Una de las tareas pendientes que dejó la profunda crisis política que vivimos en el país entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, fue que se suponía que quienes administraban el Estado en ese tiempo eran —digo de nuevo— supuestamente los preparados para esos menesteres, que el masismo de antes lo que había hecho era poner en la administración pública de 2006 a 2019 gente sin preparación, y entonces había llegado la hora de supuestamente liberarnos de esa debilidad poniendo verdaderos especialistas en la dirección estatal. El tiempo vio que teníamos en esa administración antimasista especialistas en violencia, corrupción y en hacer que las roscas de antes vuelvan al poder.
Uno de esos espacios era sin duda la Cancillería del Estado, en concreto en su Academia Diplomática, un espacio que fue tomado muy en serio con el principio de constitución de una élite de funcionarios diplomáticos, tan en serio que básicamente la idea de especialidad era tomada en cuenta como una muletilla para dejar que entren a ese lugar, en casi todos sus cursos, gente que se formaba en dos o tres colegios privados, de los más caros que hay en La Paz; es decir, el criterio de alta formación devino en una exclusión de origen y que, por supuesto, era muy poco democrática. Luego podemos entrar a ver qué resultados concretos, si tuvo alguno esa gestión de supuesta alta tecnocracia de retorno.
A partir de las elecciones generales de 2020 y con el actual Canciller, las señales de ir trabajando para revertir ese principio excluyente y hacer reflotar la Academia entonces tuvo un desafío mayúsculo, que se ha ido materializando en al menos algunas acciones concretas que a veces las noticias malintencionadas más inclinadas a mostrar una especie de “reducción de presupuesto” no alcanzan a evidenciar. Desde mi cortísima experiencia en esa institución, lo que se puede apuntar, por ejemplo, es que el año pasado se realizaron 21 cursos de capacitación y formación relacionados con el área de las relaciones internacionales, además de siete cursos para el manejo de instrumentos jurídicos internacionales en la Academia Diplomática.
Y que entonces, la cantidad de beneficiarios de los cursos es de 830 personas, de las cuales más de la mitad son mujeres. Hoy mismo, el personal de Cancillería en el 75% tiene menos de 50 años, es decir, son generaciones con formación académica, mucho más jóvenes que los de antes, y además de un espectro social más amplio que los dos o tres colegios paceños de donde salían los llamados funcionarios diplomáticos de carrera. Es decir, es un proceso de construcción entendido desde abajo hacia arriba, y no como antes, al revés.
Por tanto, esa idea que se defiende a rajatabla de que los funcionarios de carrera diplomática se deben al hecho de haber salido con el título de una maestría, es otra forma más de vivir a espaldas de la realidad de un país como el nuestro, en el que producto de los acontecimientos políticos, al interior de nuestra burocracia se produjo un verdadero cisma. Porque incluso los llamados funcionarios especializados de carrera eran los primeros en abandonar esa “alta” especialización para tomar partido por un antimasismo excluyente, minando la posibilidad de generar resultados de gestión óptimos en el primer año de gestión presidencial.
A los desafíos hasta ahora apuntados, también se debe poner en la lista el uso de las tecnologías de información, porque si algo quedó muy claro es que éste es el tiempo de la combinación de modalidades mixtas entre la presencialidad y la virtualidad, esta nueva realidad no está atada como si fuera de vida o muerte al presupuesto que se tenga, sino abre un mundo de posibilidades para que bolivianos en todo el territorio, sin obligación de desplazarse a la sede de gobierno, puedan lograr especializarse en los temas que hacen al mundo de las relaciones internacionales.
Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.