En los años 70, el uso de moneda extranjera en nuestro país no era habitual, debido a que el peso boliviano cumplía a plenitud todas las funciones del dinero (reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio). Solo en años posteriores, producto del patrón de intercambio, la crisis y la globalización, el uso del dólar se convirtió en un hecho común en las transacciones habituales.

Durante las dictaduras militares la inestabilidad política, económica y social se reflejó en la presión para la modificación del tipo de cambio, que hasta ese momento era fijo, la incertidumbre produjo que algunos agentes económicos empiecen a ver al dólar como una alternativa de mantenimiento de valor ante un escenario complejo.

Con el retorno a la democracia en 1982, nuestro país atravesó los efectos de la crisis de la deuda externa, con una creciente inflación, solo comparable con épocas de guerra, por lo que la población trató de encontrar un refugio en los dólares para tratar de preservar el poder adquisitivo. Debido a la especulación (sobredemanda), el tipo de cambio oficial fijo distaba del cotizado en el mercado paralelo, en el cual su precio se incrementaba de manera permanente.

En esta etapa se dio un evento funesto, la desdolarización que convirtió de manera forzosa los depósitos que estaban en moneda extranjera a moneda nacional y al tipo de cambio oficial. Este episodio significó que el total de los depósitos en el sistema financiero nacional se convierta en “pesos bolivianos”, significando una pérdida irreparable para los ahorristas en dólares que vieron disminuidos sus ahorros.    

Después de 1985 se restituyeron los depósitos en dólares en el sistema financiero, no obstante, los efectos nocivos del periodo de crisis marcado por la hiperinflación y la desdolarización quebraron la confianza de la población en la moneda local, expresando su preferencia hacia la divisa norteamericana, razón por la cual la economía se dolarizó, pese al cambio de moneda al boliviano, limitando de esta manera la aplicación de políticas monetarias por parte del gobierno.

La dolarización fue impulsada principalmente por la aplicación del modelo de mercado y los procesos de privatización que se efectuaron en nuestro país, en los cuales la apertura de la economía nacional implicaba la necesidad de contar con la divisa estadounidense para todas las transacciones, tanto fuera como dentro del país.

A partir de 2006, con la nueva visión de país se adoptó un conjunto de políticas fiscales, monetarias y cambiarias destinadas a fortalecer el uso del boliviano, entre las cuales destacan: el Impuesto a las Transacciones Financieras para moneda extranjera, modificaciones al encaje legal, ampliación del diferencial entre el precio de compra y venta de dólares, y el acompañamiento de las políticas económicas, entre otros aspectos, posibilitando que la economía nacional pase de dolarizada a bolivianizada.

La aplicación del modelo económico boliviano, con sus resultados exitosos en cuanto a crecimiento del país, sumado a la estabilidad económica de largo plazo, fueron aspectos que consolidaron la preferencia de la población por la moneda nacional, con repercusiones en fronteras con países vecinos, en los que se empezó a valorar la moneda nacional como un refugio de valor en contextos de crisis.

El camino de la bolivianización fue construido en el marco del modelo boliviano, logrando revertir la desconfianza de la población con relación a la moneda nacional, aspecto atribuido a la funesta experiencia de los procesos de dolarización y desdolarización que atravesó nuestro país en tiempos de crisis, medidas que no pueden volver a pensarse siquiera.

Gustavo Gómez es economista.

Uno de los resultados de los acuerdos de Bretton Woods fue el establecimiento de un nuevo modelo económico mundial en la época de la posguerra, segundo conflicto bélico del mundo donde se efectuó la reconfiguración con un nuevo ordenamiento mundial, el cual, debido al peso económico y político de los Estados Unidos, además de su liderazgo entre los aliados, permitió sustituir el patrón-oro por el patrón-dólar. 

La divisa norteamericana tomó mayor vigor por el influjo de la globalización y las ideas de apertura comercial de principios de los años 70, convirtiéndose en la principal moneda de intercambio financiero y comercial con aceptación en todo el mundo. Todas las transacciones internacionales y el comercio exterior se cotizaban en dólares, así como los créditos bilaterales y multilaterales y sus respectivos intereses, independientemente al país.

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China, desde finales del siglo pasado, tuvo un crecimiento acelerado de su producto debido a la aplicación de economías de escala, la innovación y el desarrollo tecnológico, sumados a diferentes estrategias competitivas y de expansión como la competencia con precios, aspectos que le permitieron convertirse en una potencia mundial, con perspectivas de constituirse en la primera economía del mundo. Este significativo crecimiento y desarrollo han permitido que su moneda, el yuan, esté catalogada entre las cinco más utilizadas del mundo y con tendencia a consolidarse en los próximos años como la más importante.

En este contexto, la firma del convenio entre el Banco Unión SA (BUSA) y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) no es un tema menor, puesto que va a permitir la facilitación de las operaciones financieras y comerciales a través de las monedas nacionales de cada país, vale decir, entre yuanes y bolivianos, reconociendo de manera significativa el posicionamiento de la moneda china a nivel mundial y valorando la moneda nacional, que pese al contexto adverso demuestra su fortaleza. 

Este acuerdo tiene efectos positivos para las operaciones financieras y de comercio exterior entre Bolivia y China, por la reducción de costos de las operaciones financieras, la agilización del comercio internacional y la reducción de la sobredemanda especulativa de dólares, entre otros. 

Las entidades financieras que operan en Bolivia, a efectos de brindar servicios de transacciones y giros con el exterior, suscriben acuerdos con bancos corresponsales en el exterior para poder efectivizar sus servicios; claro está que estas entidades nacionales también cumplen este rol por operaciones del exterior con Bolivia. En ambos casos, el hecho de contar con bancos corresponsales representa un costo adicional al cobrado por la entidad financiera nacional, si corresponde, lo que implica un alza en los costos; inclusive en algunos casos es más de un banco corresponsal, por tanto, suprimir el uso de los mencionados bancos y realizar las operaciones directamente entre bancos de ambos países, representa una reducción significativa de los costos de las transacciones.         

En la pasada gestión, el flujo comercial entre ambos países se intensificó, llegando a los $us 3.500 millones, con un saldo deficitario para nuestro país. No obstante, entre los principales productos exportados al país asiático figuran minerales como la plata y el zinc, y existe una amplia variedad de productos importados desde China como vehículos, motocicletas y maquinaria, y manufacturas.

El beneficio y la oportunidad de este acuerdo que facilita el intercambio comercial y financiero entre Bolivia y China es innegable, lo que permite, además de lo señalado, un desahogo de la presión especulativa que tiene el dólar en este momento, así como un nuevo capítulo en las relaciones económicas del país, es decir, transacciones internacionales que van más allá del dólar.

(*) Gustavo Gómez es economista

Diferentes compatriotas que radican en el extranjero envían remesas para sus familiares en el país como apoyo familiar. Así, de acuerdo a datos del Banco Central de Bolivia (BCB), la pasada gestión superaron los 1.287 millones de dólares, representando el valor monetario del trabajo que realizan los migrantes bolivianos que residen en el exterior y que envían estos recursos a sus familiares en el territorio nacional. 

En los últimos meses se conoció que diferentes entidades, que se dedican a esta actividad, no estarían entregando estos recursos en la moneda de origen, lo cual derivó en quejas y reclamos de parte de los beneficiarios, por lo que, mediante carta circular 662/2024 de 17 de enero de 2024, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a las entidades de intermediación financiera y empresas de giro y de remesas para que paguen en la misma moneda en la cual se haya hecho el envío de estos recursos. Vale decir, si la remesa fue enviada en dólares debe ser pagada al beneficiario también en dólares.     

Las remesas que llegan a nuestro país tienen pagadas las comisiones y otros costos operativos por los servicios prestados, por parte de las entidades financieras o las empresas de giro y remesas de dinero y sus corresponsales, los cuales son asumidos por los migrantes en los países desde donde remiten estas remesas, por lo que no afecta de ninguna manera al beneficiario que solamente debería cobrar estos recursos sin costo alguno. A su vez, las entidades financieras tienen un tarifario de comisiones por los servicios que brindan, mismo que tiene que hacer conocer a sus clientes de manera oportuna, mediante los canales establecidos para dicho propósito.     

Como apoyo a la mencionada carta circular de ASFI, el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante circular externa 5/2024 de 18 de enero de 2024, comunicó que coadyuvará al pago de giros y remesas del exterior en el territorio nacional en dólares estadounidenses, disponiendo la cuenta corresponsal del BCB en el exterior para que las entidades financieras puedan abonar en la mencionada cuenta estos recursos y el posterior retiro de los mismos con cargo a sus cuentas en el ente emisor, para que los mismos puedan ser entregados a los beneficiarios finales en la misma moneda de origen, el ente emisor no efectuará ningún cobro por dicho servicio.

Complementando las medidas, de la ASFI y del BCB, la Autoridad de Supervisión emitió la carta Circular 831/2024 de 23 de enero de 2024, a objeto de precisar que los giros y remesas del exterior efectuados en otras monedas extranjeras, por concepto familiar y no comercial, en favor de los beneficiarios dentro del territorio nacional, pueden ser pagados por las entidades financieras en dólares estadounidenses, tomando en cuenta el mecanismo previsto por el ente emisor.  

De acuerdo con el BCB, a noviembre de la gestión pasada, los principales países de origen de las remesas fueron: España (30,3%), Chile (21,9%), Estados Unidos (21,4%), Brasil (6,5%) y Argentina (4,9%). A su vez, entre los principales departamentos beneficiarios de las mismas se encuentran: Santa Cruz (44,4%), Cochabamba (28,3%) y La Paz (14%).

La esencia de estas medidas es valorar el trabajo que desarrollan nuestros compatriotas en el exterior, debido a que en algún momento por diferentes circunstancias tuvieron que emigrar del país, y, al mismo tiempo, precautelar el derecho que tienen los beneficiarios de estas remesas para recibir el dinero en la misma moneda de envío, teniendo la posibilidad de efectuar el reclamo correspondiente en primera y segunda instancia, si las entidades no cumplen con las instrucciones emitidas.

Es importante remitirse al objeto mismo de las medidas que benefician a la población y no a interpretaciones que solo critican y descalifican cuanta normativa es emitida por las autoridades competentes.

Gustavo Gómez
es economista

En los últimos días, diferentes opiniones se refieren al dólar, pero al mismo tiempo esta coyuntura es aprovechada para emitir comentarios y críticas con relación a la subvención y los servidores públicos, entre otros, generando de esta manera tendencias que en muchos casos distan de la objetividad de las cifras.

De acuerdo con las entidades autorizadas, la provisión de dólares en el sistema financiero se está normalizando, debido a que el saldo en la moneda extranjera en diciembre de 2022 fue de $us 352 millones y al mismo periodo de 2023 alcanzó a $us 347 millones, lo que demuestra una tendencia a la normalización; no obstante, lo cierto es que en abril de 2023 llegó a $us 129 millones, su nivel más bajo en los últimos años. Aparte, el sistema financiero atiende con normalidad el flujo mensual de transferencias al exterior, en promedio de $us 800 millones.

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Un indicador, no menor, se refiere a los reclamos que la población efectúa contra las entidades financieras, en este caso por las transacciones en moneda estadounidense, instancia a la cual tienen el derecho de acudir los consumidores financieros como mecanismo oficial de reclamo, que evidentemente muestra que entre marzo y abril de la anterior gestión se produjo un incremento notable, pero que a la fecha se redujo de manera significativa, perdiendo su importancia en el total de los reclamos.

Ahora bien, los datos presentados muestran la tendencia para retornar a los niveles de normalidad en las transacciones con la divisa extranjera. Hoy no hay colas en la entidad de intermediación del sistema financiero y mucho menos se las observa en la puerta del ente emisor, donde en un momento “casi toda” la población necesitaba dólares; en algunos casos sí era necesario porque algunas personas trabajan habitualmente con la divisa norteamericana, por lo que surge la interrogante: ¿la especulación estará provocando que no se normalicen las transacciones en dólares? 

El supuesto “corralito”, el cual es mencionado en alusión a la experiencia de un país vecino, del cual no existe ninguna determinación normativa que instruya la conversión de la moneda extrajera en moneda nacional, por lo que sería importante conocer la fuente de la afirmación, o es que solamente es vox populi, o el eco de algunos comentaristas que con las libertades que ofrecen algunos medios, incluidas las redes sociales, emiten criterios coyunturales que en muchos casos se relacionan con una actividad política.

Por otra parte, todos sabemos que tanto la gasolina como el diésel están subvencionados y por eso los servicios de autotransporte, así como algunos bienes, tienen un precio “accesible” a la población. Esto se ve reflejado en el precio del servicio público de autotransporte, por el cual pagamos mucho menos a lo que pagan en otros países en los cuales, debido al libre mercado, los precios de los servicios de transporte son el doble o el triple de los aplicados en nuestro país, los que favorecen a los sectores más vulnerables.

En tal sentido, sería importante que antes de sugerir eliminar las subvenciones a los hidrocarburos nos preguntemos: ¿cuánto afectará esta medida a la población y en particular a los sectores vulnerables? Es posible que no se haga esta reflexión y solamente se siga las recetas del libre mercado sin dimensionar los efectos adversos que podría tener para la mayoría de los ciudadanos.

Finalmente, el hecho de mencionar que existen 600.000 empleados públicos que son “zánganos”, no corresponde, debido a que la cantidad de servidores que trabajan en la administración del Estado no supera los 20.000, es decir, representan el 3% del total y solamente el 2% del Presupuesto General del Estado, que reciben su salario en moneda nacional sin ningún tipo de relación con el dólar. La mayoría de estos servidores son maestros, médicos, policías, militares y otros, por lo que cabe preguntarse: ¿qué ítems eliminamos? ¿no necesitamos más maestros, médicos o policías? Al contrario, hay más demanda de ítems para estos sectores cada año, debido a la legítima necesidad de la población para la educación, la salud y la seguridad, entre otras.

Podemos ir reflexionando aún más, pero por ahora esperemos que con estos aspectos no solo veamos el árbol de nuestro frente, sino todo el bosque.

(*) Gustavo Gómez es economista

En la presente coyuntura existen diversas opiniones que se emiten por medio de las redes sociales y algunos medios de comunicación. Toda normativa, sean leyes, decretos, resoluciones y otros que están siendo evaluados, aprobados o puestos en vigencia por las entidades competentes del Estado son mal interpretados, relacionados con la falta de divisas, la fuga de capitales y, en un extremo, asociados a una supuesta crisis por la cual estaría atravesando nuestro país.

Así, la modificación al reglamento para las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) y los Fondos de Inversión, del 8 de diciembre de 2023 (ASFI/1272/2023), no podría ser la excepción, más allá de que la esencia de la mencionada norma tenga la finalidad de uniformar los niveles de inversión que pueden ser mantenidos por los fondos de inversión abiertos y cerrados en los mercados internacionales con un límite de hasta 5%.   

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Este límite máximo para las inversiones por parte de las SAFI no es nuevo, ya que mediante la Resolución 246/2019, del 27 de marzo de 2019, ya se tenía fijado el porcentaje límite de inversiones en el exterior de 5%, es decir que esta vigente más de cuatro años y de ninguna manera se constituye en una nueva restricción para las inversiones que efectúan las SAFI, como algunos analistas quieren hacer creer.   

La modificación al citado reglamento tiene vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Electrónica de Regulación Financiera, el 8 de diciembre de 2023, por lo cual ésta es aplicable desde entonces, teniendo además las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión un plazo para ajustar sus reglamentos internos a los cambios mencionados hasta el 31 de enero de 2024. Por tanto, en ningún momento se vulnera el carácter de retroactividad mencionado en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado.

Los motivos para la realización de la citada modificación se efectúan en el marco de las atribuciones para la ASFI emanadas en la Ley 393 de Servicios Financieros y la Ley 1834 del mercado de valores, por lo que se establece el respectivo control al mercado de valores, a los participantes, entidades y actividades relacionadas.

En términos generales, todas las inversiones tienen un análisis en el cual se evalúa la relación entre los rendimientos y el nivel de riesgos, considerando que en el entorno internacional existen diferentes crisis e inestabilidad en los mercados. En nuestro país existe estabilidad, por lo que las SAFI que se encargan de administrar estos recursos, mediante políticas de inversión, deberían efectuar el respectivo análisis para orientar las inversiones de los participantes en instrumentos del mercado de valores que les reporten mayores beneficios en el mercado nacional. 

Las SAFI pueden identificar inversiones en empresas públicas y privadas nacionales y dinamizar diferentes sectores, en el marco de las directrices emanadas por el Estado, que identifica sectores priorizados para créditos, apoyando al fortalecimiento del crecimiento y desarrollo de las empresas nacionales que participan en este tipo de mercado.

Es importante que la población se informe principalmente de las fuentes de entidades competentes en la materia, en este caso del mercado de valores, y no se deje llevar por comentarios inapropiados que circulan principalmente en las redes sociales.

(*) Gustavo Gómez es economista