Voces

Saturday 4 Feb 2023 | Actualizado a 02:52 AM

Santa Cruz y su tóxico

/ 28 de noviembre de 2022 / 00:45

Camacho parece haber perdido la brújula sobre su demanda por el Censo 2023 con un paro que llevó más de un mes, que llevó a una anarquía a la ciudad, donde dirigentes cívicos, autoridades y representantes no pudieron controlar el desbande de la delincuencia que cobró “peaje” a los transeúntes que querían trabajar; pero esta situación nos hace preguntar qué hay detrás de esto. ¿Será una verdadera demanda por más recursos en función de un censo de población?, ¿la distribución de nuevos escaños políticos?, o la aspiración de un federalismo, que según él solucionaría los problemas de este departamento, bajo el pretexto de que “Bolivia no nos quiere”.

El gobernador pertenece a un pequeño grupo empresarial de Santa Cruz que tiene el poder económico de la agroindustria con grandes extensiones de tierras, dotadas por gobiernos anteriores, que han industrializado algunos productos como el aceite y poseen el monopolio de esta cadena productiva, que va desde la siembra, cosecha hasta el transporte, producción que en su mayoría se destina a la exportación; sin embargo, se benefician de la subvención de los hidrocarburos, la cual no reconocen; Camacho, como empresario, hasta antes de la asonada de noviembre de 2019, tenía deudas pendientes en el pago de sus impuestos al Estado, sospechosamente en esos 11 meses esa deuda se redujo a su mínima expresión, a esto se debe sumar que según publicaciones internacionales estaría involucrado en los “papeles de Panamá” y, para aumentar a estos antecedentes” fue un acérrimo opositor a la aprobación de la ley contra ganancias ilícitas.

Santa Cruz, como productor de hidrocarburos, percibe además el 11% de la venta de gas a Argentina y el 12,5% del IDH, y también participa como los ocho departamentos en la distribución; asimismo, recibe recursos de la coparticipación tributaria (recaudación por impuestos y la Aduana). A esto, el Comité Cívico se jacta en afirmar que este departamento es el que más impuesto paga y que recibe menos, sin embargo esta afirmación se ve contrastada por los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim), que es la devolución de sus impuestos por las exportaciones que realizan, los cuales pueden ser transados en cualquier empresa para el pago de sus impuestos, lo que reduce la recaudación efectiva de los tributos en Santa Cruz.

Revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, con una propuesta de federalismo, parecería estar más ligado a la propiedad de la tierra, donde los agroindustriales tienen la mayor posesión de ésta y la cual podría incrementarse, en esa supuesta situación, en desmedro de los pequeños productores y otros sectores.

Camacho se comporta de manera tóxica y golpea a Santa Cruz en su economía, generándole cuantiosas pérdidas y vidas humanas, queriendo imponer su voluntad a la fuerza al resto de los departamentos, que no lo han seguido en esta aventura, porque su votación apenas llega al 14% a nivel nacional y el discurso del Comité Cívico parece más un grito de desesperación, buscando culpar al Gobierno por la situación a la que ellos han llevado.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

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A 20 años de ‘febrero y octubre negros’

/ 4 de febrero de 2023 / 02:19

Este 2023 se cumplen 20 años de las masacres de ‘febrero y octubre negros’, hechos luctuosos que se encuentran en la historia reciente de nuestro país; los jóvenes de entonces, hoy mayores, recuerdan todavía con dolor esas pérdidas.

En febrero de 2003, un “impuestazo” pretendía congelar los salarios e incrementar el impuesto a los ingresos en un 12,5%, eliminar el crédito fiscal con facturas del RC-IVA y ampliar el universo de contribuyentes para cubrir un déficit fiscal del 8,9%, y reducir el Impuesto o las Transacciones (IT) a las empresas que explotaban los hidrocarburos; claramente un beneficio económico para las transnacionales. Sin embargo, ello terminó en un motín policial que junto a la ciudadanía se enfrentó contra militares, con un saldo lamentable de 34 muertos y 200 heridos.

En octubre de ese año, la coalición de gobierno, conformada por MNR-MIR-NFR y ADN, al ver frustrada la medida y tener pésimos resultados de la capitalización porque las empresas transnacionales se llevaban jugosas ganancias y el país no tenía ni para pagar sueldos, intentó vender el gas de los bolivianos a un precio regalado a los Estados Unidos y sacarlo por puertos chilenos, lo que causó una protesta generalizada de la población. La represión en la ciudad de El Alto fue desmedida, como la de Villa Ingenio y de la Avenida Panorámica, donde recibieron la metralla de las tanquetas de la “caravana de la muerte”, teniendo un fatídico resultado de 60 muertos y 400 heridos, lo que derivó en la renuncia y huida de Goni.

Las víctimas hasta la fecha no han encontrado justicia y menos les han resarcido sus daños, quienes han tenido que seguir procesos por su cuenta a los responsables en el país del norte, lugar que los acogió después (como una protección de sus aliados) de su huida del país, en busca de impunidad.

Han pasado 20 años de esos dolorosos hechos, la pregunta es ¿por qué la población se sintió indignada por esas medidas de 2003? Revisando datos y comparándolos a 2021, el salario mínimo nacional era tan solo de Bs 440, subiendo al presente en 411%; el PIB nominal era solo de $us 8.093 millones, creciendo a $us 40.703 millones; el PIB per cápita era de $us 908, subiendo a $us 3.437. La inversión pública ejecutada solo llegaba a $us 500 millones, la programada a 2022 fue de $us 5.015 millones, lo que explica la importancia de la demanda interna. Ahora la población se beneficia de gas domiciliario, el cual tiene un bajo costo y el gas licuado (en garrafa) mantiene su precio, esto gracias a la política económica del Gobierno que prioriza el mercado interno con precios justos, así como otras medidas que cuidan la economía de la población, lo que demuestra que ésta ha crecido con estabilidad en estos años.

La estabilidad es una cualidad económica que no implica suerte o que se da por algo natural, se da por la aplicación de medidas que buscan un bienestar social más que financiero, razón por la cual es algo que los jóvenes de hoy tienen que valorarla y cuidarla.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

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Su lengua lo condena

/ 14 de enero de 2023 / 01:18

El 4 de enero se dio sentencia de 70 meses de cárcel, en los Estados Unidos, al exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, por los delitos de lavado de dinero y soborno, dineros que se llevó por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, que es la mayor prueba de la corrupción en ese régimen; sin embargo, este hecho no es el único; no olvidemos el caso de los respiradores en plena pandemia del coronavirus, los gastos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la disminución de deudas tributarias y otros que escapan a la memoria.

Con las masacres de Senkata y Sacaba hubo como resultado 37 muertos y más de un centenar de heridos, hechos que fueron calificados por organismos internacionales como delitos de lesa humanidad, cuando bajo el Decreto Supremo 4078 (emitido por Áñez) se liberó de responsabilidad a los policías y militares, quienes utilizaron armamento bélico contra la población. La responsable ahora se encuentra con sentencia, en primera instancia, en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; sus colaboradores huyeron del país, como Luis Fernando López, exministro de Defensa.

De acuerdo con la información proporcionada por el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, existieron depósitos realizados por Luis Fernando Camacho y allegados a cuentas bancarias de uniformados y civiles, lo que puede explicar por qué la Fuerza Aérea salió a reprimir con armamento bélico y helicópteros. La prueba más contundente es el video en el cual Camacho indica que su padre “cerro con militares y policías”, por lo cual su lengua lo condena. También se dio a conocer que coroneles de la Policía lo protegían y lo disfrazaron, quienes se negaban a obedecer a un general al que ellos llamaban masista, esto es claramente una sublevación (de policías y militares) y un delito de cohecho (Camacho padre e hijo).

La actual detención del gobernador Camacho está justificada porque, se quiera o no, era el líder reconocido por los comités cívicos, incluso a nivel internacional cadenas como CNN lo destacaron como el líder que logró la renuncia del presidente Evo Morales. Este liderazgo tiene responsabilidad por las acciones y consecuencias que se dieron, más aún cuando se conoce que Camacho habría recibido varios depósitos bancarios de sus familiares y hombres de confianza, quienes tendrían que explicar en una investigación los orígenes de esos dineros depositados, como se lo hizo en Estados Unidos con Murillo.

No se puede dejar estos hechos impunes, el Estado boliviano tiene que generar justicia para las víctimas y hallar a todos los responsables, no se puede permitir impunidad con base en protestas y vandalismo, quemando y destruyendo las instituciones públicas y amenazando la integridad del país o encubrirse bajo un cargo público.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

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Papá Noel de analista

/ 31 de diciembre de 2022 / 01:27

Papá Noel es un calificativo popular que se le da a una persona que habla o hace alguna cosa de la cual no tiene ni idea. La coyuntura política generada por los conflictos internos del MAS, entre denuncias y acusaciones, tuvo como consecuencia la no aprobación del Presupuesto General del Estado para la gestión 2023, algo que no se había visto desde hace mucho tiempo. Hecho que fue muy bien aprovechado por numerosos políticos y analistas, quienes hicieron gala de su ignorancia supina sobre el tema, como dijo algún periodista.

En una entrevista, el diputado Miguel Roca, de CC, realizó iluminadas observaciones técnicas a la no aprobación del PGE 2023, como si este hecho se debió a esa razón. Distorsionó el presupuesto, indicando que el Gobierno maneja el 85% de los recursos y que es muy centralista, ignorando que su programación ya viene comprometida para grandes y sensibles sectores, como ser el magisterio y salud, en sueldos y salarios que se pagan a todos los maestros del país en forma igualitaria, en los nueve departamentos; similar trato reciben los policías y Fuerzas Armadas, llegando este gasto a 46,9%, y se destina a las instituciones de la seguridad social y universidades un 11,2%, haciendo un total del 58,1% de todo el presupuesto, algo que ya es conocido en varios ámbitos.

También plantea que esta obligación debería ser asumida por cada departamento, algo que a primera vista parece ser razonable. Pero aquí hay que hacerse una pregunta, ¿este sector estará de acuerdo en su descentralización y desconcentración de su administración, qué efecto tendría sobre el magisterio, aceptaría romper su escalafón que es una conquista de este sector, los maestros y médicos recibirían un trato salarial igualitario en todas las regiones; los departamentos tendrían su propia Policía y Fuerzas Armadas? Es tan fácil lanzar enunciados sin ningún análisis ni fundamento, ni cálculo del efecto.

Dentro de este supuesto del 85%, se encuentra el costo de la subvención a los hidrocarburos, el cual es una de las formas de dar estabilidad a los precios, con una inflación baja que ha sido reconocida a nivel mundial. Siguiendo el planteamiento, ¿cada departamento subvencionaría sus hidrocarburos?

Otro comentario suelto es decir que el presupuesto en sus ingresos está compuesto por un 40% de deuda, siendo esta otra metida de pata olímpica. El presupuesto consolidado de ingresos solo tiene como financiamiento externo un 11,6%, del cual, en el presupuesto consolidado de gastos, se paga por deuda interna y externa el 3,6% por intereses y por amortización, o sea pago de capital, el 2,6%. La deuda contraída no se destina al pago de sueldos y salarios, como se hacía antes, sino a programas y proyectos de inversión, para la construcción de caminos, hospitales y otros.

Pese a todo el PGE 2023 se aprobó, trayéndonos un primer beneficio inmediato, el de dejar de escuchar a supuestos analistas desubicados, que buscan solo alarmar a la población. El presupuesto sostiene un modelo económico que hasta la fecha ha dado buenos resultados, que son reconocidos por los organismos internacionales, priorizando la estabilidad y crecimiento económico y que dará seguridad a la gestión 2023. En mención al aludido, el calificativo de Papá Noel le cae como anillo al dedo, por hablar de algo que no tiene ni idea, de cómo se realiza un PGE.

Jesus J. Luque es licenciado en Economía.

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Impunidad y presupuesto

/ 17 de diciembre de 2022 / 01:24

De acuerdo con el concepto de impunidad, se puede explicar, la misma, como la condición en la que se permitió cometer delitos sin que los responsables paguen por las consecuencias de sus actos.

El paro cívico de 36 días en Santa Cruz ha tenido duras consecuencias, como manifestó el economista Chávez, la economía crecería hasta fin de año un 5,1%, pero esto se vería afectado por este paro. Además, durante esta medida cuatro personas perdieron la vida, hubo una violación grupal, agresiones físicas, verbales, actos de discriminación, racismo y destrozo de bienes del Estado, y cobros de peajes en las rotondas a las personas que querían trabajar. Todo esto a la vista y paciencia de Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, quienes con preguntas muy bien manipuladas, pidieron Censo en 2023 y hasta amenazaron con muerte civil a quien fuera en contra.

Ahora, después de todos estos hechos se victimizan y dicen ser perseguidos judicialmente, argumentando que el derecho a la protesta pacífica está garantizado en la Constitución Política. Pero hay que recordar que cuando otro sector marcha o protesta, Rómulo Calvo los trata como “bestias humanas”.

En estos últimos días, el rector Cuéllar ha vuelto a hacer noticia tratando de generar otro conflicto, declarando en conferencia de prensa que la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) está en crisis, y no tiene recursos para pagar sueldos y salarios y otras obligaciones, y que la situación que atraviesa es insostenible.

De acuerdo con los datos oficiales, para la gestión 2022 se programaron Bs 3.614 millones para todas las universidades del sistema público, de los cuales Bs 530 millones habría ya recibido la UAGRM, y tendría en caja y banco Bs 108 millones, vale decir, dinero que puede utilizar. El punto es que los recursos por coparticipación tributaria son destinados a gastos de funcionamiento, o sea sueldos y salarios, mientras que los recursos por IDH son para gastos de inversión e investigación en las universidades. Es cuestionable que los recursos destinados al funcionamiento se hayan terminado antes que la gestión programada, lo que nos puede llevar a un mal pensamiento o suposición, ¿éstos podrían haber sido destinados a otros fines?, lo que explicaría cómo se puede mantener a personas bloqueando durante 36 días, con parrilladas, whiskies y fiestas en las rotondas, y personas encargadas de controlar los puntos de bloqueo.

Es paradójico que el bloqueador que impidió que se generen recursos, ahora esté pidiendo y reclamando recursos para la UAGRM; además, que vaya a recibir un premio por el perjuicio que causó a todos los bolivianos. Pero a pesar de todo esto, el presupuesto para las universidades para la gestión 2023 está garantizado, con una programación de Bs 3.679 millones y un incremento del 3,9%, más que esta gestión. Presupuesto aprobado en el Legislativo tras rupturas políticas, que tiene importancia para las instituciones públicas y gobiernos regionales, que elaboran sus presupuestos desde abril.

Jesus j. Luque es licenciado en Economía.

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Cifras del terror

Fecha que ha sufrido la influencia de Halloween, en la cual los niños se visten de personajes de terror y salen a las calles a pedir dulces con la frase “dulce o travesura”.

/ 8 de noviembre de 2022 / 01:14

Noviembre ha llegado y ha traído la tradicional fiesta de Todos Santos, que en el occidente se la celebra con la preparación de mesas en honor a nuestros difuntos. Fecha que ha sufrido la influencia de Halloween, en la cual los niños se visten de personajes de terror y salen a las calles a pedir dulces con la frase “dulce o travesura”, la que en este último tiempo tiene más aceptación en nuestro medio.

El viernes 4 de noviembre, el Ministro de Economía, en conferencia, presentó un “cuadro del terror”, donde mostraba las cuantiosas pérdidas por sector, la cuantificación de 14 días del paro indefinido dictado por el Comité Cívico de Santa Cruz. Esta escalofriante cifra llegaría a $us 503,7 millones, el cual sería equivalente al 1,2% del PIB nominal, esto significa la perdida de bienes y servicios a precios de este momento y en esta gestión, los que podrían seguir aumentando si el paro continúa.

El paro tiene una doble moral, el Comité Cívico, donde se aloja la clase empresarial de Santa Cruz, obliga a parar a la población dentro de la ciudad, mientras sus fábricas siguen trabajando de forma normal y financian las ollas comunes y hacen reclamos airados por intermedio del Gobernador por el corte de gas y el bloqueo de los campesinos cruceños, que también los obliga a parar.

Las consecuencias la están pagando la población clase media hacia abajo, la que no depende de un salario mensual de una empresa, sino de su trabajo del día a día, como choferes, comerciantes vivanderos, cuentapropistas, que tienen compromisos con los bancos y cuyo capital de trabajo está en riesgo. Este paro está mostrando la otra Santa Cruz, la que no se muestra en los medios de comunicación, a los pequeños y medianos productores agrícolas, a los migrantes de las provincias y de otros departamentos del país, los cuales no siempre comparten la misma posición política del Comité Cívico.

De acuerdo con la última elección general y los datos del Órgano Electoral, en Santa Cruz, en cuanto a representación legislativa de las cámaras de Senadores y de Diputados, el MAS-IPSP prácticamente tiene el 40% de representantes y el resto pertenece a las agrupaciones de Creemos y Comunidad Ciudadana, teniendo también representantes en la Asamblea Legislativa Departamental y en el Concejo Municipal de esa ciudad. Esto muestra una nueva configuración política del departamento, lo que ayuda a comprender lo que está pasando y no es posible ignorar a toda esa población que tiene otro tipo de representación.

Luis Fernando Camacho se atribuye toda la representación del departamento, ignorando esta nueva configuración política, y como gobernador aún no asume con responsabilidad la función pública, ya que tiene que atender las múltiples necesidades y sigue pensando como un dirigente cívico, comportándose como ese niño caprichoso de la noche de Halloween que sale a pedir dulces y condiciona, y patea el tablero del diálogo y aterroriza a la gente que piensa diferente y que quiere trabajar.

Jesus j. Luque es licenciado en Economía.

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