Antes de ser abatidos por la Policía, Eduardo Rózsa y su grupo se fotografiaron a sí mismos posando con armas de fuego de grueso calibre, en una vulgar demostración de hombría muy común entre los conservadores de cualquier parte del mundo. Y no solo eso. Previo a su llegada a Bolivia, su líder admitió en una entrevista con un periodista húngaro que había sido convocado por la oposición al entonces presidente Evo Morales para formar parte de un movimiento abiertamente secesionista que tendría su base en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Años después, Luis Fernando Camacho admitió ante sus correligionarios y en presencia de los medios de comunicación, que su padre había cerrado tratos con la Policía y el Ejército para que no se reprimiera las manifestaciones que conducirían al derrocamiento de Morales, admitiendo con ello la existencia de un complot golpista cuyo éxito no hubiera sido posible sin la complicidad de una parte de la oficialidad de las fuerzas del orden que, de acuerdo con la ley, estaban obligadas a defender al gobierno legalmente constituido.
Naturalmente, siguiendo los principios de un Estado de derecho, tanto Rózsa como Camacho enfrentaron las consecuencias de sus actos, el primero al costo de su vida, y el segundo con su libertad. Aquello no debería sorprender a nadie. A principios de diciembre del año que acaba de pasar, fueron arrestados los miembros de una célula terrorista que pretendía ejecutar un golpe de Estado en contra del Gobierno alemán, para instaurar en el poder a un descendiente de la aristocracia de ese país. Porque eso es lo que se supone que debe suceder con cualquiera que intente tomar el poder sin ganar elecciones en un Estado democrático.
Lo que sí sorprende es la increíble estupidez de quienes forman parte de estos esquemas conspiratorios, sacándose fotografías que los inculpan, dando entrevistas sobre sus planes o admitiendo cómo es que los llevaron a cabo frente a medios de comunicación. Asombra también la indignación de algunos frente a la lógica respuesta por parte del Estado ante tales intenciones, como si tratar de derrocar a un gobierno proveniente de las urnas no mereciera otra cosa que la cárcel. En ese sentido, los detractores del masismo deberían reconsiderar su estrategia discursiva, puesto que la disonancia entre lo que dicen y lo que hacen es no solo inocultable, sino hasta insultante con la inteligencia del boliviano promedio.
Es evidente que no pueden ganar elecciones y que no reconocen la validez de la institucionalidad boliviana, por lo que les resulta legítimo elegir a un mandatario en las aulas de una universidad privada antes que hacerlo en la Asamblea Legislativa de su Estado. Se trata de un problema que no solo enfrentan las clases dominantes de este país, sino también en otras partes del mundo, razón por la cual algunos partidos de derecha admiten abiertamente su rechazo a la democracia, cosechando éxitos electorales paradójicamente. Tal vez lo mejor para la oposición boliviana sea ser un poco más honesta, así eso la lleve al cinismo. Es decir, reconocer que en un país mayoritariamente indígena y popular es muy difícil para las clases altas tomar el poder mediante las urnas y dejar de hablar en nombre de una democracia por la cual no guardan verdadera convicción.
Eso o fundar su propio país, debiendo considerar, sin embargo, que el Estado boliviano está obligado a defender su unidad e integridad territorial. Tal vez lo mejor que pueden hacer los riquillos de este país, por el momento, es quedarse en sus condominios y admitir su ineptitud política.
Por otro lado, la labor de la Justicia en Bolivia no ha concluido. El golpe de Estado debe ser castigado, pero con mayor contundencia deben sancionarse las masacres y asesinatos selectivos perpetrados por el gobierno de Jeanine Áñez, que amerita más que 10 años de cárcel. Ambos delitos son inseparables, por otro lado, pues para instaurar un régimen por encima de las instituciones del Estado era inevitable recurrir a la violencia más extrema. En ese sentido, tanto Carlos Mesa como Tuto Quiroga son culpables no solo por la interrupción de la democracia en nuestro país, sino también por asesinato.
Sugerencia: la próxima que intenten un golpe de Estado, no se saquen fotos ni se lo digan a la prensa, ¿ok?
Carlos Moldiz Castillo es politólogo.