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Wednesday 1 Feb 2023 | Actualizado a 20:18 PM

Una ley solidaria

/ 5 de diciembre de 2022 / 01:31

En pasados días se publicó en un medio de comunicación el artículo titulado “El sistema de pensiones es un sistema quebrado socialmente”, que menciona críticas mal intencionadas con relación a la Ley de Pensiones y a su vez cuestiona a los servidores públicos que se encargan de la emisión de la normativa en materia de Seguridad Social de Largo Plazo.

El hecho de la supuesta “quiebra social” hace deducir que se trataría de un rompimiento, distanciamiento, del sistema de pensiones y la sociedad (jubilados), no obstante, de las interpretaciones, la crítica versa con relación a la seguridad previsional en diferentes direcciones, criticando, entre otros, a la incidencia del Gobierno en el tema de las inversiones, la necesidad de entidades autónomas para la administración de los recursos de los Fondos de Pensiones, la devolución de aportes que habría dejado sin jubilación a los asegurados y el cuestionamiento a que los aportes estén principalmente en bolivianos.

Lo cierto es que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no prestan recursos de los Fondos de Pensiones al Gobierno, debido a que esta actividad no está comprendida dentro de su giro de negocio, por el contrario, realizan inversiones en Títulos Valores del Tesoro General de la Nación (TGN), operación que está abierta a cualquiera de las entidades habilitadas para participar de forma voluntaria y bajo la normativa vigente, pudiendo participar las empresas del Sector Financiero (Bancos), Sector No Financiero (Aseguradoras, Fondos de Inversión Cerrado, etc.) y por supuesto las AFP.

Se evidencia que, a septiembre de 2022, las inversiones de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se encuentran en un 31% en el sector estatal, mientras que el restante 69% está distribuido en sectores privados de la economía, como ser el Financiero Bancario, Financiero No Bancario, Industrial, entre otros, aclarando que la rentabilidad de las inversiones es responsabilidad de las AFP debido a que dichos recursos están bajo su administración.

Por otra parte, la idea de generar instituciones autónomas, para la administración de los citados Fondos, contraviene la Carta Magna, la cual dispone que los servicios de la Seguridad Social no podrán ser privatizados ni concesionados y deben ser administrados por el Estado, creándose de esta manera la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) para tal propósito.

A su vez, la Gestora, en el marco del Artículo 156 de la Ley de Pensiones, contará con un Directorio profesional y especializado, considerando la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones en cuanto a inversiones, gestión administrativa, prestaciones y beneficios, entre otras, vale decir, ajenas a los temas políticos y que no contemplan injerencia alguna, situación similar a las entidades públicas que tienen competencias en materia de pensiones.

En referencia a la devolución de aportes de las AFP, observa que, producto de esta medida, muchos adultos mayores no se podrían jubilar; en tal sentido, aclarar que dicha política fue adoptada para apoyar e impulsar a las familias que se vieron afectadas por efectos de la pandemia, recursos que les permitieron reactivar su economía y con la posibilidad de restituir los mismos.

El mencionado beneficio, alcanzó a más de 313.000 asegurados del SIP con un monto total de Bs 1.068,9 millones, y es importante aclarar que existieron límites para la devolución de los aportes, precisamente para evitar que los asegurados no se vean afectados en su etapa de jubilación y puedan contar con una vejez digna.

Ahora bien, con relación a que el 90% de los recursos de los aportes de los asegurados están en bolivianos y que existen riesgos de inflación y devaluación, no se comprende dicha afirmación, considerando que Bolivia tiene una de las tasas más bajas de inflación del mundo, alrededor del 2%. A su vez, es conocido que en zonas limítrofes de nuestro país las familias extranjeras prefieren ahorrar en bolivianos, demostrando de esta manera la confianza hacia nuestra moneda, que además no se devaluó en comparación con otras de países vecinos, y que por el contrario se mantiene estable con relación al dólar estadounidense.

En este marco, se hace notar los aciertos de las medidas adoptadas y el principio solidario que contempla la Ley de Pensiones, priorizando la calidad de vida de los jubilados con el reconocimiento de sus años de trabajo y la otorgación de los beneficios correspondientes, favoreciendo principalmente a los asegurados que tienen ingresos bajos.

Es importante la expresión de ideas y comentarios mediante medios de comunicación, pero resulta fundamental que, previo a esto, se informen, a efectos de emitir criterios responsables con relación a diferentes temáticas, en este caso en lo referente a pensiones.

Gustavo Gómez es economista.

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Inversiones con recursos del SIP

/ 13 de enero de 2023 / 01:32

En los últimos días se ha tejido una serie de conjeturas con relación a las inversiones efectuadas con recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), a partir de la publicación de la Resolución Administrativa 1796/2022 del 30 de diciembre de 2022, por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Esta medida tiene el propósito de proteger los recursos de los trabajadores, que son invertidos en títulos valores emitidos por Entidades de Intermediación Financiera (EIF); para este fin, dicha norma considera tres criterios de evaluación: índice de liquidez, coeficiente de adecuación patrimonial y el cumplimiento de compromisos financieros, que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben tomar en cuenta antes de efectuar las inversiones.

Con relación al incremento del índice de liquidez, que contempla los activos líquidos, disponibilidades e inversiones temporarias con relación a las obligaciones de corto plazo, la norma establece el incremento del mismo a 50% o más, en las últimas dos gestiones, lo cual tiene el propósito de disminuir el riesgo de liquidez para las operaciones efectuadas por la entidad financiera, por lo que, en términos generales, las inversiones reducen el riesgo de liquidez precautelando de esta manera los aportes de los trabajadores.

Por su parte, en cuanto al Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), indicador que mide la solvencia de las EIF y que por normativa es mínimamente 10%, la citada resolución exige que debe ser igual o mayor del 11%, vale decir, mayor al establecido por ley. En tal sentido, también tiene la finalidad de reducir el riesgo que pueden tener los recursos de los aportes al SIP en entidades solventes.

A su vez, el requisito del cumplimiento a compromisos financieros por parte de la Entidad de Intermediación Financiera en la emisión de bonos en las últimas dos gestiones anteriores, es un indicador que muestra el cumplimiento de los compromisos con acreedores y, por tanto, muestra la solvencia de la entidad financiera para el cumplimiento de sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo. Es importante recordar que las EIF autorizadas para realizar operaciones de inversión, en este caso con los fondos del SIP, se encuentran supervisadas y reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Como se puede apreciar, el objeto de la mencionada resolución administrativa de la APS tiene la finalidad de garantizar que los recursos del SIP sean invertidos en instituciones solventes, con capacidad de generar flujo de efectivo, con solvencia patrimonial y con capacidad de cumplir con los compromisos financieros que asuman, reduciendo de esta manera los riesgos relacionados a las inversiones efectuadas con dichos recursos.

Por lo expuesto precedentemente, la mencionada resolución administrativa tiene el objeto de reducir los riesgos de las inversiones efectuadas con recursos del SIP, sin el propósito de direccionar las inversiones a ningún sector y mucho menos financiar el déficit fiscal del país, que por cierto este año será menor con relación a 2022.

Es la obligación de la APS como órgano de regulación, supervisar, fiscalizar, controlar y regular a los entes que desempeñan sus actividades en el ámbito de la Seguridad Social de Largo Plazo, precautelando los recursos de los trabajadores aportantes al Sistema Integral de Pensiones, en entidades financieras sólidas y solventes.

Gustavo Gómez es economista.

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Paz entre malas interpretaciones

/ 17 de octubre de 2022 / 00:10

En pasados días, mediante diferentes medios de comunicación, un senador del Estado ha emitido diferentes criterios con relación a la Gestora, argumentando que de acuerdo con el Decreto Supremo 4585 sería el gabinete presidencial y la Gestora quienes administrarán los aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), asimismo, que existirían $us 1.285 millones de los aportes que el Estado habría utilizado, entre otras opiniones que escapan a la verdad.

Es importante recordar que el Decreto Supremo 4585, en ninguno de sus artículos establece que el gabinete presidencial administrará los aportes de los asegurados al SIP, que tiene por objeto establecer los plazos para el inicio de actividades de forma parcial y total de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo del SIP.

En tal sentido, el referido decreto supremo no faculta al gabinete para ejercer administración con relación a los aportes de los asegurados al SIP, siendo la Gestora la única instancia que administrará dichos recursos.

Asimismo, es importante mencionar que el inicio de operaciones de la Gestora Pública se encuentra en observancia de la Constitución Política del Estado (CPE), la cual dispone que los servicios de la seguridad social no podrán ser privatizados ni concesionados y deben ser administrados por el Estado (artículo 45, parágrafos II y VI), este aspecto fue plasmado en la Ley 065 de Pensiones que además dispone la creación de la Gestora. En este sentido, la administración de los servicios de seguridad social no puede ser realizada por parte de privados o por una administración mixta.

Por otra parte, la normativa dispuesta en la referida Ley de Pensiones indica que los Fondos del Sistema Integral de Pensiones son patrimonios autónomos que no pueden ser dispuestos por ningún gobierno, por lo que se administran de forma independiente del patrimonio de la Gestora, siendo que tienen como destino único la inversión a objeto de generar rendimientos que posteriormente financian la pensión de jubilación del trabajador, por tanto, señalar que el Estado está manejando $us 1.285 millones de los aportes, solo demuestra la mala intención y un total desconocimiento de la normativa vigente.

En tal sentido, los aportes de los trabajadores a la seguridad social no pueden ser utilizados discrecional o políticamente; su administración se encuentra en el marco de la normativa vigente, que contiene la respectiva protección para que ningún gobierno pueda disponer de dichos recursos, no pudiendo dar un uso distinto fuera al que dispone la Ley 065 de Pensiones. El uso inadecuado sería un delito penado por la normativa vigente.

Por otra parte, mencionar que las inversiones con los aportes de los trabajadores son realizadas actualmente por las AFP (y en el futuro por la Gestora), conforme a leyes vigentes que protegen los recursos de los trabajadores. Las AFP, previa evaluación, invierten de forma voluntaria en valores del sector estatal y otros instrumentos financieros, considerando que éstos brindan mejores beneficios a los asegurados sin poner en riesgo sus recursos.

Las utilidades generadas por la Gestora producto de las actividades de administración, como empresa, son distintos a los rendimientos obtenidos por los aportes de los trabajadores como efecto de las inversiones, estos rendimientos incrementan los aportes de los trabajadores asegurados al Sistema Integral de Pensiones.

Si bien es importante que exista la libertad de expresar opiniones divergentes con relación a temas de coyuntura, es imprescindible que se realicen en el marco de la veracidad y objetividad basadas en la normativa vigente, evitando de esta manera realizar interpretaciones alejadas de la verdad y que solo buscan desinformar a la población.

Gustavo Gómez es economista.

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El camino de la Gestora

/ 17 de septiembre de 2022 / 02:01

Con la promulgación de la Ley 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, se creó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, constituyéndose en una Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE), de derecho público, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional.

Durante los últimos años, diseñó y estableció su funcionamiento a objeto de que inicie sus operaciones para la administración de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos correspondientes a dicho sistema, etapa que atravesó con algunas dificultades, principalmente técnicas, debido al proceso de migración de información entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Gestora, aspecto que ha provocado que no pueda cumplir con los plazos establecidos para el inicio de sus actividades en los regímenes contributivo y semicontributivo del SIP.

Desde enero de 2018, la Gestora se hizo cargo del pago de la Renta Dignidad, régimen no contributivo, siendo que a la fecha este beneficio llega a más de 1,1 millones de personas de 60 años o más, erogando de las arcas del Estado más de Bs 4.700 millones anualmente, servicio que lo realiza mediante agencias autorizadas que están distribuidas a lo largo del país y a través de unidades móviles para llegar a los lugares más alejados.

Mediante el Decreto Supremo 4585, del 15 de septiembre de 2021, se estableció los plazos para el inicio de las actividades de la Gestora en los regímenes contributivo y semicontributivo del SIP, de forma parcial hasta septiembre de la presente gestión y de manera total durante el primer semestre de 2023, a objeto de administrar los fondos del SIP, conformados con los aportes de los trabajadores y empleadores, por separado y fuera del patrimonio de dicha empresa por considerarse autónomo.

Para su financiamiento, como empresa, la Gestora recibe una comisión por cada operación de pago de la Renta Dignidad (RD) y Gastos Funerales (GF), que cubre el servicio de administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, la administración de la base de datos de beneficiarios, la gestión y pago de la RD y GF. A su vez, percibirá, desde su inicio parcial, una comisión por la administración de los aportes de cada nuevo asegurado que alcanzará a 0,5% del total ganado.

El inicio parcial de operaciones de la Gestora, registro y administración de los nuevos aportantes al SIP, se produce a partir del 9 de septiembre de la presente gestión, y hasta mayo de 2023 se encargará de administrar los aportes de todos los asegurados, sustituyendo de esta manera a las AFP que operan en el país desde 1997, cuando se cambió del sistema de reparto a la capitalización individual. En esta etapa inicial, los nuevos trabajadores dependientes, consultores, independientes y empresas deberán registrarse al SIP, a través de la plataforma informática de la Gestora, así también, en sus oficinas de atención a la ciudadanía distribuidas en el país.

Como toda empresa, en este caso pública nacional estratégica, tiene la oportunidad de destacarse, demostrando un manejo eficiente y responsable de los aportes y los servicios que brinda, denotando a su vez calidad y calidez a los asegurados y beneficiarios.

Es importante ver en el “retrovisor” el complejo camino que atravesó la Gestora en estos últimos años, pero resulta trascendental que, en el inicio parcial y total de sus operaciones, se pueda prospectar en el “parabrisas” del camino que se avizora, una oportunidad sin igual para demostrar el transparente y eficiente manejo de los aportes de todos los asegurados, dejando en el pasado el mito que cuestiona la administración de los recursos por parte de las empresas públicas y el Estado.

Gustavo Gómez es economista.

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Memorias de una hiperinflación

/ 9 de agosto de 2022 / 00:43

En la década de los 70, como consecuencia de los petrodólares, el Gobierno accedió fácilmente a créditos de entidades internacionales; no obstante, debido, entre otros, a la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, alza de las tasas de interés de los créditos internacionales y políticas inadecuadas, la deuda externa se convirtió en impagable. Bolivia y otros países de la región se vieron en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, por lo que se inició un periodo de crisis económica marcada por un proceso inflacionario que derivó en una hiperinflación.

Entre 1982 y 1985, nuestro país atravesó un periodo de inestabilidad económica con un permanente incremento de precios y sus consecuentes efectos devastadores que afectaron a toda la población, que día a día veía cómo el costo de los productos aumentaba, la escasez, el agio y la especulación apremiaban impactando el bolsillo de la población, en particular de los más vulnerables.

Los precios de los productos de primera necesidad se incrementaban permanentemente, inclusive en horas, mientras el gobierno de turno adoptaba medidas para tratar de controlar esto mediante un “listado de precios” que establecía un precio fijo para cada producto de la canasta familiar, controlado por las autoridades respectivas. Sin embargo, en los centros de abasto no se aplicaba dicha medida, creando desequilibrios en el mercado.

La tasa de inflación promedio se incrementó de 124% en 1982, 276% en 1983, 1.281% en 1984 hasta llegar a 11.750% en 1985, pasando rápidamente de una inflación a una inflación galopante para llegar a una hiperinflación, en términos económicos.

Debido a la incertidumbre y las expectativas, el exceso de demanda de productos de la canasta familiar aumentaba permanentemente en los mercados, las filas para comprar productos de primera necesidad generaban la escasez y subida de los mismos. Era recurrente observar en las panaderías, desde la madrugada, largas colas para conseguir unidades de “pan de batalla” que inclusive se vendía con un límite de compra para evitar el acaparamiento y la especulación, siendo que, en muchos casos, este bien representaba el alimento principal de la familia.

La moneda de refugio era el dólar, que continuamente se apreciaba con relación al peso boliviano con un tipo de cambio paralelo promedio que pasó de 144 a 718.486 pesos bolivianos por dólar entre 1982 y 1985, mientras que el tipo de cambio oficial promedio pasó de 69 a 451.057 pesos bolivianos por dólar en el mismo periodo de tiempo, marcada diferencia que se reflejaba en el centro financiero de la época, avenida Camacho.

El costo para detener la hiperinflación fue muy alto, en 1985, a través de una serie de medidas entre las que se incluía la vigencia de una nueva moneda nacional, el boliviano, en reemplazo del devaluado peso boliviano, la creación del bolsín para controlar el tipo de cambio y finalmente la “relocalización” de los trabajadores principalmente mineros; representó el establecimiento de un nuevo modelo económico bajo lineamientos internacionales.

La memoria colectiva de una generación que vivió las vicisitudes de la hiperinflación es consciente de las consecuencias y repercusiones que tiene una crisis económica y la subida permanente de precios. El hecho de encontrar los artículos de primera necesidad en un supermercado, ferias zonales y hasta en la tienda de barrio, al parecer es un hecho normal en la actualidad, no obstante, la generación que vivió los años 80 recuerda la crisis vivida, aspecto que esperemos no se vuelva a repetir.

En un contexto de inflación externa que está afectando al mundo y a países vecinos, es importante destacar las medidas económicas responsables adoptadas por parte del Gobierno, que están permitiendo mantener la estabilidad de los precios en el mercado nacional y de esta manera evitar las desavenencias de un proceso inflacionario.

Gustavo Gómez es economista.

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Beneficios para los adultos mayores

/ 15 de julio de 2022 / 01:46

Las políticas públicas adoptadas en beneficio de los adultos mayores reconocen la importancia de este sector para la sociedad y el núcleo familiar del cual son parte, así como las diferentes necesidades que tienen debido a los efectos del paso de los años.

En el actual contexto, es necesario analizar algunos de los aspectos que favorecen a los adultos mayores, entre los cuales se mencionan: la actualización de sus pensiones por la variación porcentual de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), incrementos adicionales a los establecidos por normativa, Pensión Solidaria de Vejez, prestaciones de protección a las personas de la tercera edad y la devolución del Re-IVA.

En el marco de la Ley 065 de Pensiones, se establece que la compensación de cotizaciones mensual, en curso de pago, que es un componente de una pensión en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), será actualizada anualmente en función a la variación anual de la UFV. Aplicando esta disposición normativa se tiene que, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia, a diciembre de 2020 la UFV fue de Bs 2,35851, siendo que en el mismo periodo de 2021 alcanzó a Bs 2,37376, por cuanto la variación porcentual de la UFV para 2022 es de 0,64659%. Dicha actualización ya está siendo cobrada por los jubilados del SIP desde enero de la presente gestión, lo cual representa un incremento en su pensión.

Otro aspecto a considerar es que, desde 2011 hasta 2021, se otorgaron incrementos adicionales a la mencionada actualización de la UFV que alcanzan a 14,9%, el mencionado aumento fue concedido por parte del Gobierno, considerando el contexto económico y el principio distributivo. A su vez, el total de ajuste adicional que elevó la pensión de los jubilados entre 2019 y 2022 alcanzó el 9,53%, que corresponde a la suma entre la actualización de la UFV para 2022 (0,64659%) y la sumatoria del total de los ajustes adicionales entre 2019 y 2021 (8,88%).

La Pensión Solidaria de Vejez, prestación de carácter mensual y vitalicia, es financiada con recursos del asegurado acumulados en su cuenta personal previsional, sumados con los rendimientos que se hubieran generado, más un componente denominado “fracción solidaria”, aspecto que permite mejorar la pensión de los jubilados en función de los años aportados, y la compensación de cotizaciones en caso que corresponda.

Entre otros beneficios, la Ley 1886 de 14 de agosto de 1998 establece descuentos para los ciudadanos bolivianos de 60 o más años de edad en el consumo de energía eléctrica y agua potable, mientras que el Decreto Supremo 264 de 26 de agosto de 2009 instaura beneficios adicionales como el descuento superior o igual al 40% en el costo de los pasajes aéreos en rutas nacionales; asimismo, las prestaciones de protección a la tercera edad benefician a los adultos mayores con el seguro médico gratuito de vejez, complemento nutricional (Carmelo) y el trato preferente en entidades financieras, entre otras medidas que favorecen a las personas de la tercera edad.

Por otra parte, los adultos mayores pueden beneficiarse de la devolución del Re-IVA en el marco de la Ley 1355 de 28 de diciembre de 2020, que identifica como beneficiarios a las personas naturales que tengan un ingreso promedio mensual inferior o igual a Bs 9.000, entre los cuales se pueden beneficiar los jubilados, rentistas y derechohabientes con el reintegro del 5% de sus compras.

Es importante reflexionar con relación al conjunto de medidas adoptadas en favor de los adultos mayores, asimismo la obligación que tienen las autoridades de Estado con relación al manejo responsable de la economía en un contexto de crisis internacional, por lo que un incremento adicional para los jubilados no acompañaría la etapa de recuperación económica que atraviesa nuestro país y contrariamente podría generar periodos de desestabilización, aspecto que afectaría a toda la población.

Gustavo Gómez es economista.

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