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Sunday 5 Feb 2023 | Actualizado a 15:42 PM

Modernización de la administración pública

/ 9 de diciembre de 2022 / 01:15

Del 22 al 25 de noviembre se desarrolló el XXVII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en Sucre-Bolivia, coorganizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), con el objetivo de presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública en los países de Iberoamérica y el Caribe, así como analizar las innovaciones tecnológicas en la administración pública.

El CLAD es un organismo público internacional creado en 1972, con sede en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene por objeto propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe, para ello lleva adelante un encuentro anual con representantes de los países que forman parte del Congreso.

Dicho evento ha fortalecido las nuevas tecnologías en la administración pública, los programas de lucha contra la corrupción y mejorar las relaciones de los servidores públicos con los ciudadanos; conferencistas como Patria de Lancer Julnes y Christian Asinelli expresaron que se avecina nuevos retos para la región, en la que se debe fortalecer la nueva organización del trabajo, a través de la inteligencia artificial, fortalecimiento de los gobiernos locales, participación ciudadana, impulsar una gobernanza colaborativa, espacios de formación para líderes y jóvenes de la región, y transparencia de gobiernos nacionales y subnacionales en favor de la integridad pública.

La modernización de la administración pública en Bolivia denota en la capacidad de administrar y gestionar los recursos del Estado a través de una estrecha relación entre gobierno y el pueblo, orientado al vivir bien, en tal sentido el MEFP expuso en dicho evento la eficiencia con la que se garantizó la resiliencia ante las crisis política, económica, sanitaria y social, emergentes del COVID-19, los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, y sobre todo la herencia de la mala administración del gobierno transitorio, esto gracias a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), como una política acertada que permite una importante presencia estatal en la economía para hacer más eficiente la asignación de los recursos, promover el crecimiento, lograr cambios estructurales en la economía, controlar el mercado y redistribuir la riqueza, fortaleciendo el sector productivo y la industrialización con sustitución de importaciones, articulada a la planificación nacional, sectorial e institucional, con mecanismos de participación y control social (Ley 777 SPIE).

Bolivia, desde la implementación del MESCP, destacó grandes resultados a través de medidas de reconstrucción de la economía, entre los principales resaltó el promedio del Producto Interno Bruto de 2006 a 2019, que alcanzó al 4,7%, y al segundo trimestre de 2022 registró un aumento del 4,1%, y para 2023 se proyecta un crecimiento económico del 4,86%. Otra variable de suma importancia es la inflación, que a octubre de 2022 registró un 2,5%, constituyéndose en una de las más bajas a nivel mundial. Por otra parte, los créditos productivos incrementaron en 10,3% (a septiembre de 2022) respecto a 2021, la reducción de la tasa de desempleo urbano abierto de 11,6% (julio de 2020) a 4,2% (a septiembre de 2022), la reducción de la pobreza extrema de 13,7% (2020) a 11,1% (2021), la cobertura de servicios financieros alcanzó de 81 municipios (2007) a 285 municipios (2022), que representa el 84% del total del país y 11,6 millones (98%) de habitantes cuentan con acceso a los servicios financieros.

Estas medidas, entre otras, fueron expuestas como experiencias sobre el trabajo que realiza el Gobierno, haciendo notar claramente la buena gestión que se realiza.

Las experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones entre los miembros del CLAD permiten un mayor fortalecimiento de las instituciones públicas y la mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas, entre las cuales, el Gobierno ha demostrado tener políticas de gestión sólidas, superando los modestos resultados del modelo neoliberal y preservando, como patrimonio de los bolivianos, la estabilidad económica y social.

Limber Flores Quispe es contador público.

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Reconstrucción para la alimentación y agricultura

/ 7 de julio de 2022 / 00:40

La alimentación y la agricultura han ocupado titulares de medios de comunicación, en un contexto nacional e internacional emergente de la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que han azotado en gran parte al sistema alimentario mundial; fruto de ello, hay oportunidades de reconstrucción económica y productiva en el sector agropecuario.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles que no se han observado en la región en los últimos 12 y 20 años, traduciéndose en cambios en los hábitos alimentarios (con reducción en el número de comidas y la compra de alimentos de menor calidad nutricional), llevando a un aumento del hambre. António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió el 18 de mayo de 2022 que los próximos meses amenazan con “el espectro de una escasez mundial de alimentos” que podría durar años.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que los precios de los alimentos y la comida seca para el ganado se elevarían en hasta 20%, por el conflicto en Ucrania, provocando un aumento de la malnutrición en el mundo.

Recordemos que el sector agropecuario está en el eje 3, “Seguridad Alimentaria con Soberanía, Promoción de Exportaciones con Valor Agregado y Desarrollo de Turismo”, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021- 2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, que tiene como objetivo promover políticas de desarrollo productivo que permitan equilibrios productivos e industriales sostenibles en Bolivia.

En consecuencia, hoy el Estado ha diseñado políticas a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con programas de hortalizas, ganado bovino, piña, banano y plátano, tubérculos y raíces, granos andinos, agricultura urbana y periurbana, pesca y acuicultura, y de apoyo a la producción apícola, que serán ejecutadas hasta 2025, con alcance nacional y con una inversión de más de Bs 2.533 millones.

Dichos programas son parte del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que contribuye a una alimentación más diversa y sana, con acuerdos comerciales, incremento de la productividad de las tierras, con mejoramiento de semillas, fertilizantes y proyectos de riego, fomentando así negocios más rentables y competitivos, promoviendo nuevas oportunidades socioeconómicas que representarán una importante fuente de ingresos, generación de empleo, abastecimiento de alimentos en los mercados, reduciendo así la dependencia de alimentos provenientes del exterior.

Y no olvidemos que la Constitución establece que el modelo económico se encuentra orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de los bolivianos, señal importante de que el Estado se encuentra enfocado a promover y garantizar la soberanía alimentaria, que dinamiza el comercio, incrementa el empleo y, sobre todo, evita la escasez de productos con alto valor nutricional.

Por lo tanto, ante la crisis y sus efectos, se presentan desafíos que deben traducirse en acciones innovadoras como las que está realizando el Estado en diversos ámbitos, con nuevas relaciones, alianzas y trabajo colaborativo entre actores públicos, privados y la sociedad civil, para hacer una Bolivia productiva, con desarrollo en el sector agropecuario e impulsando la soberanía alimentaria.

Limber Flores Quispe es contador público.

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