Según los artículos 7, 8 y 10 de la Resolución Ministerial 001/2023 “Normas Generales para la Gestión Educativa”, debería haber concluido el proceso de inscripción para estudiantes nuevos y antiguos de los niveles inicial, primaria y secundaria en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.

No obstante, el cierre de operativo del proceso de inscripciones 2023, mediante el sistema de administración de información académica para unidades educativas (https://academico.sie.gob.bo/), fue cumplido parcialmente, en desmedro de la estadística de estudiantes en contextos rurales.

Con ese antecedente, según datos estadísticos del Ministerio de Educación publicados en el sitio web https://reportes.sie.gob.bo/, hasta la fecha los estudiantes matriculados en relación con el nivel se circunscriben en porcentajes interesantes, vale decir, en inicial son 327.713 (11,33%); en primaria, 1.362.192 (47,1%); y en secundaria, 1.205.144 (41,6%).

En orden a los tres niveles (inicial, primaria y secundaria), según el género, continúa un leve predominio del sexo masculino con 1.476.774 (51%), en relación con el 1.418.275 (49,0%) de estudiantes mujeres matriculadas. En lo concerniente a la dependencia, el sector fiscal o estatal tiene 2.232.198 (77,1%); el de convenio, 364.614 (12,6%); y el privado, 298.237 (10,3%).

Ahora bien, según el nivel y año de escolaridad (curso), en inicial: en primero están 131.429 (4,5%) y en segundo, 196.284 (6.8%). En primaria, en primero están 225.020 (7,8%); en segundo, 231.270 (8%); en tercero, 227.252 (7,8%); en cuarto, 226.105 (7,8%); en quinto, 225.217 (7,8%); y en sexto, 227.328 (7,9%). En secundaria, en primero están 233.962 (8,1%); en segundo, 217.900 (7,5%); en tercero, 207.490 (7,2%); en cuarto, 197.532 (6,8%); en quinto, 181.456 (6,3%); y en sexto, 166.804 (5,8%).

Consecuentemente, en la matriculación de estudiantes en los tres niveles, por departamento, Santa Cruz lleva la delantera con 805.321, seguido por La Paz con 726.285; Cochabamba, 536.066; Potosí, 216.592; Beni, 151.671; Chuquisaca, 144.121; Oruro, 141.038; Tarija, 136.317; y Pando, 37.638.

Estos datos estadísticos parecerían reflejar que un buen porcentaje de estudiantes del Estado Plurinacional gozarían del derecho a la educación, empero, podrían resultar engañosos, en razón que se carece de estudios serios e imparciales sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes impedidos de asistir a una determinada unidad educativa.

En consecuencia, es imperante que el Ministerio de Educación concretice convenios interinstitucionales con el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí), a objeto de identificar la cantidad de niñas, niños y adolescentes en año de escolaridad que todavía no se encuentran matriculados en el curso que les corresponde. Restituir el derecho a la educación es posible.

Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente.

En la historia quedó el fenómeno educativo de la inusitada migración de estudiantes del área urbana a unidades educativas rurales durante las gestiones 2021 y 2022 (principalmente), en razón de la preferencia a la modalidad de atención presencial, a causa de las restricciones por el COVID- 19 en las capitales de departamento.

Sin duda, este hecho pasó a ocupar un lugar preferencial en la historia de la educación del Subsistema Regular de Bolivia, en virtud de que algunas unidades educativas rurales elevaron su estadística de estudiantes entre 200% y 300%, aproximadamente.

Sin embargo, en la presente gestión educativa y escolar la realidad cambió radicalmente porque varios estudiantes se retiraron de unidades educativas del área rural que les cobijaron en 2022, afectando indudablemente en la estadística de efectivos.

Al respecto, el artículo 24, parágrafo II, de la Resolución Ministerial 001/2023 “Normas Generales para la Gestión Educativa” dispone que, en unidades educativas rurales de difícil acceso, la cantidad requerida es de 10 alumnos aproximadamente por año de escolaridad (curso), principalmente en aulas multigrado ( fusión de grados).

Por consiguiente, las unidades educativas fiscales y de convenio del área rural que incumplieran con mencionado requisito, serán pasibles a optimización (racionalización) de un determinado ítem, comúnmente conocido como la pérdida de un maestro o una maestra, al extremo de cierre del recinto educativo.

El fantasma de la pérdida de ítems en algunas unidades educativas fiscales y de convenido del área rural se constituye, en la actualidad, en la gran preocupación de directores, juntas escolares y autoridades originarias, que deberán hacer esfuerzos sobrehumanos para cambiar referida realidad, antes de la entrega del Formulario 01 del Sistema de Información de Carga Horaria (SICH).

No obstante, el fantasma de pérdida de ítems no solo es asunto de las unidades educativas fiscales y de convenio del área rural, al contrario, en el contexto urbano se podría presentar la amenaza de fusión de paralelos, debido a la cantidad deficitaria de estudiantes.

Consecuentemente, con la aplicación del Reglamento de Reordenamiento y Fraccionamiento de ítems/horas para el personal docente y administrativo del Subsistema de Educación Regular, la optimización traerá consigo que varias unidades educativas fiscales y de convenio sean perjudicadas, al extremo del cierre indefinido.

Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente

Adías que finalice el primer mes ( febrero) hábil de la gestión educativa y escolar 2023, la implementación y el rechazo del currículo actualizado continúa siendo la discordia entre el Ministerio de Educación y las confederaciones de maestros urbanos y rurales.

Vanos fueron los esfuerzos de ambas partes por tratar de concretizar una solución de fondo, debido a las posturas antagónicas; vale decir, el Ministerio de Educación cerró filas en la implementación del currículo actualizado; en cambio, el magisterio urbano y rural lo rechazan rotundamente, exigiendo la convocatoria a un congreso nacional para analizar los alcances de la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, en relación a los planes y programas de 2023.

Sin embargo, en las conclusiones del primer ampliado de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), desarrollado el 13 de febrero en la ciudad de La Paz, no se hace mención (explícita) alguna al rechazo del currículo actualizado, al contrario, reivindican sus demandas sectoriales, por ejemplo, el repudio a la optimización (racionalización) de ítems debido a la cantidad mínima de estudiantes en aula; además, la exigencia de mayor presupuesto para cubrir el déficit histórico de horas.

Con ese antecedente, ante el incumplimiento de respuesta oportuna al pliego petitorio de la CTEUB por parte del Ministerio de Educación, es casi un hecho que el venidero 6 de marzo se desarrollará en la ciudad de La Paz la gran movilización nacional del magisterio urbano, con la presencia de maestros de toda Bolivia.

Aparte, el 13 de febrero, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) presentó una nota escrita al ministro Edgar Pary Chambi, solicitando la emisión de la convocatoria a congreso nacional (plurinacional), en sujeción al artículo 92, inciso a) de la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, que resalta ser la instancia máxima de participación de los actores educativos, debiendo desarrollarse cada cinco años.

No obstante, con el lanzamiento (8 de febrero) del Programa de Formación Especializada (PROFE), promovido por el Ministerio de Educación y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), se aseguraría la capacitación a los maestros del subsistema regular (inicial, primaria y secundaria) en el área de robótica educativa.

Así, también las universidades públicas capacitarían a los maestros en las áreas de lectura, escritura, expresión oral, razonamiento lógico matemático, estrategias didácticas (ajedrez y origami), física, química, biología y geografía, a objeto de la implementación sistemática del currículo actualizado.

Estos antecedentes denotan que la pulseta entre el Ministerio de Educación y las confederaciones de maestros urbanos y rurales podría llegar a agravarse, afectando indudablemente al normal desarrollo de las concreciones curriculares, debido a la incertidumbre de la implementación del currículo actualizado.

Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente.

La vigente discordia entre el Ministerio de Educación y el comité ejecutivo de las confederaciones de maestros urbanos y rurales, en relación a los planes y programas del currículo 2023, denota la clara ausencia de diálogo entre los referidos actores, como máximos representantes educativos a nivel nacional.

El monólogo de acusar y deslindar responsabilidades del proceso de actualización del currículo 2023 llegó a sobredimensionar el conflicto, abriendo las puertas a los figurones, que se acuerdan de la calidad educativa cuando les conviene, queriendo llevar agua a su molino con criterios sesgados, antojadizos y en pleno desconocimiento del ordenamiento jurídico en actual vigencia.

Tal es el caso de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), mediante comunicado emitido el 18 de enero, refiere que el currículo 2023 fue definido unilateralmente, no prioriza la calidad educativa, deja en el limbo las responsabilidades de los gobiernos municipales y departamentales; además, crítica sin ninguna contemplación los contenidos de la “educación sexual integral”.

Empero, es menester resaltar que la CEB cuenta con una Delegación Episcopal de Educación en cada departamento, en su mayoría presidida por un cura, quien se constituye en el máximo representante de las unidades educativas e institutos de convenio ante las direcciones departamentales y distritales, de ahí la relación estrecha con las autoridades educativas.

Con ese antecedente, dicho sea de paso, para nadie debería resultar desconocido que en las unidades educativas e institutos de convenio se aplica la subordinación intrínseca, vale decir, la representación sindical del magisterio fue prácticamente suprimida, de ahí el desacato a paros, huelgas y movilizaciones convocadas por las federaciones de maestros, inclusive de la Central Obrera Boliviana (COB).

Ahora bien, con relación a las responsabilidades de los gobiernos municipales y departamentales en la implementación gradual del currículo 2023, la CEB desconoce que la gestión educativa se constituye en competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, establecidas claramente en el artículo 80 de la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”.

En ese orden, respecto a los contenidos de la “educación sexual integral” en el currículo 2023, la CEB desconoce que éstos se circunscriben en las políticas educativas promovidas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas- ONU, organismo internacional que trabaja con los gobiernos de todo el mundo.

Ante estas realidades, es imperante que el Ministerio de Educación convoque a los dirigentes del magisterio boliviano para iniciar el diálogo, en razón de consensuar la aplicación gradual y sistemática del currículo 2023, en virtud que los planes y programas se circunscriben en el principio de flexibilidad.

Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente.

A dos semanas de la inauguración (1 de febrero) de la gestión educativa y escolar 2023, los anuncios de medidas de presión (marchas, huelgas y paros) de las confederaciones de maestros urbanos y rurales son inminentes; la causa principal, el currículo actualizado —planes y programas— aprobado mediante Resolución Ministerial 1040/2022.

Al respecto, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) emitió la convocatoria para la I Conferencia Nacional Extraordinaria, a desarrollarse el 26 de enero en la ciudad intermedia de Villazón del departamento de Potosí, a objeto de analizar la coyuntura actual y delinear las futuras medidas de presión.

Por otra parte, el flamante Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB), mediante pronunciamiento oficial, rechazó el currículo actualizado, argumentando que los planes y programas (contenidos) no fueron consensuados con la máxima representación del magisterio.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades, el ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, con documentos de respaldo en mano, asegura que la CTEUB y la CONMERB fueron convocadas formalmente a participar en el proceso de actualización del currículo 2023, deslindado responsabilidades de la inasistencia injustificada de los dirigentes del magisterio nacional.

Con ese antecedente, el pasado 11 de enero, resultado de una reunión inédita entre la CTEUB y la CONMERB, se determinó el rechazo rotundo al currículo actualizado, por ende, la resistencia a la imposición de los planes y programas, conminando a las autoridades educativas del nivel central a convocar inmediatamente al Congreso Plurinacional de Educación, en sujeción al artículo 92 de la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”.

Consecuentemente, el 12 y 13 de enero, la CTEUB y la CONMERB no participaron de la Reunión Nacional de Autoridades Educativas, que se desarrolló en el salón Avelino Siñani del Ministerio de Educación (ciudad de La Paz); al contrario, realizaron marchas de protesta en los ambientes exteriores del referido evento educativo que aglutinó a más de 500 actores, entre directores departamentales y distritales, subdirectores de los subsistemas Regular, Alternativa y Especial, juntas escolares de madres y padres de familia, entre otros.

Contrariamente, ante estas realidades previas, según el Ministerio de Educación, más de 100.000 maestros, de los 170.000 en actual ejercicio del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) participan del segundo Ciclo de Cursos Especializados en Línea del “Currículo Actualizado 2023”, que comenzó el 12 de enero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes.

Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente.