Voces

Monday 19 Feb 2024 | Actualizado a 14:04 PM

Una ley solidaria

/ 5 de diciembre de 2022 / 01:31

En pasados días se publicó en un medio de comunicación el artículo titulado “El sistema de pensiones es un sistema quebrado socialmente”, que menciona críticas mal intencionadas con relación a la Ley de Pensiones y a su vez cuestiona a los servidores públicos que se encargan de la emisión de la normativa en materia de Seguridad Social de Largo Plazo.

El hecho de la supuesta “quiebra social” hace deducir que se trataría de un rompimiento, distanciamiento, del sistema de pensiones y la sociedad (jubilados), no obstante, de las interpretaciones, la crítica versa con relación a la seguridad previsional en diferentes direcciones, criticando, entre otros, a la incidencia del Gobierno en el tema de las inversiones, la necesidad de entidades autónomas para la administración de los recursos de los Fondos de Pensiones, la devolución de aportes que habría dejado sin jubilación a los asegurados y el cuestionamiento a que los aportes estén principalmente en bolivianos.

Lo cierto es que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no prestan recursos de los Fondos de Pensiones al Gobierno, debido a que esta actividad no está comprendida dentro de su giro de negocio, por el contrario, realizan inversiones en Títulos Valores del Tesoro General de la Nación (TGN), operación que está abierta a cualquiera de las entidades habilitadas para participar de forma voluntaria y bajo la normativa vigente, pudiendo participar las empresas del Sector Financiero (Bancos), Sector No Financiero (Aseguradoras, Fondos de Inversión Cerrado, etc.) y por supuesto las AFP.

Se evidencia que, a septiembre de 2022, las inversiones de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) se encuentran en un 31% en el sector estatal, mientras que el restante 69% está distribuido en sectores privados de la economía, como ser el Financiero Bancario, Financiero No Bancario, Industrial, entre otros, aclarando que la rentabilidad de las inversiones es responsabilidad de las AFP debido a que dichos recursos están bajo su administración.

Por otra parte, la idea de generar instituciones autónomas, para la administración de los citados Fondos, contraviene la Carta Magna, la cual dispone que los servicios de la Seguridad Social no podrán ser privatizados ni concesionados y deben ser administrados por el Estado, creándose de esta manera la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) para tal propósito.

A su vez, la Gestora, en el marco del Artículo 156 de la Ley de Pensiones, contará con un Directorio profesional y especializado, considerando la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones en cuanto a inversiones, gestión administrativa, prestaciones y beneficios, entre otras, vale decir, ajenas a los temas políticos y que no contemplan injerencia alguna, situación similar a las entidades públicas que tienen competencias en materia de pensiones.

En referencia a la devolución de aportes de las AFP, observa que, producto de esta medida, muchos adultos mayores no se podrían jubilar; en tal sentido, aclarar que dicha política fue adoptada para apoyar e impulsar a las familias que se vieron afectadas por efectos de la pandemia, recursos que les permitieron reactivar su economía y con la posibilidad de restituir los mismos.

El mencionado beneficio, alcanzó a más de 313.000 asegurados del SIP con un monto total de Bs 1.068,9 millones, y es importante aclarar que existieron límites para la devolución de los aportes, precisamente para evitar que los asegurados no se vean afectados en su etapa de jubilación y puedan contar con una vejez digna.

Ahora bien, con relación a que el 90% de los recursos de los aportes de los asegurados están en bolivianos y que existen riesgos de inflación y devaluación, no se comprende dicha afirmación, considerando que Bolivia tiene una de las tasas más bajas de inflación del mundo, alrededor del 2%. A su vez, es conocido que en zonas limítrofes de nuestro país las familias extranjeras prefieren ahorrar en bolivianos, demostrando de esta manera la confianza hacia nuestra moneda, que además no se devaluó en comparación con otras de países vecinos, y que por el contrario se mantiene estable con relación al dólar estadounidense.

En este marco, se hace notar los aciertos de las medidas adoptadas y el principio solidario que contempla la Ley de Pensiones, priorizando la calidad de vida de los jubilados con el reconocimiento de sus años de trabajo y la otorgación de los beneficios correspondientes, favoreciendo principalmente a los asegurados que tienen ingresos bajos.

Es importante la expresión de ideas y comentarios mediante medios de comunicación, pero resulta fundamental que, previo a esto, se informen, a efectos de emitir criterios responsables con relación a diferentes temáticas, en este caso en lo referente a pensiones.

Gustavo Gómez es economista.

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El valor de las remesas

Gustavo Gómez

/ 3 de febrero de 2024 / 06:52

Diferentes compatriotas que radican en el extranjero envían remesas para sus familiares en el país como apoyo familiar. Así, de acuerdo a datos del Banco Central de Bolivia (BCB), la pasada gestión superaron los 1.287 millones de dólares, representando el valor monetario del trabajo que realizan los migrantes bolivianos que residen en el exterior y que envían estos recursos a sus familiares en el territorio nacional. 

En los últimos meses se conoció que diferentes entidades, que se dedican a esta actividad, no estarían entregando estos recursos en la moneda de origen, lo cual derivó en quejas y reclamos de parte de los beneficiarios, por lo que, mediante carta circular 662/2024 de 17 de enero de 2024, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a las entidades de intermediación financiera y empresas de giro y de remesas para que paguen en la misma moneda en la cual se haya hecho el envío de estos recursos. Vale decir, si la remesa fue enviada en dólares debe ser pagada al beneficiario también en dólares.     

Las remesas que llegan a nuestro país tienen pagadas las comisiones y otros costos operativos por los servicios prestados, por parte de las entidades financieras o las empresas de giro y remesas de dinero y sus corresponsales, los cuales son asumidos por los migrantes en los países desde donde remiten estas remesas, por lo que no afecta de ninguna manera al beneficiario que solamente debería cobrar estos recursos sin costo alguno. A su vez, las entidades financieras tienen un tarifario de comisiones por los servicios que brindan, mismo que tiene que hacer conocer a sus clientes de manera oportuna, mediante los canales establecidos para dicho propósito.     

Como apoyo a la mencionada carta circular de ASFI, el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante circular externa 5/2024 de 18 de enero de 2024, comunicó que coadyuvará al pago de giros y remesas del exterior en el territorio nacional en dólares estadounidenses, disponiendo la cuenta corresponsal del BCB en el exterior para que las entidades financieras puedan abonar en la mencionada cuenta estos recursos y el posterior retiro de los mismos con cargo a sus cuentas en el ente emisor, para que los mismos puedan ser entregados a los beneficiarios finales en la misma moneda de origen, el ente emisor no efectuará ningún cobro por dicho servicio.

Complementando las medidas, de la ASFI y del BCB, la Autoridad de Supervisión emitió la carta Circular 831/2024 de 23 de enero de 2024, a objeto de precisar que los giros y remesas del exterior efectuados en otras monedas extranjeras, por concepto familiar y no comercial, en favor de los beneficiarios dentro del territorio nacional, pueden ser pagados por las entidades financieras en dólares estadounidenses, tomando en cuenta el mecanismo previsto por el ente emisor.  

De acuerdo con el BCB, a noviembre de la gestión pasada, los principales países de origen de las remesas fueron: España (30,3%), Chile (21,9%), Estados Unidos (21,4%), Brasil (6,5%) y Argentina (4,9%). A su vez, entre los principales departamentos beneficiarios de las mismas se encuentran: Santa Cruz (44,4%), Cochabamba (28,3%) y La Paz (14%).

La esencia de estas medidas es valorar el trabajo que desarrollan nuestros compatriotas en el exterior, debido a que en algún momento por diferentes circunstancias tuvieron que emigrar del país, y, al mismo tiempo, precautelar el derecho que tienen los beneficiarios de estas remesas para recibir el dinero en la misma moneda de envío, teniendo la posibilidad de efectuar el reclamo correspondiente en primera y segunda instancia, si las entidades no cumplen con las instrucciones emitidas.

Es importante remitirse al objeto mismo de las medidas que benefician a la población y no a interpretaciones que solo critican y descalifican cuanta normativa es emitida por las autoridades competentes.

Gustavo Gómez
es economista

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Reflexiones para Mónica

¿La especulación estará provocando que no se normalicen las transacciones en dólares?

Gustavo Gómez

/ 18 de enero de 2024 / 07:04

En los últimos días, diferentes opiniones se refieren al dólar, pero al mismo tiempo esta coyuntura es aprovechada para emitir comentarios y críticas con relación a la subvención y los servidores públicos, entre otros, generando de esta manera tendencias que en muchos casos distan de la objetividad de las cifras.

De acuerdo con las entidades autorizadas, la provisión de dólares en el sistema financiero se está normalizando, debido a que el saldo en la moneda extranjera en diciembre de 2022 fue de $us 352 millones y al mismo periodo de 2023 alcanzó a $us 347 millones, lo que demuestra una tendencia a la normalización; no obstante, lo cierto es que en abril de 2023 llegó a $us 129 millones, su nivel más bajo en los últimos años. Aparte, el sistema financiero atiende con normalidad el flujo mensual de transferencias al exterior, en promedio de $us 800 millones.

Lea también: Inversiones en el exterior de las SAFI

Un indicador, no menor, se refiere a los reclamos que la población efectúa contra las entidades financieras, en este caso por las transacciones en moneda estadounidense, instancia a la cual tienen el derecho de acudir los consumidores financieros como mecanismo oficial de reclamo, que evidentemente muestra que entre marzo y abril de la anterior gestión se produjo un incremento notable, pero que a la fecha se redujo de manera significativa, perdiendo su importancia en el total de los reclamos.

Ahora bien, los datos presentados muestran la tendencia para retornar a los niveles de normalidad en las transacciones con la divisa extranjera. Hoy no hay colas en la entidad de intermediación del sistema financiero y mucho menos se las observa en la puerta del ente emisor, donde en un momento “casi toda” la población necesitaba dólares; en algunos casos sí era necesario porque algunas personas trabajan habitualmente con la divisa norteamericana, por lo que surge la interrogante: ¿la especulación estará provocando que no se normalicen las transacciones en dólares? 

El supuesto “corralito”, el cual es mencionado en alusión a la experiencia de un país vecino, del cual no existe ninguna determinación normativa que instruya la conversión de la moneda extrajera en moneda nacional, por lo que sería importante conocer la fuente de la afirmación, o es que solamente es vox populi, o el eco de algunos comentaristas que con las libertades que ofrecen algunos medios, incluidas las redes sociales, emiten criterios coyunturales que en muchos casos se relacionan con una actividad política.

Por otra parte, todos sabemos que tanto la gasolina como el diésel están subvencionados y por eso los servicios de autotransporte, así como algunos bienes, tienen un precio “accesible” a la población. Esto se ve reflejado en el precio del servicio público de autotransporte, por el cual pagamos mucho menos a lo que pagan en otros países en los cuales, debido al libre mercado, los precios de los servicios de transporte son el doble o el triple de los aplicados en nuestro país, los que favorecen a los sectores más vulnerables.

En tal sentido, sería importante que antes de sugerir eliminar las subvenciones a los hidrocarburos nos preguntemos: ¿cuánto afectará esta medida a la población y en particular a los sectores vulnerables? Es posible que no se haga esta reflexión y solamente se siga las recetas del libre mercado sin dimensionar los efectos adversos que podría tener para la mayoría de los ciudadanos.

Finalmente, el hecho de mencionar que existen 600.000 empleados públicos que son “zánganos”, no corresponde, debido a que la cantidad de servidores que trabajan en la administración del Estado no supera los 20.000, es decir, representan el 3% del total y solamente el 2% del Presupuesto General del Estado, que reciben su salario en moneda nacional sin ningún tipo de relación con el dólar. La mayoría de estos servidores son maestros, médicos, policías, militares y otros, por lo que cabe preguntarse: ¿qué ítems eliminamos? ¿no necesitamos más maestros, médicos o policías? Al contrario, hay más demanda de ítems para estos sectores cada año, debido a la legítima necesidad de la población para la educación, la salud y la seguridad, entre otras.

Podemos ir reflexionando aún más, pero por ahora esperemos que con estos aspectos no solo veamos el árbol de nuestro frente, sino todo el bosque.

(*) Gustavo Gómez es economista

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Inversiones en el exterior de las SAFI

Gustavo Gómez

/ 18 de diciembre de 2023 / 10:30

En la presente coyuntura existen diversas opiniones que se emiten por medio de las redes sociales y algunos medios de comunicación. Toda normativa, sean leyes, decretos, resoluciones y otros que están siendo evaluados, aprobados o puestos en vigencia por las entidades competentes del Estado son mal interpretados, relacionados con la falta de divisas, la fuga de capitales y, en un extremo, asociados a una supuesta crisis por la cual estaría atravesando nuestro país.

Así, la modificación al reglamento para las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) y los Fondos de Inversión, del 8 de diciembre de 2023 (ASFI/1272/2023), no podría ser la excepción, más allá de que la esencia de la mencionada norma tenga la finalidad de uniformar los niveles de inversión que pueden ser mantenidos por los fondos de inversión abiertos y cerrados en los mercados internacionales con un límite de hasta 5%.   

Lea también: ¿Mercado paralelo del dólar?

Este límite máximo para las inversiones por parte de las SAFI no es nuevo, ya que mediante la Resolución 246/2019, del 27 de marzo de 2019, ya se tenía fijado el porcentaje límite de inversiones en el exterior de 5%, es decir que esta vigente más de cuatro años y de ninguna manera se constituye en una nueva restricción para las inversiones que efectúan las SAFI, como algunos analistas quieren hacer creer.   

La modificación al citado reglamento tiene vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Electrónica de Regulación Financiera, el 8 de diciembre de 2023, por lo cual ésta es aplicable desde entonces, teniendo además las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión un plazo para ajustar sus reglamentos internos a los cambios mencionados hasta el 31 de enero de 2024. Por tanto, en ningún momento se vulnera el carácter de retroactividad mencionado en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado.

Los motivos para la realización de la citada modificación se efectúan en el marco de las atribuciones para la ASFI emanadas en la Ley 393 de Servicios Financieros y la Ley 1834 del mercado de valores, por lo que se establece el respectivo control al mercado de valores, a los participantes, entidades y actividades relacionadas.

En términos generales, todas las inversiones tienen un análisis en el cual se evalúa la relación entre los rendimientos y el nivel de riesgos, considerando que en el entorno internacional existen diferentes crisis e inestabilidad en los mercados. En nuestro país existe estabilidad, por lo que las SAFI que se encargan de administrar estos recursos, mediante políticas de inversión, deberían efectuar el respectivo análisis para orientar las inversiones de los participantes en instrumentos del mercado de valores que les reporten mayores beneficios en el mercado nacional. 

Las SAFI pueden identificar inversiones en empresas públicas y privadas nacionales y dinamizar diferentes sectores, en el marco de las directrices emanadas por el Estado, que identifica sectores priorizados para créditos, apoyando al fortalecimiento del crecimiento y desarrollo de las empresas nacionales que participan en este tipo de mercado.

Es importante que la población se informe principalmente de las fuentes de entidades competentes en la materia, en este caso del mercado de valores, y no se deje llevar por comentarios inapropiados que circulan principalmente en las redes sociales.

(*) Gustavo Gómez es economista

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¿Mercado paralelo del dólar?

Gustavo Gómez

/ 18 de noviembre de 2023 / 06:45

Durante la crisis económica de los años 80, el surgimiento de “mercados paralelos” era una realidad, existía un incumplimiento a la lista de precios de los productos de la canasta familiar fijados por el gobierno de turno, que, a su vez, efectuaba el control respectivo en los mercados, a objeto de precautelar los intereses de la población. Pese a esta situación, los productos eran comercializados en espacios paralelos a precios mayores pactados entre el oferente y el demandante, similar situación ocurría con la divisa estadounidense.

Era común ver que se ofrecía la divisa estadounidense en la avenida Camacho de la ciudad de La Paz, a un tipo de cambio diferente al establecido por la autoridad de turno, creándose de esta manera un escenario de mercado paralelo en el cual se ofertaba esta moneda a un tipo de cambio mayor; claro está, era un escenario de crisis económica en la cual la hiperinflación golpeaba a la población y los especuladores aprovechaban de la situación, ante la débil posición del Estado, que no podía frenar la crisis.

En esta etapa se produjo un evento que profundizó la crisis del tipo de cambio: la desdolarización, medida que convirtió de manera forzosa los depósitos que estaban en moneda extranjera a moneda nacional y al tipo de cambio oficial. Este episodio significó que el total de los depósitos en el sistema financiero nacional se encuentren en “pesos bolivianos”, significando una pérdida irreparable para los ahorristas en dólares que vieron disminuidos o eliminados sus ahorros.       

El dólar es una moneda que, en tiempos de crisis, inestabilidad e incertidumbre política, económica y social, se convierte en un refugio debido a que es una forma de minimizar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional en términos reales, ante expectativas del incremento de precios, depreciando de esta manera el tipo de cambio de manera continua. 

Afortunadamente son tiempos del siglo pasado que no se comparan con la realidad por la cual atraviesa el país. La estabilidad de la economía y la bolivianización de la misma derivan en una innecesaria demanda de la divisa estadounidense para la mayoría de la población que efectúa sus transacciones habituales en moneda local.

A la estabilidad se suma el desarrollo de sus instituciones en materia financiera. Es así que la autoridad que regula las entidades financieras, en el marco de sus competencias y atribuciones, realiza de manera permanente el control de la compra y venta del dólar estadounidense en las entidades de intermediación financiera, empresas de giros y remesas de dinero y casas de cambio, efectuando labores de supervisión sobre las transacciones realizadas por dichas entidades, debiendo cumplir de manera plena el margen del tipo de cambio establecido por la normativa en actual vigencia, precautelando de esta manera los intereses de los consumidores financieros y en observancia a la normativa, por lo que cualquier espacio al margen de la norma es ilegal.   

La existencia de “mercados paralelos” supone la vulneración a la normativa, al control y la supervisión que son efectuados a las entidades relacionadas con la divisa estadounidense. Una supuesta provisión de dólares por parte de las entidades financieras a determinados grupos económicos para su posterior comercialización en espacios paralelos a tipos de cambio mayores al establecido no es posible, porque estaría al margen de la norma y sujeta a sanción.

La estabilidad del país en un contexto adverso, el desarrollo institucional de las entidades gubernamentales y la madurez de la población en general, están frenando los embates especulativos y el surgimiento de “mercados paralelos”. La mayoría de la ciudadanía efectúa sus transacciones en moneda local y solo los especuladores crean escenarios paralelos para beneficio propio. Es inadmisible volver al pasado.

Gustavo Gómez es economista.

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Inclusión con rostro de mujer

Los créditos al sector productivo para las mujeres se incrementaron en 29%, del cierre de 2020 a septiembre del actual año

/ 4 de noviembre de 2023 / 00:26

En pasadas semanas Claudia Goldin, economista estadounidense, recibió el Premio Nobel de Economía, máxima distinción de las ciencias económicas, por sus investigaciones con relación a la participación y los ingresos de las mujeres en el mercado laboral, investigación que analizó los cambios estructurales, normas sociales y familiares en los que se desarrolla la mujer.

El hecho demuestra dos elementos. Por una parte, el galardón para una mujer que realizó diferentes investigaciones, logrando de esta manera la excelencia académica y, por otra parte, la importancia de la inclusión de las mujeres en las diferentes actividades económicas de un país, en un contexto muchas veces adverso para ellas.

Dentro de estos aspectos, la inclusión financiera desempeña un elemento fundamental debido a que permite el acceso a los diferentes productos y servicios financieros para las mujeres, pudiendo financiar sus iniciativas o emprendimientos mediante productos financieros a su medida, aspecto que juega un rol preponderante para que logre independencia y empoderamiento, y de esta manera su desarrollo pleno.

En nuestro país, en los últimos años se han creado productos financieros en beneficio de las mujeres, como “Banca mujer”, para el empoderamiento económico de las mujeres, apoyándolas en su progreso; “Jefa de hogar”, para el financiamiento de emprendimientos productivos de las mujeres que son cabeza de familia; y “Avanza mujer”, un modelo de banca inteligente que acompaña el desarrollo de los negocios de las mujeres en condiciones adecuadas de financiamiento.

Se estableció el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre), para un sector conformado mayoritariamente por mujeres, así como el Fondo de Crédito de Apoyo a Micro Empresas (Focremi), que tiene una participación importante de las mujeres en la actividad del microcrédito. La inclusión y la educación financiera para las mujeres acompañan estas iniciativas posibilitando mayor acceso y uso de los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras.

Los datos del sistema financiero muestran que, a septiembre, existe una participación cercana al 50% en lo referente al número de cuentas abiertas por las mujeres en las entidades financieras, lo que denota la existencia de un acceso equitativo a los servicios que proporcionan estas entidades, en este caso los depósitos.

En materia crediticia, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2023 hay un crecimiento de 18% en cuanto a las colocaciones en beneficio de las mujeres, superior a los hombres (9%), destacándose que el 42% va destinado a microcrédito y el 38% a vivienda, entre los más importantes destinos que dan las mujeres a los créditos. Este crecimiento se evidencia en los créditos otorgados a mujeres en el área rural, el cual, en el mismo periodo de tiempo, subió en 29%, siendo superior al crecimiento para los hombres (18%), demostrando la democratización en el acceso al financiamiento para las mujeres.

Los créditos destinados al sector productivo para las mujeres se incrementaron en 29%, del cierre de 2020 a septiembre de la presente gestión, superior al crecimiento registrado por los hombres (12%), demostrando de esta manera la inclusión y la participación cada vez más importante de las mujeres en las actividades productivas.

La cartera de vivienda de interés social en el periodo comparado, diciembre de 2020 y septiembre de 2023, denota que los créditos para las mujeres se elevaron en 20%, superior a los hombres (11%). A la fecha, 98.677 familias se benefician de este crédito, el cual es destinado principalmente para la compra de vivienda (73%) y la construcción (17%).

Estos resultados muestran avances significativos en la inclusión financiera de las mujeres, existiendo aún la necesidad de fortalecer la inclusión de ellas, que van ganando espacios importantes en el ámbito académico, económico (productivo) y social.

Gustavo Gómez es economista.

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