Otro 8M nos encuentra marchando, exigiendo protección del Estado, demandando políticas públicas… llorando a quienes ya no están. La rabia está en todas las voces, ¡cómo no romperlo todo! Solo algunos alcaldes desubicados pueden quejarse de sus paredes mancilladas. Se lee el meme certero: “si nos cuidaran como monumento, otra sería nuestra historia”.

Otro 8M exigiendo atención a uno de los problemas centrales de nuestra convivencia social y donde el Estado falla de manera sistémica. Desde 2020 se viene trabajando en fortalecer la Ley 348 que prometió “garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. Se consultaron más de 2.000 mujeres, se identificaron todos los obstáculos ante la denuncia, se describió con detalle y de manera repetida en todo el país la triste ruta de la impunidad. Tres años después la lentitud del proceso para atender todas estas voces nos llena de espanto. Viene a mi mente un mural de un mercado en Cochabamba que interpela: “¿Cuántas más tienen que morir para que actúes?”

En una reciente entrevista, el propio ministro Iván Lima reconocía el poco avance de este proceso a pesar del compromiso de palabra del presidente Luis Arce y las acciones de la ministra María Nela Prada. (Revista Jurídica Tribunales, Año 1 N° 26 Correo del Sur). Entrevistado sobre el tema, el ministro sostuvo: “Pedimos disculpas por todo lo que se dejó de hacer”. Declaración sorprendente viniendo de una de las autoridades más poderosas del actual Gobierno. Tal vez un hombre de leyes como es él se ha sensibilizado por la lectura pormenorizada de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado boliviano en el caso de Brisa Angulo Losada. Este es un caso emblemático que nunca olvidaremos por la crueldad del sistema frente a una niña víctima de violencia sexual.

En esa entrevista, el ministro Lima nos adelanta algunos titulares del Anteproyecto de Fortalecimiento a la Ley 348 que ya deberíamos comenzar a discutir de manera pública. En primer lugar, plantea una ampliación de las atribuciones de los municipios como primera institucionalidad para contener la gran cantidad de casos de violencia doméstica. La segunda medida anunciada es la mejora del procedimiento penal, con características específicas para casos de violencia de género. Un tercer elemento mencionado es el nuevo rol del SIPASE para transformarse efectivamente en un instrumento de despatriarcalización. Según el ministro, este proyecto, que fue presentado hace ocho meses por la organización Bartolina Sisa al presidente Arce, hoy se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde es de esperar que su tratamiento y aprobación sea expedito.

Otro anuncio sobre el que tenemos que poner atención es la remisión de un segundo proyecto de ley (por mandato de la sentencia de la CIDH) que plantea que el delito de violación no puede contener otros elementos que no sean los referidos al consentimiento, así como la derogación de la figura de estupro. Por último, se plantea toda la problemática del hacinamiento en las cárceles de Bolivia como una señal más de la falla del sistema de justicia. Un dato que sabemos hace tiempo y al que no prestamos suficiente atención es que Bolivia es el país con la tasa más alta de personas detenidas sin condena y más mujeres sin sentencia, a nivel regional.

Esperamos que la Asamblea Legislativa, con su composición paritaria, retome el liderazgo de pensar de manera central los problemas cotidianos de las mujeres y convoque a una discusión nacional en torno a la problemática de la violencia. Su silencio de este 8M no puede sostenerse por más tiempo.

Lourdes Montero es cientista social.

Para comprender a profundidad el uso de los discursos de odio como un actualizado dispositivo del poder es necesario pasar unos días en Argentina. Solo si te expones a la franja televisiva de la noche, lees las tapas de los diarios o sigues algunos influencers del vecino país puedes dimensionar cómo el odio, profundo y corrosivo, puede llegar a poner una pistola en tu cabeza.

El atentado a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido hace seis meses, es el resultado de años de violencia simbólica que vemos desplegados con especial saña hacia las mujeres. El disparo fue contra Cristina, pero no es Cristina. El tiro va dirigido a millones de mujeres que “osan” salir del ámbito privado e incomodar a los poderes fácticos. La descarga es contra Marielle Franco, legisladora y activista lesbiana asesinada en 2018 en Río de Janeiro; contra Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil o Francia Márquez, primera vicepresidenta negra de Colombia. El tiro a la cabeza es también para Berta Cáceres, defensora del medioambiente hondureña, la oaxaqueña Elisa Zepeda o Milagro Sala, líder popular encarcelada de la Organización Barrial Túpac Amaru.

Y es que, tenemos que reconocerlo, a pesar de los avances en paridad, las mujeres en política no es que lo tengan difícil, es que lo tienen imposible.

Como parte del Comité de Expertas del MESECVI de la OEA, fui invitada en misión oficial a la Argentina para asesorar al Estado en materia de violencia política. Escuchamos diversas voces en distintos contextos para constatar cómo los discursos de odio y la instrumentalización del acoso judicial son piezas fundamentales en una serie de violaciones de los derechos humanos de las mujeres. La estigmatización, el menosprecio, la humillación verbal (amplificada por las redes sociales) actúan para deshumanizar a la víctima y, con ello, justificar un ataque de violencia física. Como los discursos de odio construyen un personaje nefasto, su aniquilación puede ser incluso visto por el atacante como un “bien para la sociedad”.

Toda violencia ( física y discursiva) en el ámbito político son intentos de disciplinamiento y proscripción. Se trata de enviar mensajes disuasivos para que las mujeres “vuelvan a su lugar”. Como lo reconoce Elisa Zepeda, “todas las agresiones eran por pronunciarme, por denunciar, por acompañar a las mujeres, por hacer cosas, que, según el punto de vista de estos caciques del sistema patriarcal, no deberíamos hacer las mujeres”, y es corroborado por Cristina Fernández de Kirchner, quien de manera premonitoria dijo en 2019: “Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a condiciones de poder, cuestionando la forma en que funciona.

Es rebelarse contra lo establecido, porque el poder es cosa de hombres. Ahí te disparan a matar.”

La situación de acoso mediático y persecución política por la vía judicial contra la actual Vicepresidenta argentina trasciende a su persona y es una señal de la falla sistémica de la democracia argentina. La investigación sobre el magnicidio presenta varias inconsistencias: no se realizan pericias, no se citan testigos, no se avanza con la celeridad que el caso amerita y se descartan, sin justificativo, líneas de investigación que apuntan a los autores intelectuales.

Como sostiene Susana Chiarotti, experta argentina, las mujeres somos como canarios en minas de carbón. A finales del siglo XIX en Inglaterra, los mineros solían introducir canarios en las minas para poder detectar posibles gases tóxicos. Si notaban que el ave estaba afectada o moría, la mina procedía a ser evacuada. Podemos asumir que mayor o menor violencia contra las mujeres en la arena política es el mejor signo de la salud de una democracia.

Lourdes Montero es cientista social.

Hace un año, el Gobierno nacional instituyó 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización”, buscando incidir en la lucha contra la persistente violencia contra las mujeres. Esta semana, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, presentó un informe que resume los avances de esta iniciativa.

Como reconoció la ministra Prada, un año “no va a lograr transformar todo lo que necesita ser transformado, pero era necesario dar ese paso, empezar a hablar de la despatriarcalización». Y fuimos testigos indirectos de los esfuerzos de todas las instancias estatales de hacer algo en el tema, algunos con convicción, otros por cumplir el mandato, pero todos/as afanados por comprender eso de la “despatriarcalización”. Ese ya es un primer logro en este lento proceso de pensar todas las políticas públicas con la intención expresa de producir igualdad.

Una de las primeras acciones fue la creación de una comisión para revisar los casos de feminicidio, como un intento de contrarrestar las señales de impunidad que los jueces y operadores de justicia envían a la sociedad en sus cuestionadas intervenciones. La comisión intervino los juzgados de materia y hubo 15 jueces procesados, 10 destituidos y 21 feminicidas sentenciados que fueron recapturados. Pero lo más importante, luego de revisar 327 expedientes, a la comisión le quedó muy clara la ruta de la impunidad que debe ser atendida en una reforma profunda de la Justicia. Como resultado, este año la Policía, la Fiscalía y los jueces cuidaron mucho más su actuación en casos de feminicidio y por ello la ministra pudo informar que hubo un 90% de efectividad en la atención de feminicidios.

Una segunda área donde se ha puesto esfuerzo es en la autonomía económica de las mujeres. La ministra Prada resaltó la creación de dos líneas de crédito para mujeres en el estatal Banco de Desarrollo Productivo, además del lanzamiento del Proyecto Empoderar, en el que se invertirán $us 300 millones para poner en marcha proyectos agropecuarios, huertos urbanos y de construcción, con políticas de inclusión de mujeres en el empleo, reconociendo su valioso aporte en la recuperación económica.

Un tercer avance que queremos destacar es la voluntad del Tribunal Supremo Electoral en trabajar seriamente en la prevención y atención de la violencia política, respaldado por el trabajo del Servicio Estatal del Autonomías y su apoyo a autoridades electas, sobre todo concejalas, quienes presentan mayor vulnerabilidad en el ejercicio de sus cargos. La participación política de las mujeres sin violencia es central para el cambio de una visión patriarcal en la toma de decisiones estatales.

Un tema central del informe tiene que ver con el avance en la nueva currícula educativa que considera la prevención de la violencia, la educación integral en sexualidad, así como en la trasmisión de valores de equidad e igualdad. El resultado de una educación despatriarcalizadora y descolonizadora puede ser el verdadero aporte a un cambio estructural en todas esas creencias machistas que hoy cuestan la vida de muchas mujeres.

Un año indudablemente es insuficiente para romper “el muro patriarcal” que nos asfixia, y bloquea el cumplimiento pleno de los derechos de las mujeres bolivianas. En años de trabajo hemos comprendido que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado de un hombre “irracional” o que sufre de algún desajuste mental; más bien se trata de un intrincado sistema de disciplinamiento y control jerárquico de “hijos saludables del patriarcado”. Tal vez este primer año de lucha cultural contra la despatriarcalización es el primer paso dirigido a una Bolivia donde las mujeres tengamos derecho a vivir sin violencia.

Lourdes Montero es cientista social.

Veinte años después de vivir una pesadilla, Brisa De Angulo Losada hoy podrá dormir tranquila. El pasado jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez. El tribunal consideró que el Estado se convirtió en un segundo agresor al cometer distintos actos revictimizantes y deben calificarse como un trato cruel, inhumano y degradante. Ahora el caso de Brisa podrá ser utilizado como ejemplo de lo que no debe ocurrir a ninguna persona que busca justicia.

Brisa, siendo una adolescente, fue violada y torturada repetidamente por un familiar adulto. Cuando buscó justicia y apoyo, el sistema judicial no solo le falló, sino que también violó sus derechos humanos internacionales, consolidando la cultura de la impunidad. Brisa creció y se convirtió en abogada para llevar adelante su propio caso, incluso estudió psicología para sanar y apoyar a otros niños sobrevivientes de violencia sexual. Hoy la fortaleza y perseverancia de Brisa pueden provocar un cambio sistémico en el tratamiento del Estado a víctimas de violencia sexual.

Muy pocos casos son vistos por la Corte, pues se trata del tribunal más alto de la región y sus decisiones son vinculantes para 25 países. En este caso concreto, la Corte ha concluido que Bolivia violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará y en la sentencia se pronuncia con claridad sobre el tema del consentimiento como el centro en los delitos de violencia sexual, la eliminación del estupro, establece las obligaciones de prevención del Estado y otorga una serie de medidas de reparación.

El 1 de agosto de 2002, el padre de Brisa presentó denuncia por violación sexual. El primer juicio oral, que culminó con una sentencia condenatoria por estupro agravado, fue anulado y se ordenó la reposición del juicio por otro tribunal. Tras el segundo juicio en 2005, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Cochabamba determinó la absolución de E.G.A. En 2007 se anuló la referida sentencia y se dispuso la realización de un nuevo juicio por otro tribunal. Para entonces, el victimario ya se encontraba prófugo en Colombia, por lo que se ordenó mandamiento de aprehensión en su contra. En febrero de 2022, el acusado fue capturado con fines de extradición, sin embargo, en septiembre de ese año se decidió cancelar la orden de captura debido a “la prescripción de la acción penal a la luz de la normatividad colombiana”, y se ordenó su libertad. En el proceso, Brisa fue sometida a una serie de experiencias traumáticas como dos exámenes ginecológico forenses (el segundo no justificado) y obligada a relatar en distintas ocasiones los hechos, provocando la profundización del trauma. Por otro lado, la Corte consideró que la duración del proceso penal, sin que a la fecha exista una sentencia firme, configuró una violación del plazo razonable de la investigación y juzgamiento.

Esta sentencia contra el sistema judicial boliviano no solo juzga el hecho concreto perpetrado contra Brisa, sino, sobre todo, visibiliza la violación sistemática que miles de niñas sufren cada día en los estratos judiciales. Estamos atentas ahora a las acciones concretas que asuman el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa y todas las instancias que deben cumplir el mandato de reparación. La pesadilla de Brisa se convierte en horror colectivo al constatar que su caso se repite cada día frente a la indolencia de nuestro sistema de justicia.

Lourdes Montero es cientista social.

Por una casualidad inesperada, la semana pasada me encontraba en Lima viviendo en directo todos los acontecimientos del derrocamiento de Pedro Castillo. Los momentos críticos suelen ser las mejores oportunidades para comprender una sociedad y, sobre todo, visualizar las grietas de su sistema político, así como los problemas institucionales de una arquitectura democrática que provoca una serie de crisis permanentes.

A mi retorno, la pregunta recurrente es ¿qué está pasando en Perú? Pregunta compleja que refiere a una historia que tiene como antecedente seis presidentes en los últimos seis años. La inestabilidad del vecino país está acompañada por una serie de denuncias de corrupción que concluye con la mayoría de sus exmandatarios condenados a prisión. En el caso de Castillo, en tan solo 14 meses de gobierno, fue objeto de seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias. Y, desde octubre, la Justicia interpuso un recurso acusándolo del delito de organización criminal de corrupción.

A esta lucha judicial, Castillo debe sumar su confrontación con el Congreso que despliega una serie de acciones para bloquear al Gobierno; la principal desplegada con la sucesión de mociones de “vacancia presidencial por permanente incapacidad moral”, una figura constitucional particular de Perú que, debiendo ser excepcional, se utiliza con demasiada frecuencia para derrocar presidentes.

A esta batalla permanente, Castillo suma una incapacidad de gestión de su propia coalición. Con un total de 70 ministros en solo un año y dos meses, no solo agrava la inestabilidad política, sino que afecta de manera severa la capacidad de cumplir su oferta electoral, desgastando la confianza popular. La guerra a la que estuvo sometido el gobierno de Castillo es en parte atribuible a un resultado electoral altamente polarizado. La narrativa contra Castillo en campaña y durante su gobierno está marcada por discursos clasistas y racistas, liderados por las élites de Lima.

Así, el miércoles 7 de diciembre, en Perú se desata una crisis democrática que se resuelve en menos de tres horas. Castillo da un mensaje a la nación en el cual anuncia la disolución temporal del Congreso de la República y un gobierno de excepción. Luego del mensaje, se suceden renuncias de la mayoría de su gabinete y del Comandante General del Ejército. Un par de horas después, el Congreso vota la moción de vacancia contra Castillo y juramenta a Dina Boluarte (vicepresidenta en ejercicio) como presidenta.

La gran interrogante es ¿por qué Pedro Castillo hace un intento de golpe de Estado sin respaldo alguno? Llama la atención que Castillo haya tomado una medida tan extrema sin respaldo político (sin acuerdo con su gabinete, su bancada parlamentaria, sus aliados políticos originales); militar, (no contaba con apoyo de las Fuerzas Armadas ni la Policía); ni social, puesto que, si bien había tenido una reciente subida en las encuestas, no contaba con un movimiento social organizado que acompañara esta acción. Aparentemente la apuesta estaba en la movilización potencial del fuerte rechazo de la población al Congreso (85% de desaprobación), a través del posicionamiento de la narrativa de la “dictadura congresal”.

Nos queda claro que la nueva presidenta (y primera mujer en el cargo) tampoco tendrá un camino expedito. Hoy enfrenta la disputa por la composición del gabinete de ministros, sin partido político ni bancada parlamentaria que la respalde. La ahora Presidenta deberá enfrentar la decisión de una gobernabilidad de “pacto” con el Congreso actual, desplegando algunas políticas sociales para preservar su popularidad y así poder llegar hasta el final de periodo, o una apuesta de reforma política más profunda, con convocatoria de nuevas elecciones que la acercaría a la demanda popular, pero sería una clara confrontación con la clase política actual.

Lourdes Montero es cientista social.