El reporte que la empresa Meta (ex-Facebook) publicó hace unos días acerca de la eliminación de aproximadamente 1.600 cuentas bolivianas principalmente de Facebook e Instagram, ha despertado el debate acerca de la libertad de expresión en internet en Bolivia. Se trata de 1.041 perfiles de Facebook, 450 páginas y 14 grupos de esa plataforma, y 130 cuentas de Instagram borradas por “comportamiento inauténtico coordinado”, es decir, encontraron que varias cuentas coordinaban la generación de tendencias falsas publicando posts, dando likes, compartiendo y comentando en apoyo al Gobierno, mientras que atacan a cuentas de opositores al MAS y al Gobierno para acallar voces. Eso es lo que dice el informe de Meta.

Lo primero que hay que entender es que Meta publica trimestralmente estos reportes de seguridad y no es la primera vez que Bolivia es mencionada en ellos, una primera mención se dio en el reporte de septiembre de 2020 cuando informó que había encontrado este tipo de comportamientos inauténticos coordinados en cuentas creadas por una empresa de marketing basada en Washington DC de nombre CLS Strategies. Los mensajes apoyaban al gobierno de Jeanine Áñez y el por entonces ministro Arturo Murillo confirmó que habían contratado a esa empresa para producir y difundir contenidos en Facebook.

Ahora, la inversión en publicidad para promover estos contenidos es mayor en esta ocasión, alcanza $us 1,1 millones, lo cual abre la pregunta acerca de dónde salió ese dinero dedicado a la contratación de la publicidad en Facebook. Esta pregunta se sitúa junto a la preocupación por la libertad de expresión en internet, si unas y otras fuerzas políticas aparentemente están contratando servicios —sea a empresas o sea a personas individuales— para acallar voces disidentes ¿podemos tener certeza de expresar nuestras opiniones en línea libremente sin temor a represalias y a ser objeto de violencia digital y física? Estas son preguntas que el Gobierno y otros actores políticos deben responder.

Sin embargo, hay otros actores a los que debemos exigir transparencia y son las empresas como Meta, ya que éstas son las que reciben el pago por contratación de publicidad —en este caso, $us 1,1 millones—, es decir, son actores que se benefician de los comportamientos inauténticos coordinados con sus mecanismos comerciales que facilitan la difusión que después es informada en sus reportes trimestrales. A estas empresas debemos exigirles transparencia en sus mecanismos de publicidad, en la selección de casos de estudio y en sus algoritmos de promoción de contenidos.

Son muchos intereses detrás de estas operaciones falsas de desinformación y ataques, todo un ecosistema comercial y político.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com.

Les propongo salir por un momento de la coyuntura política que nos envuelve para hablar de una innovación tecnológica que es probable, también nos hipnotice. El chat GPT, una inteligencia artificial de lenguaje que se ha abierto gratuitamente al público hace unas semanas y que ya ha mostrado su capacidad de las solicitudes con una sintaxis bastante aceptable.

El chat GPT es un producto de la empresa OpenAI y usa un modelo de lenguaje Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) que le permite crear textos naturales y coherentes. OpenAI pretende poner a disposición la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Como cualquier inteligencia artificial, para que funcione bien le han cargado millones de documentos, noticias, artículos, opiniones, etc., por lo que es capaz de responder a las preguntas que se le hace y escribir artículos con bastante precisión.

No es el primer chat con inteligencia artificial que se desarrolla pero sí el primero de buena calidad que se democratiza aunque, por supuesto, esta fase no es tan inocente, tiene dos objetivos comerciales: uno, entrenar al algoritmo y encontrar posibles errores, es decir, lo estamos probando masivamente; y dos, motivar innovaciones para encontrar modelos de negocio que lo hagan rentable. Así funciona el mercado de innovaciones tecnológicas.

Obviamente han surgido temores acerca del efecto que puede tener en buscadores como Google, ya que es más sencillo hacerle una pregunta al chat que buscar enlace por enlace las sugerencias de motores de búsqueda, también se piensa en el incremento de plagio en instituciones educativas, por otro lado, también podría impulsar la desinformación y el temor que surge con toda inteligencia artificial de reemplazo de trabajadores humanos y los despidos consecuentes.

Para responder a estos temores, hicimos una prueba con unos amigos, le pedimos al chat GPT que escribiera un estatuto para una empresa en Bolivia. Lo hizo bastante bien y en menos de 3 minutos, pero luego entendimos que no solo se trata de escribir ese documento, sino hacer los trámites, tener en cuenta las especificidades de la empresa y el consejo experto de un abogado o abogada, cosas que, al menos por el momento, son irreemplazables que las ejecute un humano. Me parece más bien que puede servir como un asistente que elabora un borrador inicial, que luego será ajustado por un humano cuyo trabajo es ayudar a aclarar lo que quieren los clientes, ya que suele haber confusión en ese aspecto, además de brindar un servicio contextualizado.

Hay mucho que hablar acerca de los efectos negativos de IA aunque parece que este, al menos acerca de despidos, no es el caso. Todo lo contrario, hay que aprender a usarlo.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana.word-press.com.

La Ley 348 integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia identifica 16 tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, desde la violencia física hasta la violencia institucional pasando por violencia psicológica, económica, laboral, sexual, simbólica, mediática y de salud, entre varios otros aspectos. Sin embargo, no incluye en esta tipificación de violencias a la violencia digital. Como consecuencia, cuando una mujer quiere denunciar que alguien la contacta insistentemente con ofertas no solicitadas o con amenazas, o que alguien ha compartido imágenes íntimas sin su consentimiento, o incluso un caso de linchamiento digital no es posible porque la Policía, Ministerio Público, SLIM u otro servicio público no tienen una categoría para recibir esa denuncia.

El entendimiento común acerca de la violencia digital de género, compartida por la Policía y los otros servicios públicos, es que no es importante porque es virtual, porque sucede en Internet, porque parece que no hay ningún daño físico y no solo es un tipo de violencia muy extendido sino que afecta seriamente en el ejercicio de derechos de las mujeres. Quien logra que tomen su denuncia tiene que hacerlo con otra categoría como la violencia psicológica o la violencia contra la dignidad.

La invisibilización de la violencia digital de género entre otros tipos de violencia evita que se dediquen recursos para entender su extensión, formas y efectos; y sobre todo, que se desarrollen políticas públicas de cuidado y restauración.

Hace unos meses tuve el privilegio de realizar junto a un gran equipo un estudio para ONU Mujeres, el Ministerio de Justicia y AGETIC que identificó las formas de violencias digitales de género en el país e identificó algunos aspectos de las instituciones a cargo de la implementación de la Ley 348 al respecto de esta faceta digital de las violencias de género. El estudio se llama “Aproximaciones de la Violencia de Género en Internet durante la Pandemia en Bolivia” y muestra que no existe solo una categoría que recibe el nombre de “violencia digital de género” sino que existen al menos ocho tipos de violencia digital y 25 formas de expresión de estas violencias. Los tipos de violencia digital de género identificados son: abuso de datos personales usando TIC, abuso sexual relacionado a las TIC, acceso o control no autorizado, acoso, afectaciones a canales de expresiones, brecha digital, deslegitimación vía TIC y omisiones por parte de actores con poder regulatorio.

Existe un proceso de mejora de la Ley 348 que ya ha anunciado que incluirá este tipo de violencia, ese sin duda será un importante paso para garantizar una vida digital sana y productiva para las mujeres.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata.blog: www.internetalaboliviana.word-press.com.

Enfrascados como estamos en nuestros conflictos nacionales y regionales, la noticia de la compra de Twitter por Elon Musk, que se concretó el 27 de octubre, pasó desapercibida en Bolivia. Aunque quizás esto no solo se debe a la distracción de las tensiones públicas de las últimas semanas, sino que no nos parece un acontecimiento de importancia. Finalmente es un rico más comprándose una red social donde los adolescentes juegan, pensarán algunos y algunas.

Pero lo que probablemente no todos concebimos es que esta compra nos afecta por su potencial impacto en la libertad de expresión. Twitter es una red abierta en varios sentidos: se puede encontrar su contenido consultando en buscadores, lo que pone a disposición sus contenidos; se puede seguir cuentas sin necesidad de que ellas te sigan, lo que le da un gran valor informativo en tiempo real y es posible descargar bases de datos de tuits para analizar (por el contrario, Facebook y otras redes sociales no permiten esto). Este carácter parece estar en riesgo bajo Musk.

Se esperaban cambios en la gestión de esa plataforma social con la compra pero quizás no tan repentinos. Varios comentarios acerca del cierre de oficinas regionales y despidos masivos de empleados, entre ellos el equipo entero de ingenieros que trabajaban para transparentar los algoritmos de la plataforma. Definitivamente, Musk quiere un Twitter diferente, y está comenzando el cambio con la delicadeza de un elefante en una tienda de cristales y su conocida bravuconería.

La compra se ha efectivizado por $us 44.000 millones, la mayor cantidad pagada por una red social en la historia, pero Twitter está lejos de ser rentable, de hecho, la compra ha incluido la deuda que debe ser pagada por esta empresa. Elon Musk está presionado por lograr rentabilidad rápidamente, a pesar de que varios usuarios y usuarias le han explicado que la plataforma no solo es un emprendimiento tecnológico que deba generar ganancias, sino es también un bien público donde se genera valor para los procesos democráticos, de cohesión social y de deliberación de ideas. Twitter en Bolivia y en el mundo ha tomado el carácter de espacio de generación de opinión pública porque concentra cuentas de periodistas, políticos, activistas, organizaciones de sociedad civil, entre otros.

Las empresas digitales que implican interacción humana deben observar principios de negocios y principios de derechos humanos. Debemos pensarlas también como espacios de acceso a información y libertad de expresión.

La reacción de algunos usuarios es migrar a otras redes sociales, entre ellas Mastodon, una red federada que era más bien un bicho raro con pocos usuarios hasta el momento. Veremos qué pasa en las siguientes semanas.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com.

El mundo del trabajo también ha sido impactado por la digitalización y su aceleración producto de la pandemia. En este sentido, hemos visto en Bolivia el surgimiento y ampliación de trabajos en línea o relacionados de alguna manera con las Tecnologías e Información y Comunicación, y la reproducción de las condiciones de precariedad de sus derechos laborales.

Los empleados de entregas (delivery), los conductores de Uber y otras plataformas similares, las y los desarrolladores de software para empresas internacionales; los trabajadores en línea de plataformas como Upwork, Clickworker o PeoplePerHour en las que son pagados por pequeños trabajos de traducción, lectura de textos, diseño gráfico o asistencia de logística; las y los trabajadores de call centers e incluso los generadores de contenido en YouTube, TikTok, Instagram u otras plataformas son algunos de los trabajadores de la economía digitalizada.

Si bien las condiciones laborales difieren dependiendo del tipo de trabajo, es cierto que en países con amplia cobertura de derechos laborales se pueden calificar las condiciones de estos y estas trabajadores como precarias; sin embargo, en países con una alta informalidad laboral como es el caso de Bolivia, las condiciones son similares a las de la mayoría informal y, por esto, puede dificultar a la identificación de una causa de lucha social.

Los montos que reciben la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras en Bolivia están por encima del salario mínimo nacional. Sin embargo, no tienen seguro de salud, ni días de vacaciones ni jubilación porque los dueños de las empresas han encontrado formas de definir la relación con ellos y ellas como contrataciones a trabajadores independientes, lo que no solo les permite no pagar esos beneficios sociales, sino que tampoco financiar los recursos necesarios para trabajar como son las motos, autos, computadoras y servicios de electricidad, internet y otros.

Esta responsabilidad es aún más difusa cuando se trata de empresas internacionales como son Amazon, TikTok, YouTube, entre otras. La diferencia de poder de negociación de las y los trabajadores acerca de sus condiciones frente a las empresas es evidente en este caso.

Finalmente, la muy publicitada flexibilidad de horario en la mayoría de los casos es ilusoria porque para obtener un salario decente y estable las personas deben trabajar 12 o más horas. Es cierto, pueden escoger el horario, pero no la cantidad de horas.

No es necesario que las y los trabajadores digitales sean las y los más vulnerables para luchar por sus derechos cuando evidentemente están siendo vulnerados. Hacer defensa de sus derechos repercute en las condiciones de los más vulnerados.

Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata.blog: www.internetalaboliviana. word-press.com