21 de diciembre, 1942-2022
Con un campeonato de fútbol en Villa Tunari, el Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros (FSTMB) celebró el Día del Minero, el Ministerio de Trabajo declaró feriado en el sector, varios sindicatos reafirmaron su fe democrática, renovando sus directivas sindicales, la subalcaldía de Catavi, con un desfile de teas y una verbena, asumió la fecha como la de su creación, y Fencomin celebró su 58 aniversario de la salida de la Federación de Mineros y su creación en la época de Barrientos. Mientras —en el flamante edificio de la FSTMB— retumbaba el pub “Das Kapital” y en el sótano, la estatua de don Juan Lechín se llena de polvo y olvido.
El 21 de diciembre de 1942, el poder minero perpetró la masacre de Catavi, en las pampas de María Barzola. Con este hecho los mineros llegaron al convencimiento de quién era su enemigo, no solo su patrón y el gobierno, sino el imperialismo norteamericano, que, a título de defender la democracia y garantizar el estaño para la guerra, obligó a sus cipayos a suspender el Código del Trabajo, prohibiendo las huelgas. Incontables muertos vertieron su sangre para abonar la consigna: Nacionalización de las minas.
Diez años bastaron para que el llamado se hiciera voz nacional. Diez años de lucha creativa: la renovación del discurso gremial por uno político, la construcción de una organización nacional, la participación política en el Parlamento, denunciando y enfrentando las masacres blancas y rojas de la oligarquía, manteniendo la unidad granítica en torno a las resoluciones de sus congresos, participando en acciones armadas de resistencia —como la guerra civil de 1949— y el proceso electoral de 1951.
Madurez política, que le permitió transformar el fracaso del golpe de Estado, planeado por el MNR, en una insurrección popular y revolucionaria que impuso una agenda para transformaciones estructurales: nacionalización de las minas y revolución agraria. No dudaron en participar en un gobierno que ellos habían puesto y lo consideraban suyo, su vigilancia pondría en marcha sus anhelos. El 31 de octubre de 1952 se nacionalizaron las minas, después de un estudio dilatado de siete meses y la presión ejercida con pronunciamientos, movilizaciones y amenazas. El 2 de agosto de 1953 se dictó la Reforma Agraria, mientras se consumaba la toma de las haciendas. Así el MNR asumió la paternidad de estos hijos de la insurrección. La euforia revolucionaria llevó a prohibir las huelgas, aportar para construir fundiciones, sancionar a los faltones, emular en la producción y la racionalización de los costos; esfuerzos inútiles cuando se imponía hacer de la empresa estatal la alforja para la vertebración y diversificación del país, a costa de la postergación del desarrollo del occidente.
El periodo revolucionario concluyó con la institucionalización, su energía revolucionaria fue encerrada con leyes y códigos: reorganización del ejército, cierre de minas marginales, devaluación monetaria, entrega del petróleo, chantaje para aprobar la ley de seguridad social a cambio del plan de estabilización. La nacionalización de las minas costó una cuantiosa indemnización y el compromiso de seguir vendiendo concentrados a la Patiño, frustrando la independencia económica que tenía como base la fundición e industrialización de los minerales.
Lo que no logró la oligarquía —romper la unidad— lo lograron las canonjías del poder. Se creó la COB paralela, se intervino congresos sindicales, se detuvo a dirigentes sindicales para imponer el Plan Triangular en las minas vetando la participación sindical en la Comibol. Cuando se recompuso la unidad obrera en el congreso de Colquiri (1963), el tiempo político había pasado, el recambio vino con la dictadura militar.
La resistencia a la prepotencia militar incluyó asambleas sorpresivas en horas de trabajo, el trabajo a desgano; era la resistencia ante la falta de sindicatos y la rebaja de sueldos. Cualquier incidente podría convertirse en un polvorín, la detención de un dirigente o la realización de un ampliado; así se dio la masacre de Llallagua en septiembre de 1965 y la de San Juan en 1967. Fue la carga explosiva que finalmente recuperó la democracia en 1982. Sin embargo, encerrada en los parámetros constitucionales, comenzó la fragmentación del movimiento obrero, “había que construir el partido de vanguardia”, albañiles no faltaban. Así el gobierno de la democracia —Siles Zuazo— fue devorado por el sistema de partidos, el que, finalmente, puso fin a la histórica y gloriosa FSTMB con el DS 21060 y el cerco de Calamarca.
El neoliberalismo liquidó aquel movimiento histórico y engendró otra clase obrera minera, que no concluye en definir su derrotero histórico ante una realidad apabullante: el sector estatal minero solo es el 6% de este sector, la minería es el puntal en las exportaciones del país y su contribución no pasa del 10% de la riqueza extraída; su producción sigue siendo primaria, no hay fundiciones, menos industrialización. El país sigue esperando al sujeto histórico que cambie este entuerto que a 80 años de la masacre de Catavi nos sigue atormentando.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.