“La salvación del pueblo es ley suprema” o “salus populi suprema lex est”, como lo postulaba el original brocardo latino, es el eje alrededor del cual un irresoluto debate de la comunidad internacional ha sido abordado por el pensamiento colectivo boliviano, regular la venta de un recurso limitado que sólo puede obtenerse de personas vivas y que en ciertas circunstancias es difícil de conseguir: sangre o plasma.

Tradicionalmente se reconocen dos modelos para la obtención de sangre humana y por consiguiente de plasma. El “altruista” que promueve la obtención por donación, y el “remunerado”, que la subsume a una relación sinalagmática que presupone compensación pecuniaria. El debate alcanza matices complejos, porque desde la bioética pone en perspectiva no solo el modelo de sociedad, sino el valor que le asignamos a la salud y en el fondo interpela la concepción antropológica que tenemos de nosotros mismos.

El teólogo alemán Fritz Jahr, escribió en 1927 un artículo denominado “Bio-ethik”, introduciendo el inédito concepto. Inspirado en los imperativos éticos kantianos, subrayó la importancia de un imperativo bioético que oriente correctamente el comportamiento de la humanidad con respecto a los seres vivos. Hoy, esta ciencia ha trascendido el perímetro de su etimología, la Bios (vida) y ethos (ética) ensaya una aproximación multidisciplinaria verificable cuando la ciencia domina y transforma la naturaleza y el ser humano.

La donación de sangre es un nítido ejemplo de la aplicación de la bioética. Se supone que se parte de un principio de autonomía, por el cual el donante es un individuo que voluntariamente y de forma altruista está en disposición de brindar su sangre o algunos de sus componentes para ser empleados en enfermos que lo necesiten.

El primer elemento de análisis es el término “donación”, que alude a la liberalidad y gratuidad con la que alguien transmite algo propio a un tercero que lo acepta, por ello quien transfiere sangre a cambio de cualquier compensación, por mínima que sea, no está haciendo una donación, sino una venta. El segundo concepto que debería manejarse con solvencia es la solidaridad, entendida como la adhesión circunstancial a la causa ajena. El tercero es el altruismo, que alude a quien procura el bien ajeno aún a costa del propio.

La reflexión de la bioética sobre las ciencias de la vida y sus implicaciones morales es asistida por una vocación “principista”, desde cuya óptica la práctica de la medicina y la salud no pueden abstraerse de un sentido ético y humanista enmarcado en el deber ser. La Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, aprobó en 2005 la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que reconoció 15 principios bioéticos. Entre aquellos, nuestra tradición cultural destaca ciertos principios éticos básicos, a saber: 1) beneficencia: obligación moral que impele a contribuir con el bienestar del otro, considerando que el solamente no causar daño es insuficiente; 2) no maleficencia: no provocar daño; 3) autonomía: capacidad de tomar una decisión libre e informada; y 4) justicia: acceso a la sanidad y una distribución equitativa de beneficios, riesgos y costes.

Por regla jurídica los principios deben cumplirse, salvo que entren en conflicto con una obligación de igual o mayor magnitud, en cuyo caso será necesario el análisis o la ponderación.

Ahora bien, el modelo altruista se funda en razones clínicas y de eficiencia, considera que las donaciones bajo este modelo son seguras, pues no existiendo incentivo económico, se excluye a quienes solo buscan compensación. Su componente ético es la solidaridad social, pues a quien dona, le asiste un móvil de colaboración y tal vez, como mucho, un beneficio psicológico o un reconocimiento social. Sumado a ello, plantea otro argumento ético ligado al concepto de dignidad humana: liberalizar la venta sería comercializar con el cuerpo humano, que se presume inalienable.

La crítica al modelo altruista es su falta de garantía de ser eficiente. Parecería que es un modelo incapaz de garantizar la autosuficiencia de la eventual demanda de esa sangre. Considérese con ello que un fundamento a favor de la remuneración es la cadena de transmisión, pues si al primer eslabón se le exige o impone altruismo, también se le podría exigir similar comportamiento al médico, al responsable del centro, al proveedor de bolsas, así como a todos los que participaron en la obtención de la muestra.

El modelo remunerado se autopercibe viable porque asegura soportar la demanda, por ello considera que resuelve un problema ético importante: el acceso de los pacientes a un tratamiento médico adecuado; empero, siguiendo la misma dialéctica, toca cuestionar a la luz de los criterios de utilidad social, que si es ético pagar, ¿cuál sería el precio justo? o ¿quién decide ese carácter justo?

En Bolivia, la Ley de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, Ley N° 1687, del 26 de marzo de 1996 y su Decreto Reglamentario N° 24547, del 31 de marzo de 1997, prohíben el pago o la comercialización de sangre humana y sus componentes. Desde entonces, jurídicamente en nuestro país la sangre ha adquirido la categoría de res extra commercium.

Desde un punto de vista ético, todo apunta a que el modelo altruista es más defendible que el remunerado, pero la falta de sangre dificulta mantener el valor del altruismo. Lo cierto parece ser que la remuneración puede atentar contra la dignidad humana, instrumentalizando el cuerpo, por lo que los actores políticos y la sociedad civil deben reflexionar, sin olvidar que la finalidad debe ser curativa y no lucrativa, sobre la importancia de promover un modelo de obtención y gestión de la sangre desde el marco de la cultura de la donación; cualquier decisión biopolítica de las autoridades competentes, seguramente considerará todos estos aspectos.

Danny Javier López Soliz es abogado constitucionalista y experto en gestión pública

La estructura del Órgano Ejecutivo en la historia de Bolivia ha sido marcada por la creación de ministerios en muchos casos inéditos y en otros funcionales a las necesidades y realidades de cada época en particular. En algunos casos su permanencia en el tiempo ha sido prolongada, con menores modificaciones a su nomenclatura, y en otros casos su duración ha sido esporádica. Desde nuestra fundación en 1825 se evidencia un claro patrón de pensamiento en la lógica política que acompañó cada decisión de conformación de los distintos gabinetes: la realidad contemporánea y las necesidades imperantes del momento en que se tomó determinada decisión.

A guisa de ejemplo, la Constitución Política de 1826, reguló a través de su Artículo 92 la existencia de “tres ministros del despacho: el uno se encargará de los departamentos del interior y relaciones esteriores (sic); el otro del de hacienda; y el tercero del de guerra y marina”. Tiempo después, la Constitución Política de 1831, modificó —a través del Artículo 85— la conformación de este reducido grupo de ministerios, de la siguiente manera: “Habrá tres Ministros de Estado para el despacho: el uno se encargará de los departamentos del Interior y Relaciones exteriores, el otros del de Hacienda, y el tercero del de Guerra”.

Sin duda eran otras épocas. Pero a los efectos que nos interesan en este momento, resalta la supresión del componente “marina” del denominativo del referido Ministerio. ¿Quiso decir aquello que el tema de marina fue desatendido? ¿Se podría interpretar que al gobierno nacional no le preocupaba la marina y por eso la “eliminó”?

Ciertamente la respuesta no puede ser otra que negativa, porque la marina fue y siguió siendo atendida en la estructura administrativa del Estado desde el Ministerio de Guerra, e incluso adquirió marcado protagonismo hacia finales del siglo XIX.

Desde entonces, los ejemplos son variados. El Artículo 6 de la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, de 1972, destaca la existencia en aquella época de —inter alia— los ministerios de: “Educación y Cultura”, “Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil”, “Industria, Comercio y Turismo”, “Energía e Hidrocarburos”, “Urbanismo y Vivienda” o el de “Integración”.

Las decisiones políticas de organización del Ejecutivo posteriores a 1972, variaron sustancialmente en la ingeniería administrativa de la época. “Educación y Cultura” fueron dos áreas que con el tiempo se convirtieron en carteras autónomas; en determinado momento un denominado ministerio de “Obras Públicas, Servicios y Vivienda” absorbió la responsabilidad de las políticas de transporte y aeronáutica civil.

En cierto momento “Comunicaciones” fue Ministerio, en otro momento se optó por designar simplemente un Portavoz oficial. Turismo se desprendió de “Industria y Comercio” con la misma facilidad con la que desapareció el Ministerio de “Integración”.

La postrimería del siglo XX creó ministerios denominados “sin cartera” responsables de temas varios como: “Hidrocarburos”, “Desarrollo Municipal”, “Servicios Financieros” y de “Asuntos Campesinos, Indígenas, Género y Generacionales”. Luego se institucionalizó uno responsable de “Capitalizaciones”.

Muchos años después se crearon delegaciones presidenciales, para la lucha contra la corrupción e incluso para temas específicos de defensa legal del Estado, cuya evolución llegó a constitucionalizarse hasta erigirse como un Órgano Extrapoder, tal como lo es la Procuraduría General del Estado.

El siglo XXI trajo y se llevó ministerios. El hasta en cierto momento denominado “Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción” pasó a depender de la estructura del Ministerio de Justicia; el extinto Ministerio de Autonomías pasó a depender del Ministerio de Presidencia; y el Ministerio de Energías alcanzó autonomía propia y se desprendió del Ministerio de Hidrocarburos. Recientemente se ha modificado la estructura del Ejecutivo en las áreas de “Culturas y Turismo”, “Comunicación” y “Deportes”.

Este rápido repaso de la historia de las estructuras de algunos gabinetes de Ministros, evidencia la dinámica con la que se organiza y reorganiza el aparato Administrativo. La jerarquización de determinada materia no significa necesariamente que el tema sea tratado de una manera preferencial o que sea abiertamente postergado, pues la regulación de todas las materias de interés para el Estado se encuentra expresada en la propia Constitución Política del Estado.

De manera comparativa con otras latitudes del orbe, llama la atención el caso europeo de Liechtenstein, donde sólo cinco personas componen el gabinete de ministros. En aquel país el Primer Ministro ejerce a la vez la repartición de Finanzas; el ministro de Relaciones Exteriores, lo es a la vez de Educación y de Cultura.

Madagascar registra 35 ministerios con un interesante ministerio denominado de “Transporte y Metereología”. Guinea tiene un ministerio de “Hospitalidad, Turismo y Artesanías”. Y con la misma autonomía y soberanía que asiste a las naciones y a las cabezas que dirigen los Órganos Ejecutivos, Angola decidió crear un ministerio de “Excombatientes y Veteranos de Guerra”.

India es un tema de estudio especial. Con sus 56 ministerios, es el país con mayor número de miembros del gabinete en el mundo, los cuales abarcan carteras de “Fertilizantes”, “Carbón” y de “Asuntos Tribales”.

Algunos países consideran que la creación de ministerios es la solución a los problemas de la cosa pública. Sin embargo, es necesario cuestionarse si es preciso crear cargos burocráticos para resolver determinados objetivos de Estado.

A partir de todos estos elementos, no se debe perder de perspectiva que en Bolivia, el Artículo 98 de la Constitución Política garantiza la diversidad cultural, que constituye la base esencial del Estado siendo su responsabilidad fundamental la de preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país; en el Artículo 105, se establece que el Estado promoverá la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo; a través del Artículo 106 el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

La visión país es amplia, sus necesidades son múltiples y para ser atendidas no requieren la existencia de un Ministerio expresamente creado para tal fin. La consagración de las aspiraciones legítimas de los bolivianos no está condicionada a la jerarquización de determinada repartición estatal. La variable conformación del Órgano Ejecutivo nos demuestra que son las necesidades coyunturales, en algunos casos políticas, en otras económicas e incluso de agenda social, militar, de relacionamiento étnico, o de integración regional lo que inspira la conformación de Ministerios.

Danny Javier López Soliz es abogado constitucionalista y experto en gestión pública