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Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 05:53 AM

Hijos del centralismo republicano

/ 24 de noviembre de 2022 / 01:39

La construcción del Estado republicano colonial liberal liderado por el caudillismo militar culminó su ciclo con la invasión chilena y de capitales ingleses a nuestras costas del Pacífico, la pérdida de territorio y la derrota militar iniciaron la fase oligárquica con el ascenso al gobierno al frente de los “barones de la plata”, con Narciso Campero, Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, la revolución federal de fines del siglo XIX, el asesinato a Zárate Willca, el ascenso de los liberales al poder político y con ellos, los “barones del estaño”, hasta la insurrección y la revolución de abril de 1952, cerró el ciclo oligárquico minero y feudal en occidente y en el valle en el país.

Los constructores del Estado, en función de la colonialidad, partieron de la estratificación racial y patriarcal de la sociedad, cuyo efecto es la composición de clase del Estado, de la propiedad de los recursos naturales y sobre los indígenas, fueron expulsados de la titularidad política del poder, el MNR y el nacionalismo revolucionario lideraron la fase del capitalismo de Estado del republicanismo liberal que no se desprendió del colonialismo.

El voto universal fue la nacionalización de la ciudadanía y con ello del Estado, la reforma agraria fue la nacionalización de la tierra en occidente, parcialmente en el valle y la nacionalización de la minería significó que los obreros, con la revolución, transfirieron la plusvalía al Estado, la nueva élite nacionalista en el poder dispuso del excedente.

La concepción ideológica de los titulares políticos del nacionalismo-capitalismo de Estado, en su vertiente democrática y militar dictatorial, al detentar el poder y disponer de excedente tuvieron como horizonte dual mantener en occidente la estructura productiva minera heredada de la oligarquía y en el oriente, constituir, impulsar y financiar la nueva burguesía con la dotación de millones de hectáreas, bajo los parámetros de la colonialidad, es decir el nacionalismo prescindió de los indígenas y campesinos, fueron los grupos de poder y los migrantes europeos los beneficiarios que acapararon el monopolio de la tierra.

La base de la estructura cruceña hasta la primera mitad del siglo XX era la hacienda tradicional, que derivó de la encomienda colonial, que representaba el 11% a nivel nacional y en menor escala, la ganadería.

A inicios de la década de los años 40, EEUU envió una delegación al frente de Mervin Bohan, que elaboró el Plan Bohan, que se sintetiza en: i) promover las relaciones de largo plazo entre ambos países; ii) fomentar las comunicaciones en Bolivia, teniendo como proyecto primordial la carretera Cochabamba-Santa Cruz; iii) alentar la expansión y diversificación de la producción agrícola para las exportaciones; y iv) potenciar y perfeccionar la explotación minera. La mirada de imperio en ese tiempo se concentró en el oriente y potenciar la oligarquía minera; nacionalizada la propiedad de los “barones del estaño”, el nacionalismo civil y militar miraba al oriente.

La fase civil-democrática entre 1952-1964, liderada por el MNR, dotó 5.113.152 hectáreas, en la fase militar-dictatorial (1964-1980) se dotó 26.597.313. Desde el poder se impulsó el nuevo latifundio y con ello, la construcción y constitución de la nueva clase. Hasta mediados de los años 90, el 68% de las tierras tituladas (38 millones de ha) estaba concentrada en empresas privadas. La fuerza no estaba solo concentrada en la tenencia de la propiedad sino en la generación de excedente, para ello el gobierno, a través de financiamiento del Banco Agrícola, entre en 1955 y 1975, dispuso cerca del 80% de créditos para el empresariado oriental, además de la dotación de equipos, maquinarias, financiamiento externo de la CAF, donación y créditos de EEUU, condonación de deudas, construcción de infraestructura caminera, eléctrica, etc.

En este tiempo largo, el enemigo para la nueva oligarquía oriental no era el centralismo colla, es más, convivían, disfrutaban y se beneficiaban del poder, mientras el Estado representaba sus intereses.

El ascenso de los plebeyos, la izquierda y la construcción del Estado Plurinacional quebró el sentido de poder de la oligarquía oriental y así empezó a combatir la fuente que le dio patrimonio y poder para reconfigurar su espacio —regional— y dominio hegemónico. Ante su derrota autonómica, la nueva ofensiva está en función de la consigna federalista.

La disputa para el establishment cruceño contra el Estado Plurinacional es detentar el poder de decisión sobre los recursos naturales en su departamento, dominio y control territorial oligárquico; implicaría para Bolivia que Santa Cruz se constituya en factor geopolítico. La reconfiguración del poder en su lógica no parte por ahora en ascender al Gobierno, sino en determinar la organización del poder en función del vector de clase del oriente, el federalismo deja de ser una consigna para constituirse en el motivador regional y en estrategia de poder territorial.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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Encrucijada de la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa está en el tiempo de su definición: ser el actor o la quinta rueda del carro

César Navarro

/ 15 de febrero de 2024 / 07:33

El Parlamento, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en el republicanismo representó la síntesis política de la correlación de fuerzas partidarias de un tiempo electoral. Fue parte del engranaje del poder, como tal, actor directo en la reproducción ampliada del poder político.

Noviembre de 1979, ante el golpe del coronel Natusch Busch la resistencia fue liderada por la COB y la CSUTCB. La derrota militar implicó fundamentalmente que las masas movilizadas y organizadas sindicalmente asuman la democracia representativa como horizonte (Zavaleta). Las elecciones y la democracia era aún embriones, los comicios eran la manifestación de la manipulación dolosa de MNR, porque el movimientismo hizo del fraude electoral su forma de vida democrática; la democracia estaba construyendo un mínimo de institucionalidad, el golpe militar quiso volver a clausurar este amanecer nublado.

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El triunfo sindical obrero campesino de izquierda delegó al Parlamento la respuesta temporal, que designó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler, como Presidenta de la República, pero con la tarea de convocar a elecciones de forma inmediata. Esta delegación popular y la decisión de los parlamentarios instituyó en el Parlamento la condición de actor político e institucional.

El modelo político de democracia donde el soberano solo votaba y no elegía se impuso en las elecciones de 1985: un sistema político de minorías electorales, el Parlamento por acuerdo multipartidario de esas minorías impuso la fórmula de mayorías parlamentarias para la elección de presidente y vicepresidente. El actor que garantizaba la titularidad política del poder, independientemente de la decisión del soberano, era el Parlamento.

En las elecciones de 2005, por primera vez en la historia contemporánea de la democracia el pueblo eligió a su presidente y vicepresidente, pero por el sistema de asignación parlamentaria las oposiciones de derecha tenían mayoría el Senado, el Parlamento republicano se convirtió en la institución de desestabilización al gobierno indígena de izquierda.

Era el tiempo de quiebre para restaurar al neoliberalismo en el poder o para transformar el Estado, el Parlamento era el instrumento de definición de ese tiempo político, su condición de actor decisivo devino del mandato movilizado de lo nacional popular expresado en la Conalcam. La movilización se inició el 12 de octubre (2008) desde Caracollo hasta la sede política del poder, obligó a que el Parlamento se constituya de facto en parlamento constituyente, debatió y reformó parcialmente el proyecto de Constitución elaborado y aprobado en la Asamblea Constituyente. La marcha arribó a la plaza Murillo el 20 y el 21, el Parlamento le entregó la Ley de Convocatoria a Referéndum Constitucional para que la CPE sea aprobada por el soberano. La movilización más grande e importante de nuestra historia política dio nacimiento constitucional al Estado Plurinacional.

El Parlamento, hoy ALP, fue el actor decisivo, sus decisiones sentaron las bases de la nueva institucionalidad estatal.

El último conflicto sobre las elecciones judiciales desnudó dramáticamente el abandono a su condición de actor político, constituyéndose en receptor pasivo de las instrucciones del Tribunal Constitucional o de alguna autoridad gubernamental designada.

Un vocal designado, no electo de una sala del TCP, castró la facultad constitucional de interpelación a ministros en la ALP. Por un lado, la reacción fue la crítica discursiva y por otra, de conformidad porque no se puede desdecir a los depositarios de la verdad constitucional.

Ejercer el derecho que tiene la ALP a la aprobación de la ley de elecciones judiciales está condicionada a la instrucción del TCP y a la presión social del bloqueo de caminos. Sin iniciativa política, los parlamentarios hoy están instalando la incertidumbre, la deslegitimación de un órgano de poder estatal y la conflictividad con probabilidades de enfrentamiento dentro el bloque indígena campesino popular.

Sostener a través del poder político la autoprórroga, dilatar la elección judicial, deslegitimar uno de los principios del Estado Plurinacional (la elección soberana de magistrados) es invalidar la ALP, poner en duda la validez de la CPE, anular la condición de dirigente del MAS en la ALP, fomentar la fractura irreversible y el enfrentamiento del bloque indígena campesino popular que constituyó el horizonte descolonizador que articuló democráticamente la nueva arquitectura estatal.

La ALP está en el tiempo de su definición: ser el actor o la quinta rueda del carro, como solía calificar el maestro Juan Lechín.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

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Estado Plurinacional

La construcción del Estado Plurinacional hoy está reducido al simbolismo festivo

César Navarro

/ 1 de febrero de 2024 / 07:37

La Tesis Política del Segundo Congreso de la CSUTCB (1983) afirmaba con precisión  histórica “Somos la semilla de donde ha nacido Bolivia, pero aún hasta hoy, nos tratan como a desterrados en nuestra propia patria” es la crítica ideológica y política al republicanismo colonial y al colonialismo interno y el horizonte es la transformación del Estado con la visión descolonizadora “Queremos ser libres en una sociedad sin explotación ni opresión organizada en un Estado Plurinacional que desarrolla nuestras culturas y auténticas formas de gobierno propio”.

Este horizonte es la ruptura con el colonialismo interno de derecha y de algunas corrientes de izquierda, trastoca el sentido filosófico como fue concebido la República, interpela a la razón de la política que circulaba en la lógica colonial euro-americano céntrica, a la forma de organización del poder estatal, al sentido común colonial y racial de sectores sociales principalmente urbanos, por ello la descolonización no es una reivindicación sino un horizonte, que se construye en la cotidianidad como historia y presente, es decir la utopía deja de ser una ilusión para constituirse en un presente posible.

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La refundación del Estado es un hecho político trascendental porque logra derrotar en las reglas de juego democrático representativas a las elites que se sentían propietarios y beneficiarios de la política, de la economía, de la producción, de la tierra, de los recursos naturales, de la cultura, de la religión, es decir de la República de Bolivia.

La Asamblea Constituyente (AC) era el único escenario institucional y democrático posible para construir una nueva arquitectura estatal, al mismo tiempo era el espacio de disputa sobre la filosofía estatal y la nueva síntesis social del poder.

Desde 1825 por primera vez se eligió a constituyentes por voto universal, democrático y fue el Pacto de Unidad (CSUTCB, CSCIB, CNMCB-BS, CONAMQ, CIDOB) la única organización que presentó su visión de Estado descolonizado en un proyecto de Constitución.

La AC se constituyó en el campo de disputa, entre la visión descolonizadora y los representantes del statu quo, para impedir el desarrollo de foro constituyente recurrieron a dos instrumentos del republicanismo colonial: el regionalismo y el racismo, el método la violencia.

El Estado Plurinacional (EP) fue concebido intelectual y socialmente desde lo nacional popular nació en tres partos: el primero en la AC, que fue bloqueado por la aristocracia sucrense con el apoyo de la derecha atrincherada en la media luna no pudieron impedir la aprobación del proyecto de CPE, el segundo en la histórica marcha de cerca de medio millón encabezada por la presidente indígena, la CONALCAM y la COB desde Caracollo hasta ciudad de la Paz, fue la movilización más grande desde 1825 y  tercero la aprobación por primera vez de la CPE en referéndum por el voto democrático del pueblo con el 67%.

En pleno proceso de alumbramiento los hijos putativos de la República y del nacionalismo quisieron hacer abortar el proceso en dos actos: con el referéndum anti e inconstitucional sobre autonomías y el golpe cívico prefectural, en ambos momentos fueron derrotados por la movilización campesina, popular y el liderazgo indígena anticolonial solido del presidente.

El EP es la ruptura con el republicanismo colonial, capitalista, eclesial y patriarcal, es desterrar el monopolio urbano clase mediero en la posesión y control del poder público nacional, departamental y municipal, es superar la ciudadanía lineal homogenizada sin identidad más que su nacimiento, es castrarle al sistema político el derecho que se arrogaba para elegir presidentes, es arrebatarle a la nobleza eclesial la paternidad celestial sobre el Estado y la sociedad, es la negación de privilegios que se volvieron en derechos selectivos.

El EP es la construcción social movilizada, su constitucionalidad emerge de la democracia como manifestación plena del soberano, la materialización de su institucionalidad está condicionada al liderazgo y visión anticolonial, simultáneamente como proceso de largo plazo y generacional es la revolución moral plurinacional, es decir transformar el sentido común colonial, racial, de clase y patriarcal que pervive en las sociedades de nuestra patria en la nueva racionalidad donde el color de la piel, el apellido, el origen, el idioma, genero, religión, riqueza, orientación sexual no sean factores de prestigio y exclusión social.

La construcción del EP hoy está reducido al simbolismo festivo, a la inversión pública mediática, al fomento de la fragmentación del bloque que dio origen al EP, al ataque sistemático al líder que sentó las bases constitucionales anticoloniales y antiimperialistas de este tiempo político.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

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‘Establishment’ oligárquico a la deriva

El ‘establishment’ asiste a su crisis que no pasa por resolver titularidades en la Gobernación y el ente cívico

César Navarro

/ 18 de enero de 2024 / 08:28

Tres momentos decisivos de la derrota política, democrática y moral que cerró el ciclo del establishment capitalista y colonial cruceño que se formó, organizó y fortaleció con la protección, apoyo y financiamiento de gobiernos del nacionalismo revolucionario, la dictadura militar y el neoliberalismo. El hijo putativo de la revolución de 1952 es la oligarquía cruceña.

Primer momento: el cabildo del “millón” de enero de 2004 convocado por el Comité Cívico pro Santa Cruz (CCpSC), cuyo presidente era Rubén Costas, tuvo la capacidad de imponer a Carlos Mesa la convocatoria a la elección de prefectos, este hecho político estaba agendando la autonomía como condición previa a la posibilidad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente (AC).

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Lo que frustró esta ruta corta fue la renuncia de Mesa, la sucesión presidencial recayó en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, convocó a comicios nacionales y también de los nueve prefectos, en este escenario la elección de prefectos ya no fue lo sustantivo de las elecciones, sino era parte del momento electoral.

Esta tarea inconclusa, el establishment lo impuso en la agenda política con la visión anti-Estado centralista andino aymara/quecha, anti-gobierno indígena; el objetivo, bloquear la AC si no se incorporaba la autonomía cuasi federalista cruceña.

En este escenario constituyente se impuso la violencia racial y social, estaba liderada por el presidente del CCpSC Branko Marinkovic; los puntos de inflexión fueron el referéndum anti e inconstitucional sobre la autonomía, el referéndum revocatorio, la toma violenta de instituciones y el golpe cívico prefectural. Estos cuatro hechos simultáneos, entre mayo y septiembre de 2008, fueron derrotados por la movilización indígena y social, por la decisión soberna del pueblo y por la firmeza del gobierno. Branko capituló, devolviendo al gobierno las instituciones públicas que fueron tomadas y saqueadas por la Unión Juvenil Cruceñista, abandonó temporalmente las banderas federalistas e incluso separatistas.

Segundo momento: Branko y Costas, que tenían el monopolio de la coerción cívica, social, mediática, religiosa regional, impusieron (2008) a la Corte Electoral Departamental la administración del referéndum anti e inconstitucional de su estatuto autonómico: el valor del resultado fue solo simbólico, sin ninguna incidencia jurídica.

El Congreso, entre septiembre y octubre de 2008, se constituyó de hecho en Congreso Constituyente; discutió, modificó artículos del proyecto de CPE aprobado en la AC e incorporó en las disposiciones transitorias el reconocimiento a los estatutos autonómicos, pero condicionado al control de constitucionalidad de la nueva CPE.

El actual Estatuto Autonómico de Santa Cruz no es el que se sometió a referéndum en 2008, la Asamblea Legislativa Departamental adecuó el proyecto de estatuto a la CPE en 2015 y el TCP declaró constitucional el Estatuto en 2017, es decir el constituyente, el pueblo soberano, subordinó al establishment cruceño a la nueva CPE y sepultó sus deseos federalistas.

Tercer momento: Luis Fernando Camacho, expresidente cívico y actual gobernador cruceño, abanderó el movimiento conspirativo nacional que derivó en el golpe de Estado. Lideró la toma e ingresó al Palacio Quemado republicano con la presidenta de facto Áñez, con la Biblia en la mano, fue parte del gabinete y de la estructura de poder, pero negó —a su estilo— la relación con el gobierno. La expresión política democráticamente expresada fue la derrota en las elecciones nacionales, ocupó el tercer lugar con apenas el 14%. Y en los comicios para gobernador, en el departamento donde tenía el apoyo y el control absoluto, recién obtuvo la victoria en segunda vuelta contra el MAS.

Creemos, el partido de Camacho, no tiene mayoría absoluta en el Legislativo departamental, depende de la alianza con los asambleístas indígenas, es decir, Camacho no sintetiza la expresión del departamento, solo es la manifestación temporal de una aparente hegemonía apoyada en la violencia discursiva, social, racial, ahora en el control político y administrativo de la Gobernación.

La detención preventiva del Gobernador no generó crisis en la administración de la Gobernación, la sustitución en la titularidad por el Vicegobernador está por causar una crisis, mostrando que Camacho no es el liderazgo que articula, sino solo la figura que se usa discursivamente para justificar un posicionamiento.

En la última fase, el CCpSC dejó de ser el núcleo de la cruceñidad para convertirse en un gremio más sin incidencia ni convocatoria pública. 

El establishment asiste a su crisis que no pasa por resolver titularidades en la Gobernación y el ente cívico, sino por la reconfiguración de nuevos liderazgos que ya no dependen exclusivamente de los viejos factores elitarios y raciales, no modificarán su concepción ideológica, pero reacomodarán el sentido señorial y oligárquico de élite.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

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Nacionalización, tiempo y razón ideológica

Ese es el sentido de nuestra nacionalización como proceso, es un presente que tiene historia y horizonte

César Navarro

/ 4 de enero de 2024 / 07:47

Retrospectivamente, de la nacionalización se ve solo la fecha, el acto, es decir, el acontecimiento, todo el proceso que representó la síntesis de ese momento queda registrado en la fotografía; si no se alimenta generacionalmente la memoria, el proceso se disuelve y el hecho histórico se convierte en intrascendente.

A casi 17 años del 1 de mayo de 2006, para la última generación de votantes es solo referencia, pero para la generación que nos tocó ser parte del proceso y estar en el momento, es nuestra identidad indefinida en el tiempo, pero no necesariamente es nuestro presente, ese dilema muchas veces representa el extravío histórico.

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La resistencia a la privatización y la capitalización fue derrotada, los sindicatos de asalariados redujeron su lucha a defender algunos derechos o la fuente laboral, la propiedad de la empresa estatal dejó de ser lo sustantivo, se impuso el neoliberalismo.

El enfrentamiento contra la empresa y el Estado, en ese orden, implicó para la subjetividad inicialmente minera un reencuentro con la patria, eso fue la masacre de Navidad en 1996, en Amayapampa (norte de Potosí), ese hecho criminal fue la manifestación fáctica de la importancia y el privilegio que tiene una empresa multinacional sobre el derecho al trabajo y a la vida del pueblo. La sangre minera no se regó en la masacre, sino empezó a sembrar el sentido de propiedad en el pueblo sobre los recursos naturales.

La “guerra del agua”, que en los hechos fue la guerra por el derecho al agua en Cochabamba, en 2000, fue el triunfo del pueblo sobre el gobierno y el parlamento, sobre su aparato represivo, porque se derrotó al estado de sitio y se expulsó a la multinacional. No solo se impidió la privatización del agua, sino el agua se constituyó en “derecho humano” y la fuente de los sistemas de vida (humana, animal y vegetal); el agua es parte de la Madre Tierra y no puede ser lucro privado.

Las marchas campesinas y cocaleras por “tierra, territorio, coca y soberanía” sintetizan en la frase una ruptura con el republicanismo capitalista servil, tiene la dimensión de expresar y sentirse legítimamente como un pueblo propietario y no inquilino de su patria.

La movilización urbana, barrial, sindical aymara de El Alto en octubre de 2003, clausuró el neoliberalismo como estatalidad y la nacionalización se constituyó en el factor identitario de la política desde lo nacional popular.

La nacionalización es un proceso que se construye como fuerza moral, como revolución intelectual, como interpelación al sentido de ejercer el poder; es el tiempo de la rebeldía contra el orden impuesto violentamente como normalidad institucional, la nacionalización está más allá de la recuperación de la propiedad, es reconstruir en el ideal colectivo de la movilización la condición de ser “el” sujeto soberano como pueblo, de ahí se vierte la sabia y la energía que escriben activamente la historia.

En las elecciones nacionales de 2002, políticamente el pueblo tiene su expresión electoral a través de indígenas anticoloniales y antimperialistas: El Mallku y Evo; en 2005 concurrimos a los comicios dejando de ser alternativa electoral para constituirnos en opción de gobierno; el triunfo democrático no es un resultado electoral, es la manifestación democrática del pueblo reconstituido en sujeto soberano que decide y que ya no delega su representación a la partidocracia de derecha.

La diferencia con las otras nacionalizaciones: en la revolución de 1952, Paz Estenssoro y el MNR no decidieron la nacionalización de la minería y la reforma agraria, estas decisiones fueron impuestas por obreros y campesinos; el general Ovando nacionalizó el petróleo en 1969 para diferenciarse del general Barrientos y por la influencia de Marcelo Quiroga Santa Cruz; el general JJ Torres nacionalizó en 1971 la mina Matilde, el día que se anunció el surgimiento de la Asamblea Popular. La nacionalización es la razón de su tiempo, para trascender tiene que materializarse; el valor social, político e histórico está en su origen y destino, y en el liderazgo que posibilita los alcances de su realización. 

La nacionalización de 2006 se materializó en el tiempo constituyente, ello implica que su dimensión está más allá de la recuperación de la propiedad, no está dentro la lógica del capitalismo de Estado para apropiarnos solo del excedente, está inscrito dentro la refundación del Estado, a El Alto constituido como sujeto político de incidencia nacional, a lo indígena popular como el actor hegemónico del poder, a los recursos naturales como fuente de soberanía nacional, nuestra nacionalización es trascendental en su dimensión práctica anticapitalista y anticolonial.

Ese es el sentido de nuestra nacionalización como proceso, es un presente que tiene historia y horizonte, es el valor moral, político, social de la estatalidad y hegemonía plurinacional.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

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Revocar a Jhonny

A pesar de su crisis tienen la posesión, el control de la Gobernación, el comité cívico y no así del gobierno municipal

César Navarro

/ 21 de diciembre de 2023 / 07:17

La decisión de impulsar un proceso revocatorio contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, no solo es manifestación democrática, en los hechos tiene connotaciones políticas y raciales entre fracciones de la derecha cruceña.

Santa Cruz es el departamento que ha construido su identidad contemporánea a partir del regionalismo, la propiedad privada, el capitalismo, el migrante extranjero, el empresario, su cohesión ideológica deviene por la presencia y la forma transversal de las logias en los círculos de poder y la lógica racial/regional contra lo que el establishment denomina el centralismo andino aymara/quechua del Estado.

La identidad es un factor cultural que construye pertenencia a partir del valor y la fuerza que tiene esa identidad constituida en racionalidad hegemónica, un grupo social constituido en el núcleo que tenga la capacidad de liderar la complejidad heterogénea de su sociedad se convierte en clase dirigente.

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Esta clase dirigente es en esencia capitalista, regionalista, cree tener el sentido de propiedad sobre su territorio.Para reafirmar este sentido es imprescindible dotarse de su propia institucionalidad política, civil y privada, como la autoridad que tenga el monopolio de la decisión.

El establishment hizo de la “cruceñidad” y la “institucionalidad” los factores subjetivos, sociales y políticos como sentido común regionalizado, que invisibiliza el corazón capitalista del núcleo hegemónico.

Critican al Estado centralista, pero en 1942, a pedido del presidente Peñaranda al presidente estadounidense F. Roosevelt, éste envió una misión a nuestro país a la cabeza de Mr. Merwin Bohan, que diseñó y elaboró el histórico Plan Bohan. La implementación se dio con mayor intensidad desde la revolución de 1952. Santa Cruz y los nacientes empresarios se beneficiaron del Estado y cogobernaron con gobiernos nacionalistas en democracia y en dictadura, fueron la estructura de poder en el neoliberalismo, el centralismo les fue beneficioso y les posibilitó desarrollar su modelo cruceño, era el tiempo que se sentían Estado a pesar del desprecio a lo andino aymara/quechua.

Desde que un aymara anticolonial asumió la titularidad del Estado, reniegan de cualquier tipo de relación con el Gobierno, exacerbaron el regionalismo racial, su institucionalidad abandonó el corporativismo empresarial para convertirse de facto en el partido político sin sigla electoral explícita.

El trípode de poder: comité cívico, gobierno departamental-municipal, empresarial que monopolizaba la verdad regionalizada se quebró, el establishment ya no es la síntesis de Santa Cruz, es solo la expresión de la cruceñidad capitalista racializada; enfrentan su propia contradicción, sus pilares hoy son caricaturas del poder.

El comité cívico está reducido a la voz gremial; empresarios que negocian con el Gobierno mantener sus beneficios; la Gobernación, sin norte y sin gobernador; parlamentarios de ruido sin ritmo, y un alcalde sin rumbo que deambula entre ser progobierno pero antievista, y ser mestizo/empresario sin que la élite de la cruceñidad le dé la membresía cultural para considerarlo parte del establishment.  

Pero a pesar de su crisis tienen la posesión, el control de la Gobernación, el comité cívico y no así del gobierno municipal, necesitan recuperar un pilar de su institucionalidad.

La revocatoria de Jhonny Fernández es la aspiración inmediata. El empresario, expresidente del comité cívico e hijo de migrantes croatas Branko Marinkovic, lo expresó hace varios meses: “recuperar al gobierno municipal porque el alcalde traicionó a Santa Cruz aliándose con el Gobierno”.

Jhonny, el alcalde, es de derecha y fue un aliado importante del gobierno de Banzer en 1997, decidió no ser parte de la movilización del comité cívico en 2022, no apoyó sus consignas antigobierno, por lo tanto, traicionó a la Santa Cruz del comité cívico, de Branko, esa es la sentencia de la moralidad selectiva y racial cruceña.

La lógica de la élite cruceña cree y divulga su creencia como razón y moralidad departamental, los hombres y mujeres que votaron por el MAS u otra opción que no es de la élite no son considerados ciudadanos cruceños, es decir, son traidores a lo que ellos consideran Santa Cruz como propiedad.

Para ellos, el valor legítimo de la democracia es prescindible, lo que tiene valor es la lógica neo-despótica de clase, usan el regionalismo para atribuirse el derecho de decir cuál es el canon ideológico y cultural para considerar a la autoridad electa la condición de representante cruceño, es decir, de la moral cruceña del establishment.

El proceso revocatorio contra el alcalde Fernández sintetiza la disputa y fragmentación interna del bloque de poder, que tiene características raciales dentro la derecha y la élite empresarial, política y cívica.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

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