La derecha de todo el país ha cerrado filas en torno a la demanda de los sectores cívicos cruceños de adelantar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2023, aun a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales libres de toda sospecha de filiación oficialista, como el PNUD o la CEPAL, revelando así el fundamentalismo anti-masista de ciertos sectores de la sociedad boliviana, que va más allá de los límites impuestos por la lógica o la más mínima racionalidad y, por supuesto, de toda convicción democrática.
Y esto, que puede parecer una debilidad de su parte, en realidad revela que las élites empresariales cruceñas sí son capaces de extender su influencia más allá de los límites de este departamento, aunque, eso sí, limitándose a las capas más reaccionarias y conservadoras del país, que entienden que la oposición partidaria asentada en el Órgano Legislativo no tiene ninguna utilidad para las clases dominantes de Bolivia, más allá de ser un obstáculo para el funcionamiento del Estado.
Han logrado hacer de la estupidez una verdadera estrategia política, encerrándose en un capricho casi autístico, que falsos demócratas como Carlos Mesa apoyan a sabiendas de que se trata de actores peligrosamente radicalizados. Si alguna lección dejó la experiencia totalitaria de la Segunda Guerra Mundial es la de no aliarse nunca con fascistas, que bien pueden tener cierto apoyo popular, como lo tuvieron en su momento Hitler y Mussolini, pero que no jugarán de acuerdo a las reglas de la institucionalidad democrática una vez alcanzado el poder.
Por otro lado, el control que ejercen sobre lo que podría considerarse como “su territorio” no se sostiene enteramente sobre el apoyo de la sociedad local, sino en el ejercicio de la violencia y la intimidación indisimulada en contra de sectores populares no alineados con las clases empresariales o sin relación con la maquinaria política de clientelismo prebendal que han consolidado en la Gobernación de ese departamento, donde el caso de los ítems “fantasma” es, sin duda, solo la punta del iceberg.
Se trata de una élite que controla, en los hechos, las oportunidades económicas y los recursos políticos de su sociedad, desde empleos hasta espacios de recreación, sin mencionar que todavía es capaz de instrumentalizar la reciente versión federal de su discurso regionalista, sobre todo entre las capas media altas, a pesar de carecer de contenido o sistematización alguna. Pero esto es solo una cara de su dominación; la otra es mucho más primitiva, pero por ello mismo efectiva: el uso de la violencia paramilitar y gansteril, a través de la Unión Juvenil Cruceñista, que a estas alturas debería ser considerada como una organización criminal.
En otras palabras, el poder de las clases empresariales en Santa Cruz es esencialmente uno de carácter autoritario, sostenido sobre la represión abierta en contra de sectores populares que, de paso, son estigmatizados como advenedizos indeseables. En su uso de la violencia, esta élite no considera límite alguno, como puede demostrarse por la muerte de Juan Pablo Taborga en Puerto Quijarro, cuyas circunstancias deben aclararse inmediatamente.
Y al no ser una oposición democrática ni plenamente legal (debe aclararse, por otro lado, el financiamiento con el que operan sus mafias paramilitares), es difícil creer en el diálogo como una forma realista de lidiar con ella. Deben reevaluarse los criterios por los cuales se puede considerar a alguien como un interlocutor válido, tanto en términos democráticos como institucionales.
Acá no debería tener cabida alguna ningún admirador de Pablo Escobar, como Luis Fernando Camacho. Al fascismo se lo debe tomar en serio, pero sin miedo.
Carlos Moldiz es politólogo.