En su más reciente resolución (sin abajo firmantes), el autonombrado Movimiento Cívico Nacional adoptó seis determinaciones en protesta por el “secuestro” del gobernador y exdirigente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, y por el accionar “violento y desmedido” de la Policía. Más allá de la esperable retórica y la declaratoria de “estado movilizado de emergencia”, una de las medidas de esta cofradía política es rechazar las elecciones judiciales de octubre próximo.
La curiosa resolución de este movimiento opositor, que se atribuye sin legitimidad la representación de la sociedad civil organizada, parece razonable en el contexto de crisis del sistema de administración de (in)justicia en el país. Lo que no está claro es si supone un rechazo testimonial de los comicios, una renovada apuesta por el voto blanco/nulo (mayoritario en las fallidas elecciones 2011 y 2017) o el anuncio de boicot a un proceso electoral previsto en la normativa.
A reserva de lo que pueda hacer la dirigencia cívica respecto a la elección popular de altas autoridades judiciales, está claro que la cuestión estará en el centro de la renovada polarización política y la conflictividad en el país. La premisa es que, mientras no haya una reforma constitucional que modifique la forma de elección de los magistrados, dichos comicios serán convocados por dos órganos del poder público. Einiciarán el nuevo e incierto ciclo electoral.
La pregunta básica es en qué condiciones llegaremos a las elecciones (per)judiciales de octubre. ¿Llegaremos? Dados los antecedentes y el actual escenario de enfrentamiento, parece improbable que las bancadas del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Legislativa, internamente divididas, logren un acuerdo que viabilice la preselección, por dos tercios, de los postulantes que irán en la papeleta de votación. El proceso puede quedar empantanado antes de llegar a las urnas.
Si el oficialismo no garantiza una instancia confiable para la preselección de postulantes y las oposiciones (política, cívica, episcopal y mediática) bloquean la elección de magistrados, la crisis institucional de la administración de justicia podría devenir en parálisis. En tal situación, ¿las actuales autoridades electas prorrogarán su mandato? ¿O se forzará algún mecanismo para la designación de interinatos? ¿Hasta cuándo? Todas las (no) soluciones son malas y profundizan la fisura.
No creo que las elecciones judiciales sean la madre de las batallas, pero es evidente que, sin reforma integral y creíble resultante de un gran acuerdo nacional, llegarán sin confianza ni legitimidad, desportilladas o rotas. Como de antiguo y hoy la justicia en el país.
FadoCracia pendiente
1. Durante un año, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, Arturo Murillo fue el hombre fuerte del autoproclamado régimen provisorio. Huyó del país poco antes de la posesión del presidente electo. 2. En su primera declaración como ministro de Gobierno, anunció “cacería” (sic) de masistas y advirtió a sus enemigos, incluidos periodistas, “que se cuiden”. 3. Con el silencio/complicidad de quienes hoy denuncian persecución y presos políticos, acusó, hostilizó, amenazó y encarceló a centenas de “sediciosos” (entre ellos un joven acusado de ¡escribir un tuit!). 4. La Conferencia Episcopal, la Asamblea de Derechos Humanos, los comités cívicos y los operadores mediáticos de la oposición no dijeron nada. 5. Mientras perseguía ciudadanos en nombre de la “pacificación”, Murillo armó una trama de corrupción para hacer negociados con recursos públicos. 6. Prófugo de la Justicia boliviana, acaba de ser sentenciado en Miami a 70 meses de cárcel por soborno y lavado de dinero. 7. Al día siguiente, le esperan extradición y juicio en el país por las masacres de Sacaba y Senkata. Murillatos nunca más.
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.