La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado (PGE) se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.
El PGE se compone de dos grupos de cuentas; por un lado, los ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras; y por el otro lado, los gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes basados principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.
En este contexto, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país. El importe del PGE 2023 agregado asciende a Bs 317.129 millones y el consolidado, a Bs 243.950 millones, y tiene como objetivos: garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones; fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad; continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes; y consolidar la política de acceso universal y gratuito a la salud y educación.
La inversión pública registra un importe de $us 4.006 millones, de los cuales se destinarán $us 1.671 millones al sector productivo, para proyectos del sector agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía; $us 1.024 millones para el sector social, destinados a proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda; $us 959 millones para el sector infraestructura para los proyectos en comunicaciones, recursos hídricos y transportes; y $us 352 millones para el multisectorial.
Se garantizan los recursos económicos para dar continuidad a las políticas sociales como el pago del bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, el bono Juana Azurduy, además de la ayuda económica para las personas con discapacidad grave y muy grave. Asimismo, en el marco de la CPE se priorizarán los recursos para educación y salud, destinando Bs 26.347 millones (10,8% del PGE consolidado) y Bs 24.639 millones (10,1% del PGE consolidado), respectivamente.
Es importante resaltar que el PGE 2023 contempla la política de subvenciones a los hidrocarburos y alimentos en beneficio de la población, a fin de continuar con la estabilidad de precios en un contexto de presiones inflacionarias de origen externo, donde Bolivia se posiciona como una de las economías con más baja inflación a nivel mundial. Es así que dentro de los supuestos macroeconómicos del PGE 2023 se encuentra una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,86%, una tasa de inflación de 3,57%, un resultado fiscal de -7,49% y se mantendrá el tipo de cambio.
Finalmente, el PGE 2023 con base en el MESCP permitirá retornar a la senda del crecimiento económico sostenido, con una inflación baja y controlada; asimismo, se dará continuidad al proceso de industrialización con sustitución de importaciones. Y la política económica y social con redistribución de excedentes coadyuvarán al incremento del ingreso, la reducción de la pobreza extrema, la disminución del desempleo y de la desigualdad económica.
Fernando Chuquimia es especialista financiero.