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Logros en un escenario complejo

El informe presidencial es un reflejo de la situación actual de la economía con indicadores positivos.

/ 14 de noviembre de 2022 / 01:11

En respeto a la Constitución Política del Estado, el presidente Luis Arce Catacora, en la primera sesión del periodo 2022-2023, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, presentó el informe de su segundo año de gestión al mando del país. El informe se centró en los logros económicos por la implementación y consolidación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo y los avances del Plan de Desarrollo Económico y Social con miras al bicentenario.

Luego del discurso —como era de esperarse—, salieron a medios de prensa algunos opinadores con el objeto de tergiversar el alcance del informe presidencial. No contentos con desdeñar los indicadores macroeconómicos favorables —elogiados y reconocidos a nivel nacional como internacional—, criticaron que el Mandatario no hiciera referencia a la fecha del Censo en un intento dañino de distraer y generar zozobra en la población, lo cual no corresponde, porque el Gobierno propició varios escenarios de diálogo, estableciéndose que el trabajo censal debe ser eminentemente técnico; además, la comisión continuaba trabajando en Trinidad, mencionar algo referido al Censo solo entorpecería la labor.

El discurso presidencial dejó en claro que Bolivia, con mucho esfuerzo y compromiso social, ha logrado repuntar y ser referente indiscutible de estabilidad económica y crecimiento sostenido, en un escenario internacional completamente desfavorable donde las economías más grandes implementan políticas económicas ortodoxas para controlar la inflación —a través del incremento de las tasas de interés— que no hacen otra cosa que ralentizar el proceso de recuperación económica de los efectos adversos de la pandemia. En contraste, hoy Bolivia es digna de admiración y estudio por otros países.

Basta con mencionar algunas variables macroeconómicas reflejadas en la exposición del presidente Arce para validar los resultados del modelo económico.

El Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2022 registró un crecimiento del 4,1%, gracias a la aplicación de políticas de reconstrucción económica y productiva, medidas de oferta y demanda para reactivar la actividad económica, evidenciándose un mayor dinamismo del sector productivo, comercial y manufacturero que permitieron retomar el impulso del crecimiento por el lado de la demanda interna.

Asimismo, la inflación alcanzó una tasa acumulada de 1,76%, a septiembre de 2022, posicionando a Bolivia como la economía con la inflación más baja y estable en la región; sin ir muy lejos, nuestros vecinos Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay y Perú registraron inflaciones muy por encima del 8%. Los resultados positivos en el país son consecuencia de la aplicación de políticas de apoyo al sector productivo, la política de redistribución de ingresos; además de precautelar por el resguardo de los hogares bolivianos de las presiones inflacionarias.

Las exportaciones alcanzaron un nivel histórico de más de $us 10.000 millones, explicado por las ventas al extranjero de productos manufactureros, que representan el 50% de los productos exportados; cifra para nada desdeñable y previsible, tomando en cuenta que se aplicaron medidas para fortalecer al sector productivo que rindieron efectos positivos sobre la economía.

Como consecuencia de esos avances, la tasa de desempleo al tercer trimestre registró una cifra de 4,2%, un marcado descenso respecto al 10,8% en el tercer trimestre de 2020, fruto de todas las medidas de reconstrucción a la economía que dan un fuerte impulso al empleo.

En resumen, el informe presidencial es un reflejo de la situación actual de la economía con indicadores positivos y alentadores; mucho se ha logrado en la gestión de gobierno con relación al momento en el que se asume la conducción del país. Queda claro también que el trabajo continúa y en unidad se pueden alcanzar mayores logros en beneficio de la población.

Verónica Huarina Villanueva es economista.

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Censo técnico y transparente

/ 10 de octubre de 2022 / 01:19

En la coyuntura nacional actual se vive un acalorado debate sobre la fecha del proceso censal, empero, su normal desarrollo se ha contaminado por intereses sectarios y regionalistas que buscan su politización antes que velar por su calidad técnica y transparencia.

La realización de un censo es ante todo un proceso estrictamente técnico y sumamente importante para conocer la realidad de un país, ya que permite obtener información necesaria para el diseño e implementación de planes, programas y políticas públicas, facilitando la focalización de la inversión pública.

A pesar de los recientes intentos de tergiversar y desvirtuar el sentido eminentemente técnico del Censo, el Instituto Nacional de Estadística, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha continuado con los preparativos del Censo con una mirada técnica, responsable y transparente, habiéndose realizado campañas de difusión en todos los departamentos y con un avance de 100% en la cartografía en cuatro ciudades del país y otras con avances intermedios.

Este proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de una comisión técnica de alto nivel, instancia que cuenta con la experticia en temas censales en la región y que recomendó que el empadronamiento se realice en 2024 con el fin de garantizar su transparencia y solidez.

Esta comisión, conformada por representantes de organismos internacionales del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), tiene la misión de garantizar que el proceso censal genere datos fehacientes, velar por la calidad del proceso en el marco de estándares internacionales.

Experiencias en países vecinos alertan del riesgo inminente en caso de ceder a las posturas caprichosas de actores irresponsables que, basados en planteamientos sin fundamento técnico, sugieren la realización del Censo en 2023, con la aparente intención de obtener un censo que luego corra el riesgo de ser cuestionable por la calidad de los datos recolectados, tal como pasó en Chile, país que repitió en 2017 el censo realizado en 2012, producto de haber apresurado su proceso censal.

La Comisión Externa Revisora del Censo 2012 en Chile recomendó que la información del censo 2012 no sea utilizada para fijar parámetros de política pública para asignar recursos, para caracterizar a la población según variables demográficas o socioeconómicas, ni para dimensionar cuantitativamente a grupos específicos de población. Concluyéndose que el proceso debía repetirse. Esta mala decisión representó un gasto para el Estado chileno de $us 60 millones en 2012 y aproximadamente $us 68 millones en 2017.

Por tal motivo, no es recomendable promover escenarios de conflicto, mucho menos sin el fundamento técnico necesario para plantear abreviaciones de plazos o acortamiento de procesos como sugieren desde el oriente del país, sobre un tema meramente técnico, que sigue un cronograma definido con parámetros aceptados internacionalmente.

Asimismo, resulta absurdo poner en riesgo todo el proceso censal por las discrepancias existentes emanadas de grupos políticos, que por el contrario podrían ponernos en la situación que atravesó Chile hace unos años.

Por responsabilidad y compromiso con Bolivia, sin egoísmo e intenciones de desestabilización y confrontación, la sociedad debe demandar un censo técnico. Por tanto, es imperativo mantener la coordinación, socialización y constante comunicación respecto al avance del proceso censal y mantener un diálogo permanente con la sociedad a objeto de lograr un proceso censal exitoso que beneficie a todas las bolivianas y bolivianos.

Verónica Huarina Villanueva es economista.

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