Resultado de asambleas generales, algunas federaciones departamentales y regionales de maestros urbanos determinaron marchar este 8 de febrero en contra de la implementación del currículo actualizado (planes y programas) aprobado mediante Resolución Ministerial 1040/2022.
Esta determinación es una de las varias medidas de presión que serían aplicadas escalonadamente. En tal sentido, como ya es de conocimiento público, desde las confederaciones de maestros urbanos y rurales se instruyó continuar aplicando el currículo de la pasada gestión, en claro desacato a las determinaciones del Ministerio de Educación.
Con ese antecedente, cae al abismo el anhelo de implementar el currículo actualizado desde el primer día de desarrollo curricular (clases) como fue previsto por el Ministerio de Educación, días previos al inicio (1 de febrero) de la gestión educativa y escolar 2023.
En ese orden, es menester recordar el contradictorio Instructivo IT/VER 0010/2023 del 26 de enero, emanado por los viceministros de Educación Regular y de Educación Alternativa y Especial, Bartolomé Puma Velásquez y Sandra Cruz Nina, respectivamente, que dispone la ejecución del periodo (1 al 17 de febrero) de la evaluación diagnóstica a los estudiantes, basada en tres funciones: preventivo, predictivo y correctivo, bajo el concepto del perfil de salida.
Como se puede evidenciar, el discurso de implementación del currículo actualizado, desde el primer día de clases, fue un simple monólogo de las autoridades educativas de los niveles central y departamental, en razón de que algunas de sus disposiciones contradijeron lo prometido.
Por consiguiente, es imperante que el Ministerio de Educación convoque a un encuentro nacional técnico pedagógico, a los representantes de las federaciones y confederaciones de maestros urbanos y rurales, a fin de analizar (con propuestas en mano) y consensuar soluciones sobre los contenidos observados del currículo actualizado.
Los tambores de conflicto tienen que motivar al ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, a continuar buscando espacios de diálogo con la dirigencia del magisterio urbano y rural, evitando lanzar adjetivos despectivos a algunos dirigentes que representan a una determinada federación de maestros.
En consecuencia, la implementación del currículo actualizado no puede convertirse en una lucha de fuerzas entre el Ministerio de Educación y la dirigencia (legalmente constituida) del magisterio urbano y rural, al contrario, es urgente que consensúen criterios por el bienestar de los estudiantes y alcanzar la tan añorada calidad educativa en las instituciones fiscales y de convenio.
Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente.