La desconfianza está instalada en la sociedad y eso tiene dos brazos desde los que se opera en este último tiempo: la política y la economía. Esta idea central me parece que tiene que ver justamente con la actitud que se ha ido tomando en la opinión pública en general; es decir, construir e instalar un ambiente constante de desconfianza.

Esa estrategia que se ha ido construyendo cuando menos en los últimos dos años, mediante la desconfianza en la política, se encuentra localizada específicamente en dos espacios que modulan la opinión pública: las redes sociales y los medios de comunicación. En las redes sociales, el principio de libertad de expresión se terminó por instalar en una especie de muletilla para no dar a conocer la fuente de la información o las pruebas, cuando se publica algo con el rótulo o mensaje verbal de ser “extraoficial”, y no me refiero a periodistas usando este argumento, sino a políticos y opinadores que buscan mediatizarse utilizando esta estrategia de desinformación.

De parte de los medios de comunicación, lo que tenemos y necesitamos es comenzar a debatir el papel de los medios como verdaderos actores políticos. Para bien o para mal, dejaron de ser meros actores informativos y pasaron a ser actores políticos, porque es a través de ellos que se modula el comportamiento de la opinión pública.

En lo político, la desconfianza pretende estar instalada en una serie de acusaciones públicas, cuyo acompañamiento de imágenes y organigramas estridentes buscan tapar o disimular la falta de fondo de esas denuncias. Sirviendo solamente para un titular que tiene medios de comunicación listos para actuar como caja de resonancia para sumar más ruido mediático.

En lo económico, la desconfianza circula con una velocidad ya conocida en las redes sociales, de hecho ya llevamos al menos dos globos de ensayo al respecto: el mensaje de desabastecimiento de carne por el paro cruceño y la escasez de gasolina. En ambos casos, nos dimos cuenta de que al final todo se regularizó después de un par de días de pánico instalado especialmente en la clase media urbana. Ahora llevamos viviendo otro ejercicio de esta construcción comunicacional de desconfianza económica con el dólar.

Desde que despertamos hasta que dormimos, a diario lo que vemos y escuchamos es un ruido estridente y contaminante, ahí incluso los desinformadores y generadores de desconfianza más pronto que tarde saldrán perdiendo porque la estrategia que están siguiendo eleva más la respuesta de una sociedad que tiene miedo y enfado; y con esos sentimientos no se construye nada, se destruye lo que se tiene y el derrumbe nos alcanzará a todos.

Urge combatir la desconfianza con más información, no hay que cansarse de explicar las cosas, sin incluir consignas, sino incluyendo en todo momento enmarques comunicacionales fuertes, porque si se concentra la explicación solamente en lo técnico, eso encontrará en los generadores de desconfianza realidades alternativas que primero se posicionan desde el discurso de víctimas del poder y segundo, de ser los únicos depositarios de la verdadera verdad.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.

En este último tiempo de conflictos políticos, pocas cosas empezamos a tomarlas con más atención como todo lo que tiene que ver con el Comité Cívico de Santa Cruz. Es claro que tomó mayor protagonismo este sector porque existe una ausencia de una oposición política partidaria y el bastión de oposición está ubicado en Santa Cruz, por lo tanto, la evidencia nos muestra que estamos viviendo un tiempo de oposición política concentrada en un movimiento denominado como el comiteísmo.

Añado el denominativo “ismo” porque forma parte sin duda de lo que son los movimientos políticos posmodernos de hoy estructurados a partir de una identidad, y no desde una ideología. Éstos se mueven en torno a símbolos, en este caso como por ejemplo: lo regional, la fe, todo lo anti que sea opuesto al oponente político, y por supuesto no debemos olvidar a la bandera nacional que se la pone en oposición a la wiphala.

Pero también, otra pregunta que se debe resolver al respecto es cómo operan en lo interno para asegurar que su organización pueda arrancar en su funcionamiento, escrutar su caja negra nos permitirá identificar la ausencia o presencia de mecanismos democráticos en su funcionamiento; porque una cosa es la apariencia democrática, y otra es la realidad oligárquica que vemos en el campo corporativo.

Una línea de entrada al respecto, dados los acontecimientos que estuvimos viendo en su proceso de elección (designación) de su máxima autoridad comiteísta, es que en esencia los comités cívicos se estructuran en base a procesos de reorganización de las clases dominantes locales y sus propias formas o lógicas de acción en la disputa política; es decir, la proyección que tuvimos del comiteísmo como un ente que aglutina sectores sociales cruceños debe ser muy parcialmente aceptada. Porque si hablamos de que en esencia son un grupo corporativo cuya principal misión es buscar que la élite local dominante se reproduzca, entonces la simulación electoral solamente alcanza a mencionar los 24 sectores que contienen el comité, pero no todos tienen el mismo peso representativo, es como si vivieran en un Estado pre 1952 donde el voto calificado era el principal determinante.

Esto coincide también con el análisis de cuáles son los mecanismos internos con los que cuentan, considerando fundamentalmente que el mensaje central y último que salió desde el comiteísmo fue la conformación de una candidatura de unidad para enfrentar en 2025 electoralmente al masismo. Traduciendo su idea de unidad: si hay más de un candidato que es del agrado de la élite local dominante, entonces se despliega primero una campaña de presión social contra los otros candidatos para que renuncien, si eso no tiene todo el efecto que se busca, entonces se aplica el estatuto y la norma electoral interna de manera conveniente para inhabilitar y de esa forma quedarse con la unidad deseada desde el inicio.

Varias cosas salieron a la luz de la opinión pública en este último tiempo sobre el comiteísmo, todas las observaciones político democráticas que se les hace pueden ser aprovechadas estratégicamente para que adecuen sus estatutos a los tiempos que vivimos y especialmente a los tiempos sociales complejos con los que Santa Cruz hoy cuenta, de lo contrario el comiteísmo puede terminar ubicado de espaldas a la población.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.

Una de las tareas pendientes que dejó la profunda crisis política que vivimos en el país entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, fue que se suponía que quienes administraban el Estado en ese tiempo eran —digo de nuevo— supuestamente los preparados para esos menesteres, que el masismo de antes lo que había hecho era poner en la administración pública de 2006 a 2019 gente sin preparación, y entonces había llegado la hora de supuestamente liberarnos de esa debilidad poniendo verdaderos especialistas en la dirección estatal. El tiempo vio que teníamos en esa administración antimasista especialistas en violencia, corrupción y en hacer que las roscas de antes vuelvan al poder.

Uno de esos espacios era sin duda la Cancillería del Estado, en concreto en su Academia Diplomática, un espacio que fue tomado muy en serio con el principio de constitución de una élite de funcionarios diplomáticos, tan en serio que básicamente la idea de especialidad era tomada en cuenta como una muletilla para dejar que entren a ese lugar, en casi todos sus cursos, gente que se formaba en dos o tres colegios privados, de los más caros que hay en La Paz; es decir, el criterio de alta formación devino en una exclusión de origen y que, por supuesto, era muy poco democrática. Luego podemos entrar a ver qué resultados concretos, si tuvo alguno esa gestión de supuesta alta tecnocracia de retorno.

A partir de las elecciones generales de 2020 y con el actual Canciller, las señales de ir trabajando para revertir ese principio excluyente y hacer reflotar la Academia entonces tuvo un desafío mayúsculo, que se ha ido materializando en al menos algunas acciones concretas que a veces las noticias malintencionadas más inclinadas a mostrar una especie de “reducción de presupuesto” no alcanzan a evidenciar. Desde mi cortísima experiencia en esa institución, lo que se puede apuntar, por ejemplo, es que el año pasado se realizaron 21 cursos de capacitación y formación relacionados con el área de las relaciones internacionales, además de siete cursos para el manejo de instrumentos jurídicos internacionales en la Academia Diplomática.

Y que entonces, la cantidad de beneficiarios de los cursos es de 830 personas, de las cuales más de la mitad son mujeres. Hoy mismo, el personal de Cancillería en el 75% tiene menos de 50 años, es decir, son generaciones con formación académica, mucho más jóvenes que los de antes, y además de un espectro social más amplio que los dos o tres colegios paceños de donde salían los llamados funcionarios diplomáticos de carrera. Es decir, es un proceso de construcción entendido desde abajo hacia arriba, y no como antes, al revés.

Por tanto, esa idea que se defiende a rajatabla de que los funcionarios de carrera diplomática se deben al hecho de haber salido con el título de una maestría, es otra forma más de vivir a espaldas de la realidad de un país como el nuestro, en el que producto de los acontecimientos políticos, al interior de nuestra burocracia se produjo un verdadero cisma. Porque incluso los llamados funcionarios especializados de carrera eran los primeros en abandonar esa “alta” especialización para tomar partido por un antimasismo excluyente, minando la posibilidad de generar resultados de gestión óptimos en el primer año de gestión presidencial.

A los desafíos hasta ahora apuntados, también se debe poner en la lista el uso de las tecnologías de información, porque si algo quedó muy claro es que éste es el tiempo de la combinación de modalidades mixtas entre la presencialidad y la virtualidad, esta nueva realidad no está atada como si fuera de vida o muerte al presupuesto que se tenga, sino abre un mundo de posibilidades para que bolivianos en todo el territorio, sin obligación de desplazarse a la sede de gobierno, puedan lograr especializarse en los temas que hacen al mundo de las relaciones internacionales.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.

La secuencia de los hechos políticos en el país se observan como una serie de acontecimientos que van encadenados y cuya trayectoria no es cíclica, sino más bien como cuando gráficamente vemos en las máquinas que muestran la intensidad de los desastres naturales en subidas muy altas y bajadas intempestivas; y es que lejos de resolver estos temas pendientes de este año desde el fondo, éstos más bien se van transformando adquiriendo sus propias dinámicas que valdrá la pena analizar, por separado en su momento, cada uno de los temas políticos que se nos vienen.

Para empezar, la elección judicial prevista para 2023 seguramente volverá a abrir la discusión respecto a la efectividad de las mismas para resolver la crisis estructural del sistema judicial, volverán los discursos de que se necesitan especialmente personas preparadas para esos puestos; es decir, de nuevo el discurso de la meritocracia que la clase media boliviana sabe de memoria y lo repite hasta el cansancio, sea para marcar la frontera de la línea de identidad antimasista o sea para desmarcarse del masismo de base, como queriendo decir que dentro de ese otro hay un otro otro. Aquí tampoco tocaremos el tema de fondo que es todo lo que está además del mérito, lo que realmente puede resolver el día a día de la gente que asiste a la Policía, fiscales, abogados, y jueces.

Luego viene también con toda probabilidad atender el regalito navideño que nos dejó el gobernador Camacho de Santa Cruz en su mensaje estos últimos días, de ahora sí hablar directa y abiertamente de federalismo y que ese sería su norte político, este tema está indisolublemente casado con el Censo que tendremos en 2024; estratégicamente fue la manera de salir menos derrotados moralmente de lo que ya estuvieron y además de paso logró que no se le aplicara la ley que él mismo impuso públicamente de que aquel que aceptara el Censo en 2024 tendría muerte civil en su tierra, fue una forma de salir corriendo de la casa que habitas pero no por la puerta, sino por la ventana. Esto va a revivir el clivaje regional en el país; si nos damos cuenta, ya van dos clivajes presentes, ojo.

Tampoco se puede dejar de vista el cisma interno que se encuentra viviendo el masismo, este fenómeno político que se nos presenta como una serie de capítulos distintos de choque entre el partido de gobierno y el Gobierno nacional que pertenece a ese partido, que antes de cerrar el año se localizó específicamente en la Asamblea Legislativa y que seguramente hará del Legislativo un espacio más desgastado de lo que ya está en su credibilidad de representación, porque no va a ser fácil asumir el alto costo político que significa hoy aprobar una norma ahí, ergo: ni hablemos de reformas estructurales mientras las cosas estén así en el partido mayoritario. Un escenario de disputa que es probable que aparezca después de la Asamblea, quizá sea la calle, porque es ahí donde también la gobernabilidad política depende y mucho, aún no hemos visto que las tensiones del masismo se hubieran trasladado a este campo, pero no se debe descartar tampoco que se lo haga. Más aún cuando tienes al cierre del año una crítica directa desde el expresidente Evo Morales a la gestión económica del actual presidente Luis Arce.

En fin, que se viene un año cargado de polarización social, y no creo que sea tanto porque los actores no quieran atender los problemas, sino porque las condiciones para enfrentarlos aún no están dadas; mientras tanto hay otras condiciones que sí están dadas y que quisiera aprovechar ahora: a todos mis lectores les deseo un año lleno de salud y éxitos en sus vidas al lado de sus familias, que sea un año en el que busquemos practicar ser más humanos y menos máquinas revanchistas, que no les afecte las noticias falsas, y que en lugar de eso tengan más contactos lovers y menos haters. Feliz año.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.

En la disputa política, normalmente se mantiene tensiones entre lo que se conoce como oficialismo versus oposición. Esta es la disputa más básica y elemental, a reserva de que determinadas coyunturas específicas nos muestren que al interior del oficialismo también pudiera existir momentos de tensión que representen un quiebre de la gobernabilidad política.

En todo caso, a ese escenario descrito se lo conoce como la dinámica entre actores activos con capacidad de veto, se podría añadir a más actores de este tipo que no forman parte del sistema de partidos, pero no es el objetivo de esta columna analizar esta parte. Sino otra que tiene que ver con lo que se conoce como los actores pasivos de veto y que por lo visto en los últimos años han estado incidiendo demasiado en el curso definitivo de las disputas críticas que sufren los Estados en la región.

Me refiero a la Policía, y especialmente a los militares. El ejemplo más sobresaliente y reciente que tenemos lo encontramos en el Perú, ya que curiosamente después de que asistimos al anuncio del expresidente Castillo de suspender el Congreso peruano y convocar a reforma constitucional, de inmediato los ojos de los medios de comunicación estaban situados no en primera instancia en el Congreso, sino en lo que pudieran dar como señal las Fuerzas Armadas de ese país, había como una suerte de nerviosismo por ver lo que pudieran hacer éstas para luego determinar si se garantizaba que lo que se llevara adelante en esa sesión congresal que buscaba deponer (vacar) del poder a Castillo iba a ser efectiva.

Entonces, el hecho de que se deposite tanta expectativa en las Fuerzas Armadas puede estar relacionado con un dato que las encuestas regionales de percepción democrática nos dan, y es que la credibilidad que tenemos de los partidos y del funcionamiento de las instituciones políticas es menor en comparación con la confianza que se tiene a las Fuerzas Armadas como institución.

Ese dato nos ha llevado incluso a mezclar componentes religiosos a la expectativa que se tiene para que los militares entren en acción cuando las coyunturas son tremendamente críticas o tensas, basta con mirar primero el caso boliviano y el caso brasileño en los últimos años para identificar que una de las respuestas estratégicas de la derecha ideológica es apelar a la convocatoria a la activación de los cuarteles por la vía del clamor religioso, dos componentes que buscan generar cohesión social en los movilizados.

El tema del papel de las Fuerzas Armadas en la región en contextos de democracia contemporánea no se acabó ni mucho menos, porque igual en escenarios polarizados socialmente como el que estamos viviendo aquí, sirven para apelar al discurso de que si lo que dicen los militares no coincide con nuestras posturas políticas personales, entonces no está bien eso y se los puede tildar de comprados al poder de turno, o a la inversa. Pero no hay ninguna duda que sea por donde fuere la línea de entrada a la hora de explicar coyunturas críticas, el papel de las Fuerzas Armadas sigue siendo uno que tiene un papel de actor pasivo pero con decisiones y movimientos definitorios sobre la política.

Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo y docente universitario.