La deuda es una obligación adquirida que se debe cumplir pagando el monto prestado según las condiciones pactadas. Su creación es un proceso natural de la actividad económica que permite financiar e impulsar el crecimiento económico.

Así como una persona que tiene un salario se presta dinero para comprar o construir una vivienda, o un empresario que acude a un crédito para ampliar su negocio, un país se endeuda para crecer, ampliando su capacidad productiva e infraestructura, crear nuevas empresas que le permitan generar nuevos recursos para el Estado.

Durante las últimas semanas, analistas, economistas ortodoxos y hasta políticos, señalaron erróneamente que la deuda pública del país crece en forma descontrolada y se dedican a aterrorizar a la población, con mitos y predicciones apocalípticas irresponsables, sin haber realizado un cálculo y análisis correctos de la deuda pública total, obviándose aspectos metodológicos relevantes, como el “neteo o consolidación” de las cifras, que consiste en reducir la deuda intrasector entre entidades públicas, a fin de evitar el “error de doble contabilización”, según recomienda el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.

En efecto, de las interpretaciones incorrectas sobre deuda en artículos de opinión y declaraciones, me he permitido identificar y describir algunos mitos y verdades sobre la deuda pública del país, que describo a continuación: Mito:

“La deuda pública del país supera el 80% del PIB”.

Realidad: Según cifras oficiales de las entidades encargadas de administrar la deuda del país (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia), la deuda del sector público en 2021 fue de 46% del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente, a octubre de 2022, se encuentra en un nivel similar (45,6% del PIB).

Mito: “La deuda pública de Bolivia se encuentra entre las más elevadas de la región”.

Realidad: A octubre de 2022, la deuda pública total de Bolivia representó 45,6% del PIB y se ubica entre las más bajas de América Latina y el Caribe, inferior a economías como Brasil (88,2%), Argentina (76%), Costa Rica (67,6%), Uruguay (61,2%), Colombia (61,1%), México (56,8%), entre otras.

Mito: “Si la deuda pública supera el 90% del PIB será insostenible a futuro”.

Realidad: Japón, desde hace muchos años, tiene una deuda pública superior al 200% de su PIB y no ha tenido dificultades. En los últimos 250 años, Inglaterra ha tenido una deuda pública promedio del 100% del PIB, con muchísimos años llegando al 200% y tampoco presentó problemas.

Mito: “La implementación de una verdadera austeridad permitirá acelerar la reducción de la deuda”.

Realidad: Para aminorar la deuda pública, se requiere contar con superávit público, situación deseable pero irreal en el contexto actual, mismo que empeoró con la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Países de la Zona Euro, como España, Alemania y Gran Bretaña solo han tenido superávit público y muy pequeño, en tres de los últimos 22 años. Francia, Italia y Estados Unidos, casi nunca. Por tanto, el camino más rápido para reducir la deuda en porcentaje del PIB debería ser aumentando el denominador, es decir aumentando el PIB.

Mito: “El Gobierno solo habla de deuda externa y se olvide incluir la deuda interna”.

Realidad: Si observamos las cifras oficiales del BCB publicadas en su página web, se tiene que la deuda externa llegó a 30% del PIB a octubre de 2022 y si a éste añadimos la deuda interna con el sector privado que representa 16% del PIB en el mismo periodo ( fuente MEFP) —es decir, la emitida en el mecanismo de subasta y en donde las AFP voluntariamente y por libre decisión invierten—, la deuda del sector público totaliza 46% del PIB. Por tanto, la deuda pública oficial incluye todo lo que debe contabilizarse, tal cual establece el proceso de “neteo o consolidación” de cifras fiscales.

En síntesis, Bolivia, al contar con una deuda pública de 46% del PIB, todavía tiene un margen de endeudamiento público, si se lo quiere comparar con los límites referenciales de organismos internacionales, como la Comunidad Andina (50%) y el Tratado de Maastricht UE (60%), aunque muchos países, como se señaló anteriormente, dejaron de cumplir esos límites. La sostenibilidad de la deuda dependerá de para qué se usen los recursos: si para fomentar la producción y el empleo, o para costear gastos de funcionamiento.

Elio Alberto Colque es economista.  

Durante décadas, la ciudad de La Paz se ha caracterizado por ser una de las metrópolis del país, por no decir la única, en presenciar innumerables manifestaciones de organizaciones sociales, como sectores del magisterio, minero, gremial, cocalero, transporte, etc., en favor o en contra de una o una serie de políticas que diseñan e implementan los diferentes niveles de gobierno del Estado.

Parece una burla, pero estoy seguro que cada persona que se dirige al centro a estudiar, trabajar, tramitar o realizar alguna actividad personal se encarga, además de tomar en cuenta el pronóstico del tiempo, conocer qué tipo movilizaciones o conflictos sociales pueden existir en cada jornada, que perjudiquen sus actividades. Bolivia, al ser un Estado Plurinacional, también se caracteriza por tener una diversidad de organizaciones sociales con innumerables demandas.

No obstante, también considero que más de una persona se ha preguntado sobre los efectos negativos de esas manifestaciones sociales — paro, bloqueo o marchas— en la economía, y obviamente en la pérdida de ingresos de familias que dependen de sus actividades diarias para cubrir sus necesidades más elementales.

Según un cálculo sencillo y estadístico aproximado, en 2021, la producción total o ingresos del departamento de La Paz, representados por el Producto Interno Bruto (PIB), totalizaron $us 11.269 millones, mayor en 9,3% respecto a la gestión 2020; no obstante, si hubiera existido un paro de actividades con bloqueo en La Paz, la pérdida representaría $us 31 millones por día, $us 157 millones por semana y cerca de $us 1.000 millones por mes, cifras extremadamente elevadas. En un caso hipotético de un paro de actividades por un mes, la producción total del departamento en 2021 hubiera sido similar que en 2020, es decir no hubiera aumentado.

Si queremos ser más exquisitos en el análisis de las cifras, la pérdida por el paro en la actividad del comercio sería de $us 3 millones por día, lo propio en la industria manufacturera; en la actividad de establecimientos financieros, con $us 4 millones; en la administración pública, con $us 7 millones y así sucesivamente.

¿Pero qué repercusiones tienen el paro de actividades, bloqueos, etc. en las familias y empresas, además de la pérdida de ingresos por la reducción de sus ventas? Influyen negativamente en la cadena de suministro de los productos y principalmente en la destrucción de empleos directos e indirectos. Esto se manifiesta en una reducción de ingresos para el Estado por una menor recaudación tributaria y, por tanto, menor disponibilidad de recursos para educación, salud, servicios básicos, seguridad ciudadana, entre otros.

Finalmente, es importante señalar que las jornadas de paro de actividades, bloqueos, además de contribuir al desempleo, postergan la reconstrucción de la economía boliviana que, al igual que el resto de países, se encuentra sobrellevando los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, la mala administración del gobierno transitorio y recientemente la guerra entre Rusia y Ucrania.

¡En fin, desde hace décadas La Paz nunca estuvo en paz…!

Elio Alberto Colque es economista.

Durante los últimos días, algunas personas con amplia cobertura en prensa escrita y radial se han dado la libertad de realizar afirmaciones erróneas y sin fundamento metodológico de cálculo, señalando que la deuda pública del país se encuentra en sus niveles más elevados y que en términos del Producto Interno Bruto (PIB) llega al 80% del PIB.

Al respecto, es importante puntualizar y aclarar algunos elementos con relación al cálculo y análisis correcto de la deuda pública total, que debe ser abordada con mucho cuidado y responsabilidad, sin generar desinformación y falsa alarma en la población.

Empecemos señalando que la manera correcta de analizar la deuda pública externa, no solamente es observando el nivel de deuda, que a junio de 2022 alcanzó a $us 12.664 millones; también es importante determinar si este monto es o no sostenible, comparándolo con el tamaño de la economía, a través del ratio deuda/PIB. En ese sentido, la deuda pública externa llegó a 28,9% del PIB a junio de 2022, cifra inferior a 2021 (31,2%) y 2020 (33%) y muy por debajo de las tasas registradas en la época neoliberal (1985-2005), donde en promedio representaba 67% del PIB.

¿Qué significa lo anteriormente señalado? Que en el pasado cerca del 70% de todos nuestros ingresos como país estaban destinados a pagar la deuda externa contraída, empero, actualmente esa proporción disminuyó, como resultado de una administración responsable de las finanzas públicas y del endeudamiento público.

Por otro lado, es importante señalar que, si bien la deuda externa se incrementó en términos absolutos poco más del doble con relación a 2005, el PIB lo hizo en cuatro veces más respecto al mismo año. Ejemplifiquemos el tema para que se entienda mejor. Si un padre de familia tenía, en 2005, una deuda de Bs 6.000 con ingresos cercanos a Bs 9.000, su ratio de deuda era del 67%; si con el paso de los años, digamos en 2021, aumenta su deuda hasta llegar a Bs 12.000, esto daría la impresión de que se endeudó más, pero se olvida que sus ingresos también fueron creciendo con los años, hasta llegar a Bs 40.000, lo que implicaría un ratio del 30%. Ahora bien, cualquier entidad financiera al observar ambos momentos, concluiría que en el primero el peso de la deuda era muy elevado, en cambio en el segundo es mucho más manejable. En la actualidad, esa misma opinión es compartida por los organismos financieros multilaterales y bilaterales que otorgan créditos a Bolivia.

Con relación a la deuda interna, manifiestan que tuvo un fuerte incremento en los últimos años; sin embargo, olvidan señalar intencionalmente que el mayor incremento se registró en el gobierno de Jeanine Áñez, en 60% respecto a 2019, explicado principalmente por la emisión de créditos de liquidez, instrumentos que no habían sido empleados en el país desde 2005, debido a su alto riesgo por los plazos cortos de vencimiento. En 2021, la deuda interna emitida no solamente permitió honrar tales obligaciones de corto plazo, también comprar vacunas y atender la emergencia sanitaria por la pandemia.

Se habla de deuda pública total de alrededor del 78% del PIB, como si ésta fuera una simple suma de deuda interna y deuda externa, omitiendo deliberadamente aspectos metodológicos de cálculo e induciendo al error a propios y extraños. En efecto, siguiendo la metodología y las buenas prácticas internacionales de organismos internacionales, para el cálculo de la deuda pública total es imprescindible “netear o consolidar” la misma, a fin de evitar un error de doble contabilización; toda vez que la deuda interna del MEFP, a través del TGN, es un activo para el Banco Central de Bolivia (BCB) y un pasivo para el TGN, lo mismo sucede con las empresas públicas; es decir, si se hace referencia a la deuda de todo el sector público, las empresas públicas y el BCB forman parte del mismo. En esa línea, en 2021, la deuda pública del país alcanzó a 46% del PIB, según la Memoria del BCB.

Finalmente, endeudarse no es malo siempre y cuando permita mejorar y generar retornos futuros. Es el caso Bolivia, que entre 2006 y 2019 dirigió la deuda a inversión pública, situación totalmente contraria antes de 2005, cuando el país se endeudaba para pagar sueldos y salarios del sector público y para los “gastos reservados”.

Elio Alberto Colque es economista.