La deuda externa pública boliviana no ha parado de crecer desde 2007; en los 15 años que abarca el periodo 2007-2021 casi se ha sextuplicado, pues ha pasado de $us 2.208 millones a $us 12.698 millones, lo que significa un salto del 16,7% (2007) al 31,2% del PIB (2021). Ese incremento ha venido acompañado de una enorme cantidad de recursos por concepto de desembolsos: $us 15.347 millones, aunque cerca de la mitad de este monto (48%) ha sido devuelto a los acreedores de deuda, pues han salido del país $us 7.361 millones, de los cuales $us 4.674 millones corresponden al pago de amortizaciones y $us 2.687 millones a la cancelación de intereses.
Asimismo, la composición de la deuda externa muestra una elevada dependencia de los organismos de crédito multilaterales, así el BID y el Banco Mundial absorben el 42,5% del total. Además, en la última década aparece el componente de “bonos soberanos”, que a finales de 2021 representan el 16% de la deuda externa total, que se caracteriza por tener menores plazos (10 años) y elevados tipos de interés (entre 4,5% y 7,5%): en febrero de 2022 el Ministerio de Economía, imposibilitado de hacer frente al pago de $us 850 millones por bonos que se vencían en 2022 y 2023, ha tenido que prorrogar su cancelación hasta 2027, bajo una operación de canje de deuda, lo que ha supuesto un aumento del tipo de interés, del 4,9% al 7,5%, y un incremento del stock de “deuda soberana” de $us 2.000 millones a $us 2.089,7 millones (véase datos del informe de la deuda pública externa del BCB al 31-12-21, y cifras del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público a agosto de 2022).
Por su parte, la deuda interna pública está creciendo continuamente. Entre 2015 y 2021 ha pasado de Bs 28.209 millones a Bs 95.253 millones (equivalente a $us 13.878 millones), cifra que no es despreciable pues equivale al 34,1% del PIB. Aquí, llama la atención el elevado peso de la deuda pública al sector privado (41% del total), que implica que el Estado tendrá que cancelar intereses por ella durante los próximos 20 o 40 años (véase cifras de la Memoria de la economía boliviana de 2021 del Ministerio de Economía).
A la luz de los datos, para Bolivia la tendencia creciente de la deuda pública es un problema de gran calado. Por un lado, el aumento continuo de la deuda externa supone una pérdida de recursos nacionales que se dirigen al exterior bajo la forma de pago de amortizaciones e intereses, que merman los recursos destinados a inversiones productivas dentro del país; asimismo, viene acompañada de una pérdida de soberanía nacional en la política económica. Por otro lado, el incremento de la deuda interna también resta recursos nacionales que podrían dirigirse a la inversión privada en actividades productivas y a la formación de capital de la economía. Adicionalmente, como el endeudamiento del sector público boliviano es crónico, ante una eventual parálisis del financiamiento externo, la economía boliviana corre el riesgo de toparse con una crisis de deuda, cuyas soluciones macroeconómicas son muy costosas, pues implican reducciones del consumo, gasto e inversión pública, subida de impuestos, caídas de la producción y aumentos del desempleo, y como círculo vicioso aumentos de deuda.
Arce y su ministro del área económica deberían tomar en cuenta las cifras y la historia de la deuda pública boliviana y evitar que ésta siga creciendo, para que no vuelvan a ocurrir las crisis del pasado —de hecho, como consecuencia del aumento de la deuda externa en la década de los 70, que se triplicó en el gobierno de Banzer, la economía boliviana sufrió una profunda recesión en el periodo (1981- 1986), con caídas de la producción, aumentos del desempleo y pobreza, e hiperinflación—. Con ese cometido, la actual política económica debería ajustar el actual modelo de desarrollo (dependiente de la exportación de recursos naturales y bienes primarios, y del financiamiento foráneo), dando más protagonismo a las potencialidades endógenas del país, haciéndolo más productivo y menos dependiente del endeudamiento externo; de lo contrario puede que las crisis acaecidas en el pasado se repitan, pero esta vez con costes más elevados y efectos más dolorosos.
Fernando E. Torrejón Flores es doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada.