¿El Estado mal administrador?

Para abordar esta temática que se está discutiendo en varios estratos de la sociedad boliviana, considero necesario entender la naturaleza de empresa y Estado, que bajo una lógica de sociedad productiva y en desarrollo, se entiende que tienen que ser entes complementarios, que bajo sus propios intereses hacen que un determinado país logre mejorar los niveles de crecimiento y desarrollo, lo que además se consigue con el trabajo día tras día de las personas que conforman estos estamentos.
Esta complementariedad (entre empresas y Estado) resulta ser estudiada por una amplia gama de pensadores que buscan identificar las complementaciones pero también las diferencias, y cuando se analizan estas últimas, se coincide en que los fines que persiguen unos y otros pueden también tener especificidades que explican su composición y la estructuración de cada uno de sus aparatos logísticos, sustantivos y administrativos que hacen que instituciones públicas y empresas privadas logren alcanzar sus objetivos.
Dicho esto, es necesario comprender que la empresa privada tiene que buscar el lucro y no por eso debe encasillársela en un aura de maldad y codicia, más al contrario, esta búsqueda de alcanzar mejores ingresos por los servicios prestados genera competencia entre empresas de un mismo rubro, que no se enmarcan solo en la búsqueda de mejores utilidades a costa de la calidad del servicio, sino que se convierten un una incesante máquina de creatividad donde las experiencias al cliente resultan ser importantes, y que los costos puedan competir en una esfera de mejores procesos, más ágiles y más baratos.
Al otro lado se encuentra el Estado como un ente de servicios generalmente monopólicos y que en definitiva buscan fines mucho más complejos que de solo lucrar.
Los gobiernos en el mundo tienen la responsabilidad de construir contextos en los cuales sus pobladores consigan condiciones en todo el sistema, que les ayuden a encontrar caminos que faciliten mejores condiciones de vida.
Esto resulta fácil decirlo, pero en la práctica es sumamente complejo por las realidades que envuelven a cada uno de los territorios de un país, las que se diferencian por sus afinidades políticas, sociales, económicas, culturales y/o territoriales; cada una de sus características específicas determina cuál es la comprensión que se tiene por un concepto que es una máxima para la generación de políticas públicas: “mejora en la calidad de vida”.
Ahora, siendo estas diferencias tan dramáticas, especialmente a lo que se refiere por resultado, ¿es conveniente medir por un contexto netamente financiero o de gestión institucional a un Estado? Desde mi punto de vista, desde luego que no. Al gobierno de un país y su eficiencia se mide desde una óptica que facilite entender cómo las realidades de profunda desigualdad que se viven actualmente en muchos países son cambiadas a través de transformaciones en la sociedad y en la percepción sobre justicia y equidad que se tiene; en definitiva, acciones gubernamentales que concentren esfuerzos en promover una sociedad que vea de manera igualitaria a los derechos de todos y que a partir de estas nivelaciones se produzca no solo crecimiento económico, sino también desarrollo social.
El simplismo de entender a un buen administrador con solo una óptica de ganancias versus pérdida es desde ya completamente insuficiente, para un estamento que se encuentra a la cabeza de una sociedad.
En Bolivia, bajo esta tónica de que el Estado no administra bien, se han cometido daños lesivos a los intereses de la sociedad, ya que la despatrimonialización, llamada elegantemente capitalización, fue una enajenación de empresas públicas que lo único que trajo fueron promesas incumplidas de inversión y el desmoronamiento de la economía nacional; basta ver cómo se encontraban los indicadores económicos y sociales en los años 90 cuando aparte de tener a más del 60% de los habitantes en umbrales de pobreza, nuestras reservas no superaban los $us 500 millones y el Estado se encontraba reducido a la mínima expresión. Desde el punto de vista que planteo, de evaluación de resultados para un aparato público, estas cifras muestran un gobierno neoliberal aplazado.
Desde 2006, en Bolivia se han estado dando las transformaciones más importantes de los últimos 60 años en materia económica y social, con empresas públicas que generan recursos para el pago de bonos sociales que impulsan temas como la permanencia escolar, el parto asistido y una vejez digna. Resultados de crecimiento económico asociado a gente saliendo de pobreza extrema y moderada. Juzgue usted estos resultados.
Mike Gemio es economista.