable. ¿Por qué despreciar oportunidades? Hay países que podrían ser considerados extractivistas por el peso que tienen los sectores primarios en su producción nacional, como Australia, Nueva Zelanda, Noruega o el cercano Chile, y que se encuentran en niveles de bienestar muy superiores a los nuestros.

Las riquezas naturales no pueden ser descartadas simplemente porque en el pasado no supimos aprovecharlas adecuadamente. Lo verdaderamente importante es determinar por qué no supimos aprovecharlas.

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Riqueza y pobreza

Aquí traigo el segundo argumento: el error de culpar a la riqueza por la pobreza. Y es un error porque el problema no es la abundancia de recursos, sino la concentración de las rentas que estos generan en un Estado institucionalmente débil y vulnerable a las presiones corporativas.

En palabras sencillas, el problema no es la abundancia de recursos naturales, sino el rentismo estatal. Ese rentismo aísla al Estado del resto de la economía, lo coloca por encima de la sociedad y atrae hacia él los esfuerzos, la creatividad y la ambición de individuos y empresas. Cuando el Estado captura y controla las rentas que provienen de recursos que son de todos, se vuelve indiferente a las actividades económicas que contribuyen con impuestos y nos convierte a todos en estatistas, clientes o cómplices de sus acciones.

Poco a poco, toda acción se vuelve “política” y la política misma se degrada hasta convertirse en una simple presión distributiva. Al final, las rentas se distribuyen mal, se despilfarran o se pierden en la corrupción, sin que logremos erigir un sistema institucional más eficiente para administrar la cosa pública.

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Estado y extractivismo

Esto solo podrá suceder cuando el Estado se comprometa con el éxito económico de su gente y permita una economía volcada hacia los mercados, donde, aunque tal vez sea más difícil, siempre será mejor lograr riquezas. Con las rentas concentradas en el Estado, resulta más fácil hacer negociados con el presupuesto público y a costa de la sociedad.

¿Cómo resolver este problema? No es ignorando las riquezas naturales ni forzando experimentos con recursos ajenos, como se ha hecho tantas veces, sino eliminando la tentación de las rentas.

Y esto se logra suprimiendo el rol del Estado como intermediario y distribuyendo las rentas de manera directa a todos los ciudadanos. Cada uno sabrá cómo invertir o gastar lo suyo y sabrá también que, si quiere mejorar sus condiciones de vida, tendrá que trabajar y producir. Aprenderá a no esperar soluciones del Estado y a pagar impuestos si quiere acceder a los servicios públicos.

Solo entonces los bolivianos nos habremos liberado de las obsesiones que nos llevan a estatizar los recursos naturales y a rogar luego al Estado que nos haga llegar algo de esa riqueza, convirtiendo cada pequeña abundancia en un mito que aprisiona iniciativas.

En suma, podemos seguir con algo más de extractivismo, siempre que dejemos atrás el rentismo estatal.

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‘Que devuelvan los excedentes’

El autor responde a un reciente artículo del economista Gabriel Loza sobre el desarrollo de los países.

/ 2 de noviembre de 2024 / 20:45

Hace unos días, el exministro Gabriel Loza publicó en Chile un interesante artículo sosteniendo que la conquista española demuestra la importancia que los economistas laureados recientemente con el Premio Nobel asignan a las instituciones en los procesos de desarrollo. Me gustó el enfoque de largo plazo y el esfuerzo de darle el giro «institucionalista» al debate sobre la presencia española en América. Pero me pareció inapropiado evaluar el pasado con los criterios del presente, sobre todo si ese pasado se describe de una manera que ha sido puesta en duda por historiadores contemporáneos.

El autor deduce en su texto que no solo debemos esperar disculpas sino la devolución de los excedentes extraídos. Es una reiterada demanda populista, actualizada hace poco en México, que sigue careciendo de fundamentos, aunque se invoque a los Premios Nobel.

La leyenda negra

El artículo comienza admitiendo la existencia de una leyenda negra sobre la conquista española y su posterior presencia en América, que resalta y exacerba sus rasgos negativos con base en datos e informaciones seleccionadas para ese fin. Sin embargo, de inmediato recurre al fundador de esa leyenda negra, Bartolomé de Las Casas, autor de una «Brevísima Relación…» que se publicó en 1552 y se tradujo de inmediato a varios idiomas, dándole al fraile dominico una fama muy duradera.

El testimonio de Las Casas fue muy influyente. Mucho antes de que publicara su folleto y solo conociéndolo verbalmente, el rey ordenó una inmediata investigación de las denuncias, paralizando todos los proyectos de exploración y conquista hasta que se conocieran los resultados de la investigación. Testimonios de otros frailes, como Bernardino de Sahagún y Toribio de Benavente, que estaban en el continente (Las Casas hasta entonces no había pasado de Santo Domingo), aseguraron que el dominico mentía, proyectando casos extremos como si fueran comunes. Como resultado de este proceso, la Corona reunió a los juristas de mayor prestigio para elaborar las que se conocen como Leyes de Burgos (1512), incorporadas luego como parte de las Leyes de Indias, y que se consideran como precursoras del derecho internacional y de los derechos humanos, ya que se incluyeron en ellas las argumentaciones sobre el derecho natural de la Escuela de Salamanca, liderada por Francisco de Victoria.

Esto no impidió que el testimonio de Las Casas fuera convertido en la base inicial de la leyenda negra, pero ningún autor serio debería seguir considerándolo una fuente confiable en esta discusión. La «catástrofe demográfica» a la que también suele aludirse tampoco existió, aunque sin duda los conflictos y las epidemias han debido ser muy dañinos. Nicolás Sánchez Albornoz estudió el tema con gran rigor, compilando y contrastando diversas fuentes.

Luego, Loza menciona como evidencia de la intención explotadora el hecho de que se denominara a los indígenas como «vasallos libres» en la normativa española. Sin embargo, debería saber que esa denominación era general, para todo súbdito de la corona. Por entonces no existía el concepto de ciudadanía para referirse a gente con derechos dentro de una nación o estado. La de «vasallo o súbdito» lo era y podía referirse tanto a un noble como a un artesano o a un campesino. Las Leyes de Indias ya mencionadas ratificaron una decisión inicial de la misma Isabel de Castilla: los habitantes de las Indias deben ser respetados y protegidos, y evangelizados (para la época y la intención de la Corona, evangelizar era sinónimo de civilizar y valía tanto para los habitantes de América como para los de la Península).

«Instituciones extractivas»

Nuestro autor se refiere luego al sistema tributario como otra prueba del carácter extractivista de las instituciones españolas. Su descripción del sistema tributario luce, a mi juicio, muy sesgada con la intención de resaltar su peso para los indígenas, quienes habrían sufrido un impuesto que no tenía carácter universal, como mandan las normas. Claro, las normas modernas, pero si se analiza el asunto en su contexto histórico, nos encontraremos ante un sistema tributario emergente y muy complejo. No había entonces en ninguna parte del mundo un sistema de impuestos unificado, con archivos individuales ni registros contables. Por eso, evaluarlo desde nuestra modernidad es ahistórico. El tributo indigenal era «comunitario» y permitía conservar y respetar las formas de vida de las comunidades, pues los encargados de la cobranza eran sobre todo sus autoridades naturales (no era entonces que los caciques se las hubieran «ingeniado»). Y eran negociables. Por ejemplo, se bajaban cuando el reclamo demostraba sequías o epidemias. Para eso estaban los visitadores, que censaban a la población y verificaban la capacidad tributaria del grupo. Esto no era innovador ni exclusivo para los indígenas. Diversos grupos en la península tributaban de la misma manera.

Por otro lado, no es cierto que los indios fueran los únicos que pagaban impuestos. Existían las alcabalas que pagaban los comerciantes y artesanos y, como se recuerda en el mismo artículo, los productores pagaban el quinto real (20% sobre la producción) en la minería. Muchos de los levantamientos que ahora «interpretamos» como protoindependentistas no eran más que rebeliones fiscales: Alejo Calatayud y Túpac Amaru II, para no ir muy lejos.

La mita, en ese orden, debería considerarse parte del sistema tributario: pago de las comunidades en trabajo. Y como el mismo Gabriel Loza lo señala, tampoco era gratuito. Los mineros tenían que pagarles alimentos y remunerarles con el mismo mineral. Es conocido que todo trabajo en la mina es duro y difícil, pero muchos mitayos eludían el retorno a sus comunidades y se quedaban como asalariados en otra mina, seguramente porque sus oportunidades eran mayores ahí.

Por último, aunque no tenemos certeza de cómo era el sistema tributario en el periodo precolombino, ya que no existían archivos ni registros, la tradición cuenta que de la producción se reservaba un tercio para el Inca, un tercio para el culto y el resto para la comunidad. Aunque se dice que en épocas de hambre se recurría a los almacenes del Inca, este sistema supondría una carga tributaria del 66% sobre la producción. No lo sabemos con certeza, pero la tradición no sugiere un régimen muy bondadoso.

¿Qué hacía la Corona española con ese dinero? Nuestro autor sugiere que eran «excedentes» que se extraían de América y llevaban a España, sugiriendo incluso que la demanda de la Presidenta Sheinbaum no debería limitarse a que pidan perdón sino a que devuelvan esos excedentes. Eso no tiene sentido. El mismo Loza menciona que además de muchos conventos, había escuelas y hospitales. Difícil saber si todo eso era poco o mucho, pues dependía de cuánta población cercana podían atender, pero de hecho muchos de los conventos y parroquias también ofrecían formación y atención de salud. Y había que cubrir otros gastos de la Corona que hoy podemos apreciar en ciudades, construcciones y obras que no existían antes de la llegada de los españoles y que todavía perduran. Por lo tanto, los excedentes no se pueden devolver ya que se quedaron acá, levantando más de mil ciudades y financiando universidades, hospitales y acueductos. Un botón de brillo propio para muestra: en 1593 se creó en Chuquisaca la Cátedra de Lenguas Americanas dedicada a estudiar, registrar y diseminar el aimara y el quechua. A costa de los fondos reales, por supuesto, como años después lo sería la Universidad de San Francisco Xavier.

Concluye Loza su artículo con una referencia algo nostálgica aunque también escéptica a la colonización inglesa y francesa en el norte del continente. No hay punto de comparación. Esas sí fueron extractivas y genocidas. Basta recordar que los colonizadores ingleses, franceses y holandeses no dejaron casi nada en sus colonias de América y África comparado a lo que construyeron los españoles y pervive 400 años después. Lo que es todavía más grave es recordar las cacerías de indios que promovía la corona francesa y las masacres perpetradas por los ingleses, evidenciadas en la bajísima proporción de población indígena que ha quedado en el norte y la desaparición de lenguas y culturas. A ninguno de ellos se le ocurrió registrar una gramática como lo hicieron los españoles con el náhuatl en Nueva España o con el aimara en Charcas. Y volviendo a un hecho ya mencionado, en ninguno de esos estados colonizadores se admitió nunca una publicación crítica como la de Las Casas, no se pusieron en duda sus políticas ni se formularon leyes y normas que regularan el desempeño de sus autoridades y los derechos de sus «vasallos». La propia Isabel de Castilla, que murió al comenzar el siglo XVI, marcó la línea al castigar a Colón por llevar esclavos indios al retorno de su segundo viaje y al recomendar que se impulsaran matrimonios mixtos, que fueron impensables en muchos otros países hasta bien entrado el siglo XX.

Instituciones y desarrollo

El tema central que plantea Gabriel Loza en su artículo, siguiendo a Robinson, Acemoglu y Johnson, sobre la influencia de las instituciones en el desarrollo, es sin duda relevante y merece mayores reflexiones, pero es necesario asentarlas en una comprensión adecuada de las instituciones y la manera en que ellas perviven e influyen en los comportamientos. No podemos caer en la conclusión simple de recordar las caricaturas que se han hecho de ellas y usarlas como explicación de una realidad actual.

La pobreza en Hispanoamérica no se debe a que hubiéramos sido conquistados y colonizados por una potencia atrasada que envió ejércitos de hombres ignorantes, sucios y violentos. España no hubiera podido realizar ese enorme emprendimiento si en ese momento no hubiera tenido los recursos científicos, tecnológicos, económicos y políticos más avanzados para hacerlo. También es indudable que se encontró en América con civilizaciones complejas pero con capacidades tecnológicas muy débiles. No conocían el hierro ni la rueda y carecían de escritura. Sobre la base de ese encuentro y una explícita intención de adaptar instituciones respetando culturas y comunidades es que se levantó el imperio español del que formamos parte por 300 años, con testimonios de riqueza que todavía podemos admirar en todas nuestras ciudades, muchas de las cuales eran más ricas que sus correspondientes europeas.

¿Qué sucedió después? Las repúblicas consiguieron los beneficios de la independencia pero también sufrieron los costos de la desintegración. Nunca hemos calculado los beneficios y los costos ni hecho las cuentas, por lo que no tenemos un balance de lo hecho; simplemente asumimos que aquella gesta fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la historia. Ni lo ponemos en duda, así de fuerte es la narrativa que nos llega y que sigue empujando a muchos a buscar culpables ajenos.

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Los escaños en el Senado

El autor reflexiona sobre la representación ciudadana en la Cámara Alta de la Asmbalea Legislativa Plurinacional.

Roberto Laserna

/ 21 de agosto de 2024 / 07:21

Cuando se plantea el debate sobre los escaños, nos concentramos en la Cámara de Diputados y sobre todo en la cantidad de representantes que serán asignados a los departamentos, pues esto debe sujetarse a los cambios demográficos detectados por los censos. Casi no hay discusión sobre los escaños en la Cámara de Senadores. Como se trata de representación territorial y no poblacional, la cantidad de senadores que corresponde a cada departamento es igual: cuatro.

Una vez determinado el número, la ley establece el método más adecuado para la asignación política en correspondencia, obviamente, a la votación ciudadana en las elecciones.  Este debate también se ha concentrado más en Diputados que en el Senado, lo que ha llevado a que esta cámara sea poco representativa y haya perdido la jerarquía que alguna vez tuvo.

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Desde la primera Constitución se planteó que la Cámara de Senadores estuviera compuesta por personas de mayor experiencia, y por eso la edad mínima fue siempre mayor a la que se exigía en Diputados (o tribunos, como se los llamó a comienzos de la República). Posteriormente, cuando se fijó en tres el número de senadores por departamento, se decidió que se asignaran dos a la mayoría y uno a la primera minoría, lo cual permitió incorporar la voz de ésta en las deliberaciones de una cámara que tendía más a la moderación que la otra. La cautela es también necesaria para tratar los temas que corresponden a una cámara que debe estar más preocupada por cuestiones de Estado que de gestión.

Esto desapareció desde que entró en vigencia la actual Constitución, en 2009. Se aumentó a cuatro por departamento el número de senadores, y se asignan los escaños en forma directamente proporcional al voto partidario, lo que terminó por disolver la representación de la minoría, agudizando aún más la politización sectaria en esta cámara, como lo destacó el exdiputado Roberto Moscoso en Dialogos al Café.

Podría subirse su jerarquía incluso en los marcos de la actual Constitución si se cambiara en la ley electoral la forma de elección: retornar a la asignación de dos a la mayoría y uno a la primera minoría, y elegir a la cuarta persona por sorteo entre los ciudadanos mayores de 55 años entre el electorado del departamento. El cuarto escaño podría, incluso, ser rotativo anualmente.

Además de generar un mayor equilibrio político de mayorías y minorías, el cuarto escaño refrescaría la representación ciudadana llevando a esa cámara ideas y experiencias nuevas, y permitiendo el surgimiento de nuevos liderazgos.

El sorteo daría a todos los ciudadanos la misma probabilidad de servir al país desde el Senado, generando mejores expectativas y compromisos con la democracia. Y no tiene nada de nuevo. En los albores de la democracia el sorteo fue utilizado en Atenas para elegir algunos servidores públicos, y ha sido empleado con cierta frecuencia en Europa. La Constitución de Dinamarca, por ejemplo, fue escrita en 1848 por representantes elegidos por sorteo, un método que se usó mucho en Italia, Francia y Alemania. Incluso en la actualidad, se emplea el sorteo para escoger jurados, que deben deliberar y razonar incluso sobre la aplicación de la ley, la vida y la muerte de otras personas. Las experiencias avalan la relevancia y eficacia de este método.

El resultado de este método nos permitiría tener un Senado con presencia de mayorías y minorías, y con presencia de ciudadanos de base, con experiencia de vida y compromiso con el país. La composición política posiblemente no cambie, dado que la probabilidad de que se escoja a una persona de un partido es igual al respaldo popular que ese partido tiene en el departamento en cuestión. Podrá ser militante o tener una ideología, pero es posible que actúe y decida con criterio propio, pues no le deberá a nadie el cargo. Solo será el cuarto escaño, o la cuarta parte del Senado, pero levantará mucho la jerarquía de esa cámara.

(*) Roberto Laserna es economista de CERES

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El censo y los escaños en la cámara de diputados

El autor considera que los escaños departamentales de diputados deben asignarse en forma directamente proporcional a la población de cada departamento.

Sesión camaral de Diputados

Por Roberto Laserna

/ 4 de agosto de 2024 / 06:02

Dibujo Libre

La a asignación de escaños parlamentarios representa un desafío fundamental para una adecuada representación política y, por tanto, para la calidad de la democracia. El tema surgió con fuerza durante el conflicto por el Censo y es parte del acuerdo multipartidario de Julio 2024. En las próximas semanas se conocerán los resultados del Censo y habrá que aplicarlos. Me parece que si actuamos con madurez democrática deberíamos considerar opciones alternativas a las vigentes, que han demostrado ser ineficientes.

La Constitución y la tradición política son, por ahora, una camisa de fuerza que limita las posibilidades de mejorar el sistema, pero incluso dentro de ese marco restringido se puede mejorar.

Del dicho al hecho

La Constitución es la máxima norma del país y tiene internamente una jerarquía. En sus llamadas “bases fundamentales”, que son de rango mayor al resto, establece que está prohibida toda forma de discriminación (art. 14) y que la participación ciudadana en la vida política debe darse “en igualdad de condiciones” (art. 26), aludiendo en ese mismo artículo al voto como un acto que debe tener características de ser “igual” e “individual”. En otras palabras, todos los ciudadanos deben tener un mismo valor político.

El art. 146, sin embargo, abre las puertas a la discriminación y a la discrecionalidad al delegar al Órgano Electoral Plurinacional la autoridad de discriminar a los ciudadanos al momento de asignar escaños de diputados a los departamentos, pues con el argumento de la “equidad” se le permite asignar “un mínimo” de escaños a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Los procedimientos para lograrlo, suficientemente complicados como para que la mayoría de la población no los entienda y crea que son matemáticamente correctos, se establecieron en las Leyes 026 y 421.

Ellas han sido fuentes de distorsión de la representación popular en la Asamblea Legislativa. Como la Constitución no especifica la cantidad “mínima”, se han asignado cuatro diputados como mínimo, distribuyendo solamente los restantes de acuerdo a la proporción poblacional. Esa distorsión se ha hecho aún mayor al asignar 7 escaños a las circunscripciones indígenas. En éstas solamente votan quienes se registran en ellas y no en el padrón nacional, y siempre que sean personas pertenecientes a agrupaciones “minoritarias”, es decir, ni quechuas ni aymaras forman parte de ellas. El resultado final es que con menos del 1% del voto estos grupos han llegado a cerca del 6% de la representación en la Cámara de Diputados.

La distribución actual tampoco obedece la norma constitucional que señala que la Cámara de Diputados debe estar compuesta por un número igual de diputados uninominales y plurinominales, y que las circunscripciones indígenas deben considerarse parte de los primeros. En los hechos, se han establecido 70 uninominales (incluyendo las indígenas) y solamente 60 plurinominales. Esto está lejos de la mitad fijada por la Constitución.

La distorsión del voto se hace mayor cuando llegan las votaciones del conjunto de la Asamblea Legislativa. En este momento, el Departamento de Santa Cruz, teniendo poco más del 28% del electorado, tiene solamente el 19,3% de los asambleístas. Algo similar sucede con La Paz, que teniendo más del 25% de la población tiene menos del 20% de votos en la Asamblea Legislativa y con Cochabamba, con 17,6% de población y menos del 14% de representantes en total. En el otro extremo está Pando, con menos del 2% de la población y más del 5% de los votos legislativos. La sobrerrepresentación también alcanza a Beni, Potosí, Oruro y Tarija. La diferencia es muy alta y justifica la molestia existente en buena parte del electorado.

No hay ninguna evidencia de que algunos diputados más vayan a corregir las desigualdades del desarrollo. En cuanto a la argumentada “equidad” demográfica, sucede más bien que lo que se genera es inequidad, castigando a los ciudadanos que viven en las zonas más densamente pobladas que en rigor, necesitan de mayor atención. Las diferencias demográficas suelen acentuarse por las migraciones. ¿Tener un par de diputados más evitará que la gente migre de un departamento para irse a otro?

Por lo tanto, es necesario que la ley sea revisada y que se respeten plenamente los artículos que se encuentran en las “bases fundamentales” de la Constitución, aquellas que definen los “derechos, deberes y garantías” y que tienen mayor jerarquía.

Algunas propuestas

Para ello, deberían asignarse los escaños departamentales de diputados en forma directamente proporcional a la población de cada departamento. La “equidad” que se pretende lograr dando una mayor representación a los departamentos con menos población o menos grado de desarrollo económico ya se encuentra en la asignación de un número igual de 4 senadores a todos y cada uno de los departamentos. En otras palabras, asignar un mínimo de 0 a todos, y darle a la población de cada departamento lo que le corresponde por su proporción. Es decir, si un departamento tiene el 5% de la población, debería tener el 5% de los diputados. Como la Cámara tiene 130, le corresponderán (redondeando), 7 diputados. De ellos, 4 deberán ser uninominales y 3 plurinominales. La “compensación” vendrá en las votaciones del pleno, cuando a esos 7 diputados se agreguen los 4 senadores y ese departamento termine con el 6.3% de los votos aunque solo tenga el 5% de la población.

Otra modificación a la norma debe ser la exigencia que se plantea de que los diputados tengan residencia de los últimos dos años en el departamento o en la circunscripción uninominal. Esta disposición restringe indebidamente los derechos ciudadanos a elegir y a ser elegido, creando múltiples ciudadanías. Si la residencia es un factor importante, que sea el votante quien lo decida, no un legislador voluntarioso.

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En esta propuesta uno puede preguntarse qué hacer con las diputaciones indígenas o circunscripciones especiales. Ellas no parecen cumplir con el principio de la no discriminación establecido en las “bases fundamentales” de la CPE. Que la intención sea que lo hagan de forma positiva no las justifica. Si aun así se acordara que la norma constitucional es inaplicable y que deben mantenerse esas circunscripciones, lo razonable sería que los ciudadanos decidan si quieren votar en una circunscripción común o en una especial, y se inscriban libremente. Si el padrón de la misma alcanza a un mínimo razonable, digamos la mitad al menos de una circunscripción normal en ese departamento, se mantiene como uninominal. Si no, se agrega a otra especial de un departamento vecino. Esto supone un ejercicio de reempadronamiento que también deberá especificar cómo debe un ciudadano demostrar si es weenhayek o mosetén al momento de empadronarse o cómo podría un funcionario negarle a cualquiera su autodefinición étnica, que es también un derecho constitucional.

Lo más sencillo y lógico sería que tengamos una Cámara de Diputados de una sola circunscripción nacional, que sería la única manera de que los votos de todos los ciudadanos tengan el mismo valor político. Por ahora, la tradición nos mantiene separados en departamentos, pero, al menos tratemos de que todos los bolivianos tengan similar peso representativo en la Cámara de Diputados. Eso sí sería equitativo.

(*)Roberto Laserna es economista y escritor

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Los perjuicios del salario mínimo

Roberto Laserna

/ 11 de mayo de 2024 / 08:17

El 1 de mayo volvió a celebrarse el ritual que renueva el prebendalismo estatal: el Gobierno “regaló” un aumento salarial. Con dinero ajeno, claro. Es un rito anual cuyos efectos son ignorados. En los diálogos al café Marcos Escudero se los ha evaluado.

Rodolfo Eróstegui, conocido columnista en temas laborales, destacó que estos aumentos transgreden las normas del código del trabajo. Éste sugiere la determinación periódica de un salario mínimo, pero no una intervención tan profunda en el mercado, como para determinar cambios en el salario básico o eliminar la negociación obrero patronal.

La especialista Beatriz Muriel, del Inesad, destacó que la política salarial boliviana ha sido excluyente y discriminatoria, debido a que trata la situación de los trabajadores con empleos regulares, que representan apenas el 15 % de la fuerza laboral. La gran mayoría, que trabaja por cuenta propia o en pequeños negocios, no recibe la atención del Gobierno. Peor aún, esta política alienta el crecimiento del sector informal y aumenta el desempleo encubierto.

Este proceso fue corroborado por José Luis Barroso, quien estudia el mercado laboral. Él destacó que la demanda laboral manifestada, fundamentalmente, a través de avisos de prensa, se ha ido reduciendo a tal punto que en 2022 la cantidad de puestos de trabajo que se ofrecen por avisos de prensa es menor a la que se ofrecía hace 14 años.

En el Instituto Nacional de Estadística (INE) encontramos uno de los datos favoritos del Gobierno: la evolución del salario mínimo en Bolivia cuyo crecimiento ha sido significativo, pasando de Bs 440 en 2004 a casi Bs 2.500 en 2022.

Sin embargo, lejos de haber mejorado la situación de los trabajadores, esta política la ha perjudicado. Y no solo a los trabajadores, sino también a los inversionistas y, por tanto, a todos los bolivianos.

El salario mínimo se ha convertido en el salario de acceso al mercado de trabajo. Su paulatino aumento encarece la contratación de trabajadores no calificados o principiantes, y eso los deja fuera.

Lo importante, en todo caso, es observar la capacidad adquisitiva o el poder de compra de los salarios, y no del mínimo sino del promedio, que es más representativo. Los datos del INE muestran que el salario promedio real en el sector privado se ha mantenido estancado y con leve tendencia declinante en los últimos 20 años. El crecimiento económico no ha mejorado la situación de los trabajadores. En 2004, el salario medio real en el sector privado era de Bs 1.600, medido a precios de 1995. En 2022, con los mismos criterios de medición, el salario medio real de los trabajadores del sector privado era de Bs 1.560. La bonanza solo fue aprovechada por el sector público, donde sí crecieron los salarios reales.

Los salarios reales bajaron a pesar del aumento del mínimo, porque los salarios más altos se contrajeron. Las desigualdades salariales se han reducido, lo que implica que se ha eliminado el premio a la capacidad o a la mayor formación. Es decir, no hay incentivos para mejorar la productividad laboral. Hay más igualdad, pero menos justicia.

En suma, el estancamiento del salario real en el sector privado, la contracción del sector formal y la disminución de las diferencias, indican que los trabajadores que han sufrido mayor deterioro en su posición en el mercado laboral han sido los más productivos, los más experimentados, los mejor calificados. Con mayores costos y menor productividad, las inversiones son menos rentables, y la economía ha terminado perjudicada.

Roberto Laserna es investigador de CERES.

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