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Un presupuesto alentador

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Pablo Laura

Disponer de un instrumento de planificación económico y financiero que trate sobre los ingresos y gastos para un determinado periodo, resulta importante porque a partir de éste se podrá tomar conocimiento del destino de los recursos que sean asignados a las entidades y empresas públicas, cuya razón principal de existencia, a partir de las funciones que desarrollen, es la prestación de servicios y la producción de bienes en beneficio de la población.

El Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2023, recientemente aprobado el 17 de diciembre de 2022, mediante la Ley 1493, expresa los objetivos y metas trazados por las entidades y empresas del sector público para el siguiente año, cuya consecución permitirá concretar la ejecución de políticas sociales para el desarrollo de la población, aspecto que refleja una vez más la importancia y el valor que tiene el bienestar de las y los bolivianos.

Entonces, resulta alentador saber que el PGE de la gestión 2023 prevé Bs 426 millones para el pago de la Renta Dignidad por el derecho a una vejez digna de los ciudadanos de edad avanzada, Bs 163 millones para el pago del Bono para Personas con Discapacidad como apoyo para aquellas personas que presentan alguna discapacidad grave o muy grave, Bs 184 millones para el pago del Bono Juana Azurduy por el derecho a la vida, y Bs 473 millones para el pago del Bono Juancito Pinto por el derecho a una educación digna e incentivo a la permanencia escolar.

Por otra parte, la importancia de la inversión pública impulsada por el Estado, con un presupuesto estimado de $us 4.006 millones para el siguiente año, apoyará a diferentes sectores para continuar y potenciar la dinamización de la economía boliviana, entre ellos, el sector agropecuario, hidrocarburos, minería, energía, industria y turismo con un 42%; educación, salud, seguridad social, deporte, cultura, saneamiento básico, urbanismo y vivienda con un 26%; recursos hídricos, transporte y comunicación con un 24%; y defensa, justicia y para la administración central con un 9%. De esta manera, se refleja la labor sustancial que tienen las entidades y empresas del sector público por el impacto que generan en la sociedad, en apego a su misión y visión.

En consecuencia, el PGE de la gestión 2023, al ser claro, específico, detallado y transparente, crea aquella sensación de estabilidad y seguridad que todos esperamos tener, en específico porque permite conocer cuáles serán las fuentes de recursos y su uso previsto a través de una planificación y administración responsables con principios de economía y eficiencia, en respuesta a un modelo económico en el que prima la generación y redistribución de riquezas para las y los bolivianos, el cual se articula al actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

Pablo Laura es contador público.