Como en toda conclusión de gestión, el balance se hace imprescindible. Los indicadores macroeconómicos son alentadores: inflación 3,1%, crecimiento de la economía 4.1%, balance comercial positivo con un excedente de 350 millones de dólares, récord en exportaciones, 12.000 millones de dólares, reducción de la extrema pobreza. Creo que estos resultados, en el contexto internacional actual, merecen un aplauso.
Sin embargo, esto no condice con la situación política, alterada premeditadamente en forma reiterativa. Existen grupos de poder que sienten peligro en su status económico, no se quejan de sus réditos económicos, al contrario, no dejan de proclamarse el motor económico de Bolivia; su insatisfacción la expresan con acciones políticas de desgaste: censo ya, lucha contra el centralismo, la migración kolla, cuestionamientos al poder estatal, hasta plantearse el separatismo, vía federalismo.
Esta paradoja solo se explica por la no consolidación de un modelo de sociedad incluyente al conjunto de la sociedad boliviana, modelo inscrito en la Constitución Política del Estado Plurinacional, que no se consolida y deja que los resabios de la república neocolonial vean el proceso como reversible.
¿Qué ven cómo peligro? La consigna que se repite cada día: por un lado, la industrialización de nuestros recursos naturales. La industrialización implica la no exportación de materias primas en su estado primario como hoy son el gas, los minerales y también las manufacturas que no dejan de ser primarias como el oro, plata, estaño y cobre en barras, sin valor agregado; lo son los granos de soya, girasol, al igual que sus aceites, la carne vacuna. Es esta actividad primaria que les da réditos económicos seguros —a costa de recursos naturales no renovables— sin la obligación de hacer inversiones en la elaboración de productos de consumo directo: plásticos, aleaciones metálicas para la electrónica, calaminas, chapas metálicas, productos comestibles para humanos y animales, combustibles y lubricantes, etc. Es hora de volver a la pregunta ¿para qué llevan nuestros recursos naturales los países desarrollados? Para elaborar productos con valor agregado, seguros de un mercado de consumo, entre ellos el nuestro.
La proclama de una economía plural, como dice la Constitución, no les basta; si es el Estado el encargado de la planificación, en última instancia, es el que define el destino de los excedentes económicos. En este sentido, no es mucho lo que se ha hecho; así, al no haber el control del comercio exterior, no se sabe cuántas son las utilidades de los exportadores, para determinar la participación del Estado; la no entrega de las divisas al Banco Central evita su uso en labores de desarrollo y fomenta actividades de tipo especulativo y suntuario. Sin embargo, la reinversión de las ganancias es un imperativo de ley que tarde o temprano se tiene que cumplir, superando los cálculos políticos.
La otra consigna que se repite es la sustitución de importaciones. Si vemos el balance comercial, concluimos que importamos casi tanto como exportamos; la pregunta inmediata es: ¿qué importamos y quiénes lo hacen? Del análisis, concluimos que mucho de lo introducido al país lo podemos producir, con tecnología para ser competitivos, pero también asegurando la protección del mercado interno, medidas que afectan al sector importador y que, naturalmente, tiene que sentirse afectado si se concreta lo establecido en la visión de país. Las medidas tomadas para garantizar el abastecimiento interno han tenido una oposición débil, pero lo suficientemente clara para expresar que la política estatal no se impondrá fácilmente.
Entre exportadores e importadores existe un sector intermediario que facilita sus operaciones: el sistema financiero, el transporte, los grandes distribuidores del comercio, que ven en peligro su modo de vivir. Entonces, las disputas que contemplamos cada día son la traducción de una lucha por el excedente económico, una lucha de clases, que no se resuelve con zancadillas políticas, ni vericuetos legales, sino con la decisión firme sobre la necesidad de un cambio desde la sociedad que democráticamente eligió un camino y el Estado que les representa: su ejecución develará los intereses que están puestos en juego. El dilema será entre defender la construcción de una patria soberana, autosostenible y de convivencia, contra los que desean mantener una sociedad sometida a los intereses imperiales y discriminatorios a base de la explotación del hombre y la naturaleza.
Los tiempos políticos son perentorios, el inicio de la gestión augura una definición estratégica.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.