La Asamblea Legislativa, a través de los diputados y senadores, cuenta ya con el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 para su discusión, análisis, evaluación, tratamiento y aprobación, el cual fue consolidado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, de acuerdo con el calendario ya establecido para lograr una política fiscal acorde al Modelo Económico Social Comunitario Productivo, destinado a organizar las relaciones sociales de producción.

En este contexto, 585 entidades del sector público presentaron sus respectivos presupuestos, destinados para la ejecución de programas y proyectos de inversión pública, los cuales permitirán fortalecer el aparato productivo e industrial, dar continuar a las políticas sociales, disminuyendo la desigualdad y la pobreza, con la misión de asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Los representantes del pueblo en la Asamblea deben conocer la política fiscal que le da certidumbre a la población; asimismo, considerar que el PGE 2024 compone el trabajo de hombres y mujeres entendidos en la planificación, el presupuesto y diversos aspectos económicos de entidades del Órgano Ejecutivo, así como los gobiernos autónomos municipales, departamentales, universidades públicas, entre otros, que están constituidos dentro de las 585 entidades del sector público que elaboran programas y proyectos.

Es importante mencionar que el PGE 2024, como instrumento de la política fiscal, proyecta un crecimiento económico del PIB de 3,71%, una tasa de inflación de 3,60%, manteniendo la estabilidad cambiaria y una inversión pública de $us 4.274 millones, destinada al equipamiento y construcción de infraestructura productiva dirigida a la sustitución de importaciones.

Por lo tanto, el proyecto de Ley del PGE 2024 representa los objetivos que deben cumplir las distintas entidades para satisfacer las múltiples necesidades de la población (salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa nacional, medio ambiente, etc.), y recordemos que se debe tener la certidumbre antes de concluir la gestión 2023, a través de una norma tratada, sancionada y aprobada por nuestros representantes en el Senado y la Cámara de Diputados, para posteriormente ser promulgada por la primera autoridad del país.

Todos los miembros que conforman la Asamblea deben entender que el PGE 2024 plasma todas las obligaciones, necesidades, planes de desarrollo y progreso, y aspiraciones de las diferentes entidades que conforman gobernaciones, municipios autónomos, universidades, instituciones de seguridad social y los diferentes órganos del Estado, etc., que están consolidadas en esta ley; por lo tanto, su aprobación es de vital importancia para el desarrollo y la estabilidad de nuestro país.

(*) Javier Gonzalo Tirado es auditor financiero

La historia contemporánea de Bolivia ha sido testigo de la aparición de dos modelos económicos: el sistema neoliberal, que surgió en la década de los años 80, y el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que emergió a finales de la primera década del nuevo milenio, tras el colapso y fracaso evidente del anterior modelo.

En 1985, el país experimentó la peor crisis económica de su historia, marcada por una hiperinflación devastadora que, para enfrentar esta crisis, implementó medidas económicas extremas neoliberales y, en aquel entonces, el presidente Víctor Paz Estenssoro pronunció una famosa frase: “Bolivia se nos muere”.

Esta declaración del entonces gobernante revela que para tomar una política económica en tiempos de crisis, se recurría a organismos internacionales para que puedan enviarnos las recetas mágicas que pudieran mejorar la situación económica, pero la historia nos da a entender que estas medidas solo generarían una carga económica a largo plazo.

En 2003 hubo otro hito en la historia nacional. En otro discurso transcendente, el entonces presidente Carlos D. Mesa afirmó: “Le estoy pagando una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano”. En aquel momento, el país vivía una crisis social en defensa de los recursos naturales; sin embargo, por la incapacidad para impulsar medidas que beneficien y resuelvan esta crisis, se nos daba a entender que se pedía limosna a los organismos internacionales para pagar los salarios a los maestros. Era evidente que cualquier política de protección e industrialización de los recursos naturales no se podía tomar de manera interna, sino que los entes internacionales debían analizar y darnos el visto bueno, pero si no era de su interés no podían seguir enviando limosnas.

Todo esto en la actualidad ha cambiado, el Estado Plurinacional de Bolivia fortalece el MESCP, este modelo considera una forma de organizar la producción y la distribución con dos pilares fundamentales: el sector estratégico que genera excedentes a través de sectores como los hidrocarburos, la minería, la electricidad y recursos ambientales, y el sector generador de ingresos y empleo.

Podemos afirmar que estamos tomando un rumbo hacia un futuro prometedor, con las decisiones del Estado Plurinacional que no son fruto de análisis o evaluaciones de organismos internacionales, sino más bien muchos países ven de buena manera todo lo que se viene implementando en Bolivia; solo por dar un ejemplo, con la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, el Estado retomará la soberanía y control sobre la riqueza natural del oro, contribuirá a la estabilidad macroeconómica, proveerá recursos para las exportaciones e importaciones, y sobre todo reducirá el contrabando de oro y aumentará las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Esta medida modernizará el manejo de los activos del Banco Central de Bolivia (BCB), que podrá realizar diversas operaciones financieras a fin de obtener alta rentabilidad, resguardo, seguridad y liquidez de las RIN; en este sentido, Bolivia fortalece su soberanía y dignidad hacia un futuro prometedor.

(*) Javier Gonzalo Tirado es auditor financiero.