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Friday 3 Feb 2023 | Actualizado a 00:50 AM

El problema de la deuda pública de Bolivia

/ 25 de octubre de 2022 / 02:16

La deuda externa pública boliviana no ha parado de crecer desde 2007; en los 15 años que abarca el periodo 2007-2021 casi se ha sextuplicado, pues ha pasado de $us 2.208 millones a $us 12.698 millones, lo que significa un salto del 16,7% (2007) al 31,2% del PIB (2021). Ese incremento ha venido acompañado de una enorme cantidad de recursos por concepto de desembolsos: $us 15.347 millones, aunque cerca de la mitad de este monto (48%) ha sido devuelto a los acreedores de deuda, pues han salido del país $us 7.361 millones, de los cuales $us 4.674 millones corresponden al pago de amortizaciones y $us 2.687 millones a la cancelación de intereses.

Asimismo, la composición de la deuda externa muestra una elevada dependencia de los organismos de crédito multilaterales, así el BID y el Banco Mundial absorben el 42,5% del total. Además, en la última década aparece el componente de “bonos soberanos”, que a finales de 2021 representan el 16% de la deuda externa total, que se caracteriza por tener menores plazos (10 años) y elevados tipos de interés (entre 4,5% y 7,5%): en febrero de 2022 el Ministerio de Economía, imposibilitado de hacer frente al pago de $us 850 millones por bonos que se vencían en 2022 y 2023, ha tenido que prorrogar su cancelación hasta 2027, bajo una operación de canje de deuda, lo que ha supuesto un aumento del tipo de interés, del 4,9% al 7,5%, y un incremento del stock de “deuda soberana” de $us 2.000 millones a $us 2.089,7 millones (véase datos del informe de la deuda pública externa del BCB al 31-12-21, y cifras del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público a agosto de 2022).

Por su parte, la deuda interna pública está creciendo continuamente. Entre 2015 y 2021 ha pasado de Bs 28.209 millones a Bs 95.253 millones (equivalente a $us 13.878 millones), cifra que no es despreciable pues equivale al 34,1% del PIB. Aquí, llama la atención el elevado peso de la deuda pública al sector privado (41% del total), que implica que el Estado tendrá que cancelar intereses por ella durante los próximos 20 o 40 años (véase cifras de la Memoria de la economía boliviana de 2021 del Ministerio de Economía).

A la luz de los datos, para Bolivia la tendencia creciente de la deuda pública es un problema de gran calado. Por un lado, el aumento continuo de la deuda externa supone una pérdida de recursos nacionales que se dirigen al exterior bajo la forma de pago de amortizaciones e intereses, que merman los recursos destinados a inversiones productivas dentro del país; asimismo, viene acompañada de una pérdida de soberanía nacional en la política económica. Por otro lado, el incremento de la deuda interna también resta recursos nacionales que podrían dirigirse a la inversión privada en actividades productivas y a la formación de capital de la economía. Adicionalmente, como el endeudamiento del sector público boliviano es crónico, ante una eventual parálisis del financiamiento externo, la economía boliviana corre el riesgo de toparse con una crisis de deuda, cuyas soluciones macroeconómicas son muy costosas, pues implican reducciones del consumo, gasto e inversión pública, subida de impuestos, caídas de la producción y aumentos del desempleo, y como círculo vicioso aumentos de deuda.

Arce y su ministro del área económica deberían tomar en cuenta las cifras y la historia de la deuda pública boliviana y evitar que ésta siga creciendo, para que no vuelvan a ocurrir las crisis del pasado —de hecho, como consecuencia del aumento de la deuda externa en la década de los 70, que se triplicó en el gobierno de Banzer, la economía boliviana sufrió una profunda recesión en el periodo (1981- 1986), con caídas de la producción, aumentos del desempleo y pobreza, e hiperinflación—. Con ese cometido, la actual política económica debería ajustar el actual modelo de desarrollo (dependiente de la exportación de recursos naturales y bienes primarios, y del financiamiento foráneo), dando más protagonismo a las potencialidades endógenas del país, haciéndolo más productivo y menos dependiente del endeudamiento externo; de lo contrario puede que las crisis acaecidas en el pasado se repitan, pero esta vez con costes más elevados y efectos más dolorosos.

Fernando E. Torrejón Flores es doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada.

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Arce y Camacho, falso conflicto por el Censo

/ 11 de noviembre de 2022 / 01:09

En julio de 2021, el vocero de Arce, Richter, aseguraba que el Censo de Población y Vivienda se realizaría en noviembre de 2022 (véase el Decreto Supremo 4546 de julio de 2021). Un año después, el Gobierno decidió postergarlo para mayo o junio de 2024 (véase el DS 4760 de julio de 2022). Este cambio de fechas ha traído nuevamente problemas a Bolivia: la inconsistencia, imprudencia y negligencia en el cumplimiento de los tiempos de parte del gobierno de Arce, y la intransigencia de Camacho, están llevando al país a un callejón cuya salida conducirá a un escenario de pérdidas económicas, desorden político y costes sociales que perjudicarán al país.

El gobierno de Arce, inconsciente o premeditado, ha decidido posponer la realización del Censo en casi dos años. Camacho, aprovechando ese craso error, ha aleccionado a una parte de la población de Santa Cruz para que ingrese en un paro de actividades, que ya entra en su tercera semana —Camacho tiene experiencia en este tipo de acciones, pues en noviembre de 2019 con un paro de similares características empujó a Morales a una renuncia obligada—. Asimismo, el Gobierno, cual obra teatral, convocó a una mesa técnica para definir la fecha del Censo y delinear sus “aspectos técnicos”, poniendo en evidencia que esta convocatoria es artificial e innecesaria, pues los “elementos técnicos” han debido y deberían ser tratados en los ministerios de Planificación y de Economía, como parte de la gestión de gobierno.

En realidad, la discusión por el Censo no es prioritaria, pues el Censo en sí mismo no significa una mejora de calidad de vida de los habitantes; actualmente, hay problemas más acuciantes en el país que requieren mayor atención: el endeudamiento creciente del sector público, la pérdida de los recursos naturales (no renovables) destinados a los mercados externos, la disminución de las rentas procedentes de las exportaciones de los hidrocarburos, la elevada tasa de informalidad en el empleo y la caída del PIB per cápita.

En Bolivia, entre 2007 y 2021 la deuda externa fue creciendo continuamente, pasando de $us 2.208 millones a $us 12.698 millones. Asimismo, en el periodo 2006-2021 la pérdida de recursos naturales se ha expresado en la salida del país de 6,57 millones de toneladas de zinc, 1,22 millones toneladas de plomo, 261.000 toneladas de estaño, 61.000 toneladas de antimonio, 24.000 toneladas de wólfram y 18.000 toneladas de plata; además, se ha llevado fuera del país más de 300 toneladas de oro (según cifras oficiales). También, se ha destinado al exterior 196.730 millones de metros cúbicos de gas natural, 1,4 millones toneladas de madera y 20,1 millones toneladas de torta de soja (véase datos del Banco Central de Bolivia). Por su parte, el valor de las exportaciones de hidrocarburos ha descendido: entre 2014 y 2021 ha pasado de $us 6.595 millones a $us 2.269 millones. El empleo informal, por su lado, registra un 81,5% del empleo total (último dato publicado por la OIT). Además, el PIB per cápita se mantiene por debajo de los niveles de 2016: el PIB per cápita de 2021 equivale a $us 3.125 (dólares constantes de 2010), que es el más pequeño de toda la región sudamericana (véase datos del Banco Mundial).

El mal hacer y la testarudez de los dos actores implicados en el conflicto del Censo, Arce y Camacho, les impide poner atención en los problemas más importantes de la economía boliviana, pues se están concentrando en dejar un país más dividido. Arce deja su partido parcelado por lo menos en dos partes; Camacho deja rota a Santa Cruz y enfrentada entre sus seguidores ( fieles de su comité cívico) y la gente de los barrios populares de la ciudad y del área rural. Ambos, dejan un país más polarizado y una economía dañada. En otro sitio, una oposición dividida y sin proyecto de país (Mesa, Quiroga, Reyes Villa, Copa, Doria Medina) espera agazapada a ver qué puede devorar del desastre.

La población, que es paciente, está en alerta y se da cuenta de que el tema del Censo es una cortina de humo para cubrir los verdaderos problemas del país; no sería de extrañar que ésta pidiera la celebración de un referéndum revocatorio constitucional de los cargos de los dos responsables del conflicto (véase el artículo 240 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia), el cual se produciría en el segundo semestre de 2023.

Son días difíciles para Bolivia; el país reclama la aparición de un proyecto político, con actores éticos de espíritu soberano y con preferencia por sus recursos endógenos, que unifique al pueblo boliviano, que lo acompañe, empuje y guíe hacia mejores días, en procura del aumento de su bienestar.

Fernando E. Torrejón Flores es doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada.

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Apuntes del PGE 2022

/ 22 de diciembre de 2021 / 06:50

El presupuesto de 2022 del sector público registra un gasto total del 57,9% del Producto Interno Bruto (PBI). Esta cifra muestra el tamaño del Estado en el conjunto de la economía. Si se toma el gasto del sector público no financiero (SPNF), que excluye las instituciones financieras, el porcentaje llega solo al 46% del PIB (promedio del periodo 2006-2020), que es superior al de Estados Unidos (37%) pero menor que el de las economías europeas (eurozona 50% y Suecia 55%).

El presupuesto prevé un saldo público negativo de Bs -34.480 millones, pues los ingresos totales (Bs 139.514 millones) son inferiores a los gastos totales (Bs 173.994 millones). El déficit proyectado representa -11,5% del PIB, que es menor en el caso del SPNF (-8% del PIB).

Aparte de los ingresos propios, el presupuesto contempla financiación ajena (Bs 95.577 millones), que proviene del endeudamiento externo (Bs 36.649 millones) y fuentes financieras internas (Bs 58.928 millones), que en su mayor parte se originan del crédito del Banco Central de Bolivia (BCB). Asimismo, los Bs 95.577 millones se dirigen, por un lado, a amortizar la deuda externa y al pago de deuda interna (Bs 61.096 millones), y por otro, al financiamiento del déficit público (Bs 34.480 millones). El financiamiento del déficit indica que en 2022 habrá un incremento neto de la deuda externa en 9,4% del PIB y de la deuda interna en 2,1% del PIB.

El elevado déficit público y el incremento de la deuda externa previstos para 2022, tienen como origen un ambicioso programa de inversión pública de Bs 34.486 millones ($us 5.015,5 millones), que supone un 11,5% del PIB. Esta cifra desagregada revela, primero, que el grueso de la inversión se concentra en sectores que tienen una baja participación en el empleo y en el PIB; así el 56% de la inversión pública se reparte entre la minería del hierro, zinc y estaño (13%), infraestructura de carreteras y transporte (26%), e inversión social (17%) —la minería y la construcción de obra pública suponen menos del 10% del empleo y del PIB—. Segundo, solo un 2% de la inversión se dirige a la exploración de hidrocarburos. Tercero, se destinan pequeños porcentajes de inversión a sectores que tienen una gran participación en el empleo y la producción; así, bajos montos van al sector de los alimentos: transformación y almacenamiento (0,3%), apoyo a la producción nacional (1,4%) e industria alimentaria (1,7%); recursos hídricos: pozos (0,2%), riego (0,6%) y acumulación (2,2%); energía: hidroeléctrica (2,8%), eólica (0,3%), nuclear (1%), litio (0,3%); industria manufacturera: derivados de los hidrocarburos (0,4%) y manufacturas para la construcción (1%) — la agricultura, la manufactura y la energía, en conjunto, suponen más del 40% del empleo total y más de un tercio del PIB—.

A la luz de los datos, se ve que el presupuesto de 2022 favorece de forma desproporcionada la inversión pública destinada a los sectores de minería y construcción, que tienen una baja incidencia en el empleo y PIB, que dependen en elevado grado de las importaciones de insumos y de bienes intermedios, y de la participación de empresas extranjeras de baja tecnología. Asimismo, en la “inversión social”, no queda claro el peso que tiene la formación bruta de capital. Además, el presupuesto se ha quedado corto con la inversión destinada a los sectores de los alimentos y agricultura, industria manufacturera y energía, aun siendo estos de una elevada incidencia en el empleo y PIB, gran potencial de movilización de recursos endógenos con baja dependencia externa, y dinamizadores de otros sectores, como el comercio, transporte y almacenamiento.

Es imprescindible que el presupuesto del Estado no se limite a ser un instrumento solo generador de gasto, endeudamiento externo y dependencia externa; sino que se convierta en un medio capaz de generar desarrollo endógeno (vivir bien) que lleve a la economía a ser competitiva y soberana en áreas como los alimentos, recursos hídricos, energía e industria semipesada y tecnológica.

Fernando Torrejón Flores es profesor de Análisis Económico y Economía Aplicada.

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Morales, Choquehuanca y Arce

/ 24 de noviembre de 2021 / 01:35

Bajo el mando de Morales, Bolivia mostró un buen desempeño de la economía, que crecía a tasas cercanas al 5%. La nacionalización de los hidrocarburos, la política de redistribución de la renta por medio de los bonos sociales, el énfasis en la inversión pública y el favorable contexto externo con elevados precios del petróleo, condujeron a aumentos del PIB per cápita, reducción de los niveles de pobreza y caídas en la desigualdad de ingreso. A nivel electoral, el apoyo a Morales desde 2009 fue reduciéndose elección tras elección; entre 2009 y 2019, la votación a su favor disminuyó del 64% al 47%; y entremedio, en 2016, hubo una derrota en el referéndum constitucional que no le permitía ser reelegido por cuarta vez (tercera con la nueva Constitución).

En noviembre de 2019, Morales con un apoyo mermado enfrentó un golpe de Estado que lo obligó a renunciar y exiliarse en Argentina, desde donde monitoreó su regreso al país. Mientras tanto, Áñez gobernaba de facto, apoyada por políticos reciclados de la década de los 90. La mala gestión política y económica de Áñez, la deficiente atención a la crisis del coronavirus, la aversión al mundo indígena, y la represión militar y policial, que se expresó con crueldad en las masacres de Senkata y Sacaba, provocaron que la población se aglutinara en contra del gobierno de facto y a favor del partido de Morales para las eventuales elecciones de 2020.

En enero de 2020, el Pacto de Unidad, instancia que agrupa a los sectores campesinos e indígenas que forman parte del MAS-IPSP, propuso a Choquehuanca y Rodríguez como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente; sin embargo, en Argentina, Morales cambió la nómina y definió a Arce como presidente desplazando a Choquehuanca al segundo lugar. Aun así, Choquehuanca fue una pieza clave para aglutinar al sector indígena y campesino a favor del MAS-IPSP; sin su participación no se concibe la victoria del partido de Morales en las elecciones de 2020.

En octubre de 2020, el MAS-IPSP obtuvo el 55% de la votación, que daba la oportunidad a Arce de dirigir el país; sin embargo, el apoyo electoral se redujo al 40% en las elecciones departamentales de 2021. En ese camino, y a lo largo de un año, las señas que ha dejado Arce en su primer año de gobierno pueden expresarse así: primero, el Gobierno ha preferido mirar a otro lado, dejando escapar a los operadores más visibles del gobierno de facto (Murillo y López); asimismo, ha permitido que Camacho, Reyes y Arias terminaran quedándose con gobernaciones y municipios, y ha dejado impunes a Mesa y Quiroga. Segundo, el Gobierno ha perdido el apoyo político de La Paz y El Alto, con el riesgo que ello implica en la estabilidad política de su gestión. Tercero, la política económica de Arce ha sido insuficiente y tímida para la recuperación: el Bono Contra el Hambre, el Impuesto a las Grandes Fortunas, la devolución del IVA, los fideicomisos para la sustitución de las importaciones y la baja ejecución de la inversión pública, no han logrado incentivar la demanda y oferta agregadas, de manera que en 2021 la economía pueda volver a los niveles de 2019. Cuarto, Arce al promover la Ley 1386 contra “ganancias ilícitas” ha provocado temor y confusión en los sectores populares de gremiales, comerciantes y transportistas, y le ha dado un buen pretexto a los grupos más reaccionarios y racistas del país para que exijan más concesiones y que revivan las ideas separatistas que se originaron en la primera década de 2000.

El primer año de gestión de Arce y la intransigencia de la oposición política han llevado al país a una situación delicada, donde la economía es precaria, la sociedad tiene un elevado riesgo de polarización, los partidos políticos han perdido credibilidad, y se han reactivado los regionalismos.

Bajo este escenario, las soluciones a los problemas del país exigen a Choquehuanca y Morales que, con responsabilidad histórica, entiendan que el proceso de revolución cultural, económica y de soberanía de los pueblos, requiere un liderazgo con espíritu de unidad nacional; asimismo, tiene que ver con la aparición de una oposición madura, con política soberana, libre de racismo y regionalismo; y finalmente, demanda al gobierno de Arce corregir sus errores, para que en vez de poner piedras en el camino que dificultan alcanzar el fin del “vivir bien”, defina, sin endeudar el país, políticas a corto y largo plazos que conduzcan a la armonía social y al máximo bienestar de la población.

Fernando Torrejón Flores es profesor de Análisis Económico y Economía Aplicada.

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Bolivia: la política económica y el inicio de la recuperación

La recuperación de la economía va a depender de la manera de gestionar la pandemia.

/ 11 de enero de 2021 / 03:38

Los datos del desempeño de la economía boliviana de 2020 reportarán un crecimiento del PIB negativo por debajo del -8% y una tasa de paro cercana al 9%. Esos malos resultados tienen mucho que ver con la deficiente gestión económica del régimen de Áñez, tanto antes como durante el periodo de la pandemia: cuando Áñez llega al gobierno, Bolivia crecía al 2,6%, cuando lo deja la economía se deprimía al -10%. Ante tal situación, la recuperación exige que se defina bien la política económica, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, es urgente reactivar la demanda interna y la oferta de los pequeños y medianos productores; a largo plazo es prioritario establecer bien las estrategias de desarrollo dentro del modelo social comunitario y productivo para los años que vienen.

A corto plazo, las medidas llevadas a cabo por el Gobierno van por buen camino, pues se han dedicado a fortalecer la demanda interna: por un lado, las transferencias de ingreso del Estado a las familias, a través del Bono contra el Hambre ($us 570 millones) y el reintegro de una parte del IVA a los habitantes de rentas bajas, ayudarán al aumento del consumo de los hogares. Por otro lado, la reactivación de la inversión pública con un monto de $us 4.011 millones, aparte de fortalecer la demanda interna, incentivará al sector privado, pues los proyectos de inversión implican que el Estado es comprador de bienes de la empresa privada a través de licitaciones públicas.

A largo plazo, el Gobierno y su Ministerio de Planificación aún no han comunicado las estrategias de crecimiento de la productividad, renta per cápita y PIB potencial. Es probable que este 22 de enero escuchemos cuáles son esas líneas maestras.

Aunque se ha arrancado bien, es imprescindible tomar en cuenta que la recuperación de la economía va a depender de la manera de gestionar la pandemia, y cómo y cuándo se solucionen los problemas políticos originados en el gobierno de facto de Áñez. Con respecto a la pandemia, el Gobierno no debería apostar exclusivamente a las vacunas como la única vía de solución, sino también fomentar, a través de protocolos estudiados y aplicados, la utilización de plantas medicinales que provienen de los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas —el vicepresidente Choquehuanca puede dar más luces —, y la alimentación natural y saludable para fortalecer el sistema inmunitario de las personas. Con referencia a los problemas políticos, es necesario que la administración del Estado observe, por un lado, que el juzgamiento de los responsables del golpe de Estado de 2019 es una demanda pendiente que la población espera que se resuelva pronto; por otro lado, que es prioritaria la comunicación directa y fluida con el pueblo, para que el respaldo social pueda sostener las medidas  de política económica; adicionalmente, no debe descuidarse la adecuada elección de los empleados públicos, exigiendo que se valoren cualidades como la lealtad (no tránsfuga) al compromiso de reconstrucción del país, responsabilidad, incorruptibilidad, mérito académico y profesional, e identidad cultural.

La política económica del Gobierno alcanzará sus objetivos de recuperación para 2021 si se combina con medidas adaptadas a la realidad boliviana en el campo de la salud en tiempos de pandemia, y si se tiene la voluntad política para cumplir las promesas electorales. Así, la economía se pondrá a punto para su despegue a largo plazo para un horizonte de cinco o 10 años.

*Es doctor en Economía. Profesor de Macroeconomía y Economía Aplicada

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