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Monday 19 Feb 2024 | Actualizado a 19:41 PM

¿De qué sirvió el paro?

/ 22 de noviembre de 2022 / 01:22

Han pasado 32 días desde que los cívicos cruceños apostaran por un paro indefinido como medida de presión ante la negativa del Gobierno de modificar la fecha del Censo para 2023. A más de un mes de protestas callejeras, los ciudadanos de a pie comienzan a retomar una vida casi normal, empero, el aire que se respira a los alrededores pareciera estar lleno de intrigas entre sus habitantes sobre ¿qué ganó Santa Cruz con el paro?, ¿qué ganó el pueblo boliviano? o ¿quién verdaderamente se benefició de esta pulseta política?

El día después del paro es igual de difícil que salir de una resaca. Las fábricas encienden nuevamente sus máquinas, las plantas comienzan a recalentar sus hornos, los buses prenden motores, los bancos reabren sus puertas al público, el comercio se reaviva gracias a la movilidad de la gente. La actividad económica comienza a reactivarse.

Desafortunadamente para la economía popular ya es un poco tarde. Muchas familias dejaron de vender el poco capital con el que trabajan día a día. Los expendios de comida, el comercio y otros servicios tienen que enfrentar el cobro de alquileres y otros costos fijos del mes a pesar de no haber trabajado. En el sector agropecuario los campesinos tuvieron que rematar su producción incluso a su costo por miedo a quedarse con la cosecha en manos. Los transportistas deben cuotas mensuales a los bancos que, de no cumplirlas, entrarán en mora. En fin, una gran parte de la población cruceña y boliviana ha sufrido grandes pérdidas.

Esta estrategia no solo buscó desgastar políticamente al Gobierno, sino que apostó por la autodestrucción del propio aparato productivo y el deterioro de los principales indicadores económicos que ostenta el Gobierno. Esta aventura política le ha costado al país más de $us 1.000 millones de su Producto Interno Bruto, limitando su capacidad de expansión inicialmente proyectada en 5,1% a cerca de la mitad (2,6%). La inflación de octubre subió en 0,75%, un valor mensual solo superado por la inflación de noviembre de 2019, coincidentemente en otra protesta ciudadana iniciada en el oriente.

Desde los círculos cívicos, la lectura parece ser otra. Hay un esfuerzo mediático desmedido por magnificar los réditos del paro, cuando en la realidad es evidente que el sacrificio de la población cruceña fue enorme en comparación con los resultados alcanzados. La distribución de recursos ya estaba contemplada en la Ley de Participación Popular 1551. Para la distribución de escaños no se requiere una nueva ley, sino hacer cumplir al Tribunal Supremo Electoral los plazos ya establecidos en la Ley 026. La agenda del federalismo tampoco es nueva. Pareciera correr un sentimiento de desilusión y rabia en algunos segmentos de la población cruceña por sentirse utilizados más que escuchados por su propia clase política.

Lo que corresponde ahora es dar vuelta a la página de los conflictos y retomar la senda del trabajo y la producción. El show mediático se ha trasladado de las calles a la Asamblea Legislativa. Se requiere mucha madurez política de sus actores para destrabar este conflicto y no crear un nuevo campo de batalla. Una señal positiva desde el Gobierno sería que anuncie algunas ayudas para la población más afectada, como facilidades de pago en el cobro de las obligaciones tributarias, extender los plazos para el diferimiento y reprogramación de créditos y una posible ampliación de la fecha límite para el pago del aguinaldo, para dotar un respiro al sector privado.

Santa Cruz ha ganado presencia política más beligerante en las calles que con su representación parlamentaria que ha demostrado ser poco efectiva y que paradójicamente hoy reclama ser más numerosa. La infrarrepresentación cruceña en la vida política nacional no se debe al número de escaños, sino a la falta de capacidad de sus líderes políticos que no han logrado contagiar al resto del país hacia un mismo proyecto político, por falta de una visión integradora de desarrollo nacional. En su lugar, se ha atrincherado en reivindicar casi aisladamente la bandera del regionalismo. El movimiento ciudadano cruceño que está emergiendo de estos cabildos se merece nuevos liderazgos con ideas renovadoras. La actual clase política cruceña debe dar un paso al costado y repensar su estrategia política de cara al futuro, porque ni la población boliviana y ni el propio pueblo cruceño le darán opción a un nuevo paro indefinido.

Omar Velasco Portillo es economista.

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El bloqueo del bloqueo

No hay buenos ni malos bloqueadores. Todos los bloqueos generan perjuicios y pérdidas al país de distinta índole

Omar Velasco Portillo

/ 5 de febrero de 2024 / 09:45

Se entiende un bloqueo a la acción de interceptar, obstruir y cerrar el paso. La real academia de la lengua española también señala al hecho de impedir el funcionamiento normal de algo, dificultar y entorpecer la realización de un proceso.

Los bolivianos bloqueamos prácticamente por todo aquello que no nos gusta. Según el INE el número de huelgas, paros, marchas y otras manifestaciones sociales se han prácticamente duplicado en pocos años. Tan sólo entre 2019 y 2022, los bloqueos subieron de 643 a 2.349 casos. Los últimos 3 años tuvimos cerca de 100 días paralizados en algún punto del país. ¿por qué la gente sale a protestar a las calles?

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Hubieron bloqueos por diversas causas como la demanda de construcción de obras viales inconclusas en Warnes o Okinawa, por falta de recursos económicos en varias alcaldías cruceñas, ante la injusticia de hechos de violación como el ocurrido en Concepción, por la subida de precio de los terrenos en Kara Kara, por protestas medioambientales en el trazado de la línea Km 13 – Buena Vista, por falta de combustibles y en general ante la inatención de las demandas de población por las autoridades locales y nacionales. El instinto a bloquear está impregnado en el ADN de los bolivianos.

La mayoría de estos conflictos suelen ser sectoriales, regionales y son resueltos en pocos días; empero también hubo casos que se prolongaron como el paro de 36 días en la ciudad de Santa Cruz por la fecha de realización del censo. Hoy las más de 20 carreteras que unen a Cochabamba con el resto del país llevan más de 10 días de intransitabilidad. Esta capacidad de movilización de las organizaciones sociales en el campo no se había repetido desde los legendarios bloqueos de principios de siglo organizados por Felipe Quispe (el Malku) en el occidente y Evo Morales en los valles cuando era dirigente activo del trópico.

El bloqueo es una expresión antidemocrática pero legítima de quienes lo ejecutan. Los bloqueadores lo llevan adelante como medida de extrema necesidad y elevado sacrificio y la justifican en base a su derecho a la protesta y la reivindicación de sus demandas sociales. Sin embargo, por lo general sus acciones no tienen ninguna incidencia directa sobre la otra parte involucrada y es el resto de la población que —se ven limitados en su derecho a la libre circulación— terminan asumiendo el costo del conflicto. A nivel macroeconómico afecta a grandes actividades como el transporte, el comercio y el turismo. A nivel micro puede mermar el empleo, reducir los ingresos de los hogares afectados y ser fuente de desabastecimiento de bienes que obligue a las familias a pagar precios más alto.

Empero, el cierre de carreteras no es la única vía de bloqueo en el país, sino que existen otras formas. En la ALP se bloqueó durante 2023 la aprobación de créditos externos por un monto cercano a los USD 1.000 millones, lo que representa un perjuicio porque retrasa la ejecución de obras, posterga la entrada de divisas y limita el crecimiento económico.

La habilitad de bloquear también esta inserta en otros ámbitos. El TSE bloqueó el congreso del MAS realizado en Lauca-Ñ conminando a su directiva a instalar otro congreso y ahondando la división interna en el partido de gobierno.

El bloqueo sistemático del TCP a la realización de las elecciones judiciales desde 2023 no es menos reprochable que el bloqueo de caminos o de créditos. El TCP fue el causante de la dilatación de las elecciones judiciales, de la materialización de la prórroga de los magistrados a través de la sentencia 049/2023 y es la instancia que ha interpuesto en dos ocasiones un recurso contra la ALP para frenar la convocatoria y la preselección de candidatos judiciales. En síntesis, el bloqueo se ha convertido en la principal arma de guerra y estrategia en todas las esferas del poder político.

No hay buenos ni malos bloqueadores. Todos los bloqueos generan perjuicios y pérdidas al país de distinta índole. Las pérdidas económicas del bloqueo de caminos son cuantiosas, pero no son menos importantes que la pérdida de institucionalidad que está sufriendo el Órgano Judicial. Ello no quiere decir que un bloqueo se resuelva provocando otro. Sino todo lo contrario. Se debe establecer acuerdos reales que permitan destrabar ambos bloqueos de manera simultánea. Mientras todos estos bloqueos persistan, la institucionalidad democrática y judicial, así como la estabilidad económica están en riesgo.

(*) Omar Velasco Portillo es economista

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Los cimientos del estado plurinacional

A tres lustros de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia, una aproximación en clave de balance.

Una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional

/ 4 de febrero de 2024 / 06:56

dibujo libre

Son quince años desde la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, el 7 de febrero de 2009. A tres lustros de su entrada en vigor es conveniente detenerse un momento y recordar su origen, naturaleza, avances y desafíos en su implementación. Este artículo se constituye en el primero de tres que abordan esta temática.

El actual texto jurídico sepultó al Estado colonial que sometió y ultrajó a las grandes mayorías del territorio nacional, por más de 500 años. También, irrumpió como un nuevo modelo de administración de Estado, en reemplazo del vetusto sistema republicano que no supo responder a las transformaciones sociales, las demandas de la población y los desafíos del nuevo siglo y más al contrario dio continuidad a las prácticas colonialistas que regentaron en el país en sus cerca de 185 años de vigencia.

La CPE de 2009 es el alumbramiento de un nuevo pacto político y social en Bolivia cuyo origen como hecho político-social se remonta, al menos una década previa a su promulgación. Por aquel entonces Bolivia vivía tiempos de convulsión social y crisis económica como consecuencia de los magros resultados de las reformas económicas estructurales impulsadas por gobiernos neoliberales desde mediado de los años 80’s y durante toda la década de los 90’s del siglo pasado. Lejos de modernizar la economía y hacerla más próspera y productiva el modelo neoliberal acrecentó la pobreza, las desigualdades sociales y la carencia al acceso a servicios básicos, cultivando un clima de descontento social generalizado.

El estallido de la guerra del agua, el año 2000 en Cochabamba, fue liderado por un contingente de campesinos, indígenas y sociedad civil en contra de la privatización del agua y en defensa al libre acceso a los recursos naturales. Si bien existieron manifestaciones sociales y luchas sindicales previas, este conflicto se constituye en el hecho político primigenio que sentó las bases para redactar una nueva constitución. A este suceso le siguió un masivo levantamiento indígena-popular en la cuidad del El Alto, reconocido en nuestra historia como la guerra del gas. Aquellos bolivianos defendieron nuevamente los recursos naturales del país frente a la intención inconsulta de los gobernantes de exportar gas a los mercados de EEUU y Chile.

Ambos conflictos fueron la base para que se produzca una ruptura entre la sociedad y la política que terminaría derrumbando el sistema tradicional de partidos caracterizado por las alianzas y el cuoteo de cargos e instituciones. En el orden democrático se tradujo en un nuevo ciclo electoral que se diferenció por el surgimiento de las organizaciones sociales como entes políticos, por mayorías absolutas junto a una mayor presencia indígena en la asamblea legislativa. Todo ello culminó con el exterminio de la casi totalidad de los partidos políticos tradicionales de aquel entonces.

Esta nueva correlación de fuerzas encaminaría una nueva agenda de reformas a la arquitectura del Estado cuyo punto de partida fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente en marzo de 2006 que era uno de los manifiestos incluidos en la agenda de los movimientos sociales de octubre de 2003.

La búsqueda de consensos y el trabajo por tiempo definido fue esencial para el cambio constitucional. En Chile, por ejemplo, el proceso constituyente fracasó luego de dos intentos fallidos por aprobar una nueva constitución en septiembre de 2022 y diciembre de 2023. Las demandas sociales que promovieron el cambio constitucional en ese país en 2019 no fueron rápidamente canalizadas y plasmadas en hechos políticos concretos, a pesar que hubo un cambio en la administración del Estado. También, se sembró desde los sectores conservadores de la derecha chilena un clima de desconfianza por un cambio radical que podría amenazar con el estado de derecho que alteró la composición de las fuerzas políticas al interior de la asamblea. No se lograron alcanzar acuerdos transversales que promuevan la unidad nacional, sino que se privilegiaron agendas políticas partidarias individuales en ambos escritos. Luego de cuatro años y cinco procesos eleccionarios -entre plebiscitos y elección de constituyentes- la sociedad chilena terminó extenuada.

A diferencia de lo que pasó en Chile, en Bolivia se trabajó por tiempo y materia. La Asamblea logró instalarse el 6 de agosto de 2006 con 255 representantes provenientes de 16 agrupaciones políticas. Empero, la resistencia conservadora, criolla, neoliberal trató por todos los medios hacer fracasar el proceso constituyente. Los partidos de oposición que eran minoría trataron de imponer un sistema de votación que les dé poder de negociación. Luego de intensas discusiones se alcanzaría a mediados de febrero de 2007 un acuerdo político que viabilizaría un esquema combinado de votación por mayoría absoluta y dos tercios, además de admitir la aprobación de informes de comisiones en mayorías y minorías para luego ser discutidas en el plenario.

El conservadurismo criollo y sus élites económicas no lograron persuadir al resto de constituyentes para continuar con el Estado Republicano, sistema que mejor protegía sus privilegios. Al contario, la visión de una plurinacionalidad dentro el territorio boliviano fue ganando más acogida entre sus miembros. Años después, las corrientes políticas radicales trataron de implantar una agenda federal encubierta a través de las autonomías. En el plano económico se consagró el rol productivo y redistribuidor del Estado y la propiedad de los recursos naturales estratégicos a favor de este. En lo cultural se revalorizó lo ancestral, lo indígena y se fortalecieron sus derechos políticos. Comenzó un periodo de descolonización y despatriarcalización del Estado desde las instituciones y desde el propio cuestionamiento de sociedad civil. En el plano ético social se propuso una nueva filosofía de vida a partir del paradigma del “Vivir Bien”.

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A pesar de los intentos de dilación y entorpecer el proceso constituyente por las facciones conservadoras, el 9 de diciembre de 2007 en Oruro, el texto constitucional fue finalmente concluido en una memorable cesión en la que no participó la mayoría de los asambleístas opositores al gobierno de aquel entonces.

Como hecho inédito, el 25 de enero de 2009 se realizó el referéndum por la aprobación de la Constitución Política del Estado. Este acto electoral contó con el respaldo popular del 61,4% de los bolivianos, dando así el cierre a una etapa en la historia de Bolivia y comienzo de otra. La nueva constitución fue publicada en la gaceta oficial el 7 de febrero.

Los cimientos del Estado Plurinacional de Bolivia están forjados en la unidad de las organizaciones sociales, la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, el reconocimiento de los pueblos indígena originarios campesinos, la búsqueda del bienestar colectivos por sobre el individual, la interculturalidad como movimiento alter globalizador, la mayor participación del Estado en la economía y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, tal como reza el primer artículo de nuestra constitución.

La construcción del Estado Plurinacional es una verdadera transformación del Estado, sus instituciones y de la propia sociedad en su conjunto.

 (*)Omar Velasco Portillo es economista

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La regulación de precios y los mercados negros

La formación de mercados negros es consecuencia de que el Estado ha perdido su capacidad de fijar precios en mercados estratégicos

Omar Velasco Portillo

/ 29 de diciembre de 2023 / 06:54

Algunos de los hechos más destacados de este año fueron la desaparición de los dólares del sistema financiero y las colas temporales para la compra de combustibles. Ambos están vinculados por un mismo fenómeno: la formación de mercados negros.

Un mercado negro es un mercado no regulado. Se lo denomina con esa tonalidad debido a la naturaleza poco transparente y clandestina de sus transacciones. Se lo puede diferenciar de los mercados grises, donde no todas las transacciones están al margen de la legalidad o la institucionalidad vigente. Su aparición está estrechamente asociada a la escasez relativa de los bienes, cuando existen distorsiones de precios que incentivan a comprar y vender más allá del precio que equilibra el mercado formal, oficial o regulado.

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Si un producto es difícil de adquirir, los consumidores le otorgarán un mayor valor para poseerlo. La mayor disposición a pagar de unos, incentiva a que otros con menor costo de oportunidad —como el tiempo para hacer fila— lo acumulen en grandes cantidades —muy por encima de sus propias necesidades—, para luego revenderlo a un precio más alto. Estos nuevos oferentes son en realidad especuladores que llegan a conformar el mercado paralelo.

Cuando el BCB dejó de proveer dólares al sistema financiero con la misma regularidad que lo hacía —antes del ataque especulativo de febrero—, el mercado paralelo se encargó de suplir esta función, pero lo hizo a un precio más alto. El aumento del tipo de cambio informal refleja la escasez relativa, más no absoluta de la divisa estadounidense. Ello quiere decir que los dólares aún continúan circulando en la economía nacional, pero lo hacen a un costo alternativo más alto.

El hecho que las transacciones domésticas y financieras se realicen mayoritariamente en bolivianos y no en dólares —fenómeno conocido como bolivianización— evitó que la demanda transaccional de dólares sea una fuente adicional de presiones cambiarias. En cambio, la sobredemanda especulativa de dólares fue contenida, pero a un costo alto que derivó en la monetización del oro de las reservas. Ello contribuyó a contener la estabilidad cambiaria y que el dólar paralelo no se aleje a más de 10% del oficial durante el año.

Del otro lado está el mercado negro de combustibles, que tiene su propia estructura. A diferencia del dólar, la provisión de combustibles está monopolizada por el Estado a través de YPFB, que tiene control sobre toda la cadena. Una buena parte de la demanda también está concentrada en grandes consumidores —con un gran poder económico y de movilización—, organizados en gremios de transportistas, asociaciones de agroindustriales y cooperativas mineras legales e ilegales.

Por sorprendente que parezca, la aparición de este segundo mercado contribuyó a disminuir el contrabando de combustibles. Al incrementarse el precio interno no regulado, se redujeron los incentivos de algunos especuladores para reexportarlos. En su lugar, el contrabando de exportación fue desplazado por el mercado negro interno que provee a una parte de los grandes consumidores. Resultado: el costo de la subvención tendría que disminuir.

La regulación de precios también tiene sus límites porque distorsiona los precios relativos. Hace 10 años, un litro de gasolina valía 14% más que un litro de Coca Cola. Hoy la relación se ha invertido y una Coca Cola es 20% más cara que la gasolina. Revertir esta situación no quiere decir que se desregule de golpe los precios de la economía, como está ocurriendo en Argentina, porque elevaría los precios de toda la economía, generando un gran costo social.

La formación de mercados negros es consecuencia de que el Estado ha perdido su capacidad de fijar precios en mercados estratégicos. Si bien el Gobierno continuará definiendo la estabilidad del tipo de cambio oficial, ha cedido al mercado la iniciativa para que éste lo fije en el paralelo. En el mercado de combustibles la situación es parecida.

Para recuperar su rol regulador, debe incrementar la oferta de bienes. Esta acción se traduce en revertir la tendencia negativa de caída de reservas de gas y divisas, que no es una cuestión de cortísimo plazo. Frente a este dilema sobre política, una acción racional es financiar la política con un mayor endeudamiento externo. Afortunadamente, Bolivia cuenta con un amplio espacio fiscal para hacerlo. La pregunta es: ¿lo hará?

(*) Omar Velasco Portillo es economista

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Goldin y las brechas salariales en Bolivia

Goldin recomienda dividir de forma más equitativa las tareas domésticas entre hombres y mujeres

Omar Velasco Portillo

/ 19 de octubre de 2023 / 09:30

Claudia Goldin es la tercera mujer en ganar un premio Nobel en economía, un área dominada ampliamente por el género masculino. Es pionera en entender las tendencias de la fuerza laboral femenina y las brechas de género. En este articulo quiero discernir algunos de sus aportes tomando datos del mercado laboral boliviano.

No es noticia que las mujeres participan menos que los hombres en el mercado laboral. En Bolivia, solo el 67% de mujeres en edad de trabajar están trabajando o en busca de empleo. En cambio, la proporción de hombres llega al 79%. Sin embargo, hubo un incremento significativo en los últimos años: de 52% en 2015 a 67% en 2023.

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La mayor participación laboral femenina —diría Goldin— es una combinación entre un aumento de la demanda laboral en los sectores de servicios por efecto de la urbanización y la creación de empleos más flexibles y una mayor oferta de trabajo femenino producto del mayor uso de métodos anticonceptivos, mayor escolaridad y mayor deseo de independencia económica.

Las brechas de género existen en muchas dimensiones de la vida conyugal, pero la brecha salarial es una de las más examinadas por científicos como Goldin. Según sus investigaciones, la brecha salarial en el mundo rondaría el 30%. Parte de esa diferencia se explicaría por el tiempo que cada cónyuge le dedica al hogar y al trabajo, que no es equitativo entre hombres y mujeres. En Bolivia, las brechas salariales son incluso más altas, donde las mujeres ganan menos de un tercio menos que los hombres por trabajos similares. Empero, estas brechas se han reducido en el tiempo: de 46% en 2006 a 32% en 2019.

A mayor nivel educativo la brecha salarial se reduce a la mitad. La desigualdad de salarios es de más del 40% para quienes no han terminado el bachillerato. La secundaria completa reduce la desigualdad a 35,7% y los estudios superiores en la universidad, a 20,5%.

Otra razón, según Goldin, se debe a los cuidados infantiles. Antes del nacimiento de los hijos las diferencias salariales entre hombres y mujeres son casi insignificantes, pero una vez que aparece el primer hijo se amplía la brecha y luego esta brecha se mantiene a lo largo de toda la vida laboral y de forma creciente con el número de hijos.

En Bolivia la brecha salarial también aumentó con el número de hijos. La diferencia salarial con un hijo es de 34%, sube a 36,5% a partir del tercer hijo y por encima del 40% al quinto hijo. Las mujeres en hogares muy numerosos ganan casi 10% por debajo de los hogares sin hijos. También se advierte que, a mayor edad, mayor también es la brecha salarial a partir de los 22 años.

Las brechas salariales son más altas en la agricultura, con 41,8%; la construcción, 36,5%, y los restaurantes y hoteles, con 35,8%. En cambio, la intermediación financiera llega a 24,7%; la administración pública, a 24,9%, y los servicios comunales a 26%, mostrando menores diferencias. Por otro lado, se observa diferencias más altas en el sector privado que en el público.

También se observa que las brechas se han reducido más rápidamente en las ciudades que el campo. Los departamentos de Cochabamba y La Paz tienen las menores brechas, con 34,8% y 34,9%, mientras que Pando, con 37,1%; Beni, 37,9% y Potosí, con 39,3%, poseen las más altas.

La brecha salarial es mayor en el sector informal en al menos 7% en promedio. Las subempleadas tienen levemente una menor brecha salarial en relación a las que trabajan la jornada completa de más de 40 horas semanales. Los datos también revelan que el decil más pobre tiene mayor brecha salarial (43,1%) en relación al decil más rico (27,9%).

Las ocupaciones menos calificadas presentan mayor brecha, como los trabajadores no calificados (36,3%), técnicos de nivel medio (36,8%), operadores de maquinarias (37,8%), trabajadores de la agricultura (38,2%) y trabajadores de servicios y vendedores (39,9%). En cambio, profesionales (26,6%), empleados de oficina (24,5%) y Fuerzas Armadas (19,8%) exhiben menores diferencias salariales.

A todo lo anterior se debe añadir los retrocesos en los avances de la inserción laboral femenina producto de la pandemia, que será motivo de otro artículo. Lo que debe quedar claro es que si más mujeres aportarían con su fuerza de trabajo, la economía boliviana crecería mucho más.

Para reducir las brechas de género, Goldin recomienda dividir de forma más equitativa las tareas domésticas entre hombres y mujeres. Implementar esta idea en Bolivia implica un cambio cultural de despatriarcalización del Estado boliviano aún inconcluso.

(*) Omar Velasco Portillo es economista

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Capitales territoriales y modelo cruceño

Una lectura sobre la economía cruceña, sus principales componentes, funcionamiento y resultados.

Los cívicos cruceños lideraron las protestas en esa región.

Por Omar Velasco Portillo

/ 24 de septiembre de 2023 / 06:34

DIBUJO LIBRE

Santa cruz está de fiesta porque es su mes aniversario. Esta fecha es la ocasión ideal para reflexionar sobre sus progresos económicos y sociales. Los líderes cívicos y otras personalidades orientales, aprovechan estas fechas para hacer alarde de sus logros económicos. Santa Cruz creció en promedio medio punto porcentual por encima del promedio nacional por más de tres décadas continuas. Ello le permitió alcanzar uno de los ingresos per cápita más altos de Bolivia a pesar de la mayor inmigración interna y convertirse en el departamento con mayor fuerza laboral del país. También es reconocida por su soporte a las exportaciones que representa un tercio del nacional y su contribución en el pago de impuestos en la misma proporción. Pero Santa Cruz aspira a más y quiere convertirse en el centro financiero, gastronómico y turístico del país.

A pesar de su diversidad productiva, más de un tercio de su actividad económica depende del sector agrícola y alimentos. La participación de la agricultura en el PIB nacional se incrementó en los últimos años y lo hizo gracias a Santa Cruz. Es así que analizar al sector agrícola cruceño es esencial para entender a todo el departamento.

El oriente boliviano vive su tercer ciclo de auge agrícola después de los iniciados en las décadas de los años 50 y 90. Conviene recordar que el surgimiento y posterior auge de la agricultura cruceña dependió esencialmente de las migraciones collas y menonitas, la apertura de la carretera que conecta el occidente con el oriente, de la dotación de tierras fiscales, los créditos convencionales que otorgaron los gobiernos a las familias terratenientes, la apertura de los mercados de la Comunidad Andina de Nacionales y los subsidios a los combustibles.

Hoy coexiste un dualismo productivo en la agricultura cruceña. Por un lado, domina aquella empresarial que está caracterizada por su mecanización, un uso intenso de agroquímicos y fertilizantes, la concentración de la tierra y su orientación al mercado externo. Del otro lado, coexiste la otra, campesina, que a diferencia de la agricultura del occidente está parcialmente mecanizada, cuenta con financiamiento bancario pero su área cultivable es de pequeña escala en relación a los grandes exportadores.

Este dualismo productivo esta explicado porque la estructura agraria es extremadamente desigual. El 80% de las unidades agropecuarias comparten el 3% de las tierras cultivadas, mientras que el 20% restante usufructúa el 97% de las mismas. El problema de este dualismo es que la renta agrícola también está desigualmente distribuida. Mientras algunos grupos empresariales controlan la mayor parte de la renta agrícola, la mayoría de los productores pequeños y medianos se quedan al margen de estas ganancias extra normales.

Santa Cruz, vive desde hace unos años un tercer auge proveniente del sector agrícola. Este ciclo podría ser entendido como un proceso de “reprimarización de materias primas” (Jenkins, 2011) o de extractivismo (Gudinas, 2015). El extractivismo es un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, de los cuales la mayor proporción se destina a la exportación sin incorporar valor agregado. Al analizar el desempeño del sector agrícola desde la perspectiva de los capitales territoriales: físico, humano, social, cultural y natural (Berkes y Folke, 1992), se advierte que el desarrollo económico cruceño poco ha avanzado.

Con relación al capital físico, el acceso y uso de tractores ha sido un factor esencial para mejorar la productividad agrícola en los cultivos de Santa Cruz no necesariamente exclusivos a la soya. Al contrario, el acceso a la maquinaria pesada pareciera tener una importancia creciente en la agricultura tradicional que para la agroindustria. La agricultura industrial a pesar de generar mayores excedentes que la campesina, no se muestra que sean invertidos en tecnología en la misma cuantía en el sector, sino que por el contrario se sospecha que son desviados a otros sectores económicos con menos riesgo, asociados al clima, o repatriados fuera del país.

Para medir el aporte del capital humano se puede analizar la educación y la experiencia laboral. Sin embargo, la participación del empleo agrícola en Santa Cruz ha caído notablemente del 16% al 11% de la población económicamente activa en los últimos 8 años. La agricultura es una actividad que absorbe trabajadores que tienen en promedio menos años de educación y por tanto es una mano de obra menos calificada en comparación a otros sectores económicos, con lo cual no fomenta una mayor acumulación del capital humano como podrían suponer sus defensores.

Lo que es llamativo es la destrucción de capital social que provoca la actividad agroindustrial. El extractivismo agrícola no promueve relaciones sociales productivas sino por el contrario las destruyen. Los empresarios extranjeros no están interesados en promover redes sociales entre agricultores y la comunidad. A medida que la frontera agrícola avanza, desplaza campesinos e incluso comunidades enteras a cambio del alquiler de sus tierras, mercado que es ilegal y no está regulado. La extranjerización de las tierras ha hecho que se pierda el vínculo entre la posesión y la explotación de los recursos naturales.

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Las prácticas de la minka y el ayni cuyo origen es la agricltura del occidente resultan ser poco practicadas en cultivos olegainosos al igual que las prácticas culturales relacionadas a los procesos de siembra y cosecha que son cada vez menos realizados. En su lugar, las elites cruceñas tratan de incultar principios occidentales capitalistas como el espíritu empresarial, el individualismo, la liberad y la compettiividad como valores societales. El capital cultural se manifiesta en la violencia simbólica con la actuan los medios de comunicación que se encargan de reproducir estas lecciones y contribuir al adoctrinamiento de la sociedad cruceña como parte de un proceso de aculturalización.

La sobreexplotación del capital natural que se expresa en la expansión de la frontera agrícola y el uso de los sistemas bióticos está conspirando con los equilibrios biofísicos y es un riesgo para el cuidado del medio ambiente.

En suma, la combinación deficiente y limitada de los capitales físico, humano, social, cultural y natural explican la baja productividad del sector agrícola cruceño. En los últimos 40 años la productividad de la soya está estancada entre 1,5 a 2,5 ton. De continuar, este modelo de desarrollo terminará condicionando su proceso de acumulación y el desarrollo económico.

Entrar en el extractivismo agrícola es traspasar las fronteras del desarrollo y la sostenibilidad ambiental para sumergirse en una especie de capitalismo medieval angurriento de rentas. El modelo cruceño propuesto por las élites pensantes del oriente boliviano parece confundir el crecimiento económico con desarrollo. Este artículo toca un punto central del Iibro “El extractivsmo agrícola y la invención del modelo cruceño” a publicarse pronto.

(*)Omar Velasco Portillo es economista

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