Voces

Wednesday 8 Feb 2023 | Actualizado a 06:22 AM

El Estado Plurinacional, camino y desafíos

/ 24 de enero de 2023 / 00:55

La historia de Bolivia, desde su creación a la fecha, se traduce en un constante proceso de búsqueda de su identidad a través del entendimiento de todos los estamentos que componen su sociedad. Con la llegada del 22 de enero y la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, resulta propicio dar vuelta la mirada para ver el camino recorrido, hacer el inventario respectivo, y asumir los retos de cara al futuro.

Bolivia, a lo largo de sus casi dos siglos de vida, ha mostrado distintas facetas en la búsqueda de su identidad; en este orden, una mirada al siglo XIX muestra la marca de la minería de la plata que propuso un Estado que procuraba distancia de la colonia; pero, en paralelo permitió la generación de una élite que se apropió de la explotación del recurso argentífero y su consecuente intervención en las decisiones del Gobierno, con la toma directa del poder. Llegando a su fin, ese siglo presenció el ocaso de esta élite y el surgimiento de otra, acomodada alrededor de un nuevo recurso natural, el estaño.

El siglo XX, en sus primeros años, dio lugar a la emergencia de nuevas élites conglomeradas alrededor de la apropiación de los recursos naturales como la goma, el estaño y la tierra. Construyendo así una sociedad segregadora que pretendía desconocer de manera sistemática el componente indígena de nuestro país, queriendo sumirlo en una condición de esclavitud, separando a analfabetos, indígenas, mujeres y al oriente boliviano de los procesos eleccionarios, todo esto en procura de reafirmarse en el poder.

La segunda parte de este siglo trajo consigo el cuestionamiento del sistema impuesto por aquella élite y el estallido de la primera revolución nacional, que se propuso una Bolivia que reconozca a todos esos componentes de su sociedad que habían sido soslayados y para integrarlos a la modernidad pretendida; sin embargo, esa integración también tuvo su sesgo a tiempo de reconocer al mundo indígena con todos sus componentes. Por otro lado, se nacionalizaron los recursos naturales y se fundaron las bases de un aparato productivo estatal, que luego fue desmantelado a merced de apetitos externos.

Este siglo continuó bajo la égida de la mano militar, que quiso borrar, por la fuerza, cualquier intento de pensamiento igualitario o social, con el consiguiente favorecimiento del interés privado. Ese abuso dio lugar a una profunda crisis que marcó la última parte de esa etapa, donde el pueblo boliviano no tuvo la oportunidad de restañar las heridas producidas en ese largo periodo por la embestida de medidas que castigaron a quienes menos posibilidades de resistirlas tenían, y les impusieron privatizaciones y “capitalizaciones” que entregaron de manera, cuando menos cuestionable, las empresas que constituían el aparato productivo boliviano junto a la explotación de los recursos naturales.

Los últimos años del siglo pasado tuvieron como común denominador el silenciamiento violento de cualquier protesta en contra de las decisiones de los gobiernos procreados dentro de una frágil democracia pactada, que llevaron adelante la misión de cumplir los mandatos emanados de organismos internacionales que sacrificaban al Estado en aras de favorecer el ingreso de empresas trasnacionales y entregarles no solo las empresas, sino los recursos naturales del país.

Todo esto dio lugar a que en el siglo XXI se produzca la explosión de protestas, cada vez más grandes y militantes, que reclamaban el actuar y la conducta de gobernantes que habían decidido repartirse por turno el poder. Estas protestas sobrepasaron la lógica de represión imperante en los años 90 y dejaron en claro que la forma en la que se había administrado Bolivia no podía seguir más, dando lugar, junto a otras democracias de América, a cambios estructurales para repensar un nuevo país que refleje su identidad.

La Bolivia Plurinacional surge como producto de esa lucha, del agotamiento de un modelo que había desconocido al ser humano y la comunidad de la que forma parte, como el componente más importante del Estado y en cuya función deben hacerse los esfuerzos. Esta Bolivia también ha recuperado sus recursos naturales y plantea una distribución más equitativa de ellos, en función a un nuevo ideal de igualdad que se va construyendo con ese horizonte. A la vuelta del camino todavía tiene un largo recorrido donde la moralización de la Justicia y el ajuste de los mecanismos que supriman la corrupción todavía representan nuevos retos; pero, de cualquier manera, el camino recorrido muestra que se ha avanzado hacia los ideales trazados, empero, el camino todavía es largo.

Rafael Villarroel es economista.

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Los rostros y apellidos del civismo cruceño

/ 9 de enero de 2023 / 01:38

En un rápido paseo por la galería de presidentes del Comité Cívico cruceño, a medida que se van repasando, uno a uno, los retratos en esta galería, sucede algo, se extraña la presencia de un rostro con rasgos indígenas u originarios; este fenómeno se acentúa más aún cuando se comienzan a leer los nombres y apellidos de estos ilustres ciudadanos. Sin embargo, esto invita a un análisis con relación a la conformación de estos grupos corporativos y el arrogamiento de la representación de la cruceñidad en su conjunto.

Resulta interesante advertir que de los 35 presidentes cívicos cruceños, hasta la fecha no haya uno solo que lleve un apellido originario. Esto no es casualidad, pues ello resulta de la forma de elección de este grupo corporativo que fue adoptada por élites agrupadas en clanes familiares, que deciden una forma de elección no democrática y se distribuyen esa representación a través de otros grupos corporativos que, en teoría, agrupan a instituciones que conformarían la sociedad cruceña.

Ahora, con respecto al método de elección de los líderes cívicos, queda de manifiesto que esto no se hace mediante una elección por voto directo, sino que la elección, de acuerdo con su normativa interna, depende de la nominación que hagan dos clases de miembros: las que pertenecen a “Sectores Institucionales” y los “Sectores Provinciales y Sub Comités”. Esto último trae también a análisis en cuanto a los miembros del Comité, que la distinción entre los integrantes acentúa claramente el componente urbano para la elección de sus dirigentes, puesto que en la primera categoría se encuentran 24 miembros que responden a un criterio centralizado en la capital cruceña y para la otra categoría, se entrega una representación individual a los comités provinciales y a los subcomités, con lo cual resulta poco probable que un dirigente provincial o indígena pueda aspirar a ser el líder cívico, menos aún alguien que no pertenezca a ninguna de estas “instituciones” afiliadas.

Esta elección poco democrática trasunta un sistema segregacionista para la representación cívica en este importante departamento del oriente boliviano que, como consecuencia, deja un escaso margen para el surgimiento de un liderazgo que provenga de un lugar diferente a los sectores que detentan un poder y posición económica claramente identificados con el área urbana cruceña y esas “instituciones afiliadas”, lo que a su vez resulta en una cautividad de la representatividad cívica cruceña por parte de gremios o corporaciones que tampoco demuestran una conformación democrática.

De todo esto se debe colegir que, como producto de la forma de elección del Comité cruceño, se tiene cautiva la representación de la cruceñidad en su conjunto; asimismo urge una democratización de este grupo corporativo que permita el surgimiento de nuevos liderazgos que reflejen la pluralidad de la sociedad cruceña, característica compartida con el resto de la bolivianidad. Para que de este modo se fortalezca la legitimidad de la representación cívica cruceña que refleje todo el tejido social que la compone y se traduzca la totalidad de las demandas de ella como parte integrante e indisoluble de nuestro país.

Rafael Villarroel es economista.

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Civismo versus representatividad

/ 5 de noviembre de 2022 / 00:41

El último aniversario del comité cívico cruceño y las declaraciones de su presidente en torno a los logros obtenidos a lo largo de su historia, abren espacio para que se pueda hacer una reflexión sobre la representación que ejercen estos comités corporativos y la necesidad de su democratización a la luz de los tiempos que vivimos en la actualidad.

El presidente cívico, en su salutación de aniversario, hizo referencia a los aportes hechos por el movimiento cívico en favor de las autonomías y la profundización del proceso democrático, atribuyéndose el logro de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, también quedó claro que este comité, como la mayoría de los comités que se constituyeron alrededor del país, tiene una estructura corporativa o de “sectores institucionales” donde esos “sectores” determinados son los que toman a su cargo el nombramiento de sus representantes, sin que medie una elección directa con la participación de los integrantes de esos colectivos, lo que importa una práctica democrática restringida.

Ahora bien, es innegable el papel desarrollado, no solo por el comité cívico cruceño, sino por el movimiento cívico boliviano; también resulta en un contrasentido advertir que en el transcurso de los casi tres cuartos de siglos de presencia de estos grupos corporativos, no se hayan modificado sus estructuras en función a una democracia representativa, y se siga eligiendo a sus representantes por medio de designaciones por instituciones afiliadas y no se haga una votación que convoque de manera directa al debate de ideas y la contraposición de posiciones que puedan representar de mejor manera el sentir de la población.

En paralelo a eso, también debe tenerse en cuenta que esta práctica de elección a través de corporativos ha producido una crisis de representatividad en otros departamentos, puesto que, como consecuencia de la fórmula de su elección, surgen instituciones de objeto análogo que se arrogan la legitimidad para ejercer la representación de la población. Generando así una duplicidad que termina en una anulación fáctica de estos comités.

En el momento actual, vemos que, como reacción a algunas determinaciones de estos comités, también comienzan a surgir voces que cuestionan su papel. Asimismo, otros colectivos disidentes acusan que no se encuentran representados por estos corporativos, que no fueron consultados en cuanto a las decisiones adoptadas; y que los afectan restringiéndolos en el ejercicio de sus derechos. Ante esto, resulta que la fórmula democrática es la ideal para poder tener un nivel de certeza en relación a la legitimidad de la representación que se alega, puesto que, de mediar una elección con mayor democracia, los comités ganarían en legitimidad y representación; sin embargo, ello implica el sacrificio de una articulación rápida pero antojadiza alrededor de algunos intereses mezquinos.

En suma, resulta necesario que los comités cívicos avancen en sus propios procesos de democratización en aras de despejar las dudas que se van posicionando alrededor de su legitimación para el ejercicio de la representatividad que pretenden ejercer, y así puedan revitalizarse en cuanto a su representatividad y vigencia.

Rafael Villarroel es economista.

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La jubilación nuestra de cada día, ayer y hoy

/ 21 de octubre de 2022 / 02:09

La jubilación, y la administración de los fondos que la financian, han sido objeto de polémica y de cuestionamientos en los últimos días, pero el sistema de pensiones ha sido uno de los capítulos más sensibles de la historia boliviana de los últimos 30 años, que ha constituido un llamado a la lucha de los distintos sectores de nuestra sociedad; hoy en día, toma una vez más el centro de atención del análisis, con posiciones en pro y en contra con relación a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

Para este efecto, es bueno recordar que a mediados de los años 90 del siglo XX, tuvo lugar una de las reformas estructurales del Estado más polémicas de nuestra historia con la “ley de capitalización” entregando el aparato productivo estatal a manos privadas de consorcios extranjeros internacionales; en paralelo a esto, se dio la reforma de pensiones con aquella “ley de pensiones” que rompió con la lógica de administración jubilatoria, imponiendo un sistema de capitalización individual, cerrando de manera violenta los distintos fondos de pensiones y entregando las acciones de las “empresas capitalizadas” a los administradores del nuevo sistema.

La reforma de pensiones trajo consigo importantes impactos para el Estado boliviano; el primero de ellos, fue una escalada de convulsión interna que concluyó con el silenciamiento sistemático de los disidentes que no estaban dispuestos a consentir estas medidas, con represión y la declaración de estados de sitio que se prologaron por varios meses.

Otro efecto fue que el costo financiero de la entrega de los fondos de pensiones a empresas privadas —que después comenzaron a llamarse familiarmente como AFP—, fue absorbido enteramente por el Estado sin tener ninguna fuente de financiamiento para ello, raíz del fuerte déficit fiscal experimentado; con el costo social que vivimos a finales de los años 90 y la primera parte del nuevo siglo, junto a las protestas de ancianos en la calle que se encontraban en la “generación sándwich” o que cobraban jubilaciones que hacían inviable la subsistencia.

Lo anterior produjo que en los gobiernos que sucedieron a la reforma de los años 90, se introduzcan cambios que sensibilicen el sistema de pensiones; sin embargo, fueron insuficientes, creciendo a la par la demanda de una nueva reforma de pensiones que humanice este sistema.

Los sucesos citados constituyen el antecedente de la nueva Ley de Pensiones y la creación de la nueva Gestora, donde no solamente se han hecho cambios que permitan una renta universal de vejez (Renta Dignidad), sino que se ha aumentado un componente solidario a la jubilación de quienes no pueden acceder a una renta que garantice su supervivencia. Sin perder de vista que esta reforma ya cuenta con 12 años y sus resultados son notables.

De todo esto, resulta poco comprensible que sectores que hace 30 años estaban en las calles luchando contra la privatización del aparato público estatal y del sistema de pensiones, hoy pidan la permanencia de empresas privadas que tuvieron en sus manos la administración de las empresas capitalizadas a nombre del Estado con los resultados que se conocen, impidiendo la profundización de un sistema de pensiones que ya cuenta 12 años y ha demostrado la solidaridad de los bolivianos con sus mayores.

Rafael Villarroel es economista.

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Responsabilidad social empresarial pública estatal

/ 4 de octubre de 2022 / 01:35

La emisión del Decreto Supremo 4783 con relación al pago de utilidades de las empresas públicas bolivianas y las reacciones que se han presentado en los últimos días dejan lugar a un espacio de análisis respecto al concepto de responsabilidad social empresarial, el rol del Estado con relación a las transferencias publico privadas para la reducción de la pobreza y los efectos registrados en Bolivia.

El Decreto Supremo 4783 dispone la transferencia de utilidades registradas en las empresas públicas del país para financiar proyectos de inversión o programas de interés social. De donde ha resultado la polémica acerca de que se pretendería pagar parte de los bonos que son entregados por el Gobierno con estos recursos.

Al respecto, corresponde analizar que la norma antes citada dispone la transferencia de las utilidades registradas por las empresas públicas; consecuentemente, el patrimonio de estas no se vería afectado con esa disposición puesto que, como en cualquier empresa privada, al cabo de un año de trabajo corresponde ver si se ha ganado o perdido, y en su caso reintegrar la pérdida o distribuir la utilidad.

Ahora, en torno a la polémica suscitada, se debe tener presente que, como en cualquier negocio, se estaría cobrando el rédito de la inversión realizada a tiempo de la formación de la empresa, o su nacionalización, y con ello no se está disminuyendo el patrimonio con el que se ha generado esa utilidad, toda vez que es la ganancia del trabajo desarrollado durante un año.

Por otro lado, el concepto de responsabilidad social empresarial utilizado en el decreto resulta muy pertinente con relación a esas empresas que, en realidad, han sido creadas en el marco de un modelo económico que busca precisamente la generación de excedentes para su redistribución, entonces, cuando se utilizan estos recursos para bonos, resulta que se están destinando a su propósito original, las políticas sociales.

Ahora bien, el pago de los bonos, como la polémica ha entendido que es el destino de esas utilidades, constituyen transferencias público-privadas que han demostrado su utilidad como un instrumento de lucha contra la pobreza, aspecto que no es solamente reconocido a nivel local sino que organismos como la CEPAL han reconocido y medido su eficacia.

Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial es justamente eso, devolver a la sociedad una parte de las ganancias que registran en favor de sus grupos de relacionamiento o la sociedad en general; esto en Bolivia, en materia estatal, encuentra un vehículo idóneo a través del financiamiento de políticas sociales destinadas a la disminución de la pobreza como es el destino que se ha manifestado en el Decreto 4783.

En conclusión, cuando se utilizan los réditos de las inversiones del Estado en el financiamiento de políticas sociales y responsabilidad social empresarial, en realidad lo que se está haciendo es reafirmar el compromiso de nuestras empresas públicas con el pueblo boliviano y garantizar el desarrollo y seguridad de nuestras nuevas generaciones.

Rafael Villarroel es economista.

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212 años y el tren de la inversión pública

/ 15 de septiembre de 2022 / 00:39

El 212 aniversario de la gesta libertaria de Cochabamba trajo consigo la singularidad de la entrega del Tren Metropolitano, obra que ha convocado la atención de todo el país. Este evento nos invita a reflexionar el papel de la inversión pública y el concurso del Estado en la prestación de servicios.

El Tren Metropolitano, una obra que, de acuerdo con los datos publicados, ha requerido la inversión de aproximadamente Bs 2.500 millones —esto a lo largo del tiempo—, tendrá un retorno no solo económico sino social en función al servicio que prestará en seis municipios del departamento de Cochabamba.

Pero el monto del costo debe ser asumido como lo que es, una inversión que a lo largo del tiempo tendrá un rédito que, a diferencia del campo privado, tendrá que ser medido no solo en el campo del retorno económico, sino que tiene intrínseco un factor multiplicador para el bienestar de la población y el desarrollo de sus actividades que amerita el esfuerzo por parte del Estado.

El costo de esta importante obra, asumido por el Estado, a tiempo de su análisis también debe ser sopesado con el hecho de que, producto de la Ley de Capitalización, los privados que se hicieron cargo de los ferrocarriles decidieron, junto a cientos de millones de dólares invertidos en otras líneas, suprimir un servicio tan importante para los cochabambinos, con el costo social que eso ha importado para el desarrollo de todo el valle cochabambino.

La historia del siglo XX en Bolivia tiene entre sus factores comunes la formación de monopolios privados ineficientes y abusivos que con gran frialdad se inclinaron en muchas oportunidades por la explotación abusiva de ellos, sacrificando al país como es el caso de la oferta eléctrica, el estaño o los propios ferrocarriles. Ante esta inacción, el Estado en la segunda parte del siglo pasado fue el que realizó grandes esfuerzos para poder corregir las disposiciones creadas, siendo el germinador de la primera generación de las empresas públicas del país.

Debe anotarse también que el esfuerzo del Tren Metropolitano no es aislado y hoy se cuenta con experiencias del retorno de estas inversiones en distintos ámbitos, como son el incremento de la oferta eléctrica y la integración del mundo rural a la electrificación; la democratización de las telecomunicaciones; el acceso al agua potable (Misicuni); el transporte masivo por teleférico o el ingreso de energías limpias y alternativas.

Con motivo de esta importante obra, el balance nos arroja que el Estado, con el concurso de las empresas públicas, ha realizado importantes aportes de inversión pública en ámbitos estratégicos que han contribuido a la democratización del acceso a servicios, que son tangibles en el presente, dejando constancia de que su participación es fundamental para el desarrollo obtenido en los últimos tres lustros.

Rafael Villarroel es economista.

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