Voces

Wednesday 8 Feb 2023 | Actualizado a 06:07 AM

Perdón por los muertos

/ 22 de enero de 2023 / 02:24

Una de las canciones más entrañables de Silvio Rodríguez, que me acompañó en el largo verano de la anarquía, es Pequeña serenata diurna. Me calaba el hueso, en especial, esta declaración enorme: “Quiero que me perdonen, por este día, los muertos de mi felicidad”. Y sí, hay muertos esenciales sin los cuales no seríamos personas felices. Todos los tenemos. En mi caso albergo cinco, empezando por el gran Renato. Agradezco su existencia, siento su partida, les pido perdón.

Pero hay muertos distintos, perdones de otro tipo. Muertos por represión estatal, por masacre. Pedidos de perdón manchados de sangre, salpicados de cinismo. No otra cosa es un reciente mensaje de la presidenta accidental del Perú, Dina Boluarte: “Si en algo nos hemos equivocado en encontrar la paz y la calma, pido perdón al pueblo peruano”. Qué tal. Lo dijo 42 muertos después por disparo de la fuerza pública. Extraña “pacificación” sembrada de cenizas. ¿Suena conocido?

Lógica de la razón procaz: mato, luego pido perdón. No son “equívocos”, sino acciones deliberadas. No encuentran la paz, sino el desgarro. A reserva del debate sobre las condiciones en que Boluarte asumió la presidencia, es inaceptable que el grupo de poder se sostenga con crímenes y violación de derechos humanos. Aunque estos muertos “minúsculos” (sic), para la élite limeña, la OEA de Almagro y una parte de la comunidad internacional, no cuenten. Son “azuzados por extranjeros”.

Recuerdo que en reacción al “febrero negro” de 2003, con 31 muertos por el fallido impuestazo de Goni, escribí con más rabia que argumentos una columna titulada La democracia asesina: “¿Hasta cuántos cadáveres está permitido equivocarse? Los muertos como peaje, la muerte como alimento. Ay, la democracia”. Erraba en el blanco: el problema no es la democracia, sino su ausencia. La democracia no debiera tolerar ni un solo muerto por mano del Estado. Menos una masacre.

¿Cuántas vidas más se perderán en el Perú abismal (ya son 52) para que el poder político y los poderes fácticos, rancios, viabilicen una salida pacífica y democrática a la crisis? ¿Hasta cuándo se seguirán ignorando/justificando las muertes por represión? (“choques”, dice un diario; “peleas”, titula otro; “fuego cruzado”, se dijo aquí en 2019). No habrá pacificación mientras la vida del otro no valga nada a título de “terrorista” o de “horda salvaje”. Suena conocido.

Los muertos esenciales se/nos perdonan. Y se agradecen. Los muertos-bala, en cambio, ejecutados en nombre de la “paz y la calma”, no tienen perdón. Ni olvido. Con masacres-impunidad y sin verdad/ justicia para las víctimas no hay convivencia en democracia.

FadoCracia veterana

1. Inicié en 2023 con una divisa aprendida, con ligera variación, del buen José Saramago: “Cuanto más viejo, más libre; cuanto más libre, más radical”. 2. Es una declaración principista, pues no soy viejo (todavía), ni tan libre (me quedan por delante dos décadas de responsabilidades), ni tan radical (mis únicas armas, hoy, son las de la crítica). 3. En realidad es un recordatorio/ advertencia a mí mismo: no envejezcas mal, JL, nunca pierdas la dignidad. 4. Es también una triste evidencia. Personas progresistas que yo admiraba y algunas que todavía aprecio se han convertido en viejos de mierda: llenos de espuma, arrepentidos, fachos. 5. Vergonzantes, a lo Savater: “Fui un izquierdista sin crueldad y espero llegar a ser un conservador sin vileza”. En rigor, son viejos viles. 6. No envejezcas mal, me repito con radicalidad saramaguiana. Cuando toque, el silencio será siempre más digno, sin traicionar( se), que la deplorable infamia (escupe, Lupe). 7. En el espíritu invertido de José Emilio Pacheco: no seamos todo aquello/contra lo que luchamos/a los veinte años. Hay vida/batallas para rato.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo

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Revocatorio ‘interruptus’

¿Por qué es tan difícil ejercer este derecho? No es por falta de voluntad o de malos gobiernos. Ni de ganas

/ 5 de febrero de 2023 / 00:41

La revocatoria de mandato es el mejor/ peor ejemplo de un avanzado derecho político reconocido en la Constitución, cuyo ejercicio se inviabiliza en la legislación posterior. El principio es inequívoco: todos los gobernantes y representantes electos pueden ser revocados en las urnas. No es necesario acreditar causales. El problema es que los requisitos son (casi) inalcanzables. Tanto, que en una década no se ha podido revocar el mandato de ninguna autoridad en el país.

¿Por qué es tan difícil ejercer este derecho? No es por falta de voluntad o de malos gobiernos. Ni de ganas. Desde la vigencia del nuevo texto constitucional, tuvimos dos periodos de revocatoria (2013 y 2018). Se presentaron 369 iniciativas, nada menos, la mayoría en el ámbito local. 368 quedaron en el camino, en especial por el incumplimiento del muy elevado porcentaje de firmas. Solo prosperó un caso, en Bolpebra, pero no hubo revocatoria por falta de votantes.

Antes de la Constitución de 2009, que reconoce la revocatoria como mecanismo de la democracia directa y participativa, hubo un referéndum ratificatorio. Se convocó por ley en mayo de 2008, en medio de la disputa en torno al proceso constituyente, para definir la continuidad o no en el cargo del binomio presidencial y de ocho prefectos. Fue un error político de la oposición. Evo-Álvaro fueron ratificados con el 67% de votos. Y cayeron dos prefectos opositores.

Así las cosas, estamos ante un nuevo error político, esta vez a cuenta de la oposición cívica por “mandato” de sus cabildos. ¿En serio piensan activar en mayo próximo una iniciativa para revocar el mandato del presidente Arce? Si acaso lograran conseguir en 90 días el millón 800 mil firmas requeridas, distribuidas en los nueve departamentos, ¿creen que podrán superar el 55,11 % de votos válidos? Más que amenaza, parece una ilusión perezosa que terminará archivada.

Es evidente que el ultimátum para una ley de amnistía en 30 días (con igual tufo que “Censo el 2023 sí o sí”) no solo es maximalista, sino inviable. Lo sabe la dirigencia cívica, que en mayo tendrá que recular en su amenaza revocatoria o embarcarse en una aventura fallida que, más bien, puede movilizar y fortalecer al oficialismo. El resultado, otra vez, abonará rabia y decepción, además de seguir devaluando el mecanismo del cabildo (más instrumental que deliberativo).

La buena noticia es que las principales exigencias/acciones de la oposición (revocatoria de mandato, referéndum para la reforma judicial, proyecto electoral único en 2025) se producen con apego al cauce democrático e institucional. Es probable que sean procesos interruptus, pero algo es algo.

FadoCracia mensual

1. En una simpática alocución demostrativa, un periodista estadounidense asegura que febrero es el peor mes, aunque le reconoce la cualidad de ser honesto. 2. Puede ser, en el hemisferio norte, donde los días de febrero son fríos y opacos. “Si sobrevives febrero —concluye— podrás vivir otro año”. 3. En nuestra comarca, en cambio, febrero es un mes intenso, algo caliente, licencioso (casi siempre, cuando no hay inundaciones o matanzas). 4. Pero no estamos hablando de los efectos del clima/eventos, sino del carácter. Hay diferencias. 5. El poeta T.S. Eliot, por ejemplo, asegura que “abril es el mes más cruel”. Eso depende. Abril es también un mes de claveles, esperas y revoluciones.

Como octubre. 6. Y están las aguas de marzo (“cerrando el verano / la promesa de vida en tu corazón”). 7. Desde hace algún tiempo, mi mes preferido, de ocurrencia- temporalidad variable, es el que llega con insomnio, Maga, repliegue y dos copas de saudade. Egoísta, cierto, vaciado de comuna, aunque liberador. Pero ahora estoy triste y solo quiero aprovechar el día. Lo demás, ya se sabe, es silencio.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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(Per)judiciales 2023

/ 8 de enero de 2023 / 00:59

En su más reciente resolución (sin abajo firmantes), el autonombrado Movimiento Cívico Nacional adoptó seis determinaciones en protesta por el “secuestro” del gobernador y exdirigente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, y por el accionar “violento y desmedido” de la Policía. Más allá de la esperable retórica y la declaratoria de “estado movilizado de emergencia”, una de las medidas de esta cofradía política es rechazar las elecciones judiciales de octubre próximo.

La curiosa resolución de este movimiento opositor, que se atribuye sin legitimidad la representación de la sociedad civil organizada, parece razonable en el contexto de crisis del sistema de administración de (in)justicia en el país. Lo que no está claro es si supone un rechazo testimonial de los comicios, una renovada apuesta por el voto blanco/nulo (mayoritario en las fallidas elecciones 2011 y 2017) o el anuncio de boicot a un proceso electoral previsto en la normativa.

A reserva de lo que pueda hacer la dirigencia cívica respecto a la elección popular de altas autoridades judiciales, está claro que la cuestión estará en el centro de la renovada polarización política y la conflictividad en el país. La premisa es que, mientras no haya una reforma constitucional que modifique la forma de elección de los magistrados, dichos comicios serán convocados por dos órganos del poder público. Einiciarán el nuevo e incierto ciclo electoral.

La pregunta básica es en qué condiciones llegaremos a las elecciones (per)judiciales de octubre. ¿Llegaremos? Dados los antecedentes y el actual escenario de enfrentamiento, parece improbable que las bancadas del oficialismo y de la oposición en la Asamblea Legislativa, internamente divididas, logren un acuerdo que viabilice la preselección, por dos tercios, de los postulantes que irán en la papeleta de votación. El proceso puede quedar empantanado antes de llegar a las urnas.

Si el oficialismo no garantiza una instancia confiable para la preselección de postulantes y las oposiciones (política, cívica, episcopal y mediática) bloquean la elección de magistrados, la crisis institucional de la administración de justicia podría devenir en parálisis. En tal situación, ¿las actuales autoridades electas prorrogarán su mandato? ¿O se forzará algún mecanismo para la designación de interinatos? ¿Hasta cuándo? Todas las (no) soluciones son malas y profundizan la fisura.

No creo que las elecciones judiciales sean la madre de las batallas, pero es evidente que, sin reforma integral y creíble resultante de un gran acuerdo nacional, llegarán sin confianza ni legitimidad, desportilladas o rotas. Como de antiguo y hoy la justicia en el país.

 FadoCracia pendiente

1. Durante un año, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, Arturo Murillo fue el hombre fuerte del autoproclamado régimen provisorio. Huyó del país poco antes de la posesión del presidente electo. 2. En su primera declaración como ministro de Gobierno, anunció “cacería” (sic) de masistas y advirtió a sus enemigos, incluidos periodistas, “que se cuiden”. 3. Con el silencio/complicidad de quienes hoy denuncian persecución y presos políticos, acusó, hostilizó, amenazó y encarceló a centenas de “sediciosos” (entre ellos un joven acusado de ¡escribir un tuit!). 4. La Conferencia Episcopal, la Asamblea de Derechos Humanos, los comités cívicos y los operadores mediáticos de la oposición no dijeron nada. 5. Mientras perseguía ciudadanos en nombre de la “pacificación”, Murillo armó una trama de corrupción para hacer negociados con recursos públicos. 6. Prófugo de la Justicia boliviana, acaba de ser sentenciado en Miami a 70 meses de cárcel por soborno y lavado de dinero. 7. Al día siguiente, le esperan extradición y juicio en el país por las masacres de Sacaba y Senkata. Murillatos nunca más.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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Democracia (im)pactada 2.0

/ 11 de diciembre de 2022 / 01:24

La polémica aprobación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo, asumida como innecesaria pero útil, trajo de regreso el pacto como recurso para formar mayorías. Indignado, el expresidente Morales acusó: “Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal”. Los llamados renovadores/ traidores negaron cualquier pacto político con la oposición, que a su vez festejó el resultado. Esta semana, otro “pacto” bloqueó el Presupuesto General del Estado.

Estos dos acuerdos tácitos en la ALP entre facciones del oficialismo y las fuerzas opositoras, ¿significan el retorno de la vieja democracia pactada? ¿O expresan, más bien, convergencias circunstanciales con arreglo a diferentes motivaciones e intereses? Es claro que se trata de lo segundo. Resulta un error político y de análisis, pues, equiparar tales episodios con un modelo asentado en coaliciones multipartidistas formales y de larga duración (1985-2003).

Durante una década (2009-2019), con mayoría especial en el Órgano Legislativo, el MAS-IPSP no tenía ninguna necesidad de pactar con la débil oposición. Previamente lo había hecho, al menos en tres temas sustantivos: la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (2006), la convocatoria a revocatoria de mandato (2008) y el inconstitucional acuerdo (2008) para modificar en el Congreso más de 100 artículos del proyecto de Constitución aprobado en la Constituyente.

El gobierno de Evo, entonces, pactó mientras la oposición tenía poder de veto en el Senado y dejó de hacerlo cuando el MAS-IPSP se convirtió en fuerza predominante. Así decidió en solitario hasta el final, modificando incluso los reglamentos camarales. No estaba en juego la gobernabilidad (esa palabra larga y fea). Y los acuerdos políticos tenían mala fama tras su envilecimiento en las coaliciones promiscuas, de cuoteo y contranatura de la democracia pactada. Mayoría monocolor mata pacto.

¿Volvió la lógica del pacto en la Asamblea Legislativa? Lo dudo. Ni la facción arcista votando la ley del Censo ni la facción evista frenando la Ley Financial implican acuerdos políticos, menos programáticos, con la oposición. Son manifestaciones de la disputa interna en el oficialismo y de la crítica ausencia de un nuevo modelo decisional (Mayorga). El retorno de la democracia (im)pactada, si acaso, con gobiernos minoritarios, tendrá que esperar. Hoy es tiempo de polarización y desencuentro.

Más allá de curiosas mayorías accidentales, que pueden repetirse, las cuestiones de fondo son la unidad/quiebre del MASIPSP, la recomposición del sistema de representación política, el rumbo del campo nacional-popular, en fin, la democracia de la “gobernabilidad”. Debatamos.

 FadoCracia prospectiva

1. Más allá de terminales marchas de autodefensa, podemos prever un adiós tranquilo al opaco 2022. Con prolongación de tregua hasta el Carnaval. 2. En 2023 será el año de la administración de (in)justicia: con crisis sin reforma, elecciones en disputa, posible/tardío referéndum constitucional. 3. Se habilitará también el periodo de revocatorias de mandato: un derecho con muralla y (solo) ruido. 4. Un inquieto primer semestre de 2024 será el preludio de un segundo semestre de alta intensidad. Los resultados del Censo traerán querella por la redistribución: de recursos, de escaños, de poder territorial. 5. Y se iniciará en forma el ciclo electoral con las difíciles-decisivas primarias para binomios presidenciales. ¿Vendrán con implosión? 6. En 2025, está dibujado, habrá recargada guerra sucia contra el padrón. Y también la reiterada falacia de “subrepresentación urbana”. 7. ¿Navegaremos como país la bruma espesa, la kamanchaka que lo invade todo? Navegaremos: con (in)estabilidad, cierto, pero sin horizonte de futuro en este agotador tiempo de las cosas pequeñas. Todo lo demás es provisional.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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Que se bajen los tres

/ 27 de noviembre de 2022 / 03:18

La disputa interna en el MAS-IPSP, cuyo núcleo crítico es la candidatura presidencial 2025, entró en una escalada verbal y de (contra) acusaciones que parece irreversible. Lo evidente es que el partido-instrumento político carece hoy de un nuevo modelo decisorio tras derrumbarse el que tenía hasta la coyuntura crítica de 2019. En ese marco se despliega la rivalidad entre evistas y “renovadores” (o “traidores”). Y no hay ningún debate programático ni de proyecto político.

De todo ello se ocupa Fernando Mayorga en su reciente libro Resistir y retornar (FES, 2022). En un magnífico ejercicio analítico y narrativo, el autor explora los “avatares del proceso decisional” durante el periodo 2019-2021, esto es, entre el derrocamiento de Morales y el congreso orgánico del MAS-IPSP. Y escudriña tres fases: de resistencia, tras la derrota política en noviembre de 2019; de rearticulación, con núcleo en las elecciones 2020; y de retorno, como partido de gobierno.

Ese complejo itinerario, reconstruido en detalle, conduce a provocadoras indagaciones. ¿Qué hacer cuando se diluye el modelo decisorio que, durante casi tres lustros, tuvo a Evo como centro único? Hoy existen dos ejes gravitantes: Arce-presidente y Morales- jefe del partido. Tanto el Pacto de Unidad como la bancada tienen alineamientos ambiguos y conflicto de lealtades. Las disyunciones se convierten en disputas. Y las decisiones siguen tendencias centrípetas.

Más allá del nuevo mapa de poder organizativo, lo más crítico es que el MASIPSP, concentrado en la racionalidad instrumental, está lejos del debate programático. ¿Cuál es hoy el rumbo del “proceso de cambio”? O mejor: ¿hay proyecto estatal y de transformación? Luego de las agendas de octubre, pos/constituyente y patriótica 2025, primó el objetivo de la reelección. En 2020 se recuperó la democracia. Hoy pareciera que la “agenda” única es navegar la (in)estabilidad.

Sin horizonte de futuro ni autocrítica, el partido-instrumento político afronta una prematura disputa en torno a la candidatura presidencial 2025. Las tensiones resultantes son evidentes: entre facciones, entre lo político (MAS) y lo orgánico (IPSP), entre el aparato y el Gobierno. En tal contexto, la propuesta de Mayorga es audaz: que ya mismo Evo, Arce y Choquehuanca desistan de la candidatura. Solo así habrá chance de construcción programática, deliberación, nuevos protagonistas, unidad.

Parece improbable que se bajen los tres y se institucionalice pronto un nuevo modelo decisorio en el MAS-IPSP. Tanta desconfianza, tanto ruido. Resistir, rearticular, retornar. ¿Y después? Importa el después. El nuevo/polarizado ciclo electoral está tocando la puerta.

 FadoCracia ganadora

1. Del mandato inamovible, casi sagrado, de “Censo 2023 sí o sí” (muerte civil al que diga lo contrario), hemos pasado al convencimiento de que “la fecha del Censo ya no vendría a ser lo determinante” (sic). Qué tal. 2. “No hemos perdido, sáquense eso de la cabeza. Hemos ganado”, asegura el pequeño. 3. ¿Qué hemos ganado? El pasado 21 de octubre, un día antes del inicio del paro indefinido, el Gobierno propuso oficialmente: censo en abril de 2024 y distribución de recursos en octubre de ese año. 4. Luego de 35 días de paro departamental, con rotondas convertidas en tierra de nadie, el Censo se hará en marzo de 2024 y la distribución de recursos en septiembre de ese año. Tremenda victoria. 5. No hubo voluntad política, buscaron aplastarnos, jugaron al desgaste, son unos desgraciados, nadie nos quiere, mejor me como un gusanito. 6. En lugar de decreto, tendremos ley. ¿Tendremos? Y hay compromiso de tres órganos para la reasignación de escaños en los comicios 2025. 7. “Logramos muchísimo”. #Redistribución es la consigna. La receta funciona. Hemos ganado, concho pelado.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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Noviembre, masacres

Las narrativas siempre se anticipan a la violencia. Y la nutren. Lo acabamos de ver, otra vez.

/ 13 de noviembre de 2022 / 00:42

Han pasado tres años desde la coyuntura crítica de 2019 y estamos lejos todavía de tejer un relato mínimo común sobre los hechos, que nos recomponga como sociedad. Persisten las versiones polarizadas, ávidas de imponerse como verdad absoluta. Y las heridas/ venas continúan abiertas, sin derecho a convertirse en cicatriz. Así, la reconciliación, el encuentro, son imposibles. Queda solo una frágil tregua, a la espera del siguiente conflicto, hasta derrotar al enemigo.

La crisis de octubre-noviembre de 2019 tuvo diferentes fases que, siendo continuas, no se condicionan. Se identifican tres: las fallidas elecciones, contaminadas por la querella sobre la reelección y una bien construida profecía autocumplida del “fraude”; la movilización urbana que, gracias al motín policial y la insubordinación de las FFAA, derivó en el derrocamiento del expresidente Morales; y, la imposición de un régimen provisorio que se estrenó con dos masacres.

Si bien la disputa “fraude versus golpe” es una falacia, hay relatos irreconciliables sobre ambas cuestiones. En clave de creencias- trinchera, unos alegan que hubo “fraude monumental”, aunque no pudieron aportar ninguna evidencia para demostrarlo. Del otro lado están quienes aseguran que el “Plan B” (autoproclamación ipso facto, arropada de uniformes y sotanas), distinto del A (sucesión constitucional) y bajo amenaza del C (junta cívico- militar), fue un golpe de Estado.

Más allá de la inútil pugna por imponer una versión, degradando cada vez más la conversación pública, lo que resulta incontrastable e inequívoco es que en noviembre de 2019 hubo dos masacres por obra del gobierno de Áñez. Con el aval de un decreto que las eximía de responsabilidad penal, las fuerzas militares y policiales dispararon a población indefensa con la intencionalidad de matar, incluyendo torturas y ejecuciones sumarias. Qué extraña/maldita forma de “pacificación”.

Sobre las masacres no caben relatos ni atenuantes. Contrariamente a las declaraciones oficiales de aquellos días, repetidas sin sonrojarse por varios operadores mediáticos, el fundamental informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes documenta y demuestra sobradamente las masacres de Sacaba y Senkata. Es una valiosa simiente de verdad. Pero tres años después, todavía no hay justicia, ni reparación plena a las víctimas, ni garantía de no repetición.

Las narrativas siempre se anticipan a la violencia. Y la nutren. Lo acabamos de ver, otra vez, en el anodino enfrentamiento sobre la fecha del Censo. “No es un callejón sin salida aquel en el que se puede dar marcha atrás”, decía Lec. Cuidado que incluso tal repliegue termine bloqueándose.

 FadoCracia etiquetadora

1. Grupos de choque del comité tomaron algunas rotondas de la ciudad para hacer cumplir con violencia el paro indefinido impuesto en un cabildo de acarreados. 2. Como reacción, ciudadanos de algunas provincias, pidiendo ser escuchados, realizaron un cerco pacífico en cumplimiento del mandato legítimo del masivo cabildo popular. 3. En desesperada respuesta al cerco, hordas enviadas por la gobernación se movilizaron para agredir a los vecinos que por convicción y amor a su tierra cortaban las rutas. 4. Un líder del oficialismo calificó de “bestias humanas” a los cívicos que agredían, impedían el paso de ambulancias, cobraban peaje. 5. Mientras tanto, familias de cruceños cuidaban, en un ambiente festivo, los contrabloqueos asumidos como protesta ante el criminal paro del comité. 6. El Arzobispo criticó a los cívicos calificándolos de invasores. El cerco en defensa de Santa Cruz, en tanto, fue bendecido. 7. Mientras el cerco voluntario se disolvió pacíficamente, violentos miembros de la UJC “hacían cumplir” el paro con basura, insultos y amenazas. Seguiremos (des)informando.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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