“El mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón: todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad”, decía José Saramago sobre la realidad del mundo actual. El patético presente que vivimos especialmente en países emergentes como el nuestro, es de intensa saturación de información en medios tradicionales y también en las redes, con fake news a la orden en el torrente de información y propaganda, y con un bombardeo inmisericorde al subconsciente de nuestros pacíficos ciudadanos para llevarlos a creer lo que está de moda o aquello que se pretende establecer como verdad para favorecer a los grupos dominantes. La información siempre fue necesaria, pero la saturación al extremo que vivimos es un fenómeno reciente que más temprano que tarde nos cobrará facturas de desilusión, enfermiza sobreestima o depresión letal cuando haya un instante de lucidez que nos muestre la dureza del mundo real.

Vea: De libertarios, populistas, progresistas y otros (III)

Todos los aspectos de la vida tienen hoy la presencia de un show para vender o conseguir algo del público usuario, desde los medicamentos que eran de circulación restringida para un grupo especial de gente, es hoy la fuente de batallas de marcas y líneas que prometen milagros al por mayor; pasando por las batallas de locaciones de turismo, residenciales, equipo deportivo, ropa casual y de élite, gastronomía y un largo etcétera. No pueden faltar obviamente los shows personales y de grupo para destacar personalidades del arte, de la economía, de la investigación y de la política. El grupo político últimamente crece buscando adherentes en las redes y hay una superestructura que gracias a la inteligencia artificial (IA) controla todo comportamiento del público usuario. No se puede visitar una página en cualquier locación de internet que no tenga adherida una secuela de información y propaganda de productos que apuntan a las preferencias del usuario.

Así las cosas, recalamos en lo que es la administración del Estado en todos sus niveles, que no podía faltar en este pequeño resumen, la propaganda inunda todos los medios posibles para mostrar una realidad que solo existe en el mundo virtual y que difiere de la dura realidad que viven los habitantes. Ejemplos hay muchos, basta mencionar los problemas de los dólares, del diésel, del litio, del gas, de los descubrimientos de hidrocarburos, etc. Los anuncios, por muy pequeños que fueran, tienen bombos y platillos, y todo es calificado de mega y merece un show especial que pretende captar la adhesión del público. En la vereda del frente, la oposición de toda laya se esmera en criticar esa propaganda y de armar de vez en cuando sus propios shows que pretenden mostrar una realidad futura color de rosa, si por esos trances del destino merecen el voto en las próximas elecciones generales. ¿Podemos seguir en este ritmo alocado de seguir mirando imágenes creyendo que es la realidad?

Todo este embrollo se sustenta con el uso excesivo de energía y agua para el funcionamiento de los grandes equipos y de aquellos denominados data centers. La crisis ambiental por el uso de energías fósiles y el calentamiento global ya son inminentes, pero solo se los menciona como discurso, la transición energética se hará aún aumentando la minería de metales estratégicos indispensables para hacer factible este cambio, lo cual incrementará el uso de energía y agua y agudizará la crisis. Los déficits de metales como el cobre ya se viven, los precios de mercado se disparan y todos los países están en la loca carrera de ganar a los países vecinos y a otros lejanos en participar y controlar esta revolución industrial de nuevo cuño, que parece no tener límites.

“Toda la vida es una lucha y cada paso ha de ser conquistado…”, decía Arthur Schopenhauer, el mundo real tiene su lógica y más temprano que tarde los sueños se convierten en castillos de naipes que cualquier ventarrón los destruye.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

Tres meses después de la parte II de esta columna (La Razón 12-04-2024), en un clima político cada vez más enrarecido, con un extenso anecdotario regional de hechos poco creíbles (v.g. los resultados de la reelección presidencial en Venezuela) y con un país donde la verdad se fabrica en las RRSS, donde la desconfianza es la moneda común de la ciudadanía y donde los políticos pierden vigencia día que pasa, estimo necesaria una puntualización de mi percepción sobre el rumbo actual de las cosas. En política lo que cuenta es el éxito y éste se consigue con trabajo real, duro y sostenido en lo que en el país decimos las masas populares, que son en última instancia las que con su voto eligen a sus gobernantes; éstas… “nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran…” (para usar una frase de Gustave Le Von), pueden hacer una revolución o alternativamente seguir sin titubeos al líder de turno, esto las hace frágiles y manejables por jenízaros del nepotismo, miméticos y demagogos; un día siguen al jefe con cojones, al siguiente lo pueden derrocar sin titubeos. Ese es el entorno donde los potenciales candidatos a la primera magistratura estarán actuando o tratando de actuar.

Lea: De libertarios, populistas, progresistas y otros (II)

No se percibe claridad al respecto en los líderes conocidos, en los que pretenden candidatear y en los que tímidamente sopesan esa posibilidad, la actuación en las RRSS es el medio preferido hoy para salir a la palestra y si bien este medio les da presencia aleatoria en diferentes estratos de la sociedad, un like o un comentario no representan nada concreto para el que lo postea; “el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y para dar una apariencia de solides al puro humo” (G. Orwell dixit). Por eso nace la desconfianza en las masas, no las enamora como se vio en el pasado con algunos líderes políticos que acompañaron la retórica con la acción directa con el pueblo, entelequia que dio victorias políticas inolvidables a lo largo de la historia. Note que uso algunas citas de intelectuales no precisamente políticos, pero sí duros analistas de la historia, hoy vivimos una sequía de personajes de ese talante, solo se ven candidatos de un tímido accionar con las masas, de apariciones breves para tratar la coyuntura o criticar el accionar del gobierno, sin propuestas de un nuevo horizonte, solo las letanías de izquierdas o derechas. Así las cosas, debería darse un cambio del comportamiento, un acercamiento a los grandes grupos sociales y un debate abierto de propuestas; que como lo anoté anteriormente; deberían llegar al cómo se cambiarían las cosas en el país.

Las masas están hoy altamente dogmatizadas por los que manejan el poder y lo quieren mantener a toda costa, esa la causa de la división (real o aparente) del grupo político gobernante, ese el origen de la discordia y ruptura de las clases sociales, de las áreas geográficas, de los niveles culturales, etc. Ese el punto de partida a considerar por los que pretendan candidatear, sean libertarios, populistas, progresistas o de cualquier grupo político emergente. El país es uno y lo estamos destruyendo en luchas intestinas y en sueños irrealizables, se nos acaba el tiempo del despilfarro no solo económico, sino el del marasmo cotidiano que deja como único actor principal de este drama al sector informal que nació como consecuencia y como único medio de subsistencia de las masas populares. No deberíamos esperar un Mesías que corrija las cosas, sino un cambio de chip en las masas populares y sus dirigentes que debieran pensar primero en el país, los protagonistas serán los más aptos en cada campo, no los políticos de turno.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

El impuesto sobre utilidades tiene dos vertientes (IUE+AIUE) a las que hay que sumar la alícuota por remesas de dividendos. En los países mineros de la región este impuesto totaliza un impacto de 45,3% en Bolivia, 35% en Argentina que no cobra por remesas, 35% en Chile (17% por IUE y 18% por remesas), mientras que en Perú el impacto es de 32,9%: 30% por IUE y 4,1% por remesas que se cobran sobre el valor neto del impuesto a las utilidades*.

Revise: ‘Gobernment take’ (I)

Con estos datos y sin entrar en más detalles, se puede generalizar que el government take (carga fiscal total) tiene variaciones significativas según los incentivos, el margen operativo de cada proyecto y la regulación impositiva doméstica de cada país. En Perú, el government take oscila entre 42% y 52%, en Argentina es de 43,4% y en Chile, 44,7%. Bolivia prioriza un government take más alto en detrimento de incentivos de atracción de inversiones. Si consideramos los impactos de los impuestos regulares (IVA, IT, etc.), ajustes por inflación, variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en inversiones mayores y otros, resulta que la legislación actual repele las inversiones formales por la pesada carga impositiva y hace que los inversores migren a países mineros del vecindario. Se han hecho muchos ejercicios sobre el tema desde cálculos preliminares hasta detallados flujos de caja para proyectos con costos operativos variables; se puede concluir que Bolivia tiene un nivel de government take de entre 55% y 68% de la utilidad operativa. Si el proyecto está en áreas fiscales, se debiera añadir la alícuota por coparticipación que manda la ley sectorial.

Obviamente esto obliga a aumentar la inversión estatal en nuevos proyectos mineros y fortalecer las entidades estatales que hacen las tareas de exploración y prospección que usan capitales de riesgo para este fin. Los resultados de las dos décadas precedentes muestran que esta política no funciona, no hay proyectos nuevos y se está operando la herencia de las minas de la antigua Comibol y los proyectos históricos como el Mutún, y los salares que están luchando por salir de su condición también histórica de elefantes blancos. Bolivia es un país con un nivel alto de costos operativos por sus condiciones de infraestructura y de enclaustramiento, inseguridad jurídica derivada de la toma de minas y eventuales estatizaciones; esto configura un ambiente negativo para invertir y eleva el riesgo país. Los pocos inversores privados que están en el país son los remanentes del boom de los años 90 y aquellos que están operando con “contratos de producción minera”, modalidad incluida en el artículo 153 Bis de la Ley 845 del 24/10/2016, que modifica la Ley sectorial 535 del 28/05/2014. Esto constituye un tímido intento de cambio ya que la Comibol puede determinar el nivel de participación en cada caso, pero no anula lo que manda la ley sectorial para otras modalidades de asociación.

Es tiempo de soluciones pragmáticas para superar el bache económico que vive Bolivia, la minería es una fuente de valor, si se planifica un cambio en la legislación vigente para adecuarla a los tiempos que corren podríamos tener una solución de mediano y largo plazo. Dejar la informalidad y abrir el país a la inversión formal parece ser el primer paso, no debemos olvidar que vivir soñando en un mayor government take no solucionó los problemas del sector. Cualquier porcentaje de este parámetro aplicado a falta de inversión es cero.

* Los valores en cada caso son referenciales, en base a la información accesible en cada país, v.g. EY Perú 2021. ‘Estructura tributaria y contribución del sector minero a la recaudación’. D´Onofrio A. y Miranda F. 2023: ‘La tributación minera en Argentina: Un análisis comparativo con Chile’; en https//www.redaccion.com.ar y otros.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

Vivimos tiempos difíciles en el país por el desequilibrio radical de los términos de intercambio comercial de nuestras exportaciones tradicionales, la sequía de nuevos proyectos en hidrocarburos y minería, la falta de dólares en el mercado local por estos fenómenos y la letanía de sustitución de importaciones que no se concreta; solo vivimos del comercio informal de un mercado interno que no puede sustituir, pese a sus esfuerzos, a los rubros tradicionales que fueron por décadas el “salario” del país. Tan informal es nuestra economía que en la gestión pasada casi el 50% del valor de las exportaciones mineras provino de la exportación de oro, producto de la minería informal e ilegal de los aluviones auríferos del norte del país. ¿Por qué no hay nuevos proyectos ni inversión privada pese al potencial minero y por qué solo la minería informal puede generar grandes excedentes para los operadores? Una de las razones viene de las reglas de juego impuestas por la Ley Sectorial 535 y por algunas regulaciones constitucionales que aprietan el cinturón de los operadores formales y dan rienda suelta a los operadores informales.

Consulte: El mundo ancho y ajeno de la exploración minera

Sin entrar en detalles, quiero referirme hoy al government take, concepto anglosajón usado comúnmente para referirse a la parte, generalmente porcentual, que toma un gobierno del valor bruto generado por un proyecto, de acuerdo con la tributación obligatoria para el operador determinada por la legislación vigente. En el caso de la minería formal se han hecho muchos ejercicios de cálculo de este rubro y los resultados son realmente poco alentadores para un inversor que quiera operar en Bolivia. Al margen de los impuestos regulares que todos debemos pagar (IVA, IT, etc.), la minería formal está sujeta a un régimen de pago de regalías sobre el valor bruto de la producción (RM) y a un régimen de impuestos a las utilidades presuntas y su alícuota adicional (IUE 25%+AIUE 12,5%) que constituyen una pesada carga que denomino “camisa de fuerza” y que ocasiona que los operadores piensen dos veces cuando intentan generar inversiones de riesgo en el país (exploración, prospección, etc.), y es la razón oculta que genera el aumento de operadores informales (cooperativas, minería artesanal, etc.), que tienen un régimen especial de regalías (2,5% del valor bruto y exenciones para lo que llaman minería marginal), no están obligados a pagar los impuestos mencionados y operan en el mercado, también informal, para acceder a materiales y suministros. Todo esto es obviamente una ventaja que hace que todos quieran ser informales y que la sequía de inversiones en proyectos se agudice cada día más en el país.

El sistema de regalías en Bolivia se calcula sobre el valor bruto de ventas con una escala de entre 3% y 7% para los metales comunes de nuestra producción (artículo 277 de la Ley 535), Argentina usa una escala de entre 0% y 3% sobre ventas; ahora se tiene una propuesta de subir la escala hasta 5%, que está siendo fuertemente rechazada por las instituciones de productores y comercializadores de ese país (clubminero.com, 30/05/24); Chile y Perú usan escalas sobre margen operativo (1,72% a 6,05% para Chile y 2% a 5,75% para Perú, según la información asequible). Resulta obvio que nuestro sistema es poco competitivo con los vecinos y no toma en cuenta el margen operativo de cada proyecto; no es lo mismo un margen operativo de 65% que otro muy marginal de 35%, este parámetro puede compensar el riesgo de la inversión si se lo aplica correctamente. Hay muchos incentivos que se pueden aplicar para atraer inversiones: estabilidad por 30 o más años, devolución de gastos de prospección y exploración, del IVA y de gastos de responsabilidad social empresarial (RSE), entre otros, que hacen que, por ejemplo, Argentina sea hoy un refugio preferido de nuevas inversiones mineras. Todo lo anterior complementado con un duro impuesto IUE+AIUE, más la alícuota por remesas de dividendos (12,5%), más la inédita regulación de coparticipación mayoritaria del Estado de las utilidades (55% mínimo para proyectos en áreas fiscales; artículo 148. I de la Ley 535), configuran, como veremos más adelante, un esquema de government take que inevitablemente ahuyenta nuevas inversiones como viene ocurriendo en el país en las dos décadas precedentes.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

La exploración minera es como todo en este mágico país, un reto que solo los más aventureros han podido emprender y salir victoriosos del empeño. Desde tiempos ancestrales, el hombre busca minerales y metales para usarlos en su evolución y en el desarrollo de la humanidad, no pretendo entrar en el detalle histórico sino puntualizar algunos aspectos característicos del país que hacen la diferencia cuando una empresa o un aventurero buscan desarrollar un emprendimiento minero. Desde tiempos precoloniales, la tarea de buscar minerales se delegaba a la masa popular que trabajaba para el Inca. Siempre acudo a la leyenda quechua para referirme al Cerro Rico de Potosí, la acumulación de plata más grande del planeta y que los nativos llamaban Sumaj Orcko (Cerro supremo, en traducción libre); se dice que los súbditos del Inca Huayna Cápac ya explotaban, alrededor de 1462, plata en la montaña hasta que un día una voz tronó y exclamó: “No saques más plata de esta montaña, está destinada a otros dueños”. Cuando los españoles llegaron a América en busca del oro que los nativos usaban en ritos religiosos y como ornamento personal, la acumulación del metal en el Incario permitió pagar el rescate del Inca Atahuallpa (más de 6 toneladas de oro), monarca del Kollasuyo que había sido secuestrado por los españoles durante las luchas por el control de estas tierras. Tiempo después (1545), el coloniaje llegó a tierras hoy potosinas y se escribió la historia centenaria más espectacular de explotación minera, y su correlato comercial y de poder que encumbró a España como la potencia mayor de Europa gracias a la plata del Cerro Rico de Potosí. Ese pareciera ser el sino que persigue a los bolivianos que siempre vivimos la coyuntura y estamos esperando al dueño de las riquezas.

Revise: De libertarios, populistas, progresistas y otros (II)

Siglos después y pese a la Guerra de la independencia de los países americanos, el nacimiento de la República en 1825, pasando por el auge de la minería de la plata y el salitre del siglo XIX, la nacionalización en 1952 y la fundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que auguraba el dominio soberano de la industria, seguimos viviendo esa paradoja. Pese a los vaivenes entre posiciones políticas nacionalistas y liberales, el país no halló nunca la receta salvadora, se probaron reestructuraciones de todo tipo, hasta se llegó a probar nuevas estatizaciones en las décadas precedentes, empero, su situación hoy es en extremo delicada, todos pretenden acceder a su patrimonio con diferentes propuestas, que es todavía muy grande y se incrementó substancialmente con los proyectos de exploración, las estatizaciones y la declaratoria de áreas exclusivas para la Comibol, que manda el DS 1369 del 3 de octubre de 2012, que añadió a su patrimonio cerca de 40.000 cuadrículas mineras (1 cuadrícula = 25 hectáreas) distribuidas en 26 zonas altamente prospectivas del territorio nacional y seleccionadas en base a resultados del boom de exploraciones de los años 90 de varias empresas Junior de ultramar que llegaron al país en esa época de apertura al capital privado. Este patrimonio no se desarrolla por las limitaciones económicas, técnicas y tecnológicas de la Comibol para hacerlo por cuenta propia, ni por empresas privadas por la “camisa de fuerza” que representan las regulaciones de la Constitución y la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Así las cosas, y como a principios del siglo anterior, nos consideran “un mendigo sentado en una silla de oro”. Hablando de oro: ¿Sabemos quién es dueño del oro? Solo vivimos el momento, controlando las migajas que su explotación inmisericorde deja para el Estado, viendo nacer reyes chiquitos y nuevos burgueses, dejando para las calendas griegas rescatar los intereses del país y el control de los pocos recursos que todavía tenemos. El origen de todo este caos todavía no resuelto es querer manejar una estructura de negocios corporativos de alcance internacional con lineamientos de una empresa social; no funcionó antes, no funciona ahora y no funcionará en el futuro.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia