Repite, repite que algo se te queda, era la frase que mi profesor de colegio usaba para enseñar varias lecciones en sus clases, la cual tiene hasta cierto punto verdad. Este método es usado por varios analistas económicos para poner en la mente de la población ciertos temas y causarles incertidumbres, como por ejemplo, “el gas se nos acaba”, “el gas se está haciendo gas”, “nos estamos volviendo Cuba”, “dónde están los washingtones”, “solo tenemos 10 días de reservas internacionales”. Estas son las constates frases repetidas por algunos conocidos analistas económicos, los cuales no es necesario mencionar, a quienes algunos medios de comunicación les dan una desmedida cobertura.

Frases que parecen estar asiladas del mundo, sin tomar en cuenta el contexto internacional. Recordemos primero que el mundo acaba de salir de una pandemia que detuvo la actividad económica, donde las tasas de interés bajaron a su mínima expresión. Posterior a esto empezó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que disparó el precio del petróleo, causando una inflación por las medidas tomadas por la Unión Europea en contra de Rusia. A esto, los bancos mundiales tomaron la medida ortodoxa de subir las tasas de interés, lo que afectó directamente las expectativas de los agentes económicos, quienes vieron más atrayente invertir en los bancos, con tasas de interés más altas, lo que afectó directamente a los bonos soberanos, causando una caída en su cotización, los cuales tienen una tasa de interés fija.

Este efecto causó la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), que era uno de los bancos más grandes en EEUU y Credit Suisse (del cual su futuro es incierto), el First Republic Bank, que compraron bonos cuando la tasa de interés era baja. Teniendo esto un efecto en la liquidez, lo cual llegó a nuestra región retrasando los pagos de Argentina por la venta de gas, los pagos a los exportadores en divisas norteamericanas.

Como se puede ver, ninguno de estos acontecimientos son tomados en cuenta por estos analistas, que solo anuncian debacles en nuestra economía, lo que sería causado por un elevado déficit fiscal, provocado por gran número de funcionarios públicos. Con lo que se demuestra que estos analistas no entienden qué es un modelo económico, ni el objeto de este en su aplicación.

Bolivia no está aislada del mundo, o por encontrarnos a los 3.600 metros sobre el nivel de mar estamos inmunes a cualquier acontecimiento. Lo que el Gobierno necesita es mayor margen de acción para seguir conservando la estabilidad y generar mayor crecimiento de la economía, a lo que ayudaría mucho el proyecto de ley de compra y venta de oro para fortalecer las Reservas Internaciones Netas (RIN), las cuales han sido destinadas a proyectos de inversión, para diversificar la economía y generar nuevos ingresos.

Y lo que extraño de estos analistas es no verlos haciendo fila en el banco central comprando dólares para conservas sus activos, pero sí repetir y repetir que estamos mal.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

El 22 de febrero, después del Carnaval, que es la fiesta principal de Santa Cruz con su tradicional Corso, a la cual se opusieron seguidores de Luis Fernando Camacho, el presidente saliente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, en conferencia conminó al presidente Luis Arce a promulgar una ley de amnistía para todos los “presos políticos”, caso contrario se llevaría adelante un referéndum revocatorio de mandato. Esta fue la última pataleta del cívico, la cual fue contestada al día siguiente por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, con una contundente negativa y entre muchas otras cosas le hizo recuerdo que el presidente fue electo por más del 55% en una elección nacional.

Pero el ente cívico, que dice ser democrático, fue denunciado por actos de manipulación y discriminación al inhabilitar al candidato Reinerio Vargas, vicerrector de la UAGRM, quien tendría un apoyo popular y no así de los grupos de poder económico como son las logias cruceñas. De esta manera quedó un único candidato y nuevo presidente, Fernando Larach y Stello Cochamanidis como primer vicepresidente, elegidos por 209 personas.

Las logias cruceñas también se encontraban incrustadas en el poder nacional y el gobierno de facto de Jeanine Áñez no fue la excepción; ahí tenemos a Branko Marinkovic Jovičević, Karen Longaric Rodríguez y Arturo Murillo Prijic, quienes tuvieron una gestión desastrosa. En otros gobiernos neoliberales participaron Peter Maldonado Bakovic, Mirtha Quevedo Acalinovic, Fabián II Yaksic Feraudy, Yerko Kukoc del Carpio, Vladimir Tonchy Marinkovic Uzqueda, José Eduardo Rivera Eterovic y todos los “vic” conocidos. Estos descendientes de migrantes (en su mayoría croatas) se constituyeron en el país escapando de la Segunda Guerra Mundial y de conflictos regionales de Europa; se organizaron y tomaron posesión de la tierra en varios países de Latinoamérica, y con el tiempo lo hicieron con la representatividad en las instituciones y formaron parte de los grupos de poder, acumulando riqueza aprovechando y siendo parte de los gobiernos de turno. En Bolivia, se encuentran atrincherados en el Comité Cívico cruceño, quienes a nombre de “libertad y democracia” buscan desestabilizar y generar conflicto a un gobierno democráticamente electo, queriendo imponer como algo novedoso una “economía neoliberal” que los bolivianos sabemos no deja nada bueno a la mayoría de la población.

El plan de los cívicos, en una primera instancia, se estructuró a través de la autonomía, la cual no ejercen en su verdadera extensión; en lo político, por sus pugnas internas no aplican su Estatuto Autonómico, como el ejemplo de la ausencia del gobernador, lo cual tiene una argumentación absurda, con el único fin de no dejar que el subgobernador tome posesión porque ya no es el hombre de confianza, por el solo hecho de saludar al Presidente, vale decir que lo educado y cortés también debe desaparecer en esta guerra política; ahora buscan un federalismo, con el cual supuestamente lograrían una “menor intervención del centralismo”, y la pregunta sería: ¿será que es el inicio de la independencia de la Nación Camba? Estos cívicos sin patria, que desconocen a nuestros próceres y quieren imponer su propio libertador (Warnes), pretenden un nuevo relacionamiento con el Estado boliviano, todo para velar por sus intereses políticos y económicos, generando conflictos sociales y delincuenciales y buscando sabotear la economía de los bolivianos.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía

El 4 de enero se dio sentencia de 70 meses de cárcel, en los Estados Unidos, al exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, por los delitos de lavado de dinero y soborno, dineros que se llevó por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, que es la mayor prueba de la corrupción en ese régimen; sin embargo, este hecho no es el único; no olvidemos el caso de los respiradores en plena pandemia del coronavirus, los gastos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la disminución de deudas tributarias y otros que escapan a la memoria.

Con las masacres de Senkata y Sacaba hubo como resultado 37 muertos y más de un centenar de heridos, hechos que fueron calificados por organismos internacionales como delitos de lesa humanidad, cuando bajo el Decreto Supremo 4078 (emitido por Áñez) se liberó de responsabilidad a los policías y militares, quienes utilizaron armamento bélico contra la población. La responsable ahora se encuentra con sentencia, en primera instancia, en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; sus colaboradores huyeron del país, como Luis Fernando López, exministro de Defensa.

De acuerdo con la información proporcionada por el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, existieron depósitos realizados por Luis Fernando Camacho y allegados a cuentas bancarias de uniformados y civiles, lo que puede explicar por qué la Fuerza Aérea salió a reprimir con armamento bélico y helicópteros. La prueba más contundente es el video en el cual Camacho indica que su padre “cerro con militares y policías”, por lo cual su lengua lo condena. También se dio a conocer que coroneles de la Policía lo protegían y lo disfrazaron, quienes se negaban a obedecer a un general al que ellos llamaban masista, esto es claramente una sublevación (de policías y militares) y un delito de cohecho (Camacho padre e hijo).

La actual detención del gobernador Camacho está justificada porque, se quiera o no, era el líder reconocido por los comités cívicos, incluso a nivel internacional cadenas como CNN lo destacaron como el líder que logró la renuncia del presidente Evo Morales. Este liderazgo tiene responsabilidad por las acciones y consecuencias que se dieron, más aún cuando se conoce que Camacho habría recibido varios depósitos bancarios de sus familiares y hombres de confianza, quienes tendrían que explicar en una investigación los orígenes de esos dineros depositados, como se lo hizo en Estados Unidos con Murillo.

No se puede dejar estos hechos impunes, el Estado boliviano tiene que generar justicia para las víctimas y hallar a todos los responsables, no se puede permitir impunidad con base en protestas y vandalismo, quemando y destruyendo las instituciones públicas y amenazando la integridad del país o encubrirse bajo un cargo público.

Jesús J. Luque es licenciado en Economía.

Papá Noel es un calificativo popular que se le da a una persona que habla o hace alguna cosa de la cual no tiene ni idea. La coyuntura política generada por los conflictos internos del MAS, entre denuncias y acusaciones, tuvo como consecuencia la no aprobación del Presupuesto General del Estado para la gestión 2023, algo que no se había visto desde hace mucho tiempo. Hecho que fue muy bien aprovechado por numerosos políticos y analistas, quienes hicieron gala de su ignorancia supina sobre el tema, como dijo algún periodista.

En una entrevista, el diputado Miguel Roca, de CC, realizó iluminadas observaciones técnicas a la no aprobación del PGE 2023, como si este hecho se debió a esa razón. Distorsionó el presupuesto, indicando que el Gobierno maneja el 85% de los recursos y que es muy centralista, ignorando que su programación ya viene comprometida para grandes y sensibles sectores, como ser el magisterio y salud, en sueldos y salarios que se pagan a todos los maestros del país en forma igualitaria, en los nueve departamentos; similar trato reciben los policías y Fuerzas Armadas, llegando este gasto a 46,9%, y se destina a las instituciones de la seguridad social y universidades un 11,2%, haciendo un total del 58,1% de todo el presupuesto, algo que ya es conocido en varios ámbitos.

También plantea que esta obligación debería ser asumida por cada departamento, algo que a primera vista parece ser razonable. Pero aquí hay que hacerse una pregunta, ¿este sector estará de acuerdo en su descentralización y desconcentración de su administración, qué efecto tendría sobre el magisterio, aceptaría romper su escalafón que es una conquista de este sector, los maestros y médicos recibirían un trato salarial igualitario en todas las regiones; los departamentos tendrían su propia Policía y Fuerzas Armadas? Es tan fácil lanzar enunciados sin ningún análisis ni fundamento, ni cálculo del efecto.

Dentro de este supuesto del 85%, se encuentra el costo de la subvención a los hidrocarburos, el cual es una de las formas de dar estabilidad a los precios, con una inflación baja que ha sido reconocida a nivel mundial. Siguiendo el planteamiento, ¿cada departamento subvencionaría sus hidrocarburos?

Otro comentario suelto es decir que el presupuesto en sus ingresos está compuesto por un 40% de deuda, siendo esta otra metida de pata olímpica. El presupuesto consolidado de ingresos solo tiene como financiamiento externo un 11,6%, del cual, en el presupuesto consolidado de gastos, se paga por deuda interna y externa el 3,6% por intereses y por amortización, o sea pago de capital, el 2,6%. La deuda contraída no se destina al pago de sueldos y salarios, como se hacía antes, sino a programas y proyectos de inversión, para la construcción de caminos, hospitales y otros.

Pese a todo el PGE 2023 se aprobó, trayéndonos un primer beneficio inmediato, el de dejar de escuchar a supuestos analistas desubicados, que buscan solo alarmar a la población. El presupuesto sostiene un modelo económico que hasta la fecha ha dado buenos resultados, que son reconocidos por los organismos internacionales, priorizando la estabilidad y crecimiento económico y que dará seguridad a la gestión 2023. En mención al aludido, el calificativo de Papá Noel le cae como anillo al dedo, por hablar de algo que no tiene ni idea, de cómo se realiza un PGE.

Jesus J. Luque es licenciado en Economía.

De acuerdo con el concepto de impunidad, se puede explicar, la misma, como la condición en la que se permitió cometer delitos sin que los responsables paguen por las consecuencias de sus actos.

El paro cívico de 36 días en Santa Cruz ha tenido duras consecuencias, como manifestó el economista Chávez, la economía crecería hasta fin de año un 5,1%, pero esto se vería afectado por este paro. Además, durante esta medida cuatro personas perdieron la vida, hubo una violación grupal, agresiones físicas, verbales, actos de discriminación, racismo y destrozo de bienes del Estado, y cobros de peajes en las rotondas a las personas que querían trabajar. Todo esto a la vista y paciencia de Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, quienes con preguntas muy bien manipuladas, pidieron Censo en 2023 y hasta amenazaron con muerte civil a quien fuera en contra.

Ahora, después de todos estos hechos se victimizan y dicen ser perseguidos judicialmente, argumentando que el derecho a la protesta pacífica está garantizado en la Constitución Política. Pero hay que recordar que cuando otro sector marcha o protesta, Rómulo Calvo los trata como “bestias humanas”.

En estos últimos días, el rector Cuéllar ha vuelto a hacer noticia tratando de generar otro conflicto, declarando en conferencia de prensa que la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) está en crisis, y no tiene recursos para pagar sueldos y salarios y otras obligaciones, y que la situación que atraviesa es insostenible.

De acuerdo con los datos oficiales, para la gestión 2022 se programaron Bs 3.614 millones para todas las universidades del sistema público, de los cuales Bs 530 millones habría ya recibido la UAGRM, y tendría en caja y banco Bs 108 millones, vale decir, dinero que puede utilizar. El punto es que los recursos por coparticipación tributaria son destinados a gastos de funcionamiento, o sea sueldos y salarios, mientras que los recursos por IDH son para gastos de inversión e investigación en las universidades. Es cuestionable que los recursos destinados al funcionamiento se hayan terminado antes que la gestión programada, lo que nos puede llevar a un mal pensamiento o suposición, ¿éstos podrían haber sido destinados a otros fines?, lo que explicaría cómo se puede mantener a personas bloqueando durante 36 días, con parrilladas, whiskies y fiestas en las rotondas, y personas encargadas de controlar los puntos de bloqueo.

Es paradójico que el bloqueador que impidió que se generen recursos, ahora esté pidiendo y reclamando recursos para la UAGRM; además, que vaya a recibir un premio por el perjuicio que causó a todos los bolivianos. Pero a pesar de todo esto, el presupuesto para las universidades para la gestión 2023 está garantizado, con una programación de Bs 3.679 millones y un incremento del 3,9%, más que esta gestión. Presupuesto aprobado en el Legislativo tras rupturas políticas, que tiene importancia para las instituciones públicas y gobiernos regionales, que elaboran sus presupuestos desde abril.

Jesus j. Luque es licenciado en Economía.