La caída de reservas internacionales ha encendido las alertas de viejos opositores y nuevos detractores oportunistas que buscan sembrar un clima de intranquilidad en el mercado financiero, la población y poner en duda la estabilidad económica en el país que se encuentra a pocos años de alcanzar su mayoría de edad.
La posibilidad de realizar compra, venta y otras operaciones financieras con el oro de las reservas —que dispone el BCB— se ha interpretado como la prueba irrefutable del agotamiento del modelo económico. Para estos analistas el oro ha llegado a convertirse en una reliquia, una joya, como topos de mujer de pollera o la corona de la extinta reina Isabel II.
En realidad, el oro es un activo financiero al igual que lo son las divisas porque cumplen las mismas funciones: financiar las operaciones de comercio exterior y las obligaciones financieras de un país con el resto del mundo. Esta función la cumple el oro a cabalidad porque es el activo más líquido del mundo. Pero, además es activo de refugio, es decir, es altamente demandado por gobiernos e inversionistas cuando caen los rendimientos de los otros activos internacionales.
En 2022, por ejemplo, la mayoría de los países redujo sus reservas internacionales como consecuencia del fortalecimiento del dólar que produjo el retorno de los capitales internacionales invertidos en los países emergentes y en desarrollo hacia los países desarrollados. En cambio, el precio del oro, a diferencia de cualquier otro activo internacional, ha mantenido un crecimiento sostenido y presenta menor volatilidad que muchas otras divisas. En consecuencia, aportar por la acumulación de oro es una forma de proteger las reservas internacionales de futuras crisis.
El proyecto de ley sobre el oro que presentó el Ejecutivo tiene como fin esencial fortificar las reservas internacionales mediante la compra de oro en el mercado doméstico. Esta iniciativa legislativa está plenamente justificada en la medida que Bolivia es uno de los principales países exportadores de oro en la región. Solo en 2022 se exportó más de $us 2.700 millones al exterior. El propósito de esta norma es permitir que una fracción de la riqueza aurífera generada en Bolivia pueda quedar en el país.
Apostar por una mayor acumulación de oro es una estrategia prudente, pues rompe con la hegemonía del dólar norteamericano como una estrategia de diversificación del riesgo, al menos hasta que en la economía mundial se defina un nuevo sistema monetario internacional menos volátil y vulnerable a crisis financieras. Sin embargo, estas virtudes del oro no pueden llevarnos a la atolondrada idea de crearle un culto y que prohíba su venta o cualquier otra transacción financiera con su stock. El viejo Marx se refería al fetichismo de la mercancía al hecho de otorgarle un valor que reside a la propia mercancía y no a las relaciones interpersonales que produce la mercancía. En Bolivia, algunos analistas parecieran otorgar el mismo valor a las joyas en oro.
El proyecto de ley también busca despolitizar la administración de las reservas porque es una tarea eminentemente técnica. El Banco Central de Bolivia debe ser el único banco en la región que no tiene la facultad de decidir sobre el uso financiero del oro ya sea para realizar operaciones de intercambio temporal por otras divisas o ponerlas en garantía. Estas operaciones que son normales para cualquier banco central menos en Bolivia, que debe pasar por una autorización de la Asamblea. Este candado legislativo limita la capacidad de administrar óptimamente nuestro oro cuando el precio internacional es alto. Pese a estos potenciales beneficios, se advierte un intento de bloqueo en la Asamblea para dilatar su aprobación que ya lleva cerca de dos años de socialización.
Omar Velasco Portillo es economista.