El ataque de las turbas violentas contra las instituciones democráticas de Brasil en la capital, Brasilia, el domingo 8 de enero, fue una repentina e importante prueba de la resiliencia del país. Y, al menos al principio, la notoria ausencia de seguridad policial fue un factor crucial cuando los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se agolpaban en el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio presidencial.
Las razones de esa demora no están del todo claras, pero algunos altos funcionarios acusan ahora a las fuerzas de seguridad de la capital de demorar su movilización más por intención que por confusión.
A juzgar por los objetivos declarados por los propios agitadores, el ataque violento en Brasilia fue un fracaso. Los acontecimientos no condujeron a un golpe militar, algo a lo que habían estado llamando los asistentes en las 10 semanas previas.
Ciertamente, Luis Inácio Lula da Silva se mantiene seguro en la presidencia mientras que Bolsonaro sigue en Florida. Además, el ataque ha generado un amplio rechazo de la población y la condena de los legisladores. El lunes 9 de enero, los líderes de los tres poderes del Gobierno emitieron una excepcional declaración conjunta en la que condenaron la violencia.
Hay denuncias de que la inacción deliberada tuvo un papel en el disturbio. Alexandre de Moraes, un juez del Tribunal Federal de Brasil (y un personaje polarizador en sí mismo, que ha sido acusado de extralimitarse gravemente en sus funciones), dijo que los investigadores habían hallado pruebas de que los agentes de seguridad sabían que se fraguaba la violencia, pero no la detuvieron. Emitió una orden de arresto contra Anderson Torres, el hombre que estaba efectivamente a cargo de la seguridad de la capital, en respuesta a un pedido de la Policía federal.
“El riesgo es el de una lenta erosión de las normas y las instituciones”, dijo González. En el peor de los casos, la violencia política de abajo hacia arriba, combinada con inacción estratégica de los elementos de la Policía u otras fuerzas de seguridad, podría abonar “a un golpe de lenta formación, casi como un golpe cotidiano”.
Bolsonaro se acercó a los militares y la Policía como una cuestión de identidad política y de políticas. Lula no comparte esa afinidad política por las fuerzas de seguridad y ha dado señales de que quiere limitar el papel de los militares en la política. Muchos se preguntan hasta dónde llegará su reversión de las políticas de la era de Bolsonaro o si podría intentar ir más allá, como lo hizo en 2009, cuando propuso una comisión de la verdad para los casos de tortura y otros delitos en la era de la dictadura y una revisión de la ley que les proporcionó amnistía. (Lula se vio obligado a abandonar la propuesta luego de que varios oficiales militares de alto rango amenazaran con renunciar como protesta).
Christoph Harig, investigador de la Universidad Técnica Braunschweig en Alemania, señaló que los oficiales militares en Brasilia defendieron a los manifestantes golpistas, calificándolos de “manifestantes pacíficos”, y les permitieron acampar frente a cuarteles militares mientras fueron aumentando sus números en las últimas 10 semanas. Eso protegió al movimiento golpista, aunque el propio liderazgo militar se negó a apoyar o ejecutar un golpe de Estado.
Amy Erica Smith, politóloga de la Universidad de Iowa, dijo que considera que Lula podrá reunir suficiente apoyo del Ejército y la Policía para reprimir las protestas violentas según sea necesario. Pero si no lo hace y las protestas se extienden para incluir ataques a infraestructuras clave como refinerías petroleras y se convierten en una suerte de insurgencia de baja intensidad, entonces considera que eso resultaría políticamente desestabilizador y tal vez fatal para su presidencia.
Amanda Taub es columnista de The New York Times.