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Wednesday 8 Feb 2023 | Actualizado a 04:05 AM

Vale un Potosí

/ 24 de enero de 2023 / 00:52

La semana pasada, víspera del 14 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, se han hecho anuncios transcendentes sobre la existencia de un yacimiento de plata, supuestamente, el más grande de nuestra historia, y la firma de un convenio para la explotación del litio y la producción de baterías, lo que nos llevaría a ser un principal productor del mundo.

Las reacciones han sido diversas. Desde los cálculos acelerados de ingresos, de pronósticos, de situarnos a nivel mundial, la oportunidad de sacar una mayor tajada para cada uno de los actores. La verdad, de lo dicho, hay muy poca claridad.

El proyecto “Arenas de plata” comenzó en 2016, cuando la empresa New Pacific compró Alcira S.A. y vio la necesidad de ampliar su área de trabajo con pertenencias de la Comibol; en 2018 firmó un contrato de producción minera con la empresa estatal, que no fue aceptado por el Ejecutivo, ni mucho menos puesto a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de autorizar todo contrato referido a recursos naturales. De esa fecha hasta el presente no se ha tenido mayores informes; la misma Comibol ignora lo que ha sucedido, mientras el Gobierno señala que hay que ser prudentes y conocer el proyecto de factibilidad. Sea como sea es una esperanza que, ojalá, sea una realidad.

El anuncio de la suscripción de un convenio por el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, con el consorcio chino CBC para la explotación del litio y la fabricación de baterías le da una seriedad enorme, aunque no se conozca los detalles de dicho convenio; en su discurso reiteró que lo importante es la industrialización, es de esperar que este anuncio se amplíe con la publicación del convenio.

La riqueza que atesora el país inmortalizó la frase de Miguel de Cervantes “vale un Potosí”, llegó a la península ibérica e irradió el desarrollo a toda Europa. La abundancia de La Salvadora dio al estaño boliviano la capacidad de determinar el precio internacional del metal; San Cristóbal es catalogada, actualmente, como la mina más importante de zinc en el mundo; sin embargo, la fama no deja de ser un halago, cuando el patrimonio se escurre de nuestras manos y su fulgor ilumina otros lares.

Así Potosí no dejó de ser una villa, Siglo XX desapareció al comenzar el nuevo siglo, el viento, al igual que la pobreza, se pasea por Colquechaca, Porco, San José, Huanchaca, Portugalete y tantas otras minas que tuvieron renombre mundial. La fortuna, al decir de algunos, solo trajo maldición a las regiones, condenadas a vivir de los minerales: no se tuvo la capacidad de impulsar otras actividades productivas, más perecederas en el tiempo, al margen del agotamiento del mineral y la fluctuación de los precios de las materias primas. Los minerales tienen en sí un valor intrínseco, capaz de ser el origen del capital para nuevos emprendimientos. Patiño nunca recurrió a los bancos, él creó bancos (con la plata de La Salvadora).

Es esta lección que recoge la Constitución del Estado Plurinacional para señalar el camino del crecimiento para nuestro país. A 14 años de su promulgación son muchas las dificultades y frustraciones que se ha tenido: el estancamiento de la cadena del estaño Huanuni- Vinto, la frustración de Karachipampa, las caídas de las licitaciones de la refinería de zinc, el golpe de Estado que frustró el proyecto del litio; la ausencia del Estado en la explotación del oro, son realidades que hay que asumirlas autocríticamente. Había la decisión política, pero no basta para romper con una serie de valores y conductas que dan como un hecho nuestra condición de productores primarios; las mismas universidades no pasan de este nivel de formación, se hace necesaria una revolución cultural y moral del conjunto de la sociedad.

No basta con definir un horizonte claro, hay que crear la institucionalidad para cumplir estos objetivos, precisando su rol, teniendo un equipo de dirección estratégica y de dirección ejecutiva, con una administración ágil y oportuna al ritmo de la función productiva, asumiendo responsabilidad individual en la toma de decisiones, pero también creando un conglomerado social que participe y contribuya a la eficiencia y racionalidad de la empresa. Aún falta tomar estas decisiones básicas, condiciones sine qua non para lograr avanzar.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Más claro agua

/ 7 de febrero de 2023 / 00:51

El informe de cierre de gestión del Ministerio de Minería y Metalurgia dado a conocer a fines de enero ratificó la tendencia que se veía a mediados de año: la minería es el principal sector exportador, con un monto de $us 6.134 millones hasta noviembre; los principales metales son el oro, la plata, el zinc, el plomo y en un cuarto lugar, el estaño. Hemos dejado de ser monoproductores, como lo fuimos hasta la década de los 80 con el estaño, pero no dejamos de exportar metales en su condición primaria como concentrados.

Sin embargo, lo que ganó los titulares fue la afirmación del ministro de que “regalamos 1.200 millones de dólares en los concentrados de zinc”, por el no pago de metales valiosos como el indio, el cadmio, el galio; no mencionó otros metales no menos valiosos como el estaño, el azufre, hierro, plomo, antimonio que también acompañan a estos concentrados en un volumen de las 490.083 TMF. Esta generosidad anunciada terminará con la construcción de una refinería de zinc para procesar 150.000 TMF de estos concentrados.

Esta es una realidad de viejo cuño, pero, con otros términos, Marcelo Quiroga Santa Cruz lo llamaba “saqueo”. En 1967, cuando se firmaba el contrato de explotación de la mina Matilde con Phillip Brothers, él mismo logró introducir una cláusula para la instalación de una refinería de zinc: el contrato se firmó, pero la cláusula quedó en el olvido.

El último intento de dar curso a una refinería de zinc se realizó en 2018, cuando en el Ministerio de Minería se discutía su viabilidad, viendo rasgos técnicos al buscar elegir entre la vía piro (fundición) o hidro (procesos químico-físicos). La primera opción la apoyaba la empresa Vinto y la segunda, Comibol. La reunión concluyó con una tajante afirmación de un meritorio catedrático de la universidad de Oruro: “Cualquiera, pero hagan”, es decir la decisión era política. Se prohibió a la Comibol continuar con su proyecto, cerrando un nuevo capítulo de nuestras frustraciones. Hoy las razones parecen ser financieras, al haberse optado por un proceso que combina condiciones físicas (presión- temperatura) y reacciones químicas (es decir, la opción hidro), que lo realizará Vinto.

Como antes, la decisión es política y se enmarca en el proceso de la industrialización del gobierno del presidente Arce, pero también se trata de una racionalidad financiera. Si el costo de una planta es de $us 350 millones para el tratamiento de 150.000 TM, para tratar el resto se necesitaría otras dos más, haciendo un total de $us 1.050 millones, inversión que se puede recuperar en un año de operaciones; por ser estratégico y de carácter nacional, no puede condicionarse a la voluntad de un financiador externo. Así las exportaciones mineras superarán los $us 9.000 millones, pudiendo duplicar su valor con procesos de industrialización; pero además, refinar en el país significa ahorrar casi el 50% de los costos de operación que se debitan en el exterior por gastos de la misma refinación, el transporte, seguro, estiaje, etc.

En la misma línea, el segundo producto en volumen que exportamos son los concentrados de plomo: 112.139 TMF en 2018, con un valor de $us 263.054 millones. Estos concentrados tienen como agregados estaño, bismuto, antimonio, cobre, oro, arsénico, indio, de los que tampoco nos pagan ni reportan nada. En San Cristóbal, el costo de tratamiento en el exterior significa el 44% del valor bruto de los concentrados de plomo, por lo cual no reportan utilidades; en Karachipampa, el valor calculado por la recuperación de estos elementos es de $us 20 millones, tratando 50.000 TM de concentrados de plomo-plata; al requerirse $us 40 millones para su adecuación, éstos podrían cubrirse en dos años.

El ministro, nostálgicamente, determina que la ejecución del proyecto de zinc sea por la Empresa Metalúrgica Vinto, cuando ésta es subsidiaria de la Comibol (trabaja con su NIT) como reza la Constitución Política del Estado y las leyes de Minería y de Empresas Públicas; este cuestionamiento se amplía a sus resultados económicos cuando declara utilidades, mientras no tiene capacidad de pago a las empresas y cooperativas que le proveen la materia prima.

La soberanía peligra cuando no hay independencia económica, ésta depende del desarrollo que alcancemos. La naturaleza nos ha dado una riqueza minera codiciada por extranjeros, los que sistemáticamente se han opuesto a la instalación de las fundiciones en el país, arguyendo toda clase de problemas: económicos, técnicos, institucionales, regionales, políticos, etc. Detrás de estos argumentos está la mano que nos condena a un eterno saqueo de nuestros recursos naturales. ¿Será que esta vez el Estado Plurinacional logrará cumplir con este objetivo?

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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La gestión económica

/ 10 de enero de 2023 / 01:39

Como en toda conclusión de gestión, el balance se hace imprescindible. Los indicadores macroeconómicos son alentadores: inflación 3,1%, crecimiento de la economía 4.1%, balance comercial positivo con un excedente de 350 millones de dólares, récord en exportaciones, 12.000 millones de dólares, reducción de la extrema pobreza. Creo que estos resultados, en el contexto internacional actual, merecen un aplauso.

Sin embargo, esto no condice con la situación política, alterada premeditadamente en forma reiterativa. Existen grupos de poder que sienten peligro en su status económico, no se quejan de sus réditos económicos, al contrario, no dejan de proclamarse el motor económico de Bolivia; su insatisfacción la expresan con acciones políticas de desgaste: censo ya, lucha contra el centralismo, la migración kolla, cuestionamientos al poder estatal, hasta plantearse el separatismo, vía federalismo.

Esta paradoja solo se explica por la no consolidación de un modelo de sociedad incluyente al conjunto de la sociedad boliviana, modelo inscrito en la Constitución Política del Estado Plurinacional, que no se consolida y deja que los resabios de la república neocolonial vean el proceso como reversible.

¿Qué ven cómo peligro? La consigna que se repite cada día: por un lado, la industrialización de nuestros recursos naturales. La industrialización implica la no exportación de materias primas en su estado primario como hoy son el gas, los minerales y también las manufacturas que no dejan de ser primarias como el oro, plata, estaño y cobre en barras, sin valor agregado; lo son los granos de soya, girasol, al igual que sus aceites, la carne vacuna. Es esta actividad primaria que les da réditos económicos seguros —a costa de recursos naturales no renovables— sin la obligación de hacer inversiones en la elaboración de productos de consumo directo: plásticos, aleaciones metálicas para la electrónica, calaminas, chapas metálicas, productos comestibles para humanos y animales, combustibles y lubricantes, etc. Es hora de volver a la pregunta ¿para qué llevan nuestros recursos naturales los países desarrollados? Para elaborar productos con valor agregado, seguros de un mercado de consumo, entre ellos el nuestro.

La proclama de una economía plural, como dice la Constitución, no les basta; si es el Estado el encargado de la planificación, en última instancia, es el que define el destino de los excedentes económicos. En este sentido, no es mucho lo que se ha hecho; así, al no haber el control del comercio exterior, no se sabe cuántas son las utilidades de los exportadores, para determinar la participación del Estado; la no entrega de las divisas al Banco Central evita su uso en labores de desarrollo y fomenta actividades de tipo especulativo y suntuario. Sin embargo, la reinversión de las ganancias es un imperativo de ley que tarde o temprano se tiene que cumplir, superando los cálculos políticos.

La otra consigna que se repite es la sustitución de importaciones. Si vemos el balance comercial, concluimos que importamos casi tanto como exportamos; la pregunta inmediata es: ¿qué importamos y quiénes lo hacen? Del análisis, concluimos que mucho de lo introducido al país lo podemos producir, con tecnología para ser competitivos, pero también asegurando la protección del mercado interno, medidas que afectan al sector importador y que, naturalmente, tiene que sentirse afectado si se concreta lo establecido en la visión de país. Las medidas tomadas para garantizar el abastecimiento interno han tenido una oposición débil, pero lo suficientemente clara para expresar que la política estatal no se impondrá fácilmente.

Entre exportadores e importadores existe un sector intermediario que facilita sus operaciones: el sistema financiero, el transporte, los grandes distribuidores del comercio, que ven en peligro su modo de vivir. Entonces, las disputas que contemplamos cada día son la traducción de una lucha por el excedente económico, una lucha de clases, que no se resuelve con zancadillas políticas, ni vericuetos legales, sino con la decisión firme sobre la necesidad de un cambio desde la sociedad que democráticamente eligió un camino y el Estado que les representa: su ejecución develará los intereses que están puestos en juego. El dilema será entre defender la construcción de una patria soberana, autosostenible y de convivencia, contra los que desean mantener una sociedad sometida a los intereses imperiales y discriminatorios a base de la explotación del hombre y la naturaleza.

Los tiempos políticos son perentorios, el inicio de la gestión augura una definición estratégica.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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21 de diciembre, 1942-2022

/ 27 de diciembre de 2022 / 00:33

Con un campeonato de fútbol en Villa Tunari, el Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros (FSTMB) celebró el Día del Minero, el Ministerio de Trabajo declaró feriado en el sector, varios sindicatos reafirmaron su fe democrática, renovando sus directivas sindicales, la subalcaldía de Catavi, con un desfile de teas y una verbena, asumió la fecha como la de su creación, y Fencomin celebró su 58 aniversario de la salida de la Federación de Mineros y su creación en la época de Barrientos. Mientras —en el flamante edificio de la FSTMB— retumbaba el pub “Das Kapital” y en el sótano, la estatua de don Juan Lechín se llena de polvo y olvido.

El 21 de diciembre de 1942, el poder minero perpetró la masacre de Catavi, en las pampas de María Barzola. Con este hecho los mineros llegaron al convencimiento de quién era su enemigo, no solo su patrón y el gobierno, sino el imperialismo norteamericano, que, a título de defender la democracia y garantizar el estaño para la guerra, obligó a sus cipayos a suspender el Código del Trabajo, prohibiendo las huelgas. Incontables muertos vertieron su sangre para abonar la consigna: Nacionalización de las minas.

Diez años bastaron para que el llamado se hiciera voz nacional. Diez años de lucha creativa: la renovación del discurso gremial por uno político, la construcción de una organización nacional, la participación política en el Parlamento, denunciando y enfrentando las masacres blancas y rojas de la oligarquía, manteniendo la unidad granítica en torno a las resoluciones de sus congresos, participando en acciones armadas de resistencia —como la guerra civil de 1949— y el proceso electoral de 1951.

Madurez política, que le permitió transformar el fracaso del golpe de Estado, planeado por el MNR, en una insurrección popular y revolucionaria que impuso una agenda para transformaciones estructurales: nacionalización de las minas y revolución agraria. No dudaron en participar en un gobierno que ellos habían puesto y lo consideraban suyo, su vigilancia pondría en marcha sus anhelos. El 31 de octubre de 1952 se nacionalizaron las minas, después de un estudio dilatado de siete meses y la presión ejercida con pronunciamientos, movilizaciones y amenazas. El 2 de agosto de 1953 se dictó la Reforma Agraria, mientras se consumaba la toma de las haciendas. Así el MNR asumió la paternidad de estos hijos de la insurrección. La euforia revolucionaria llevó a prohibir las huelgas, aportar para construir fundiciones, sancionar a los faltones, emular en la producción y la racionalización de los costos; esfuerzos inútiles cuando se imponía hacer de la empresa estatal la alforja para la vertebración y diversificación del país, a costa de la postergación del desarrollo del occidente.

El periodo revolucionario concluyó con la institucionalización, su energía revolucionaria fue encerrada con leyes y códigos: reorganización del ejército, cierre de minas marginales, devaluación monetaria, entrega del petróleo, chantaje para aprobar la ley de seguridad social a cambio del plan de estabilización. La nacionalización de las minas costó una cuantiosa indemnización y el compromiso de seguir vendiendo concentrados a la Patiño, frustrando la independencia económica que tenía como base la fundición e industrialización de los minerales.

Lo que no logró la oligarquía —romper la unidad— lo lograron las canonjías del poder. Se creó la COB paralela, se intervino congresos sindicales, se detuvo a dirigentes sindicales para imponer el Plan Triangular en las minas vetando la participación sindical en la Comibol. Cuando se recompuso la unidad obrera en el congreso de Colquiri (1963), el tiempo político había pasado, el recambio vino con la dictadura militar.

La resistencia a la prepotencia militar incluyó asambleas sorpresivas en horas de trabajo, el trabajo a desgano; era la resistencia ante la falta de sindicatos y la rebaja de sueldos. Cualquier incidente podría convertirse en un polvorín, la detención de un dirigente o la realización de un ampliado; así se dio la masacre de Llallagua en septiembre de 1965 y la de San Juan en 1967. Fue la carga explosiva que finalmente recuperó la democracia en 1982. Sin embargo, encerrada en los parámetros constitucionales, comenzó la fragmentación del movimiento obrero, “había que construir el partido de vanguardia”, albañiles no faltaban. Así el gobierno de la democracia —Siles Zuazo— fue devorado por el sistema de partidos, el que, finalmente, puso fin a la histórica y gloriosa FSTMB con el DS 21060 y el cerco de Calamarca.

El neoliberalismo liquidó aquel movimiento histórico y engendró otra clase obrera minera, que no concluye en definir su derrotero histórico ante una realidad apabullante: el sector estatal minero solo es el 6% de este sector, la minería es el puntal en las exportaciones del país y su contribución no pasa del 10% de la riqueza extraída; su producción sigue siendo primaria, no hay fundiciones, menos industrialización. El país sigue esperando al sujeto histórico que cambie este entuerto que a 80 años de la masacre de Catavi nos sigue atormentando.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Nacionalizar para privatizar

/ 13 de diciembre de 2022 / 00:57

Sin rubor alguno se anuncia la privatización de Mallku Khota. Coincidencia extraña. Comunarios del Ayllu Sullk’a Jilaticani, quienes hace 10 años pidieron la expulsión de la empresa canadiense South American Silver, la Federación de Mineros, que aplaudió la nacionalización y los ejecutivos de la Comibol que, alborozados, asumieron el reto. Claro que no son las mismas personas, pero ¿no hay una política institucional? ¿Los preceptos constitucionales han cambiado?

El 1 de agosto de 2012 se dictó el DS 3108, por el cual se revierten las concesiones a favor de la Comibol, encargada de llevar adelante las tareas de prospección, exploración y explotación de la mina; inmediatamente asumió la responsabilidad de contratar a 120 trabajadores que dependían de la transnacional. Desde esa fecha la Comibol ha erogado más de $us 5 millones en sueldos, que están nivelados al mínimo nacional; las labores han sido de la construcción de caminos, campamentos y labores de exploración. Actualmente no hay una valoración del yacimiento, menos un proyecto definido. Por otro lado, la South American Silver, en un juicio, logró una compensación de $us 19 millones, arguyendo que tenía concluido el proyecto a diseño final; tampoco se conoce oficialmente de este proyecto, que estaría listo para su ejecución.

En este periodo la tendencia ha sido mostrar que la Comibol es incapaz de emprender actividades productivas. Sin acceso al sistema financiero, limitada en la contratación de personal calificado —no pueden ganar más que el Presidente— obligado a contratos temporales de obreros y técnicos, con gastos programados cada mes, cuando los procesos son largos, sin un cuerpo técnico con capacidad de diseñar proyectos de gran envergadura, sin un sistema de compras ágil y oportuna, han convencido a propios y extraños que la Comibol es incapaz, la misma conclusión neoliberal que se impuso con el 21060. La burocracia se solaza buscando ingresos de las rentas del yacimiento —vía contratos— antes que asumir el riesgo de la inversión. Logró su acometida.

Esta lógica niega que las instituciones están hechas según los objetivos que se plantean y olvida que el modelo económico productivo requiere transformar el andamiaje heredado para responder a los nuevos tiempos. Hace falta pues, una empresa diseñada con una dirección estratégica y un cuerpo ejecutivo eficiente para llevar las tareas encomendadas, que demuestre eficiencia y transparencia, un conjunto de normas que permitan un accionar oportuno y pertinente en cada momento de la actividad productiva, una labor empresarial que deseche otras actividades al margen de la producción, cumpliendo el horizonte político de la liberación nacional.

No es que se ignora este principio, al contrario, el proceso de cambio ha elaborado normas para la transformación de las empresas estatales a partir de los objetivos constitucionales: la Ley de Minería y la Ley de Empresas Públicas, que han sido descalificadas antes de ponerlas en práctica, estrategia efectiva para evitar que las cosas no cambien. Así el problema fundamental de la minería es la informalidad de sus actividades y la inexistencia de una empresa estatal que incida en el modelo productivo, social y comunitario, cuyo objetivo es la agregación de valor de las materias primas con la fundición y su transformación en productos de consumo, la industrialización.

El caso de Mallku Khota no es el único, se conoce por la prensa también el de Canutillos, comprometida con la canadiense Alcira, Amayapampa con la china Phoenix Mining, colas y arenas Catavi con Gondwanaland S.A. Los contratos citados tienen como rasgo común que no fueron adjudicados en un proceso de licitación internacional, sino fueron inducidos por los futuros adjudicatarios. La modalidad es del alquiler de la mina, con una participación mínima —peores que los contratos neoliberales— y se excluye a la Comibol de las funciones de fiscalización y participación. Este engendro — por lo monstruoso— no ha podido superar el filtro del Ministerio de Minería, ni menos de CONAPES, para convertirse en ley, la seguridad jurídica exigida por los privados. Sin embargo, han comenzado las operaciones y las ofertas de acciones en la bolsa se popularizan.

En analogía, la Comibol ha hecho inversiones en estos yacimientos. En Amayapampa por cinco años se mantuvo una planilla de 200 trabajadores, es una mina de oro evaluada y de gran rendimiento; en Canutillos se realizaron labores de exploración con grandes resultados, en Colas Arenas Catavi se evaluó el yacimiento y se elaboró un proyecto que da como resultado un costo de producción de $us 4 por libra fina de estaño, cuando en el mercado vale $us 11.

Como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, el saqueo del país continúa.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Siglo XX: Sobreviviendo

/ 29 de noviembre de 2022 / 01:57

El recorrido por viejos caminos te trae sorpresas, ya no es la calle que te lleva al trabajo, es la que te ofrece tentaciones para un alto en el camino. Es un mercado persa, por la variedad y el colorido de las ofertas. Desde los platillos típicos: la pisara, la thayacha, la kanka, fideos uchu, alternados con salchipapas, hamburguesas, pollos en todas sus formas; acompañados de refrescos: mocochinchi, linaza, maracuyá, agua de coco, piña; abundan las ofertas de celulares y los artefactos conexos; igualmente las prendas de vestir de marcas, aunque de estas solo lleven la etiqueta, junto con ropa colorida de las comunidades norte potosinas. Las calles amplias y de casas chatas son un recuerdo; se impone la invasión de comerciantes y los edificios esqueléticos construidos en un pequeño espacio de casa de campamento. La planificación urbana es lo de menos, se impone el sobrevivir.

El municipio de Llallagua se autodefine como indígena, minero, turístico y universitario. Son dos ayllus que son parte de este municipio, sus comunidades se van despoblando con rumbo, en primera instancia, a la capital Llallagua y luego al interior y exterior del país. Sus montañas inmensas, la ciudad de piedra regada por un meteorito, las aguas termales son atractivos naturales. La explotación del estaño con su revolución industrial y su movimiento sindical es lo que le dio renombre mundial; quedan como testigos el tajo enorme en el cerro Juan del Valle y las inmensas montañas creadas con los desmontes de caja extraídos de sus entrañas. Todavía existe la explotación minera, con quejas de que las vetas se han perdido, con un sistema de producción que repuso el combo y la barreta, el quimbalete, el maritate, los buddles, técnicas introducidas en la colonia.

La Universidad Nacional de Siglo XX, impulsada y creada en momentos de glorias del proletariado minero y el inicio de su destrucción (1985), no pudo concretarse en su concepción pedagógica: estudiar trabajando, ni mucho menos ser una universidad de obreros. El cierre del sistema productivo industrial, la relocalización, la destrucción de los sistemas de salud y educación de la Comibol, el cierre de las radios mineras, le privaron de la base material para hacer de la eficiencia productiva el motor de la investigación y la renovación tecnológica, sin poder desplegar calidad y calidez en los servicios, ni mucho menos la palabra para debatir y encontrar la verdad y en torno a ella construir una comunidad. La universidad fue replegada al aula, obligada a luchar por su sobrevivencia.

Así, sin espacio político para la fuerza social que la creó, fue ganando espacios donde el abandono era evidente. Aulas en colegios cerrados, en centros de formación de amas de casa, en el edificio sindical, en oficinas abandonadas de la empresa, en mercados sin compradores, campos deportivos, asentamientos alentados por los vecinos, custodios del abandono. Sin orden ni concierto, su infraestructura se fue desplegando en un área inmensa, buscando alojamiento que la cobije: en épocas de agonía no hay espacio para la planificación, hasta los propios principios fundacionales parecen un estorbo. Su misma presencia en el sistema universitario es un incordio, negándole la coparticipación tributaria y recomendando abandonar sus principios.

Con el advenimiento del proceso de cambio, la situación mejoró. La nacionalización de los hidrocarburos le permitió participar en el IDH y el gobierno de Evo Morales no dudó en darle su apoyo. Sin embargo, el desconcierto aumentó. Con 7.000 estudiantes, la mayoría del interior y 15 carreras, se convirtió en principal elemento de la circulación del mercado persa. Es natural que este se dinamice donde se encuentre una carrera.

Hoy, la UNS-XX enfrenta un problema. Por más de 20 años, sucesivamente, las carreras de Odontología y Medicina utilizaron los espacios de la bocamina de Siglo XX que fueron la botica, seguridad industrial, club Bolívar, oficina de tiempos, casa superintendente mina, club ingenieros; la incomodidad no es nada si de sobrevivir se trata. Hoy se tiene la posibilidad de contar con una infraestructura con todos los requerimientos que la carrera de Medicina necesita, lo primero es dónde realizarla y acá surgen las leyes del mercado. Unos pretenden mantener las relaciones socioeconómicas construidas en estos años y otros crear en su entorno, no una carrera, sino un mercado. En la disputa se manejan toda clase de argumentos propios de la competencia: históricos, financieros, medioambientales, de seguridad ciudadana, de infraestructura urbana, de autonomía, etc.

Lo que menos existe es deseo de dar excelencia a la universidad y esta se construye paso a paso, con una mirada firme al horizonte. Si de terreno se trata, pueden disponer de las 110 hectáreas —bellamente amuralladas— que un iluso las viabilizó soñando en una ciudadela universitaria.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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