Casi simultáneamente han entrado al debate tres medidas que buscan aumentar la disponibilidad de divisas en manos del Estado. La primera es el bono de remesas, por el que se vende bonos en dólares con una tasa de interés de 3 % anual, siendo una manera de captar divisas y ahorrar sin la necesidad de cambiarlos a bolivianos. La segunda medida es la compra de dólares a los exportadores a una tasa unos puntos más que en el rango oficial (entre Bs 6,86 y 6,96). Y la tercera es la compra de oro por parte del Banco Central a los productores auríferos. Estas medidas han sido tomadas por algunos como señales de una crisis económica, cuando no es cierto, sin embargo, desnudan la orfandad del Estado para cubrir sus necesidades en el comercio exterior. Las medidas no dejan de ser incentivos con tratamientos diferenciales que pueden distorsionarse o ser mal usados. Lo real es que el Estado no controla las divisas que el pueblo trabajador genera con las exportaciones, lo que puede llevar peligrosamente a que se pierda el control de la estabilidad de la moneda, principal objetivo del Banco Central de Bolivia (BCB); por ello se debe volver a la entrega obligatoria de divisas por los exportadores al BCB.
La obligatoriedad de la entrega de divisas como una necesidad de soberanía económica se internalizó en la conciencia nacional después de la Guerra del Chaco; la promulgación de esta norma por el tcnl. Germán Busch le llevó al suicidio/asesinato. Su heredero, el cnl. Gualberto Villarroel, corrió la misma suerte en el farol de la plaza Murillo. Al triunfo de la revolución de abril de 1952, con una enorme fuerza social, se tomó la medida para que el Estado disponga de divisas para emprender las tareas de diversificación e integración económica. En ese entonces, el mayor exportador era la Comibol, con el 70 %. En las postrimerías del modelo del nacionalismo revolucionario, el “célebre” DS 21060 en su artículo 5 expresa: “Se mantiene el régimen de venta obligatoria al Estado, del cien por ciento (l00%) de las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios, de los sectores público y privado, con la única deducción de los gastos de realización o tratamiento efectuados en moneda extranjera”; otros tres artículos se refieren al procedimiento y pone un límite a los “gastos de realización y tratamiento”.
Luego de la conclusión de los procesos de capitalización y privatización, el modelo neoliberal levantó la obligatoriedad de la entrega de divisas: era la condición para que los “socios estratégicos” sacaran los réditos económicos del país. Al presente subsiste la norma por la cual los exportadores no ingresan al país la totalidad de divisas que reciben y lo hacen por intermedio de la banca privada. Quienes entregan las divisas de sus exportaciones al BCB solo son YPFB y la fundidora de estaño; el resto (agroindustriales, empresas mineras etc.), no lo hace. El aparato productor estatal está estancado y no se vislumbra un mayor aporte de divisas al corto plazo, mientras la urgencia del Estado de satisfacer las necesidades nacionales como la compra de combustibles, el equipamiento en salud, el desarrollo de la infraestructura caminera, los procesos de industrialización, etc., van en aumento.
La situación es paradójica: a principios de año se confirmó el récord en exportaciones ($us 13.600 millones), pero nuestras reservas caen. ¿Vale la pena seguir aumentando las exportaciones? Claro que sí; sin embargo, esta operación debe ser no solo de salida de divisas, sino también de entrada de ellas al país, lo otro es fuga de capitales, creándose un poder económico superior al Estado, el que tiene que ser combatido.
El Gobierno ha tomado medidas que han ayudado a aumentar la productividad: estabilidad económica, liberación de impuestos a la importación de bienes de capital, subvención a los combustibles, apertura de mercados en el exterior, créditos de fomento, etc.; los resultados son claros, con el crecimiento del PIB en 4 %. Este esfuerzo nacional tiene que beneficiar a todos y no solo a una nueva oligarquía que anida en la debilidad del Estado.
El modelo económico social comunitario es antagónico al neoliberal de libre mercado, por eso le da al Estado un rol de planificador del desarrollo, para articular la pluralidad de la economía en un Estado soberano, “buscando la distribución equitativa de la riqueza, y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones”, como reza la Constitución Política del Estado.
La obligatoriedad de entrega de divisas al Estado no es una expropiación, la devolución de su valor en bolivianos permite dinamizar el mercado interno y emprender proyectos de sustitución de importaciones; en este sentido es una bandera nacional que debe unir a todo el pueblo deseoso de una patria para todos.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.