Lo que pasa en Washington no siempre se queda en Washington. Las estrategias de Donald Trump para envenenar con desinformación el sistema gubernamental durante años y luego desacreditar los resultados electorales y las transiciones de poder pacíficas se ha exportado y aplicado más allá del territorio estadounidense para convertirse en una amenaza transnacional a la democracia.

Los métodos de Trump fueron adoptados con entusiasmo en Brasil por su amigo autoritario de derecha Jair Bolsonaro, quien promovió información falsa durante su presidencia, sembró desconfianza en el sistema electoral por años y, el mes pasado, intentó desacreditar el proceso de votación en Brasil tras perder la elección presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante más de 44 horas tras su derrota en las urnas, Bolsonaro guardó un silencio peligroso mientras sus partidarios bloqueaban calles y despotricaban contra el veredicto; algunos de ellos hicieron llamados para que el Ejército brasileño interviniera.

El 1 de noviembre, cuando Bolsonaro habló finalmente, no aceptó el resultado. Si bien autorizó a sus asistentes para que trabajaran con el equipo de Lula en la transición del poder, Bolsonaro hizo su parte en desacreditar el proceso democrático cuando describió las protestas de sus simpatizantes como el “fruto de la indignación y los sentimientos de injusticia” respecto del proceso electoral.

Bolsonaro cuenta con el apoyo de figuras influyentes en la extrema derecha estadounidense que fueron clave en la campaña de “Detengan el robo” (“Stop the Steal”). Durante los últimos dos años, nuestro equipo en el sitio de noticias de investigación Agência Pública dio seguimiento a los contactos entre los aliados importantes de Trump y la familia de Bolsonaro.

Los intentos de Bolsonaro y sus partidarios de crear incertidumbre en torno al futuro de Brasil podría ser la nueva norma mundial, pues los autócratas en potencia están acogiendo “la Gran Mentira” como una estrategia política legítima.

En mayo, tras la primera ronda de elecciones presidenciales en Colombia, cuando Gustavo Petro, político de izquierda, ganó el mayor porcentaje de votos, un expresidente colombiano de derecha recurrió a las redes sociales para intentar desacreditar los resultados. Una fundación presidida por el líder de un partido de extrema derecha en España lo replicó y publicó una serie de artículos que sugerían que hubo un fraude en esa ronda de votaciones. Petro también ganó en la segunda vuelta y resultó electo a la presidencia.

La familia Bolsonaro ha dedicado inmensas cantidades de tiempo y esfuerzo a forjar alianzas en Estados Unidos con base en narrativas conspirativas de derecha, como la amenaza del comunismo y el “marxismo cultural”.

Brasil no es Estados Unidos. Algunos manifestantes exigieron que el Ejército orquestara un golpe de Estado. Exacerbada por el discurso de odio, la violencia electoral se intensificó. Al menos 15 personas fueron asesinadas durante las elecciones, según los cálculos de Agência Pública.

Cuatro días después de la elección, multitudes de simpatizantes de Bolsonaro se reunieron frente a recintos militares en varias ciudades y demandaron una “intervención” militar. Envalentonados por la información falsa de que las elecciones fueron robadas, los partidarios de Bolsonaro son una fuerza política que podría causar un daño enorme mientras Lula se prepara para asumir el cargo, 1 de enero de 2023.

Las campañas contra las elecciones democráticas siembran desconfianza en la democracia. Las figuras de la extrema derecha estadounidense que buscan desacreditar el proceso democrático en Brasil, y quizá en otros países en el futuro, eluden las políticas de mediación que las plataformas de redes sociales implementan para las elecciones de un país. Su presencia en Estados Unidos también dificulta que las autoridades locales tomen medidas en su contra.

En septiembre, hablé con el representante estadounidense Jamie Raskin, miembro del comité que investiga el ataque del 6 de enero, y me dijo que comprendía que la amenaza a la democracia estadounidense trasciende fronteras. “El comité está tratando de medir con precisión la magnitud de las amenazas en contra de la democracia estadounidense”, afirmó Raskin. “Y esta amenaza tiene una dimensión global”.

Es hora de que intervengan otros parlamentos en el continente americano. Una comisión continental encargada de combatir los ataques contra la democracia alimentados por la desinformación podría compartir información, actuar en distintos idiomas y territorios, monitorear a los culpables e influir en las plataformas de redes sociales para resolver las crisis. Además, Biden y Lula podrían coordinar una estrategia para acabar con esta amenaza que sigue al acecho.

Natalia Viana es periodista y columnista de The New York Times.