En las últimas semanas, en medios de comunicación se ha discutido y analizado sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, unos de forma técnica y otros lo hicieron con un tinte netamente político, estos últimos (a través de lo político) han intentado provocar tensión y conflicto, al parecer, para entorpecer la aprobación del proyecto de Ley del PGE 2023, evitando la continuidad del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que tanto éxito ha tenido mejorando varios indicadores económicos que, a su vez, ha permitido disminuir el desempleo y la pobreza, garantizando a la población boliviana la estabilidad que requiere para su bienestar.
En consecuencia, me encantaría precisar algunos temas que se habló sobre la inversión pública destinada para obras de infraestructura y uno de los objetivos del PGE 2023.
Comencemos con la elaboración del PGE, la que considera el comportamiento esperado de las principales variables económicas y su impacto en nuestra economía. Por lo tanto, el contexto macroeconómico, entre otros factores (Producto Interno Bruto, inflación, comercio exterior, mercados financieros, precios internacionales de los minerales, hidrocarburos, productos agrícolas, los efectos post-COVID-19, hechos políticos, entre otros) fueron utilizados e influyeron para la elaboración del PGE de cada gestión, es decir, que lo acontecido en 2018, 2019… y 2022, comparados para 2023, están marcados por diferentes factores y efectos en el crecimiento económico.
En el marco del MESCP, entre sus objetivos está fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad, para dar continuidad al crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia.
Para cumplir con dicho objetivo se impulsa la inversión pública, que se ha constituido en un eje importante para dinamizar la demanda interna de nuestra economía, con efectos positivos en varias actividades económicas; por esta razón, el PGE 2023 proyecta una inversión de $us 4.006 millones, de los cuales, el 42% se destina para el sector productivo, el 24% para infraestructura y el resto, para el sector social y multisectorial.
Dentro del 24% de estos recursos para obras de infraestructura, son destinados a proyectos en comunicaciones, recursos hídricos y principalmente en transporte, que se constituyen con la construcción de carreteras y puentes, entre otros, que tienen como finalidad consolidar la integración vial en los nueve departamentos del país, dándole como prioridad la continuidad de proyectos que actualmente están en desarrollo y otros que están en etapa de conclusión; estos recursos son destinados para estudios de diseño técnico de preinversión, proyectos para la conservación, construcción y rehabilitación de carreteras, que beneficiarán a todos los habitantes de cada región del país.
Son más de 148 proyectos carreteros para la siguiente gestión y si hablamos de dobles vías, el PGE 2023 contempla la construcción de más de 15, como ser: Tramo Central «El Sillar», Puente Yapacaní-Puente Ichilo, Tramo Av. Petrolera-Angostura-Paracaya, Confital-Bombeo, Yacuiba-Campo Pajoso-Fase I, Sucre-Yamparáez, Cotoca- Pailón-Paraíso, Villa Tunari-Puente Chimoré- Puente Mariposas, La Guardia-El Torno, Caracollo-Confital, Santa Cruz-Warnes, entre otros, inversión que fomenta e impulsa a varios sectores de la economía.
La inversión pública tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico, es decir, a mayor gasto de capital, mayor crecimiento; esta afirmación ha sido compartida por economistas y académicos de diferentes organismos internacionales, que vieron los resultados del MESCP y su impacto en nuestra economía. El gasto de capital en obras de infraestructura, la construcción de carreteras generan un efecto crowding-in (efecto atracción o estímulos que la inversión pública ejerce sobre la economía), que impulsa a la inversión privada a ser más productiva e importante en el nivel de producción y el empleo.
La inversión en obras de infraestructura, para la conservación, construcción, rehabilitación de carreteras y puentes en los nueve departamentos ha permitido el desarrollo productivo de varios sectores económicos de diferentes regiones del país, promoviendo la integración, seguridad alimentaria e incrementando el flujo turístico; por lo tanto, es importante dar continuidad al MESCP, que a través del PGE 2023 prioriza la estabilidad, el crecimiento y el manejo sostenible de las finanzas públicas.
Sergio Magne es economista.