Voces

Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 19:02 PM

¿De qué sirvió el paro?

/ 22 de noviembre de 2022 / 01:22

Han pasado 32 días desde que los cívicos cruceños apostaran por un paro indefinido como medida de presión ante la negativa del Gobierno de modificar la fecha del Censo para 2023. A más de un mes de protestas callejeras, los ciudadanos de a pie comienzan a retomar una vida casi normal, empero, el aire que se respira a los alrededores pareciera estar lleno de intrigas entre sus habitantes sobre ¿qué ganó Santa Cruz con el paro?, ¿qué ganó el pueblo boliviano? o ¿quién verdaderamente se benefició de esta pulseta política?

El día después del paro es igual de difícil que salir de una resaca. Las fábricas encienden nuevamente sus máquinas, las plantas comienzan a recalentar sus hornos, los buses prenden motores, los bancos reabren sus puertas al público, el comercio se reaviva gracias a la movilidad de la gente. La actividad económica comienza a reactivarse.

Desafortunadamente para la economía popular ya es un poco tarde. Muchas familias dejaron de vender el poco capital con el que trabajan día a día. Los expendios de comida, el comercio y otros servicios tienen que enfrentar el cobro de alquileres y otros costos fijos del mes a pesar de no haber trabajado. En el sector agropecuario los campesinos tuvieron que rematar su producción incluso a su costo por miedo a quedarse con la cosecha en manos. Los transportistas deben cuotas mensuales a los bancos que, de no cumplirlas, entrarán en mora. En fin, una gran parte de la población cruceña y boliviana ha sufrido grandes pérdidas.

Esta estrategia no solo buscó desgastar políticamente al Gobierno, sino que apostó por la autodestrucción del propio aparato productivo y el deterioro de los principales indicadores económicos que ostenta el Gobierno. Esta aventura política le ha costado al país más de $us 1.000 millones de su Producto Interno Bruto, limitando su capacidad de expansión inicialmente proyectada en 5,1% a cerca de la mitad (2,6%). La inflación de octubre subió en 0,75%, un valor mensual solo superado por la inflación de noviembre de 2019, coincidentemente en otra protesta ciudadana iniciada en el oriente.

Desde los círculos cívicos, la lectura parece ser otra. Hay un esfuerzo mediático desmedido por magnificar los réditos del paro, cuando en la realidad es evidente que el sacrificio de la población cruceña fue enorme en comparación con los resultados alcanzados. La distribución de recursos ya estaba contemplada en la Ley de Participación Popular 1551. Para la distribución de escaños no se requiere una nueva ley, sino hacer cumplir al Tribunal Supremo Electoral los plazos ya establecidos en la Ley 026. La agenda del federalismo tampoco es nueva. Pareciera correr un sentimiento de desilusión y rabia en algunos segmentos de la población cruceña por sentirse utilizados más que escuchados por su propia clase política.

Lo que corresponde ahora es dar vuelta a la página de los conflictos y retomar la senda del trabajo y la producción. El show mediático se ha trasladado de las calles a la Asamblea Legislativa. Se requiere mucha madurez política de sus actores para destrabar este conflicto y no crear un nuevo campo de batalla. Una señal positiva desde el Gobierno sería que anuncie algunas ayudas para la población más afectada, como facilidades de pago en el cobro de las obligaciones tributarias, extender los plazos para el diferimiento y reprogramación de créditos y una posible ampliación de la fecha límite para el pago del aguinaldo, para dotar un respiro al sector privado.

Santa Cruz ha ganado presencia política más beligerante en las calles que con su representación parlamentaria que ha demostrado ser poco efectiva y que paradójicamente hoy reclama ser más numerosa. La infrarrepresentación cruceña en la vida política nacional no se debe al número de escaños, sino a la falta de capacidad de sus líderes políticos que no han logrado contagiar al resto del país hacia un mismo proyecto político, por falta de una visión integradora de desarrollo nacional. En su lugar, se ha atrincherado en reivindicar casi aisladamente la bandera del regionalismo. El movimiento ciudadano cruceño que está emergiendo de estos cabildos se merece nuevos liderazgos con ideas renovadoras. La actual clase política cruceña debe dar un paso al costado y repensar su estrategia política de cara al futuro, porque ni la población boliviana y ni el propio pueblo cruceño le darán opción a un nuevo paro indefinido.

Omar Velasco Portillo es economista.

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El lumpen cooperativismo

/ 1 de noviembre de 2022 / 02:11

La actividad minera contribuyó con 1% del PIB, en promedio, en los últimos 20 años, frente a una presión tributaria que rondó el 19% del PIB en similar periodo.

La baja recaudación minera se debe a que —separando el estaño y el zinc— la mayor parte de los minerales es extraída por cooperativas mineras (tres cuartas partes). En el caso del oro estas formas de organización productiva concentran más del 95% de su producción y exportación.

Según las estadísticas de comercio exterior hasta agosto, las exportaciones de oro alcanzaron $us 1.995 millones, llegando a ser el segundo commodity más importante de exportación (22% del total), solo $us 41 millones por detrás del gas natural ($us 2.036 millones). Sin embargo, el tratamiento tributario entre ambos sectores es diametralmente opuesto a pesar de tratarse de dos materias primas con características agotables similares.

Mientras el sector hidrocarburífero está gravado por regalías departamentales de 11% y 1%, participaciones al TGN por 6%, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 32%, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25%, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en toda la cadena, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD), entre otros; el sector minero cooperativista aurífero solo tributa 2,2% de regalías, además del IUE y el IVA. Pero, detrás de la figura del cooperativismo se esconden grandes empresas, incluso de capitales extranjeros que extraen oro en grandes cantidades pero que subdeclaran su explotación para beneficiarse de menores alícuotas e incluso su omisión total.

Esta es la razón de por qué la presión tributaria en minería es de solo 3% de su PIB sectorial, mientras que otros sectores como hidrocarburos aportan el 30% de su PIB, la industria 18%, los servicios financieros 11% (datos de 2019 para no tener distorsiones por la pandemia).

Actualmente, el sector en conflicto con el Gobierno aspira a pasar del régimen general a uno monotributista como ocurre en el caso del régimen simplificado, integrado y agrícola unificado, de manera de dejar de pagar por el IUE y el IVA a cambio de una alícuota proporcional al precio del oro de 4,5%.

El oro se ha convertido en la actividad más lucrativa de Bolivia. Desde principios de la pandemia en marzo de 2020 hasta octubre de 2022, el precio del oro se ha incrementado en 32%. Imagínese una inversión que por cada boliviano que invierta le reditúe una tasa de interés de 32%. Por supuesto que sería fantástico, aunque inverosímil. Como comparativo tenemos las tasas de interés de 6,5% y 6,95% que reditúan los bonos navideños del Banco Central, que están por encima de lo que actualmente paga la banca a sus ahorristas. En consecuencia, quienes más ganan son quienes hoy piden pagar menores impuestos.

Esta demanda genera más malestar e indignación a la población boliviana porque se realiza en un periodo en el cual muchas personas han perdido sus puestos de trabajo o se han visto obligadas a cambiar de ocupación producto de la pandemia. Otras tantas han aceptado condiciones laborales menos favorables (salarios más bajos o trabajos temporales) con tal de mantener su fuente de ingreso estable. En contraste, los salarios en el sector minero no cayeron y, por el contrario, se incrementaron por efecto de los mejores precios.

El cooperativismo está muy lejos de ser una actividad sin fines de lucro como inicialmente fue concebido. Cuando el Estado cedió su derecho a la explotación de esos recursos naturales y aceptó una contribución mínima, lo hizo en un contexto de bajos precios internacionales, entendiendo que era una actividad de supervivencia. La actual actividad minera aurífera no encaja desde ningún punto de vista en los esquemas de los regímenes especiales.

El término “lumpen” es un eufemismo utilizado por Carlos Marx para referirse a un segmento de la clase proletaria que profundizaba las relaciones capitalistas y para su subsistencia desarrollaba actividades al margen de la legalidad. Este eufemismo podría describir simbólicamente al sector cooperativista, que en el último decenio aportó modestamente a las arcas del Estado, pero del cual se ha beneficiado bastante.

Omar Velasco Portillo es economista.

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Crisis bancarias y Nobel de Economía

/ 11 de octubre de 2022 / 01:56

Los intermediarios financieros cumplen un rol esencial en las economías capitalistas. Canalizan el ahorro para redireccionarlo a la inversión facilitando el equilibrio de la identidad contable que debe existir entre ambas. Esta tarea requiere transformar activos líquidos de corto plazo en pasivos de larga madurez, para lo cual crean dinero secundario mediante depósitos en el primer caso, y otorgan créditos en el segundo. Ambas operaciones entrañan un mismo riesgo. Si todos los depositantes requiriesen su dinero a la vez, originando una corrida bancaria, las entidades financieras no tendrían cómo satisfacer la demanda del público sin tener que incurrir en grandes pérdidas por liquidar sus inversiones anticipadamente. La quiebra de un banco encarece el costo del crédito y reduce su disponibilidad y puede arrastrar a la economía real al terreno de los números negativos.

La academia sueca se inclinó este año en otorgar el premio Nobel de Economía a Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig por sus contribuciones al entendimiento de las crisis bancarias y financieras, y las teorías alternas sobre sus causas, consecuencias y cómo prevenirlas.

Cuando ocurre un cambio de expectativas por la cual los agentes entran en pánico, se produce una corrida bancaria. Si la entidad financiera no cuenta con un activo líquido de corto plazo para atender la demanda por circulante, esta corrida termina distorsionado los incentivos, genera una distribución ineficiente del riesgo entre depositantes y causa problemas sobre toda la economía. A partir de un modelo de contratos óptimos con corridas de depósitos estocásticos, Diamond y Dybvig (1983) revalorizan la importancia de contar con un seguro de depósitos y servicios de liquidez permanente de corto plazo, provistos desde el banco central como medida de prevención. Este modelo se aparta de la explicación tradicional que surgía que la corrida bancaria se producía —como una acción para minimizar las pérdidas— cuando los activos líquidos (pero riesgosos) no cubrían a los pasivos, según Bryant (1980).

Bernake (1983), por su parte, se concentra en explicar las consecuencias de las corridas bancarias en términos de la eficiencia asignativa del mercado financiero. Bernanke otorga una explicación alterna a través del canal del crédito para explicar la prolongada recesión la década de 1930 en Estados Unidos, reconociendo que los mercados financieros son imperfectos. Las perturbaciones financieras reducen el proceso de asignación de créditos debido a que elevan el costo de la intermediación financiera y limitan la disponibilidad del crédito.

Cuando un banco quiebra como ocurrió durante la Gran Depresión, la información relevante sobre la calidad de los prestatarios se pierde. Los nuevos intermediarios que surgen en sustitución de los antiguos no cuentan con la misma información sobre la calidad crediticia de sus demandantes, elevando el costo de la intermediación y/o retrasando su reconstrucción. Esta hipótesis rompe con la aproximación monetarista de la época acuñada por Friedman y Schwartz (1963), que atribuía la duración de la recesión norteamericana a la persistente contracción de la oferta monetaria.

Bernake sugiere que las instituciones pueden afectar el costo de transacción de los intermediarios financieros, por lo cual se debe velar por su buen funcionamiento y evolución en el tiempo. En otra publicación, Diamond (1984) desarrolla una teoría sobre cómo reducir los costos del monitoreo de la información mediante la diversificación de los intermediarios financieros. Todas estas teorías formaron parte de la floreciente literatura del siglo pasado que estudió las asimetrías de información, el problema del principal y el agente, la teoría de contratos aplicados al mercado financiero.

Han pasado cerca de 40 años desde que se plantearon estas teorías, desafortunadamente, las corridas bancarias están muy lejos de desaparecer y, por el contrario, se han convertido en un rasgo común del sistema capitalista global y parecen repetirse con cierta frecuencia. La desregulación financiera ha hecho que los bancos sean más competitivos, pero al mismo tiempo más vulnerables a corridas. Estos aportes no evitaron que se produzca la crisis financiera internacional de 2008, a pesar de las advertencias sobre los peligros de la desregulación financiera. Para que la teoría acompañe la práctica es necesario fortalecer la institucionalidad financiera con mejores prácticas regulatorias.

Omar Velasco Portillo es economista.

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El papel del Estado en la economía

La experiencia boliviana es parte de la nueva visión de dar un rol estratégico al Estado en el desarrollo.

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:26

DIBUJO LIBRE

A lo largo de la historia del pensamiento económico, desde Adam Smith hasta los neoinstitucionalistas, pasando por keynesianos y monetaristas, el rol del Estado en la economía siempre estuvo limitado, de una u otra manera. El famoso Leviatán —un mostro bíblico que el filósofo inglés Tomas Hobbes idealizó hace más de 370 años— personificaba la imagen del Estado como un ser todopoderoso, cuya autoridad la ejercía a partir del monopolio de la violencia, con la cual defendía y sometía a sus propios súbditos.

El pensamiento liberal, tanto político como económico, sustentó su filosofía en esta percepción del Estado. Los individuos requerían ser libres para tomar sus propias decisiones, sin la intromisión de un ente superior que oprima sus libertades individuales. Así surgió el individualismo económico, justificado en la búsqueda del interés personal, el cual podría conducir al bienestar social como si una “mano invisible” actuara por detrás para conseguirlo.

En 1776, Adam Smith escribió el libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, el cual sentó las bases teóricas para justificar el funcionamiento de los mercados. Smith, por el contrario, fijó al Estado un rol segundario en la creación de riqueza, circunscrito a la defensa, la seguridad y la edificación de algunas infraestructuras públicas. Todo el pensamiento liberal y neoliberal posterior basó su filosofía en esta idea errónea del individualismo, porque reivindicaba las libertades humanas como opositoras al funcionamiento del Estado.

Este pensamiento sería dominante durante la Gran Depresión y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgiría una corriente que demandaría un rol más activo del sector público en la economía, que vendría de la mano de las ideas del economista inglés Jhon Maynard Keynes, que dominarían el ámbito académico por varias décadas. También influyó el nuevo orden mundial establecido a partir de los acuerdos globales de Bretton Woods. No obstante, el rol activo del Estado quedó reservado “únicamente” a situaciones de insuficiencia de la demanda agregada efectiva.

En paralelo, en los años 60 brotó en los países en desarrollo una corriente más entusiasta en cuanto a la importancia del Estado en lo económico, según la cual el sector público debía liderar el proceso de industrialización. La política estatal también asumió una postura más proteccionista. El pensamiento estructuralista de la CEPAL comenzó como políticas concretas y teorías parciales y con el tiempo se fueron consolidando hacia un único cuerpo teórico amplio y coherente. Desafortunadamente, la estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones fracasó, aunque no dejó de ser una respuesta valiosa, con visión propia que rompió con el discurso de desarrollo desde el norte.

Posteriormente, la macroeconomía keynesiana fue desafiada por la estanflación de los 70, la crisis de la deuda latinoamericana, el colapso del sistema de planificación socialista, el surgimiento del monetarismo y la revolución de las expectativas racionales que refutaron la fundamentación teórica de la intervención estatal. Durante los años 80 en adelante, el rol del Estado pasó a un plano secundario bajo el cual debía garantizarse el equilibrio fiscal para que no absorbiera los recursos del sector privado (crowding-out).

La alta influencia de las políticas del Consenso de Washington, que formaron parte de las reformas estructurales de los años 80 y 90, impulsaron ajustes fiscales que buscaban el equilibrio mediante privatizaciones y el desarrollo de instrumentos que tenían como fin limitar el gasto. El pensamiento neoclásico retomó la discusión del exceso de intervencionismo del Estado y justificó la intervención únicamente en aquellas situaciones en las que los mercados presentaran “fallas”. El Estado asumió un rol subsdiario al mercado. El pensamiento neoinstitucionalista procuró que el Estado interviniese solamente para la protección de los derechos de propiedad y contribuir a reducir los costos de transacción entre privados.

El Estado fue visto como incapaz de producir (porque se asumía que no podría ser nunca eficiente), incapaz de invertir (porque se partió del prejuicio que es siempre deficitario), incapaz de competir (porque se presuponía que no está sujeto a las mismas leyes que el mercado) e incapaz de innovar (porque esta era una tarea reservada exclusivamente al sector privado). En síntesis, se construyó toda una narrativa para la no intervención estatal, que fue concebida desde la visión de los países desarrollados y que terminó influyendo enormemente en los países en desarrollo.

Empero estos mitos sobre el Estado han comenzado a ser rebatidos en el mundo teórico y empírico en las últimas dos décadas. En años recientes investigaciones como las Joseph Stiglitz (2016) o Mariana Mazzucato (2015) demostraron el rol estratégico que cumple el Estado en la innovación tecnológica y que es esencial para el despegue económico. La crisis financiera internacional de 2008 ha confirmado los límites de la expansión del mercado financiero sin la intervención estatal. La emergencia sanitaria también ha hecho resurgir la necesidad de un Estado mucho más benefactor del que suponía la ortodoxia económica.

Todos estos hechos destacan una tendencia reciente a la revalorización del rol del Estado, aunque todavía requiere de un marco teórico unificador que los integre.

En Bolivia, con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el sector público asumió un rol más protagónico en la área económica y social, logrando importantes resultados en términos de crecimiento económico sostenido, reducción de la desigualdad del ingreso y eliminación de una fracción importante de personas en situación de pobreza. La experiencia boliviana forma parte de esta nueva visión de delegar un papel estratégico al Estado en el desarrollo económico.

Este breve resumen sobre la importancia del Estado en la economía forma parte de mi libro La política fiscal en Bolivia: lecciones y desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, publicado en agosto, el cual invito a examinar.

 (*)Omar Velasco P. es economista

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Impuestos saludables

/ 20 de septiembre de 2022 / 01:44

Es posible que no esté de acuerdo con el titular de este artículo y no lo culpo. Según el Paying Taxes 2020 del Banco Mundial a los latinoamericanos no les gusta pagar impuestos porque requieren trabajar más de 500 horas al año para el Estado. Por otro lado, si bien existe conciencia tributaria a nivel individual, como el beneficio no es individualizable, no existen los suficientes incentivos privados para tributar esperando que alguien más lo haga para luego disfrutar de los bienes producidos por el Estado. Dicho esto, tome asiento y relájese que no voy a poner en discusión su cultura tributaria —aunque existan analistas que traten de influir negativamente sobre ella. En su lugar me referiré a los impuestos correctivos.

Es bien sabido que los impuestos afectan la conducta de los agentes económicos alterando su comportamiento y cambiando el resultado del mercado, empero, existen casos en los cuales la política tributaria podría estar interesada en desviar la conducta de los agentes de manera intencional. La aplicación de impuestos correctivos tiene por objeto desalentar el consumo de aquellos bienes que son considerados nocivos directa o indirectamente en el bienestar de la sociedad, ya sea porque su consumo es malo para la salud o porque su producción genera efectos externos negativos en el bienestar de otros.

En el primer grupo de bienes se encuentra el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, la comida con alto contenido de grasas, sal y sodio, y en el segundo grupo, la producción de bienes contaminantes del medioambiente. La imposición fiscal en estos mercados busca corregir la pérdida (al menos en parte) que origina la acción individual sobre el bienestar de la sociedad y del propio individuo.

El sector público también se beneficia de la aplicación de estos impuestos. Por un lado, genera mayor recaudación, aunque este no sea el fin último de la medida. Por otro lado, se mejora la eficiencia del gasto y se liberan recursos del presupuesto al reducirse el costo fiscal vinculado a mitigar los efectos nocivos que producen el consumo y la producción de estos bienes. Por ejemplo, un menor gasto en salud como resultado de la reducción del consumo de cigarrillo lleva a disminuir el número de atenciones médicas por enfermedades respiratorias.

En días recientes surgió una polémica por el aumento de los tipos impositivos del Impuesto al Consumo Específico (ICE) establecido en el proyecto de ley de reformulación del PGE 2022, tildándolo de distorsivo, ineficiente y cuya aplicación estaría motivada por una supuesta hambruna fiscal que atravesaría el sector público.

Para demostrar la falsedad de estas afirmaciones me remito a los datos. A partir de la encuesta de presupuestos familiares de 2015-2016 se puede estimar curvas de demanda para los principales productos alcanzados por este impuesto. Estos resultados se encuentran en el libro La política fiscal en Bolivia: lecciones y desafíos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

Las estimaciones sugieren que la elasticidad precio de la demanda en estos bienes es baja, lo que implica que cambios en los precios afecten en menor proporción a las cantidades. Siguiendo el criterio de optimalidad impositiva de Ramsey, cuanto menores son las elasticidades, menor es el efecto distorsivo de los impuestos sobre los mercados; empero, se deben considerar también los efectos distributivos. Las familias de mayores ingresos son las que consumen más de estos productos y la participación de su gasto en la renta también tiende a ser más alta a niveles de ingreso mayores, a excepción de los cigarrillos. En resumen, los impuestos correctivos provenientes del ICE tienen un carácter no distorsionador, recaudador y redistributivo.

Más allá de la justificación de tener alícuotas diferenciadas entre productos nacionales y extranjeros como estrategia para internalizar los movimientos cambiarios de las monedas vecinas más devaluadas frente al dólar y no como una política proteccionista como algunos opinadores la han malentendido, la importancia real de subir las alícuotas tiene como propósito desalentar el consumo de bienes que son nocivos a nivel individual y social y cuyos costos intertemporales recaen en el ámbito fiscal, social y medioambiental.

Omar Velasco Portillo es economista.

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Costos y beneficios de la nacionalización

Haciendo un balance del proceso, los beneficios superan ampliamente sus costos.

/ 21 de agosto de 2022 / 18:09

DIBUJO LIBRE

El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) obliga al Estado boliviano a indemnizar $us 105 millones a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A. por su retraso en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, monto superior al inicialmente demandado por la AFP. Este dictamen fue utilizado abiertamente por la oposición y segmentos conservadores para cuestionar la demora en consumar su cambio de administración.

Pero más allá de este incidente específico, se ha puesto en duda la naturaleza misma de las nacionalizaciones en Bolivia. Se culpa a las nacionalizaciones de ser improvisadas, de no haberse evaluado sus implicancias financieras para el país, de ahuyentar las inversiones extranjeras. En suma, se la exhibe como un proceso perjudicial antes que uno provechoso. Estos argumentos, por persuasivos que parezcan, son engañosos y es intención de este artículo el desmontarlos.

Las nacionalizaciones en Bolivia fueron resultado de irrupciones al orden económico, político y social, como consecuencia de la ruptura del equilibrio entre las necesidades materiales de la población y la acumulación de riqueza por una minoría.

Su consumación en el último periodo desde 2006 representó una pieza fundamental en la nueva institucionalidad del modelo económico vigente, porque el Estado recuperó su rol generador de excedente económico y principal actor del proceso de acumulación y reproducción del capital. Es decir, que además de ser un proceso con un alto contenido social e ideológico, sentó las bases materiales para la política económica en curso; por tanto, fue resultado de una profunda reflexión de los actores que la llevaron adelante de forma premeditada.

Las medidas que se implementaron luego de la nacionalización de los hidrocarburos fueron determinantes para incrementar la renta petrolera en Bolivia. Fue a partir de la nacionalización que se mejoró las condiciones de precios y volúmenes de los contratos antiguos, se firmó nuevos contratos interrumpibles y se negoció el reconocimiento e indemnización por el gas rico.

La renta petrolera alcanzó $us 40.135 millones entre 2006 y 2019. De no haberse nacionalizado el sector, dicha renta habría sido de solo $us 25.957 millones, es decir, $us 14.178 millones menos de ingresos para el país. Las entidades subnacionales fueron las más beneficiadas con $us 15.569 millones, 40% del total. Fue la nacionalización la que en última instancia favoreció a una mayor descentralización fiscal del gasto, vía mayores transferencias de recursos a los niveles locales. Sin ella, las entidades subnacionales habrían perdido en conjunto $us 3.379 millones y YPFB no habría generado $us 6.670 millones en ingresos.

El auge de los precios internacionales en la década pasada no habría tenido un impacto positivo tan favorable sobre los ingresos del Estado de no haberse nacionalizado previamente el sector. Bolivia se favoreció de esa coyuntura gracias a la recuperación de los recursos hidrocarburíferos a dominio del Estado y aventajó a otros países como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, porque se anticipó a reformas fiscales que elevó los ingresos del Estado.

A nivel macroeconómico, los flujos de ingresos permitieron una rápida corrección de las cuentas fiscales, externas y monetarias. La nacionalización no implicó una disminución de la inversión privada. Durante los años que duró la capitalización, 1996-2005, la inversión extranjera directa (IED) en hidrocarburos alcanzó a $us 3.214 millones, mientras que en el periodo posterior se invirtieron $us 7.315 millones. Por concepto de retribución a titulares privados, el Estado erogó $us 17.326 millones, de los cuales $us 8.080 millones fueron por utilidades. Esta es la razón de por qué las empresas extranjeras, pese a la nacionalización, decidieron quedarse en el país y aumentar sus inversiones.

Otro cuestionamiento bastante conocido a la nacionalización en hidrocarburos es que no incrementó las reservas de gas. En realidad las reservas de gas no se incrementaron desde la capitalización, cuando se reconocieron campos antiguos no certificados como nuevos para favorecer con un trato impositivo preferencial a las transnacionales. Desde 2009 las reservas de gas se han mantenido entre 10 y 9 TCF pese a que se aceleró la exportación y el consumo interno de gas natural entre 2006 y 2019. De no haberse estimulado el consumo interno, como en el periodo neoliberal, las mismas habría incluso incrementado. Eso refleja que, si bien no hubo un incremento de reservas luego de la nacionalización, tampoco se registró una reducción alarmante, ya que los nuevos descubrimientos de gas fueron a restituir casi en su totalidad el consumo interno y la exportación.

La nacionalización en hidrocarburos tuvo un costo para el Estado entre 2006 y 2019 de $us 764,3 millones por la compra total o mayoritaria de las acciones capitalizadas negociadas y los derivados de los laudos arbitrales de la CIADI. En ese periodo, el costo de todas las nacionalizaciones ascendió a $us 1.159,9 millones.

En un balance entre costos y beneficios del proceso, se aprecia con bastante claridad que los beneficios superaron ampliamente sus costos. La nacionalización generó un retorno altamente positivo para el Estado boliviano en su conjunto, que se benefició de mayores rentas y posibilitó, a su vez, una mayor redistribución del ingreso a nivel regional, la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, un aumento de la inversión y sentó las bases para la industrialización de los recursos naturales.

Pretender cuestionar hoy toda la política de nacionalización basados en el reciente fallo de la CIADI es cuando menos embustero. Las AFP se benefician anualmente de jugosas utilidades que obtienen por un servicio bastante limitado, pues los ingentes recursos que administraron gracias a los incrementos salariales que les dotó de una gran fuente de inversiones, solo rindieron poco más de 2% a sus aportantes. Pero la necesidad de nacionalizar el sistema de pensiones va más allá del fin financiero, tiene que ver con su carácter inclusivo y redistributivo. El actual modelo no motivó la competencia ni la mejora en la administración, sino que creó un mercado cautivo.

En los próximos meses el Estado boliviano se hará cargo de la entidad financiera más grande del país, administrará los ahorros de la jubilación de todos los bolivianos. El costo de mantener a las AFP en el país por un periodo más prolongado sería incluso mayor que el pago de la sanción impuesta por la CIADI porque en el tiempo implicaría continuar con esos bajos rendimientos para sus afiliados y menor inclusión al sistema. Es por esa razón que es menester del Estado velar por una eficiente y equitativa administración de los recursos de los bolivianos, para lo cual su nacionalización era indispensable.

Este artículo forma parte del capítulo III, “El rol generador del excedente económico” de mi libro La política fiscal en Bolivia, lecciones y desafíos del modelo económico social comunitario productivo.

 (*)Omar Velasco es economista

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