A través del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) diseñado por bolivianos y para los bolivianos, cuya fortaleza radica en la construcción de la realidad socioeconómica del país, además de ser desarrollado y aplicado por profesionales bolivianos, se evidencia la continuidad de diferentes políticas económicas, sociales, comunitarias y productivas, devolviendo la seguridad, confianza y certidumbre a la población.

Este modelo considera dos sectores importantes, el primero, que es el estratégico, el cual produce excedentes, donde se encuentran los hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales, y el segundo, que es el generador de ingresos y empleo, que contempla la industria manufacturera, turismo y vivienda, entre otros.

El modelo económico boliviano ha permitido tener una economía resiliente, más aún después de que Bolivia sufrió un quiebre constitucional de la democracia, posteriormente, padeció la pandemia del COVID-19. Desde noviembre de 2020, se reinstauró el modelo, se implementaron medidas económicas para la reconstrucción y la reactivación de la economía, sin descuidar la salud de la población mediante la ejecución del plan estratégico de lucha contra el COVID-19.

En un contexto internacional adverso, Bolivia logró en 2022 los siguientes resultados: crecimiento económico; estabilidad de precios; disminución de la tasa de desempleo, de la extrema pobreza y del déficit fiscal. Las exportaciones se incrementaron llegando a niveles récord con incidencia positiva en el balance comercial, además del aumento de las recaudaciones tributarias, y un sistema financiero sólido, con una presencia imponible de la bolivianización en créditos y depósitos.

Producto de las acertadas políticas económicas y sociales, y la administración responsable con soberanía de las finanzas públicas, la economía en la gestión 2022 tuvo un buen desempeño, que fue distinguido por instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, The Economist Intelligence Unit, BBC Mundo, Sputnik y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Para 2023, Bolivia perfila mantener la estabilidad económica, una inflación controlada con énfasis en los proyectos de industrialización con sustitución de importaciones. Es un año para consolidar la reconstrucción de la economía con una tasa de crecimiento positivo, con estabilidad de precios y un modelo que irá sustituyendo las importaciones gradualmente para generar un sector productivo con industrialización, de carácter transformador, inclusivo y sustentable.

El componente de inversión pública, pilar fundamental de la economía, que asume un rol protagónico del crecimiento económico, continúa con la ejecución de proyectos de gran envergadura, como las plantas de carbonato de litio, de siderurgia del Mutún, las industrias de la química básica y farmacéutica, la generación hidroeléctrica, además de los proyectos productivos y de riego, entre otros.

Por lo tanto, el MESCP permite a nuestro país retornar a la senda del crecimiento económico sostenido, con una de las tasas de inflación más bajas a nivel mundial, un sistema financiero sólido y bolivianizado, priorizando la demanda interna, el incremento del ingreso, la reducción de la pobreza, la disminución del desempleo y de la desigualdad.

Verónica Casablanca Villca es economista.

Desde una perspectiva económica, el Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla recomendaciones antipopulares que hacen referencia al viejo modelo neoliberal aplicado en Bolivia durante 20 años (1986-2005), con políticas inflexibles en las que el mercado desempeña el papel fundamental en la economía, reduciendo drásticamente la participación del Estado.

En el citado periodo, Bolivia no alcanzó el desarrollo económico esperado y no mejoró la calidad de vida de la población, al contrario, los niveles de pobreza continuaron elevados y la brecha entre ricos y pobres se amplió.

Las referidas políticas afectaron negativamente al país, ocasionando inestabilidad en el crecimiento económico, elevados niveles de desempleo y pobreza extrema, desigualdad de la distribución del ingreso, inexistencia de políticas monetaria y fiscal por la elevada dolarización, congelamiento y reducción de salarios, niveles bajos del ahorro nacional y altos índices de mora, entre otros.

En este sentido, el informe del FMI es contradictorio, por cuanto, por un lado, destaca la estabilidad económica, la disminución del nivel de pobreza del país, además aconseja realizar subvenciones, y por el otro lado, recomienda que Bolivia deje de hacer las políticas que llevaron a estos resultados positivos. En otras palabras, hacer caso a las recomendaciones del FMI sería retornar al viejo modelo, por cuanto plantea la eliminación de subvenciones, reducción del gasto público, devaluación de la moneda nacional, disminución de la inversión pública, aumento de impuestos a los ingresos y la eliminación del segundo aguinaldo.

Aclarar a la población que el beneficio del segundo aguinaldo será otorgado en cada gestión fiscal, con la condición de que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5%, información que deberá ser comunicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en octubre de cada año, a los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Es importante destacar que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) es una antítesis del modelo neoliberal, por cuanto es un modelo formulado con base en la realidad socioeconómica boliviana. A partir de 2006, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia desarrolló diversas políticas socioeconómicas, entre las más importantes, las transferencias condicionadas en efectivo, las subvenciones cruzadas y los incrementos salariales por encima de la tasa de inflación.

Se implementaron programas y proyectos de inversión pública, que permitieron el acceso a la salud y educación, dotación de servicios básicos, vivienda, apoyo al sector agropecuario, protección social, así como la generación de empleo.

Con la aplicación del MESCP los resultados fueron y son favorables para Bolivia, alcanzando logros indiscutibles en crecimiento económico sostenido, reducción de la deuda externa, inflación baja y controlada, bolivianización de la economía, incrementos de los depósitos y créditos en el sistema financiero, priorización de la inversión pública, reducción de la pobreza extrema y moderada, y disminución del desempleo.

Por lo tanto, el modelo económico boliviano, que afianza la inversión pública, dinamiza la demanda interna y contribuye a la industrialización con sustitución de importaciones, nos permite ser un país soberano, demostrando el éxito que tiene en la reducción de desigualdades sociales y económicas.

Verónica Casablanca Villca es economista.

La bolivianización se ha constituido en una de las políticas económicas más relevantes desde la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que ha permitido a la población depositar su confianza en la moneda nacional.

El modelo boliviano devolvió al Estado su cualidad de planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, banquero y promotor del país, con presencia en el sector productivo y con capacidad de redistribuir el excedente entre los sectores más desprotegidos de la población, gracias al incremento de los ingresos estatales por efecto de la nacionalización de los hidrocarburos, sector eléctrico, minero y de servicios, además de las recaudaciones tributarias.

Para una mejor comprensión del lector, se define a la bolivianización como el proceso por el cual la población usa más la moneda nacional para comprar y vender bienes y servicios, también para ahorrar y endeudarse.

En este sentido, la bolivianización es considerada como la causa básica del rescate de la soberanía monetaria, por cuanto recupera las funciones de dinero de la moneda boliviana, con su mayor uso, lo que significa una revalorización del boliviano en la economía.

La participación de la moneda nacional, respecto al ahorro financiero y los créditos, en 2005 era de 15% y 7,5%, respectivamente, en 2021 los citados indicadores incrementaron a 99% y 85,8%, por lo que existe confianza en la administración de las finanzas públicas, mediante la continuidad de las políticas monetarias, a través de un tipo de cambio del boliviano frente al dólar, que hasta 2005 era fluctuante; por ejemplo, en 1990 un dólar equivalía a Bs 3,17, en 1995 a Bs 4,79, en 2000 a Bs 6,17, en 2005 a Bs 8,04, en 2010 a Bs 6,97, mientras que en los últimos 11 años se mantuvo constante en Bs 6,96, dando estabilidad económica y seguridad a la población.

Lo contrario al viejo modelo neoliberal, que desde 1985 indexó la inflación al tipo de cambio, dolarizó la economía; por lo tanto, este modelo controlaba la inflación con la dolarización que ha sido resultado de la inestabilidad económica, ligada a constantes devaluaciones, afectando el bolsillo de los bolivianos porque los alquileres, las pensiones escolares, entre otros gastos, estaban conexos al dólar estadounidense.

Actualmente, existe confianza en la moneda boliviana y no en la moneda extranjera, debido a la certidumbre generada por los agentes económicos, esto ha permitido al Banco Central de Bolivia, con las políticas aplicadas desde la gestión 2006, recuperar la política monetaria, venciendo el periodo de desdolarización que existía.

Hoy se tiene estabilidad económica sin dolarización, depositando confianza en la moneda nacional, lo que no se tenía en el pasado, por lo tanto, se recuperó la soberanía de la política monetaria para el país, que ya no es determinada por diferentes organismos internacionales.

Finalmente, se destaca que la bolivianización es una realidad que ha logrado cambiar positivamente el comportamiento de los agentes económicos que realizan transacciones en moneda nacional, debido a la fortaleza y confianza que se está logrando a través del modelo económico boliviano, que permite afianzar la inversión pública, dinamizar la demanda interna y contribuir a la industrialización, para beneficio de toda la población boliviana.

Verónica Casablanca Villca es economista.

La inversión pública (IP), uno de los motores más importantes de la economía, se fortalece con un presupuesto de $us 5.015 millones en 2022 para crear, construir, ampliar y/o mejorar proyectos agropecuarios, mercados, carreteras, terminales, hospitales, escuelas, viviendas sociales, sistemas de riego, instalaciones de agua potable, suministro de energía y campos deportivos, entre otros, con el fin de generar mejores condiciones de vida de las bolivianas y los bolivianos.

En los últimos años, la IP aumentó considerablemente, reflejándose mejoras principalmente en los sectores productivo, infraestructura y social, aspectos que repercuten directamente en las metas de creación de empleos y reducción de la pobreza, en beneficio de todo el país.

El Sistema Nacional de Inversión Pública define a la IP como “todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción de bienes”.

Durante la administración de los gobiernos neoliberales, la ejecución promedio de la inversión pública en el periodo 1992-2005 alcanzó a $us 590 millones; no obstante, en el periodo 2006-2021, a través de la implementación del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, ascendió a $us 2.932 millones, representando un incremento de 497%.

En el sector productivo se priorizan los programas y proyectos de ganadería, caficultura, trigo, hortalizas, papa, asaí, copoazú, acerola, majo, piña, manzana, durazno, banano y pesca; asimismo, se implementará la industria de la química básica; las plantas procesadoras de maní, castaña, vidrio y cemento; el complejo farmacéutico en Cochabamba; el desarrollo integral de salmuera del Salar de Uyuni, y la perforación y exploración de pozos en Yará, Iñau, Yope y Las Delicias.

Del sector infraestructura destacan las obras de construcción, como ser las carreteras a nivel nacional: Rurrenabaque-Riberalta, Espino-Charagua-Boyuibe, Ixiamas-San Buenaventura, Rurrenabaque- Riberalta, San José de Chiquitos-San Ignacio, San Miguel-Puerto Rico, doble vía El Sillar; además del Tren Metropolitano en Cochabamba, el programa nacional de perforación de pozos de aguas subterráneas, y los programas Mi Presa y Mi Riego.

Para el sector social se garantizan recursos en salud y educación, destinados principalmente a la construcción, equipamiento y/o ampliación del Instituto Gastroenterológico en La Paz; hospitales en Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija; el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Santa Cruz-El Alto-La Paz; el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear; así como la ampliación y mejora de centros educativos, institutos, coliseos y otros en el país.

Con la creación y continuidad de los citados programas y proyectos de IP, encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población, se insertará a personas al mercado laboral, a través de los trabajos indirectos que requieren las entidades públicas del sector privado, como ser mano de obra, insumos, materiales de construcción, maquinaria, equipos y otros, contribuyendo a la disminución de la tasa de desempleo de un 11,6% en 2020 a un 5,4% en 2021.

Es importante destacar que la IP es clave para la reactivación de la economía, toda vez que contribuye a mejorar y redistribuir los ingresos de la población más necesitada, teniendo un efecto directo en la reducción de la brecha entre los más ricos y los más pobres.

Consecuentemente, con el fortalecimiento de la IP se está dinamizando el crecimiento económico y el bienestar del país, administrando de forma responsable los recursos del Estado, a través de la ejecución de obras, programas y proyectos productivos, sociales y de infraestructura, con generación de empleo y reducción de la pobreza.

Verónica Casablanca Villca es economista.

En el marco de la Constitución Política del Estado, el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, el cual prioriza sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios, con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria, optando por la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano, constituyéndose en un estímulo para potenciar el progreso, el crecimiento y la capacidad productiva del país.

La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 busca constituir la Bolivia Digna y Soberana, con una sociedad incluyente, participativa, democrática, sin discriminación ni división, con base en 13 pilares, entre los que está el pilar de “Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien”, reconociendo que los alimentos son parte de nuestras culturas, identidad, espiritualidad, comunidad y el diálogo con la Madre Tierra.

Se fortalece la inversión pública en el Presupuesto General del Estado 2022, con $us 5.015 millones, por ser uno de los motores más importantes de la economía, priorizando el sector productivo con $us 2.129 millones, seguido de los sectores en infraestructura, social y multisectorial, que permitirán seguir con la transformación del aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización, garantizando la ejecución de políticas sociales con redistribución de ingresos, según el Modelo Económico Social Comunitario y Productivo.

Con el fin de fortalecer las prácticas productivas locales y garantizar que los esfuerzos estén dirigidos a satisfacer las necesidades de alimentación de los bolivianos con productos adecuados y saludables, el gobierno, encabezado por el presidente Luis Arce Catacora, prioriza programas y proyectos, nuevos y de continuidad para esta gestión.

En el sector agropecuario se destinan $us 274 millones, destacando los programas de caficultura, trigo, ganadería, hortalizas, frutos amazónicos, cacao, pesca, intervención y mejoramiento en la producción de piña y banano, y perforación de pozos de agua, entre otros.

En el de industria se implementará la química básica en Bolivia, la planta de transformación de productos en la Amazonia boliviana (asaí, copoazú, acerola, sinini y majo), el complejo farmacéutico en Cochabamba, las plantas procesadoras de vidrio, cemento, maní, papa, la planta beneficiadora de castaña, con $us 368 millones.

Y para los sectores de energía, minería, hidrocarburos y transportes, se consignan $us 1.487 millones, resaltando la planta de generación hidroeléctrica Ivirizu, el centro de investigación de tecnología nuclear, la planta siderúrgica básica para la fabricación de laminados de acero en el Mutún, el desarrollo integral de salmuera del Salar de Uyuni, y la perforación exploratoria de pozos en Yará, Iñau, Yope y las Delicias.

Además, se continúan las medidas económicas dirigidas al sector productivo, como el crédito SÍ BOLIVIA, cuyo fideicomiso se amplió a Bs 1.261 millones, beneficiando en 2021 a 6.035 productores; el Impuesto al Valor Agregado de 0%, alcanzando una importación de Bs 938 millones en bienes de capital a enero de 2022; la subasta electrónica que facilita a la micro y pequeña empresa el acceso a compras estatales, generando un ahorro para el Estado de Bs 295 millones; el fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública (FARIP) con Bs 2.000 millones que permite otorgar créditos a las entidades territoriales autónomas; y el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) con Bs 1.500 millones a favor de los municipios.

Finalmente, es importante transformar la matriz productiva con el fin de alcanzar la soberanía alimentaria, contribuyendo al proceso de la sustitución de importaciones e industrialización, a través de la ejecución de los citados programas y proyectos productivos, considerando que los mismos permiten a Bolivia retornar a la senda de la estabilidad económica, a través de la generación de más fuentes de empleo y mayores ingresos para la población boliviana.

Verónica Casablanca Villca es economista.