El Estado boliviano tiene la potestad tributaria, que implica la facultad de imponer sobre la generalidad de la población, tributos con finalidades y condiciones específicas; así como la facultad de eximir de determinados tributos a definidos contribuyentes, en circunstancias expresamente delimitadas mediante ley.

La profesora Catalina García, en su obra Manual de derecho tributario, señala que las exenciones y los beneficios (en sentido de desgravaciones) tributarias consisten en circunstancias objetivas y subjetivas que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible, de suerte de que, aunque este se halle configurado, no nace la obligación tributaria o nace por un importe menor o son otorgadas ciertas facilidades para su pago.

Estas exenciones, que se constituyen en un beneficio directo o indirecto para determinados contribuyentes en condiciones específicas, responden a políticas fiscales y sociales, acordes a las necesidades de la población. En ese sentido, el Gobierno, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), continúa profundizando los preceptos propugnados que permitan la expansión del mercado interno, a través de la sustitución de las importaciones, apresurando mercados internacionales e incentivando la producción de mercancías con valor agregado.

Mediante la Ley 1391, de 31 de agosto de 2021, se establecen incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de alta capacidad en volumen y tonelaje de los sectores agropecuario e industrial, que coadyuven a la reactivación económica y el fomento de la política de sustitución de importaciones, a fin de que los diversos sectores productivos puedan implementar bienes de capital a sus procesos productivos, beneficiándose con la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación y comercialización en el mercado interno.

Como efecto de la aplicación del citado incentivo tributario a los bienes de capital y plantas industriales, se pudo observar que el sector productivo nacional fue beneficiado con cerca de Bs 348 millones durante su primer periodo de vigencia, los cuales, mediante la inserción de tecnología en el proceso productivo, generaron mayor producción nacional y fortalecieron las exportaciones, lo cual se refleja en los datos de la industria manufacturera: de septiembre 2020 a agosto 2021 se exportó mercancías con un valor de $us 4.760 millones, y de septiembre 2021 a agosto 2022, se tiene exportado un total de $us 6.953 millones, determinándose un incremento del 32%.

Del mismo modo, respecto a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, se tiene que, de septiembre 2020 a agosto 2021, se exportó mercancías con un valor de $us 422 millones, y de septiembre 2021 a agosto 2022, un total de $us 735 millones, demostrándose un notable aumento para la exportación de estos productos, de al menos 42%. Como se puede observar, la política implementada por el Gobierno es bastante clara y beneficiosa. Adicionalmente, esta medida permite al país obtener un ascenso en las divisas que ingresan y que aportan en nuestra balanza comercial, demostrando que Bolivia sí puede competir en mercados internacionales y con productos que aplican tecnología para producir bienes con calidad.

Por estos resultados, esta política fiscal fue acogida de manera favorable por varios sectores productivos, y el Gobierno, que trabaja escuchando al pueblo, mediante la Ley 1462, de modificaciones al Presupuesto General del Estado de la gestión 2022, determinó la ampliación de la vigencia de la Ley 1391 hasta el 29 de septiembre de 2023; pero eso no es todo, los beneficios fueron ampliados a través de la citada ley y su reglamento mediante el Decreto Supremo 4795, el cual prevé la ampliación del límite de valor de importaciones de menor cuantía hasta $us 35.000, medida que tiene por objeto motivar al sector productivo la aplicación de tecnología en sus procesos de producción, que permita mayor exportación de productos nacionales, con calidad, ingresando a la era de la industrialización, y así expandir la actividad productiva nacional.

Conforme el análisis realizado, contrastado con los datos descritos, se puede afirmar que la sustitución de importaciones en Bolivia ya es una realidad, dejando de lado la dependencia de satisfacer necesidades con mercancías importadas, ahora la producción nacional se robustece y va avanzando a paso firme, consolidando nuestra marca “hecho en Bolivia” en mercados internacionales, demostrando que el MESCP muestra resultados de Bolivia al mundo.

Leidy Tórrez Quispe es abogada y licenciada en Comercio Internacional.