La historia económica de Bolivia ha estado marcada por la incesante lucha por salir de su marginalidad dentro del contexto global de la industria de materias primas no renovables, la minería ha sido el sustento económico del país en los siglos precedentes y todavía tiene un peso considerable en los tiempos actuales. El país sigue siendo un enclave de producción de materia prima y de exportación de capitales, el excedente económico generado por la actividad extractiva (en el sentido de valor disponible al final del ciclo de producción y mercadeo de la minería formal) rara vez supera el 10% del valor bruto de mercado para metales base y es un poco mayor para metales preciosos; un intrincado sistema de apropiación del valor que esta actividad supone por su diversa relación con el Estado titular y administrador de derechos mineros y con actividades comerciales y de servicios durante el ciclo productivo, hacen que el resultado final sea ínfimo. Esta es la razón de la lucha por acceder a un mayor nivel de excedente a cualquier precio, generando una pulseta entre intereses privados y estatales a la hora de controlar la actividad de acuerdo con la ideología del gobierno de turno en el país y de las corrientes económicas en boga en un momento determinado. Los resultados saltan a la vista, no hemos podido desarrollar una verdadera industria minera y en general una industria extractiva moderna. Seguimos dependiendo de la posición del péndulo político para definir el accionar en cada caso.
En un antiguo escrito mío sobre el tema (PULSO, 29.06 al 05.07 de 2007) y en consuno con la tendencia actual de cambiar la estructura del Estado y del gobierno a modelos autonómicos y federales, había propuesto algunos puntos básicos a ejecutar dentro del sector minero para atraer inversiones de riesgo y regionalizar la administración de los proyectos de escala mediana y grande para incrementar la competitividad y eficiencia del sector minero. Sin entrar en el detalle de ese escrito (Puede verse en mi libro De oro, plata y estaño. Ensayos sobre la minería nacional. Plural Editores, La Paz-Bolivia, 2014 y 2017), deseo referirme a algunos puntos que sintetizan el mensaje central: 1) La minería debe tratarse siempre como negocio, que es su esencia, lo maneje el Estado o los empresarios privados. No se pueden hacer cambios estructurales destruyendo las bases del negocio como se hizo en 1952, 1985 o como se pretende hacer ahora con la Comibol, Sergeotecmin, etc. 2) La minería en el mundo globalizado en que vivimos depende de su oportuna y adecuada inserción al circuito de capitales y de su sostenibilidad en el tiempo. 3) La reinversión de capitales para generar nuevas minas es un requisito indispensable si se quiere sostenibilidad en el tiempo. Se debe ir más allá de la retórica al respecto, el pobre portafolio de minas medianas y grandes en actual operación y la ausencia casi absoluta de nuevos proyectos mineros, demuestran todo lo contrario. 4) Ahora que vivimos una nueva oportunidad de cambio deberíamos concretar la regionalización de la administración y del control operativo de los proyectos mineros, el centralismo a través de la historia los ha burocratizado y los fracasos y elefantes blancos, son la prueba de que aquello no funciona.
Es patético que el departamento de Potosí, con el mayor potencial minero tradicional y la concentración de sales más importante a nivel global, el departamento de Santa Cruz con uno de los mayores depósitos de hierro-manganeso y con la mayor potencialidad de minerales tecnológicos y tierras raras, o el departamento de La Paz con la cuenca aurífera más grande del subcontinente hoy controlada por la minería informal artesanal cooperativa; sean los invitados de piedra cuando se trata de decidir los destinos del sector minero y de sus potencialidades específicas en cada caso.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.