Inversión pública productiva para 2023
Estos días se define el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, donde se garantiza la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,85%, una inversión pública de $us 4.006 millones para el próximo año, cuidando la sostenibilidad de las finanzas, profundizando la industrialización con sustitución de importaciones y fortaleciendo el aparato productivo. Para que esta afirmación sea real es necesario que la capacidad de producción, la inversión pública de la economía, entre otras variables, tengan ciertas cualidades mínimas para su incidencia eficiente en el conjunto de la economía.
La inversión pública es la cantidad de recursos que se destina para incrementar la capacidad productiva de un país. Ahora, en el PGE 2023 se está presupuestando $us 4.006 millones, cifra inferior a la presupuestada en 2022, que fue de $us 5.015 millones. Pero más allá de esta disminución, lo que vale la pena reflexionar es el objetivo y la estructura de la inversión pública programada para 2023.
La inversión, tanto pública como privada, entendida como capacidad, tiene un papel central en el proceso de trabajo —el proceso de transformación de las materias primas en mercancía—, ya que cuando la inversión está destinada al sector productivo tiene un papel de intermediación entre la materia prima y el trabajo, por lo que su influencia es directa, mientras que cuando la inversión es destinada a la construcción de infraestructura se constituye en un apoyo a la producción, y su influencia es indirecta. Por esa razón, es muy importante que la inversión pública priorice al sector productivo sin descuidar, obviamente, la asignación de recursos para la construcción de infraestructura caminera, salud, educación, etc.
La estructura de la inversión pública programada para 2023 tiene como prioridad el sector productivo, con una participación de 42%, que tiene que ver con esa capacidad productiva; luego, el sector de la construcción de infraestructura tiene una participación de 24%. La diferencia entre ambas es sustancial.
Las cifras del PGE 2023 se constituyen en una profundización de lo que se inició en 2022 y rompe con la estructura de la inversión pública de lo que aconteció desde 2021 para atrás, cuando se privilegiaba a la construcción en infraestructura sobre todo caminera.
Con la presencia y participación activa del Estado en la economía, desde 2006 hasta 2020 la inversión pública priorizó la construcción de infraestructura; ahora, a partir de 2022 se visibiliza un cambio de orientación hacia el sector productivo, con lo que se espera obtener un fortalecimiento de la capacidad productiva de la economía boliviana en su conjunto.
Ahora, la inversión pública tiene entre sus cualidades más importantes la mirada en la industrialización y en la producción más que en la construcción de infraestructura (carreteras), este enfoque está ligado al objetivo de la reconstrucción de la economía a través de la producción con sustitución de importaciones.
Efraín Huanca Quisbert es economista.