El reciente anuncio en la red social X (ex Twitter) del exmandatario Evo Morales, con relación a la celebración de primarias al interior del MAS-IPSP, entregando a la militancia la decisión de elegir al candidato presidencial de este partido y comprometiendo el apoyo de la facción liderada por él a quien sea el ganador de ese proceso, significa un acto de madurez política que, a su vez, representa un potencial final a la pugna interna y la profundización del proceso democrático partidario del país.

Algo que debe reconocerse es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es, de manera incontrastable, un fenómeno político que se constituye en la única versión vigente de un partido con una estructura completa. Tiene entre sus antecedentes haber sido el segundo partido en la historia republicana de nuestro país que logró sobrevivir a su líder inicial, afrontando de manera exitosa un proceso electoral; su antecedente, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ocupó un lugar parecido entre la segunda mitad del siglo XX y principios del nuevo siglo, hasta provocar su práctica extinción a manos de su propio líder en el ejercicio de su última presidencia.

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EL MAS, por ser el producto del fenómeno social, ha logrado interesantes avances en cuestión de reducción de la pobreza y ha forjado una propuesta económica alrededor de un modelo que llega a su tercer lustro, en concordancia con una nueva Constitución que rescata un nutrido catálogo de derechos junto con la inalienable propiedad del pueblo sobre sus recursos naturales.

Otro logro del MAS se advierte en la victoria obtenida en octubre de 2019, cuando consiguió el 55% de los votos, lo que se hace más notable en el contexto de los acontecimientos de la elección anterior y los hechos que la envolvieron, que podían haber sepultado a esta tienda política; sin embargo, superó los cuestionamientos a su alrededor y, apoyado en su fuerte militancia, presentó una candidatura que emergió del propio partido, reconocida y avalada por su líder en el extranjero. Luego, este avance pareció quedar en nada, ante el surgimiento de pugnas, acusaciones al interior de ese frente, contradicciones que promovieron duda en cuanto al liderazgo.

Finalmente y luego de la celebración del 29 aniversario del MAS, surge el anuncio de Morales para abrir el debate y la competencia por la nominación presidencial; primero, esto reconoce un acto de madurez política que, a su vez, reconoce a la militancia como el verdadero fundamento político, y es un ejercicio político que reconoce el valor del partido sobre el líder, lo cual,  aparentemente, pondría fin a la pugna partidaria interna y plantea una solución concertada a las contradicciones provocadas por la discusión.

El reconocimiento de un mecanismo democrático al interior del MAS por parte de sus principales dirigentes, representa la solución más viable para los problemas experimentados por un movimiento político que ha demostrado su vigencia en el tiempo presente, además de su rol como un instrumento político que amalgama una gran colección de bolivianidad, que no reconoce un propietario a título personal y exige que sus destinos se encuentren en correlación con el tamaño de sus triunfos electorales y la multitudinaria votación de la que ha sido depositario a lo largo de las dos últimas décadas.

(*) Rafael Villarroel es economista

La publicación El capital corrosivo en Bolivia y los retos de buena gobernanza, de la Fundación Milenio, constituye un aporte intelectual de considerable valor para el análisis de la coyuntura y, en ese contexto, también contiene elementos que merecen ser apreciados y analizados a la luz de un filtro diferente, y contrastados con elementos que incorporados permiten una reflexión en torno a este documento, que lo enriquecen e invitan a formular una posición distinta.

En su primer capítulo, la publicación presenta un análisis que declara como “estelar” para el mundo de la inversión privada el periodo inmediatamente posterior a la recuperación de la democracia y el inicio del nuevo milenio, pero no hace el reconocimiento expreso de que en ningún momento de esta época “estelar” se registraron cifras similares a las vividas en el periodo que bautiza como populista, cuyo surgimiento lo atribuye a una crisis económica que se contradice con la “estelaridad” del periodo que se reputa como exitoso.

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Ese acápite señala la implantación de un modelo de capitalismo de Estado al que le atribuye medidas recalcitrantes que “maniatan” al sector privado, que se habría visto reducido a actuar en resquicios que dejaría el “omnisciente” Estado y que este sector se encontraría condenado a actuar como un proveedor estatal.

Sobre esto, llama la atención de que en el periodo “estelar” de la inversión no se haya generado esa industria pujante que el análisis liga al ejercicio de lo privado; pero, además, se muestra al modelo calificado como capitalista de Estado como si hubiera arrebatado del mundo privado sus inversiones y sus iniciativas olvidando que, en primer término, el Estado poseía más de dos centenares de empresa publicas antes del inicio del periodo “estelar” que fueron privatizadas, incluso en precios irrisorios que indignaron a la población, que en casos puntuales obedecieron a negociados para la apropiación del activo de la empresa que era muy superior al valor de “privatización” y terminó en un simple negocio inmobiliario. En otros casos, recibieron, por precios indignantes para el ciudadano promedio, compañías a punto de entrar en marcha, luego de haber superado su periodo de maduración y que fueron a engrosar emporios monopólicos que, a la postre, fueron entregados a manos extranjeras en operaciones de bolsa (diseñadas en ese periodo “estelar”) que permitieron la omisión de impuestos.

En este sentido, surge la duda respecto a ese periodo “estelar” que se indica en el análisis, hasta con saudade, ¿por qué no se ha formado ese capital competitivo en el periodo “estelar”? ¿Por qué las cifras de crecimiento no se reputaron como exitosas, y ese sector privado “vigoroso“ no pudo reaccionar a la crisis que reputa como el coletazo que produjo su colapso en pro del surgimiento de ese “periodo populista”? Sin dejar de tener presente que se entregó a ese sector privado pujante y protagonista “estelar” de la inversión las principales generadoras de los recursos más importantes de este país, con compromisos de inversión contra la oferta de convertirse en socios, a cambio de solamente pagar por el 50% más una de las acciones de las empresas que se conformaron para la entrega de los recursos e inversiones en contratos de “capitalización”.

En conclusión, parece urgente incorporar estos elementos para la definición de un “capital corrosivo” que se constituye en un tema de actualidad innegable y debe llamar a la reflexión de la bolivianidad en su conjunto, sin dejar de lado el esfuerzo editorial que cumple su labor de ser una invitación al debate y la reflexión.

(*) Rafael Villarroel es economista

Con motivo del informe del presidente Luis Arce, culminando su tercer año de gestión, se han pronunciado en éste elementos que llaman al análisis en relación a los desafíos que asumió en 2020, y dejan ver cuál es la perspectiva que pretende asumirse de cara a nuestro Bicentenario como país, así como la ruta que falta por recorrer aún.

En primer término, cabe recordar que Arce asumió el poder en circunstancias particulares, después de haberse producido una ruptura democrática que provocó, en el terreno de lo pragmático, una cuando menos cuestionable apertura de la sucesión presidencial. Además, por su demora en el llamado a nuevas elecciones se dejó al país sin un gobierno con cartas de legitimidad completas para asumir la gestión de la pandemia del COVID 19, y éste, a su vez, asumió una serie de medidas erráticas en busca de una solución económica que proponía el alejamiento del modelo implantado por el gobierno del MAS.

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Con este antecedente, en su discurso, el Presidente hizo defensa del modelo vigente, resaltando su carácter estratégico en la coyuntura y su ductilidad táctica en las condiciones globales, que anotó a modo de preámbulo de su mensaje. Junto a esto, debe notarse que el mandatario no hizo demanda de paternidad con respecto a éste, pero dejó en claro que ha sido una contribución a la mejora de vida de todos los bolivianos, y esto último ha sido reconocido no solo a nivel nacional sino también en el extranjero, lo que además se comprobó en las cifras favorables que lo acompañaron.

Ahora bien, a lo largo de estos años de gestión queda claro que se han encarado medidas de corto plazo, como lo exigía la pandemia y la reactivación del aparato económico estatal, entre ellas la apertura de fondos para la otorgación de créditos a tasas notablemente bajas para productores y la sustitución de importaciones, así como la dotación de vacunas sin costo y el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud (SUS).

Por otro lado, el mensaje reconoció una carencia que no fue entendida en los primeros gobiernos electos bajo el nuevo esquema constitucional, la falta de una base industrial que pueda lograr la elaboración de productos con valor agregado y que disminuya la dependencia de productos importados. Es un tópico que no ha sido entendido en su real dimensión y amerita un esfuerzo mayor que el encarado por el sistema de empresas públicas. Esta es una lectura hecha por el Presidente, que viene acompañada de una serie de medidas de mediano plazo.

Entre las medidas asumidas están la construcción de más de un centenar de plantas industriales y la ejecución de proyectos tan importantes como el de la química básica en el salar de Uyuni, junto a la explotación del litio o la industria farmacéutica que, seguramente aunados al esfuerzo de los privados, concluirán con el anhelo de un país industrializado como propuso Arce en su discurso.

En suma, la meta que se propone esta gestión de gobierno está más allá de garantizar la estabilización económica ya lograda en favor del boliviano promedio, el trazo está en llegar a nuestro Bicentenario con un país construido sobre una base industrial robusta que permita la generación de recursos a partir de productos elaborados con valor agregado. Un desafío importante pero difícil y que debe concentrar los esfuerzos de lo que le queda a esta gestión.

(*) Rafael Villarroel es economista

La celebración del cabildo abierto convocado por organizaciones sociales con motivo de generar una respuesta al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), permite ver el desarrollo de un ejercicio democrático que además pone un contraste para el análisis de la convocatoria de Lauca Ñ y sacar importantes razonamientos en torno a estos dos eventos.

Es un punto interesante que la dirección de un partido político provoque un movimiento cuando menos inusitado a su alrededor, y esto deja de manifiesto que el MAS, como partido político, no tiene un solo dueño y, como en pocos casos en la historia nacional, se encuentra enfrentando una serie de contradicciones que dejan entrever la lucha de este frente por superar un estigma de movimiento caudillista, para tomar un lugar más estable en la historia de nuestro país.

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Sobre esto, debe remarcarse que se esté utilizando un instrumento de alto contenido democrático como es el cabildo, que fue reconocido dentro del ordenamiento legal boliviano recién a partir de la última parte de este siglo XXI, pese a tener una trayectoria mucho más amplía; y esto conlleva la manifestación de los estamentos más básicos de la política boliviana para dejar en claro un reclamo de atención de la dirigencia para conservar una unidad que ha pasado rigurosos exámenes en 2020, y que reclama a su vez la inclusión de todas la organizaciones que se sienten parte de este partido que se encuentra ligado íntimamente a los últimos cinco lustros de la historia contemporánea.

Ahora bien, no debe perderse de vista que esta convocatoria es un interesante contraste con el último congreso del MAS celebrado en Lauca Ñ, donde se han observado prácticas reñidas con el ejercicio democrático, segregando la participación de sus propios militantes y donde además se han verificado exclusiones poco justificables de las organizaciones que justamente convocaron al cabildo abierto para evitar un atrincheramiento que no hace ningún bien a la política boliviana y que ha llevado a una falta de estabilidad en el estamento político, repercutiendo en la ciudadanía con una falta de seguridad en la conducción del órgano deliberante del Estado.

Entonces, corresponde una seria reflexión con relación a la conducción de este partido que concita a una parte importante de la población, y exige a su dirigencia que se mantenga en su interior a todas esas organizaciones que se convocaron alrededor de un instrumento que ha sido reconocido durante el ejercicio del poder del propio MAS, para recordar que este partido no tiene un propietario y que lucha por superar un liderazgo único rompiendo con el común denominador de las organizaciones políticas bolivianas.

En conclusión, este cabildo resultó ser un muy interesante ejercicio democrático, que más allá de cualquier cuestionamiento que se pueda tener al respecto de su auspicio ha aglutinado a una gran cantidad de personas y organizaciones que ponen en público su parecer y reclaman su participación en el partido político más importante en lo que va del siglo XXI. A la vuelta también permite un serio cuestionamiento a la última reunión dirigencial de esta organización política, que trata de encerrarse para arrancar una legitimidad que, con este último cabildo, debe ser repensada y llevar adelante una apertura necesaria.

(*) Rafael Villarroel es economista

En los últimos días ha tomado resonancia la publicación del libro editado por la Fundación Vicente Pazos Kanki donde presenta un análisis con relación a las empresas públicas en Bolivia, lo que ha dado lugar al debate, generando opiniones en todos los sentidos; en paralelo, ello resulta en una importante oportunidad para incorporar algunos puntos de vista a esta exposición de ideas que deben ser tomadas en cuenta para enriquecer el debate y el análisis. Para ello, considero necesario echar una mirada al pasado y contrastar las alternativas que se han operado a lo largo de la última mitad del siglo XX con el traspaso de las compañías públicas al sector privado y el costo que ha implicado, junto con los análisis que se han hecho al respecto.

El análisis en el libro presentado en la Feria del Libro en La Paz es básicamente el de dos publicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Presupuesto General del Estado, señalando una recopilación sesgada de los datos expuestos hacia el lado estatal. Sin embargo, debe tenerse presente que el documento incorpora también una serie de juicios de valor a tiempo de exponer la información que recopila de las fuentes; esto implica un punto de vista alternativo, que tampoco se encuentra libre se sesgo.

Por otro lado, también se expone otra publicación sobre el sistema de empresas públicas boliviano, que recopila una investigación llevada adelante por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, cuyo objeto principal fue determinar cómo estaba compuesto el sistema de firmas estatales del país, y cuáles fueron las maniobras que se realizaron para sacarlas del mercado y entregarlas a manos privadas en procesos donde los actores de repetían y remitían a la clase política de la época.

Ese análisis alternativo va más allá del periodo iniciado con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), abarca toda la era democrática contemporánea, donde resulta que, antes de la constitución de las actuales empresas públicas, Bolivia contaba con más de 200 compañías de este tipo, número muy superior a las 60 que se analizan en la publicación. Estas empresas en muchos casos ocupaban importantes lugares dentro del mercado boliviano, con un valor de marca e intangibles, como modos de producción o licencias y contratos, que no fueron valuados a tiempo de disponer su venta a privados y, en muchos casos, han dado lugar a grandes fortunas.

Otro punto que invita al análisis es la posición que toma el documento en cuanto al costo y al retorno de la inversión del Estado en las empresas; a la vuelta también resulta muy importante traer al análisis del costo de las privatizaciones llevadas adelante al final del siglo XX, donde se entregaron unidades productivas en marcha como simples activos, con precios muy por debajo de su verdadero valor, lo que privó de ingresos al gobierno y tuvo una dura consecuencia en la ciudadanía de a pie.

Si bien el aporte de la publicación y el esfuerzo editorial de esta fundación son importantes para el debate público, también resulta interesante concluir que la alternativa practicada con anterioridad por los gobiernos de la última parte del siglo XX, en ningún caso representaron soluciones satisfactorias que hayan producido un beneficio a nuestro país.

Rafael Villarroel es economista.