Voces

Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 19:02 PM

Por qué ser nazi es malo

/ 22 de noviembre de 2022 / 01:19

Los nazis son malos porque son racistas y provocaron muchas muertes, y si debo explicarte eso es porque de verdad eres un idiota.

A nadie parece preocuparle la emergencia del fascismo en Bolivia. Y no me refiero al fascismo figurativamente, como cuando llamamos fascista a un oponente político por no compartir plenamente convicciones liberales, sino al fascismo en su acepción clásica; es decir, la de hombres y mujeres organizados en células paramilitares guiados por la convicción fanática sobre la inferioridad de una raza o un pueblo.

Y al parecer, están en Bolivia. ¡Hasta salen grabados extendiendo el brazo derecho para hacer el refrito Sieg Heil! Las imágenes no fueron difundidas por los medios tradicionales, a Página Siete no le importa, pero se encuentran ahí en las redes sociales, en las que se puede ver claramente a un grupo de personas del Comité pro Santa Cruz despidiendo a uno de sus miembros con el gesto hitleriano, sin disimular, así nomás.

Ahora bien, creí que existía un consenso general acerca de la proscripción de esta doctrina del odio que produjo una guerra mundial y el Holocausto, con sus más de cinco millones de muertes e incontables tragedias. De hecho, en teoría, ser nazi o reivindicar a dicho movimiento es ilegal en algunas partes del mundo, y con muy buena razón.

Nada de eso impide que columnistas como William Herrera Áñez elogien las jornadas de paro cívico que se dieron en Santa Cruz como una expresión incontenible de impulsos democráticos, como lo son naturalmente la destrucción de sedes sindicales obreras y campesinas, el asesinato de personas, la violación grupal de una mujer y la intimidación de sectores populares a manos de matones alcoholizados.

No me sorprende que Herrera sostenga ese tipo de posiciones (ni que llame salvajes a las clases trabajadoras). Siempre han existido tipos como él, pero estaban formalmente vetados del espacio público, limitados por lo que se consideraba políticamente correcto, en torno a un consenso mundial que cerraba filas en defensa de la democracia liberal tras la caída del Muro de Berlín y el retroceso de las dictaduras militares a finales de los años 80. Había fachos, sí, pero eran marginales y hasta ridiculizados. No es que fuera una época perfecta, pero al menos inclinaciones fascistas estaban fuera de discusión, aunque fuera por una cuestión de apariencias.

Creo que deberíamos recuperar aquella sana tradición de prohibir y castigar la expresión de doctrinas abiertamente antidemocráticas, como la del nacionalsocialismo. ¿Estoy poniendo en duda el derecho de libertad de expresión de algunos? ¡Sí!, ¡definitivamente! ¿Tienen los simpatizantes del nazismo derecho a expresarse? ¡No, en absoluto! De hecho, ni siquiera deberían tener derecho a participar políticamente; deberían ser obligados a buscar ayuda psicológica, además de pasar un saludable tiempo en prisión. Estamos hablando de nazis, la materialización de todo lo que puede haber de malo y destructivo en el ser humano.

Pero personas como los nazis trasnochados del video que circula en las redes sociales no solo deberían ser arrestados por sus despreciables convicciones políticas, sino por haber formado parte de un movimiento que asaltó un comando policial en el municipio de La Guardia, provocó tres muertes, una violación grupal, la destrucción de una comunidad ayorea, decenas de heridos, millones de dólares en pérdidas económicas y el despliegue de matones alcoholizados que cobraban dinero en cada rotonda (y esto lo admitió literalmente un miembro del Comité Interinstitucional, así que cuidado con lo que reivindicas, Herrera) ¿O ahora también vas a elogiar a Pablo Escobar? ¿Tengo que recordarte por qué ser gánster también es ilegal?

Los dirigentes del Comité pro Santa Cruz y de la Unión Juvenil Cruceñista deben ser arrestados y puestos a disposición de la Justicia no solo por ser pro nazi, sino por haber dirigido un movimiento abiertamente sedicioso, terrorista y delincuencial, que produjo pérdidas humanas y materiales, además de la violación de derechos y libertades fundamentales; y es obligación del Estado boliviano hacer cumplir el respeto a sus leyes y el orden constitucional: Camacho y Calvo deben ir a la cárcel. Y los fachos, fuera de la opinión pública. Vayan a hacer un club de la pelea o competiciones de cosplay.  

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Las élites vs. la democracia

/ 8 de noviembre de 2022 / 01:23

Las últimas tres semanas de paro cívico han sido una demostración de la arbitrariedad y el autoritarismo de las élites económicas del país, que actúan hoy a través del Comité pro Santa Cruz y la Gobernación de aquel departamento, secuestrando la representatividad de su población mediante la instrumentalización de un discurso regionalista que, por diferentes razones, tiene asidero popular y que no ha sabido interpretarse ni desde la izquierda ni desde el oficialismo.

En su desafío a la autoridad del Estado, estas élites han provocado un muerto en el municipio de Puerto Quijarro, han cometido actos de violencia y discriminación en contra de sectores vulnerables de la población, como las mujeres ayoreas de Concepción, y han vulnerado la libertad de locomoción y el derecho al trabajo de los millones de bolivianos que viven en el departamento de Santa Cruz, sin mencionar los actos de vandalismo y sedición como la toma de un comando policial en La Guardia; todos hechos delictivos, sin lugar a duda, pero que, extrañamente, quedan todavía impunes. Bien se podría encarcelar al subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, o a los paramilitares gansteriles de la Unión Juvenil Cruceñista sin que ello implique la vulneración del derecho a la protesta al que tiene título toda y todo boliviano.

La arbitrariedad de estas élites resulta todavía más indignante cuando se atreven a reclamar que sus empresas sigan funcionando, con subvención del Estado, mientras se obliga a cientos de miles de comerciantes y cuentapropistas a suspender sus actividades de sustento diario por una consigna que nadie en el campo opositor ha podido defender racionalmente desde que el conflicto con el Gobierno empezó y pasando por encima, por si fuera poco, de las determinaciones asumidas por la mayor parte de los gobiernos subnacionales del país, a través del Consejo de Autonomías, o asociaciones municipales como la propia Amdecruz, en julio de este año.

En otras palabras, son élites que actúan con el convencimiento de que están por encima del orden constitucional del país, que no necesitan elecciones para ejercer su voluntad y que tienen el poder para derrocar o, por lo menos, desgastar a gobiernos democráticamente elegidos, porque tienen el control de los principales medios de producción en su región, así como de una maquinaria política de clientelismo nada despreciable como lo es la Gobernación del departamento de Santa Cruz, además de medios de coerción que en cualquier otra sociedad serían declarados como organizaciones delictivas, como la Unión Juvenil Cruceñista. De hecho, justo a inicios de esta semana, al más puro estilo Joe Valachi, Yassir Molina y sus secuaces de la RJC confirmaron lo que todos ya sabíamos hasta ahora: estas élites suelen hacer negocios con el hampa para construir su base social.

Desde hace décadas, estos sectores no han podido asumir el control del Estado, que también necesitan para impulsar una mayor acumulación de ganancias por medios democráticos, viéndose obligados a ejecutar burlonamente un golpe a nombre de la democracia, estableciendo un régimen de excepción durante el cual se cometieron dos masacres y se violaron los derechos humanos de cientos de miles de bolivianos; un gobierno de facto aplaudido por políticos que durante mucho tiempo se esforzaron en presentarse a sí mismos como convencidos liberales, sin considerar por un instante la monstruosidad que cometían al respaldar a matones como Jeanine Áñez o Luis Fernando Camacho, que de paso los ningunearon como lo que eran: unos cobardes, como le sucedió a Mesa en el aeropuerto de El Alto.

Hoy, nuevamente en noviembre, estas élites tratan de minar la gobernabilidad del régimen democrático en Bolivia, porque ya no les sirve, y nosotros acá, actuando como si no supiéramos que somos mayoría.

Carlos Moldiz es politólogo.

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¿Diálogo con la mafia?

/ 25 de octubre de 2022 / 01:56

La derecha de todo el país ha cerrado filas en torno a la demanda de los sectores cívicos cruceños de adelantar la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para 2023, aun a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales libres de toda sospecha de filiación oficialista, como el PNUD o la CEPAL, revelando así el fundamentalismo anti-masista de ciertos sectores de la sociedad boliviana, que va más allá de los límites impuestos por la lógica o la más mínima racionalidad y, por supuesto, de toda convicción democrática.

Y esto, que puede parecer una debilidad de su parte, en realidad revela que las élites empresariales cruceñas sí son capaces de extender su influencia más allá de los límites de este departamento, aunque, eso sí, limitándose a las capas más reaccionarias y conservadoras del país, que entienden que la oposición partidaria asentada en el Órgano Legislativo no tiene ninguna utilidad para las clases dominantes de Bolivia, más allá de ser un obstáculo para el funcionamiento del Estado.

Han logrado hacer de la estupidez una verdadera estrategia política, encerrándose en un capricho casi autístico, que falsos demócratas como Carlos Mesa apoyan a sabiendas de que se trata de actores peligrosamente radicalizados. Si alguna lección dejó la experiencia totalitaria de la Segunda Guerra Mundial es la de no aliarse nunca con fascistas, que bien pueden tener cierto apoyo popular, como lo tuvieron en su momento Hitler y Mussolini, pero que no jugarán de acuerdo a las reglas de la institucionalidad democrática una vez alcanzado el poder.

Por otro lado, el control que ejercen sobre lo que podría considerarse como “su territorio” no se sostiene enteramente sobre el apoyo de la sociedad local, sino en el ejercicio de la violencia y la intimidación indisimulada en contra de sectores populares no alineados con las clases empresariales o sin relación con la maquinaria política de clientelismo prebendal que han consolidado en la Gobernación de ese departamento, donde el caso de los ítems “fantasma” es, sin duda, solo la punta del iceberg.

Se trata de una élite que controla, en los hechos, las oportunidades económicas y los recursos políticos de su sociedad, desde empleos hasta espacios de recreación, sin mencionar que todavía es capaz de instrumentalizar la reciente versión federal de su discurso regionalista, sobre todo entre las capas media altas, a pesar de carecer de contenido o sistematización alguna. Pero esto es solo una cara de su dominación; la otra es mucho más primitiva, pero por ello mismo efectiva: el uso de la violencia paramilitar y gansteril, a través de la Unión Juvenil Cruceñista, que a estas alturas debería ser considerada como una organización criminal.

En otras palabras, el poder de las clases empresariales en Santa Cruz es esencialmente uno de carácter autoritario, sostenido sobre la represión abierta en contra de sectores populares que, de paso, son estigmatizados como advenedizos indeseables. En su uso de la violencia, esta élite no considera límite alguno, como puede demostrarse por la muerte de Juan Pablo Taborga en Puerto Quijarro, cuyas circunstancias deben aclararse inmediatamente.

Y al no ser una oposición democrática ni plenamente legal (debe aclararse, por otro lado, el financiamiento con el que operan sus mafias paramilitares), es difícil creer en el diálogo como una forma realista de lidiar con ella. Deben reevaluarse los criterios por los cuales se puede considerar a alguien como un interlocutor válido, tanto en términos democráticos como institucionales.

Acá no debería tener cabida alguna ningún admirador de Pablo Escobar, como Luis Fernando Camacho. Al fascismo se lo debe tomar en serio, pero sin miedo.

Carlos Moldiz es politólogo.

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La élite boliviana y la democracia

/ 11 de octubre de 2022 / 01:53

Esta es la semana de la democracia y la descolonización en Bolivia. Celebramos ambos acontecimientos a pesar de la hipocresía de las élites, cuya influencia en el transcurso de nuestra historia, de todos modos, nunca fue tan positiva como a ellas les gustaría pensar. Fue justamente en octubre de 2020 que muchos de sus adeptos se arrodillaban en las puertas de los cuarteles implorando una “solución militar” frente a su fracaso en las urnas, a pesar del discurso “en defensa de la democracia” que enarbolaron para viabilizar el golpe de Estado de 2019, que se saldó con dos masacres, varios asesinatos y la imposición de un régimen de excepción ultra corrupto y represivo.

Dicho gobierno contó con el respaldo activo de Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y casi toda la oposición partidaria a los 14 años en los que el MAS estuvo a cargo de las riendas del país. Los secundaron toda una pléyade de analistas e intelectuales, quienes desde los medios de comunicación no solo aplaudieron el derrocamiento de Morales, sino que también llamaron a proscribir la sigla del MAS para las elecciones que la autoproclamada presidenta interina debía convocar, tardándose casi un año en ello, y postulándose a sí misma de paso. Todo un ejemplo de consecuencia democrática, sin duda.

Recordemos, ¿condenó alguno de esos líderes la violencia extrema del gobierno de Áñez? ¿Condenaron, siquiera, un acto tan abiertamente racista (y, por lo tanto, antidemocrático) como la quema de la wiphala? ¿Con qué derecho alguien como Carlos Mesa puede hablar de democracia cuando no se inmutó ni en el más leve de los sentidos por la violación sistemática de derechos humanos de miles de ciudadanos?

Puede que su impostura no sonroje a estos políticos y empresarios, pero sí debe de indignarnos al resto de nosotros, porque cada vez que hablan en nombre de la democracia nos están llamando estúpidos, en los hechos. Al menos Luis Fernando Camacho no hizo ninguna declaración acerca de ambas fechas, aunque, por otro lado, ¿a quién le importa lo que piense un pseudogangster? Ahí, al menos, puede verse cierto grado de honestidad ¿o cinismo? Si algo puede rescatarse de los nuevos fachos es la simpleza de sus ideas y la poca meditación de sus acciones. Son más fáciles de comprender y no tratan de justificar todas sus acciones, al menos no doctrinalmente. Casi no parecen políticos, aunque no sé si es para agradecerles.

En todo caso, resulta un tanto alegre que la reivindicación del principio de igualdad entre todos los seres humanos y la determinación por superar los peores efectos de la colonización española coincidan esta semana, porque uno no puede pensarse sin el otro. Ya superada está aquella concepción procedimental de la democracia que la limitaba a la realización periódica de elecciones y la salvaguarda de ciertos derechos políticos. Tales condiciones son necesarias en un principio, sin duda alguna, pero no son suficientes para poder llamar democrático a un régimen político. La igualdad formal reconocida en el ámbito normativo significa poco si no se ve reflejada en ciertas condiciones materiales de vida y de oportunidades. No se puede llamar democrática a una sociedad en la que el hecho de haber nacido en un municipio rural limita las oportunidades de un individuo en relación a otro nacido en una ciudad capital, y mucho menos si las diferencias entre uno y otro se fundamentan en criterios fenotípicos, de abolengo y culturales.

La construcción de una genuina democracia en Bolivia, por lo tanto, pasa también por una superación de las condiciones objetivas de discriminación que todavía persisten en varios ámbitos de nuestra sociedad, como sucede en el acceso a la educación, a la justicia y otros servicios. Cambios con los cuales no está comprometida cierta élite económica y sus representantes políticos, quienes en lo que va del siglo han demostrado ser más un obstáculo que agentes democratizadores. Bolivia merece mejores políticos, así sean de derecha. Merece gente honesta, cuando menos.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Su peligrosa estupidez

/ 27 de septiembre de 2022 / 01:37

La confesión de estupidez que hizo ayer el diputado Gustavo Aliaga no debe tomarse como una expresión de falsa modestia. La oposición partidaria en este país nunca pudo estar a la altura de las circunstancias, y para corroborarlo solo hace falta retroceder a noviembre del año pasado, cuando sus colegas José Ormachea y Alejandro Reyes se limitaron a sonrojarse infantilmente después de que un periodista les preguntara sobre las razones de su rechazo al plan de desarrollo que entonces había propuesto el Gobierno. Ese es el nivel de seriedad de los legisladores de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que ya ni sueñan con recuperar el poder y se contentan con obstaculizar cualquier iniciativa del oficialismo, así sea atentando en contra de la propia institucionalidad democrática que se supone deberían defender.

Sin embargo, no estamos tratando con menores de edad aquí, razón por la cual deberíamos tomarnos muy en serio las posibles consecuencias de tener cretinos en cargos de representación política. Después de todo, como advirtió el teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, son los estúpidos los que deberían preocuparnos.

Alguien “malo” se guiará, de alguna manera, por ciertos criterios de racionalidad, nos explica, mientras que alguien estúpido resulta impredecible justamente porque no piensa como lo haría alguien normal. Hannah Arendt decía algo parecido cuando hablaba de la banalidad del mal para referirse a sujetos como Adolf Eichmann, quien jugó un rol importante en la ejecución del holocausto judío, sin sentir remordimiento alguno al respecto. Cuando se le preguntó en qué demonios estaba pensando cuando facilitaba el procesamiento administrativo de las incontables víctimas de la irracionalidad nazi, se limitó a responder que “solamente seguía órdenes”. Ese es el extremo al cual pueden llevarnos quienes simplemente no tienen dos dedos de frente.

No hace mucho, un verdadero ejemplar de la imbecilidad humana tuvo control sobre la Policía Nacional por casi apenas un año, provocando dos masacres y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de miles de bolivianos. Me refiero, por supuesto, a Arturo Murillo, pero junto con él, a todos aquellos que acompañaron aquel régimen de arbitrariedad desenfrenada encabezado por Jeanine Áñez.

Lo que más gracia me causa en todo esto es que muchos partidarios de esta derecha tan ejemplarmente representada por CC y Creemos suelen presumir petulantemente de poseer educación universitaria y hasta de posgrados, a tal punto que un opinólogo (tal como yo, debo admitir tristemente) escribió hace un tiempo algo así como que antes de la llegada del MAS al poder reinaban en Bolivia los sabios y los intelectuales, formados en las más connotadas casas del saber en el mundo, solo para ser desplazados por las masas populistas organizadas en el partido de los sindicatos. ¡Oh, la decadencia! La estupidez de esta oposición se torna proverbial cuando se comprueba qué es lo que hicieron con el país durante el gobierno de facto estos genios formados en Harvard y no sé qué otras universidades.

Su ineptitud sería perdonable de no ser por el hecho de que no solo no sabían qué hacer con el Estado cuando éste cayó en sus manos (por estupidez nuestra, debo aclarar), sino que además se dedicaron a desvalijar el Tesoro público como si se tratara de una promoción de tiempo limitado. Me pregunto si hubieran sido más torpes de no haber estudiado, aunque sus esquemas de corrupción los pudo haber ideado cualquier bachiller aturdido por sus cambios hormonales.

Esa es nuestra oposición.

Carlos Moldiz es politólogo.

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¡Dejen en paz a mi viejo!

/ 13 de septiembre de 2022 / 01:22

Aunque de verdad me hubiera gustado dedicar este espacio a otros temas, los acontecimientos de la semana pasada hacen ineludible hablar acerca de las tensiones que se han estado dando entre el Gobierno y el expresidente Evo Morales, a raíz de las acusaciones vertidas contra mi viejo, que me parecen tan deleznables como improvisadas.

Si de atacar su imagen se trataba, yo hubiera elegido cualquier otro motivo, menos el de cuestionar su compromiso antiimperialista (que pasa por la defensa de eso que muchos llamamos “proceso de cambio”), que desde que tengo memoria sigue con una devoción comparable al de un fanático religioso. Y no lo digo con el propósito de elogiarlo, por cierto. Cuando me atropellaron a mis 23 años, él juraba que se trataba de un coche de La Embajada. Yo había estado de parranda todo el fin de semana, no le presté atención al semáforo. Pero el lo creía, en serio lo creía.

También recuerdo un tuit del expresidente, en el que le reconocía cierto mérito a mi padre, cuando pasó tiempo en la cárcel por sus ideales. ¿Así de rápido cambian las percepciones?

Bromas aparte, creo que es importante considerar que la revelación del supuesto “plan negro” fue, en realidad, el remate de una serie de ataques sistemáticos que se venían dando desde el extravío del celular de Morales, y que se dieron en un intervalo de dos a tres días entre sí. Pero a diferencia de como vino sucediendo desde el año pasado, éstos ya no estaban dirigidos en contra de tal o cual autoridad en particular, sino contra el gabinete del presidente Arce como un todo. Es decir, ya como una cuestión estructural.

Ahora bien, y no entiendo por qué ser discretos al respecto, parte de este antagonismo suele explicarse a partir de la definición de las candidaturas de 2025. Creo que esto solo es parte de la respuesta. Para explicar la urgencia con la cual se actúa para defenestrar a ciertas figuras del MAS-IPSP, me parece útil la observación que en algún momento hizo Fernando Mayorga acerca de la readecuación del modelo decisional dentro del partido, antes concentrado en la figura del expresidente, quien actualmente ya no tiene el control del Ejecutivo.

Tal readecuación, me temo, no se dará dentro de los márgenes de la discusión partidaria interna y democrática, sino a través de un proceso altamente conflictivo, y cuyo resultado es difícil de prever, pero que puede terminar con el fortalecimiento o el desgaste, tal vez definitivo, de determinadas figuras dentro del oficialismo. Estas transformaciones, al mismo tiempo, podrían llegar a debilitar o fortalecer el campo popular, dependiendo del grado de autodeterminación que alcancen a través de la definición de su objetivo histórico, que no puede limitarse a un individuo o un grupo de ellos.

En esto juegan un rol clave los entornos, que a veces están más involucrados que los mismos liderazgos en la competencia por el poder. Su grado de peligrosidad suele ser proporcional al de su servilismo. Los aduladores que saben muy bien que ellos sí son reemplazables y prescindibles, y que, de no estar cerca de alguien con poder, seguramente ni sus chicas se acordarían de ellos. Si tuviera que desconfiar, sería de ese tipo de personas. (Juro que no es una indirecta…)

No espero que la tensión baje ni se resuelva pronto, pero sí espero, al menos, que no se pierda de vista que existe un enemigo común que perpetró un golpe de Estado en 2019 y que no dudará en ejecutar un segundo si le es posible. Después de todo, me parece muy ingenuo pensar que una interrupción constitucional como esa sea una excepcionalidad, cuando la historia demuestra que un golpe de Estado generalmente abre, en vez de cerrar, un largo periodo de inestabilidades y cambios bruscos para la sociedad.

O tal vez soy muy pesimista, y ni el pseudogánster de Camacho ni el rabioso de Tuto aprovecharán la oportunidad. Pregunta: ¿por qué nadie los está atacando a ellos?

Mientras tanto, las acusaciones y los insultos deberían, al menos, dejar de ser tan prosaicos como lo vienen siendo hasta ahora. Lo último: ahora se compara a mi viejo con el bufón que trató de matar a Cristina Fernández. No imagino ni a Fidel ni al Che jugando así de bajo. Me consuela saber que la gente no es tan estúpida como creen estas personas.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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