Voces

Wednesday 1 Feb 2023 | Actualizado a 20:24 PM

Anti-nación

/ 6 de diciembre de 2022 / 01:43

Los últimos días me trajeron a la mente a Carlos Montenegro, quien sostenía que Bolivia se encontraba tal como estaba a principios del siglo XX debido a que la gobernaba no su nación, sino todo lo contrario: su anti-nación.

En su lectura, la independencia del país vino acompañada del desafortunado hecho de que la mayor parte de sus dirigentes perecieron en el campo de batalla, quedando para gobernar después de la victoria solo aquellos que, de hecho, no lucharon por ella, y que incluso se oponían a la independencia. Una casta descendiente de colonizadores más preocupada por conservar sus privilegios frente al resto de los estratos que agrupaba la Audiencia de Charcas que por construir un Estado soberano y viable.

Esta élite ajena a los intereses nacionales a la cual Montenegro se refiere, la oligarquía hacendada y luego minera de Bolivia, sería la responsable de las sucesivas derrotas y desmembramientos territoriales sufridos por el país desde mediados del siglo XIX, resultado inevitable de su peculiar concepción del espacio, que la llevaba a confundir el territorio patrio con su hacienda.

La pérdida del litoral en la guerra contra Chile en 1883, la pérdida del Acre en la guerra contra Brasil en 1903 y la pérdida de una parte del Chaco en la guerra contra Paraguay en 1935, todos episodios en los que se pudo haber luchado más, cedido menos o por lo menos no unirse al enemigo tal como lo hizo Aniceto Arce al impulsar, junto a capitales chilenos, la construcción del primer ferrocarril boliviano.

Su descrédito frente al resto de la sociedad boliviana después de la virtual derrota del Chaco terminaría catalizando un movimiento parte aguas en nuestra historia: el nacionalismo revolucionario, abanderado por una intelectualidad de la cual Montenegro fue uno de sus miembros más prominentes. Destacaban también, acá, otras figuras como Augusto Céspedes y René Zavaleta Mercado.

Esta élite execrada terminaría siendo desplazada del poder político en la Revolución de 1952, conducida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario o MNR, después de un largo periodo de inestabilidad política que siguió al final de la conflagración contra Paraguay. Zavaleta, al escribir sobre la misma, diría lo siguiente:

“Era, en efecto, no solo una clase opresora sino también una clase extranjera. Por su origen, por sus intereses, por sus supuestos mentales, la oligarquía boliviana fue siempre ajena en todo a la carne y el hueso de las referencias culturales de la nación. Los latifundistas y el gran capitalismo minero, vinculado directamente con el imperialismo, eran sus expresiones fundamentales”.

La Revolución Nacional de 1952 inaugura, por lo tanto, una nueva época en el país que dura hasta 1964, momento en el cual esta experiencia es interrumpida por un golpe de Estado con la aquiescencia del gobierno de los Estados Unidos. Las ideas del nacionalismo, sin embargo, continuarían como un horizonte de interpretación histórica por mucho más tiempo y es justamente eso lo que queremos rescatar.

Es a partir de ese momento que el concepto de soberanía emerge con meridiana claridad en la discusión política del país, para emanciparlo del negligente gobierno de sus élites y, de esa forma, también de la dominación extranjera.

Montenegro fue el primero en denunciar a aquel sujeto parasitario, entreguista, xenófilo y neocolonial como un factor determinante para explicar nuestras desventuras como sociedad, y creo que todavía es útil, a juzgar por los acontecimientos de las últimas semanas, en las que se llegó a sacrificar los intereses no solo del país, sino de la propia región que se decía defender, solo por una reivindicación claramente instrumental en la lucha de la oligarquía en contra de un gobierno popular.

El concepto de anti-nación es, con todo, un nudo temático fundamental para explicar cómo y por qué pensamos de determinada manera; y creo todavía relevante para entender por qué a algunos les resulta más fácil sentirse antes cambas que bolivianos, así como las consecuencias que puede tener esa forma de razonar.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Vándalos, holgazanes y borrachos

/ 31 de enero de 2023 / 01:43

Es usual que los medios de comunicación pertenecientes a las clases dominantes de esta parte de nuestro continente se refieran a las protestas populares como muchedumbres compuestas por vándalos, holgazanes y borrachos, como viene sucediendo en el Perú, últimamente. Con aquella estigmatización de la lucha social, se añade violencia simbólica a la brutalidad ejercida desde el Estado, deshumanizando a millones de hombres y mujeres que no solo deben resistir golpes y disparos, sino, por si fuera poco, también insultos, en su irrenunciable lucha por el reconocimiento de su dignidad.

No obstante, la experiencia latinoamericana ha demostrado sobradamente la relación entre el paramilitarismo de derecha y el crimen organizado, de la cual se valen las oligarquías locales para sostener el status quo, cuando campesinos, indígenas y trabajadores deciden organizarse para enfrentar la explotación laboral o la exclusión social. Dicho paramilitarismo no tiene por qué ser muy sofisticado, por otro lado, y puede constituirse de pandillas de jóvenes deseosos de conseguir rápido ascenso social a costa de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Esto es justamente el caso de muchos integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista, carne de cañón movilizada recurrentemente por las clases empresariales radicalizadas de aquel departamento, la mayoría con antecedentes penales de todo tipo, e inclinados a cometer otro tipo de crímenes cuando toman el control de las calles, como sucedió con los asaltos, extorsiones y hasta violación grupal cometidos durante el fracasado paro de 36 días que sostuvieron sobre todo mediante la intimidación y la violencia.

Es también el caso de las guarimbas venezolanas, los grupos de autodefensa colombianos, las pandillas que controlan las calles haitianas y los paramilitares que extorsionan a los habitantes de las favelas en Brasil. Las oligarquías latinoamericanas tienen poca capacidad para construir consenso político en sus países, por lo que deben recurrir casi siempre a la violencia como principal forma de sostenimiento de su dominación. Las mentiras de sus periodistas pagados no alcanzan para garantizar la obediencia de la gente, y no siempre es posible hacer un uso descaradamente clasista del Ejército y la Policía como sucede hoy en Puno, por lo que es imprescindible contar con músculo barato en las calles, casi siempre proveniente del mundo del hampa.

Por otra parte, es lógico que estas estructuras de dominación paramilitar no podrían organizarse solo por el ingenio de nuestras oligarquías criollas, que son parte de un esquema de poder global en cuyo centro se encuentra el imperialismo estadounidense, que opera a través de sus agencias de inteligencia en todo el mundo, estableciendo lazos directos entre los sectores más reaccionarios y el crimen organizado, como sucedió en Nicaragua durante los años 80. La relación es, entonces, así: aparatos de inteligencia estadounidenses —grupos paramilitares—, organizaciones criminales.

Existe, pues, una diferencia cualitativa entre el campesino y la campesina que hoy están peleando en aquella otra parte del mundo andino y los jovenzuelos que tomaron las rotondas cruceñas durante más de un mes. A los primeros, los mueven tradiciones organizativas sindicales construidas con mucho esfuerzo durante casi un siglo, o simplemente el impulso moral de reivindicarse como sujetos con derechos; mientras que los segundos no son más que pequeños engranajes de una maquinaria aceitada con dinero y alcohol.

Y lo último no es una exageración. Piensen: ¿Hubieran resistido tanto las rotondas de la UJC sin el lubricante de parrilla y cerveza? Ya lo advertía el barbudo de Tréveris en su 18 Brumario: la base social del pequeño bufón que acaudillaba a las clases dominantes de la Francia del siglo XIX no hubiera podido movilizar ni siquiera a un vagabundo sin las interminables provisiones de aguardiente y salchichón donadas por sus patrocinadores. Los drogadictos, malvivientes y borrachos están al otro lado de la trinchera, como el triste émulo de Pablo Escobar que hoy reside en Chonchocoro. La próxima que decidan ir al paro, deberíamos simplemente cortarles la cerveza. A ver cuánto duran.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Un acto de traición

/ 17 de enero de 2023 / 01:21

Señalar que la derecha boliviana sufre de disonancia cognitiva no ayuda a resolver los dilemas democráticos que enfrenta nuestra sociedad desde hace algunos años. No estamos tratando con esquizofrénicos que dicen una cosa y luego hacen otra, ni tampoco con payasos burlones conscientes de su hipocresía, sino con fascistas convencidos que no se sonrojan ante la evidente incoherencia que existe entre lo que hacen y lo que predican, porque dicha contradicción es necesaria para la consecución de sus objetivos.

Lo que pretenden, en otras palabras, es confundir a la población con su retórica pseudodemocrática, que se refiere en abstracto a ideales imposibles de condenar como la igualdad, la libertad y la justicia, al mismo tiempo que promueven la violencia, el racismo y la impunidad. No se podría esperar menos de un movimiento que se hizo famoso por utilizar la tricolor como prenda de vestir para luego desfalcar el Estado e intentar vender el país al FMI durante el gobierno de Áñez. Curioso nacionalismo conservador ese que, ante su fracaso para desestabilizar al Gobierno con la excusa del Censo, decide abandonar esa capa de rojo, amarillo y verde para abrazar sin complejo alguno la causa federalista. La particular variedad de nacionalismo “pitita”.

Y ya ni hablar de sus supuestas convicciones democráticas, que de repente desaparecen cuando se les habla acerca de la sistemática violación a los derechos humanos de indígenas, campesinos y personas de barrios populares que sufrieron no solo persecución política, sino la vulneración del derecho fundamental a la vida, con dos masacres y ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de facto, de impronta jailona y clasemediera.

Menos hablar sobre su concepción de justicia e institucionalidad, que parecen olvidar cuando se les recuerdan los antecedentes que condujeron al arresto del rey chiquito de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que van más allá de desoír repetidas citaciones del Órgano Judicial para prestar su correspondiente declaración sobre el caso Golpe de Estado I (eso se queda corto, aunque no es poco); de repente, todos estos supuestos defensores del Estado de derecho se hacen a los oídos sordos cuando se les presenta evidencia de transacciones financieras de un ciudadano privado a miembros jerárquicos de las FFAA, mientras medios como Página Siete tienen el cinismo de poner todavía en duda la existencia de un golpe de Estado en 2019 a pesar de tales pruebas, ¿para qué eran, entonces, esos traspasos de dinero del pequeño Camacho a un general de la Fuerza Aérea?

No falta mucho para que esta oposición se dé cuenta de que ya no es necesario portar una careta democrática para encaminar su lucha política por la restitución de la república excluyente, y cuando ello suceda, valdrá poco señalarle sus inclinaciones autoritarias. En realidad, la popularidad de esta derecha subiría más si dejaran de disimular apego a los valores liberales o posiciones moderadas, bastando los ejemplos de Trump y Bolsonaro para demostrar que es la abierta adopción de posturas racistas y reaccionarias lo que parece seducir a masas de jóvenes lumpenizados que no tienen por qué justificar filosóficamente sus deseos de ascenso social. Al Capone no tenía por qué demostrar la eticidad de sus acciones, porque la única medida para estas personas es el éxito.

En ese contexto, no es la hipocresía o las incoherencias de la oposición las que deben indignarnos, sino el hecho de no sumarse a esta lucha contra el fascismo en Bolivia de forma decidida y sin ambigüedades. No apoyar la defenestración de esta oligarquía de una vez y para siempre es el verdadero acto de traición que ningún renovacionismo podría suponer. No estamos hablando de una disputa por el liderazgo dentro del movimiento popular, sino de una lucha entre el pueblo y el fascismo que debería simplificar cualquier proceso de unificación de las organizaciones sociales en contra de un enemigo que ha demostrado en 2019 hasta dónde es capaz de ir para conseguir sus objetivos. Obviar que ellos, y solo ellos, son el enemigo, ese es un acto de traición.

Carlos Moldiz es politólogo.

Comparte y opina:

Quédense en sus condominios

/ 3 de enero de 2023 / 00:49

Antes de ser abatidos por la Policía, Eduardo Rózsa y su grupo se fotografiaron a sí mismos posando con armas de fuego de grueso calibre, en una vulgar demostración de hombría muy común entre los conservadores de cualquier parte del mundo. Y no solo eso. Previo a su llegada a Bolivia, su líder admitió en una entrevista con un periodista húngaro que había sido convocado por la oposición al entonces presidente Evo Morales para formar parte de un movimiento abiertamente secesionista que tendría su base en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Años después, Luis Fernando Camacho admitió ante sus correligionarios y en presencia de los medios de comunicación, que su padre había cerrado tratos con la Policía y el Ejército para que no se reprimiera las manifestaciones que conducirían al derrocamiento de Morales, admitiendo con ello la existencia de un complot golpista cuyo éxito no hubiera sido posible sin la complicidad de una parte de la oficialidad de las fuerzas del orden que, de acuerdo con la ley, estaban obligadas a defender al gobierno legalmente constituido.

Naturalmente, siguiendo los principios de un Estado de derecho, tanto Rózsa como Camacho enfrentaron las consecuencias de sus actos, el primero al costo de su vida, y el segundo con su libertad. Aquello no debería sorprender a nadie. A principios de diciembre del año que acaba de pasar, fueron arrestados los miembros de una célula terrorista que pretendía ejecutar un golpe de Estado en contra del Gobierno alemán, para instaurar en el poder a un descendiente de la aristocracia de ese país. Porque eso es lo que se supone que debe suceder con cualquiera que intente tomar el poder sin ganar elecciones en un Estado democrático.

Lo que sí sorprende es la increíble estupidez de quienes forman parte de estos esquemas conspiratorios, sacándose fotografías que los inculpan, dando entrevistas sobre sus planes o admitiendo cómo es que los llevaron a cabo frente a medios de comunicación. Asombra también la indignación de algunos frente a la lógica respuesta por parte del Estado ante tales intenciones, como si tratar de derrocar a un gobierno proveniente de las urnas no mereciera otra cosa que la cárcel. En ese sentido, los detractores del masismo deberían reconsiderar su estrategia discursiva, puesto que la disonancia entre lo que dicen y lo que hacen es no solo inocultable, sino hasta insultante con la inteligencia del boliviano promedio.

Es evidente que no pueden ganar elecciones y que no reconocen la validez de la institucionalidad boliviana, por lo que les resulta legítimo elegir a un mandatario en las aulas de una universidad privada antes que hacerlo en la Asamblea Legislativa de su Estado. Se trata de un problema que no solo enfrentan las clases dominantes de este país, sino también en otras partes del mundo, razón por la cual algunos partidos de derecha admiten abiertamente su rechazo a la democracia, cosechando éxitos electorales paradójicamente. Tal vez lo mejor para la oposición boliviana sea ser un poco más honesta, así eso la lleve al cinismo. Es decir, reconocer que en un país mayoritariamente indígena y popular es muy difícil para las clases altas tomar el poder mediante las urnas y dejar de hablar en nombre de una democracia por la cual no guardan verdadera convicción.

Eso o fundar su propio país, debiendo considerar, sin embargo, que el Estado boliviano está obligado a defender su unidad e integridad territorial. Tal vez lo mejor que pueden hacer los riquillos de este país, por el momento, es quedarse en sus condominios y admitir su ineptitud política.

Por otro lado, la labor de la Justicia en Bolivia no ha concluido. El golpe de Estado debe ser castigado, pero con mayor contundencia deben sancionarse las masacres y asesinatos selectivos perpetrados por el gobierno de Jeanine Áñez, que amerita más que 10 años de cárcel. Ambos delitos son inseparables, por otro lado, pues para instaurar un régimen por encima de las instituciones del Estado era inevitable recurrir a la violencia más extrema. En ese sentido, tanto Carlos Mesa como Tuto Quiroga son culpables no solo por la interrupción de la democracia en nuestro país, sino también por asesinato.

Sugerencia: la próxima que intenten un golpe de Estado, no se saquen fotos ni se lo digan a la prensa, ¿ok?

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Gente de bien

/ 20 de diciembre de 2022 / 02:24

No me sorprendió leer en las noticias sobre posibles irregularidades en la gestión del espacio urbano de la actual administración del alcalde paceño, Iván Arias, quien llegó a esa oficina impulsado por el detestable anti-masismo de ciertas clases medias que durante las elecciones municipales actuaban todavía bajo el influjo del movimiento “pitita”, caracterizado sobre todo por un racismo revanchista tan premoderno que me hace desear una revolución india antes que una revolución socialista.

Arias es un representante de esa decadente clase media alta que se acostumbró durante décadas a disfrutar de los privilegios de la administración del Estado al mismo tiempo que despreciaban a otros sectores de la sociedad a partir de criterios fenotípicos y de abolengo, y que ha vivido las últimas décadas como una verdadera catástrofe tanto a nivel personal como de clase, y que se puede apreciar en esa película sobre la zona Sur que salió hace más de una década. Y por muy ridículo que parezca, a pesar del tiempo, no se acostumbran. Basta solo con recordar cómo reaccionó este sector de la sociedad paceña cuando se terminó de conectar el Megacenter con la ciudad de El Alto con una de las líneas de la empresa Mi Teleférico.

En todo caso, ¿qué es lo relevante de este hecho? En primer lugar, siguiendo a mis amigos marxistas, que no es posible la acumulación originaria sin la participación del Estado, incluyendo en esto sus niveles locales o, lo que es lo mismo, no hay tal cosa como fortuna inocente, al menos no en Bolivia. Lo particular de nuestro caso, me atrevo a sugerir, es que se dio en el marco de lo que alguien llamó hace algún tiempo capitalismo de caras conocidas, pero acá con su propio sello de elitismo jailón, que se sirve de los actuales hilos del gobierno municipal de La Paz para garantizarse la adjudicación de jugosos contratos que solidifiquen su posición de clase.

Y creo que esto que decimos sobre La Paz puede decirse aún con más contundencia sobre el departamento de Santa Cruz y sus élites doblemente más corrompidas, cuyo discurso de condena al narcotráfico se calló repentinamente cuando se comenzó a sugerir la pertenencia de algunos de sus miembros a ese lucrativo negocio.

No nos hagamos a los tontos, una buena parte de ese dinero que recorre Equipetrol tiene su origen en la comercialización de cocaína, razón por la cual se dan recurrentemente ajustes de cuentas en aquella región y su periferia. Una emergencia del comercio ilícito que no podría lograrse, tampoco, sin la complicidad de algunas reparticiones del Estado, siendo la Policía el sospechoso más usual, pero qué sé yo.

Por otra parte, no es necesario ir tan lejos como el narcotráfico para delatar la descomposición de las clases dominantes de este país, siendo suficiente con mencionar el destape de los ítems fantasma en la gestión de la gobernación de ese departamento, involucrando a connotados cívicos y ex autoridades locales. Nuevamente, la acumulación explosiva de fortunas a partir de mecanismos ya no informales, sino abiertamente ilícitos, que dan cuenta de que quienes más hablan de meritocracia y competencia en este país son generalmente los más proclives en meterse a cualquier tipo de negocio sucio con tal de garantizarse su ascenso social.

Ése es el verdadero rostro de la gente bien en este país, que de paso hecha el grito al cielo cuando ven a un masista ocupar un cargo en el Estado, que seguramente desean como una cerveza fría en un caluroso día de verano. Mezquindad pura, nada más, pero cimentada en un extraordinario sentimiento de pertenencia de clase que no hará más que intensificar las actuales tensiones que nos atraviesan como sociedad. Sigan con su racismo y la cosa seguirá creciendo.

¡Dale negro!

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Por qué ser nazi es malo

/ 22 de noviembre de 2022 / 01:19

Los nazis son malos porque son racistas y provocaron muchas muertes, y si debo explicarte eso es porque de verdad eres un idiota.

A nadie parece preocuparle la emergencia del fascismo en Bolivia. Y no me refiero al fascismo figurativamente, como cuando llamamos fascista a un oponente político por no compartir plenamente convicciones liberales, sino al fascismo en su acepción clásica; es decir, la de hombres y mujeres organizados en células paramilitares guiados por la convicción fanática sobre la inferioridad de una raza o un pueblo.

Y al parecer, están en Bolivia. ¡Hasta salen grabados extendiendo el brazo derecho para hacer el refrito Sieg Heil! Las imágenes no fueron difundidas por los medios tradicionales, a Página Siete no le importa, pero se encuentran ahí en las redes sociales, en las que se puede ver claramente a un grupo de personas del Comité pro Santa Cruz despidiendo a uno de sus miembros con el gesto hitleriano, sin disimular, así nomás.

Ahora bien, creí que existía un consenso general acerca de la proscripción de esta doctrina del odio que produjo una guerra mundial y el Holocausto, con sus más de cinco millones de muertes e incontables tragedias. De hecho, en teoría, ser nazi o reivindicar a dicho movimiento es ilegal en algunas partes del mundo, y con muy buena razón.

Nada de eso impide que columnistas como William Herrera Áñez elogien las jornadas de paro cívico que se dieron en Santa Cruz como una expresión incontenible de impulsos democráticos, como lo son naturalmente la destrucción de sedes sindicales obreras y campesinas, el asesinato de personas, la violación grupal de una mujer y la intimidación de sectores populares a manos de matones alcoholizados.

No me sorprende que Herrera sostenga ese tipo de posiciones (ni que llame salvajes a las clases trabajadoras). Siempre han existido tipos como él, pero estaban formalmente vetados del espacio público, limitados por lo que se consideraba políticamente correcto, en torno a un consenso mundial que cerraba filas en defensa de la democracia liberal tras la caída del Muro de Berlín y el retroceso de las dictaduras militares a finales de los años 80. Había fachos, sí, pero eran marginales y hasta ridiculizados. No es que fuera una época perfecta, pero al menos inclinaciones fascistas estaban fuera de discusión, aunque fuera por una cuestión de apariencias.

Creo que deberíamos recuperar aquella sana tradición de prohibir y castigar la expresión de doctrinas abiertamente antidemocráticas, como la del nacionalsocialismo. ¿Estoy poniendo en duda el derecho de libertad de expresión de algunos? ¡Sí!, ¡definitivamente! ¿Tienen los simpatizantes del nazismo derecho a expresarse? ¡No, en absoluto! De hecho, ni siquiera deberían tener derecho a participar políticamente; deberían ser obligados a buscar ayuda psicológica, además de pasar un saludable tiempo en prisión. Estamos hablando de nazis, la materialización de todo lo que puede haber de malo y destructivo en el ser humano.

Pero personas como los nazis trasnochados del video que circula en las redes sociales no solo deberían ser arrestados por sus despreciables convicciones políticas, sino por haber formado parte de un movimiento que asaltó un comando policial en el municipio de La Guardia, provocó tres muertes, una violación grupal, la destrucción de una comunidad ayorea, decenas de heridos, millones de dólares en pérdidas económicas y el despliegue de matones alcoholizados que cobraban dinero en cada rotonda (y esto lo admitió literalmente un miembro del Comité Interinstitucional, así que cuidado con lo que reivindicas, Herrera) ¿O ahora también vas a elogiar a Pablo Escobar? ¿Tengo que recordarte por qué ser gánster también es ilegal?

Los dirigentes del Comité pro Santa Cruz y de la Unión Juvenil Cruceñista deben ser arrestados y puestos a disposición de la Justicia no solo por ser pro nazi, sino por haber dirigido un movimiento abiertamente sedicioso, terrorista y delincuencial, que produjo pérdidas humanas y materiales, además de la violación de derechos y libertades fundamentales; y es obligación del Estado boliviano hacer cumplir el respeto a sus leyes y el orden constitucional: Camacho y Calvo deben ir a la cárcel. Y los fachos, fuera de la opinión pública. Vayan a hacer un club de la pelea o competiciones de cosplay.  

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina: