Cuando se analizan los efectos de la guerra y su impacto en la economía boliviana es bueno precisar previamente que la economía global atraviesa por una conjunción de tres crisis; la inicial con el COVID-19 y sus prolongaciones en China que dislocaron las cadenas de suministro mundiales, aumentaron los costos de envío, contrajeron la oferta de suministros y generaron medidas de expansión fiscal para contrarrestar sus efectos negativos en las empresas y en la gente. El producto global cayó en 3,2% y cuando la actividad económica mundial se estaba recuperando, puesto que en 2021 creció un 5,9%, vino un segundo sacudón en febrero de 2022, hace un año, con la invasión de Rusia a Ucrania, el apoyo directo de los “aliados” y especialmente la proliferación de sanciones comerciales y financieras que generaron una nueva dislocación económica ahora en función de los intereses geopolíticos y económicos en juego.
La torta de la cereza la pusieron los Bancos Centrales de los países avanzados al subir simultáneamente sus tasas de interés ante el aumento de la inflación, la cual de 3,1% en 2021 trepó a un 7,3% en 2022, y que llegó en el caso de Europa a los dos dígitos al superar el 10% en los dos últimos trimestres de 2022.
La “normalización financiera” que reclamaba el FMI en realidad fue un descoordinado endurecimiento de las condiciones financieras que, junto con la revaluación del dólar, incentivó en los países en desarrollo salidas de capitales de corto plazo, depreciaciones cambiarias, caída de las Reservas Internacionales y aumento del spread de los bonos de la deuda.
El impacto más notorio en la economía boliviana de esta pluricrisis fue en el desequilibrio del sector externo, el cual se puede enfrentar con mayor endeudamiento externo, modificación del tipo de cambio y con uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Bolivia optó por las RIN, las cuales, en enero de 2020, antes de la primera crisis, eran de $us 6.374 millones y que, a enero de 2023, como resultado de la pluricrisis, cayeron a 3.616 millones, mostrando una pérdida acumulada de $us 2.758 millones.
Frente al desequilibrio en el sector externo por factores no controlados, el país podría recurrir a las instituciones financieras internacionales creadas expresamente para financiar desequilibrios de balanza de pagos, como el FMI y el FLAR, del cual Bolivia forma parte y es miembro activo con derechos y obligaciones.
En el caso del FMI, dentro de la diversidad de líneas de financiamiento o facilidades financieras, está la Línea de Crédito Flexible (LCF) creada el 24 de marzo de 2009 como parte de una profunda reforma de los mecanismos de préstamo del FMI, la cual “permite a los países beneficiarios utilizar la línea de crédito en cualquier momento para hacer frente de manera flexible a necesidades de balanza de pagos reales y potenciales. Los giros en el marco de la LCF no se escalonan ni están sujetos a condicionalidad ex-post, como ocurre con los programas ordinarios del FMI”.
El año pasado, el FMI aprobó un acuerdo de dos años para Chile de Boric en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto de DEG 13.954 millones ($us 18.500 millones; equivalente al 800% de su cuota). Que “reforzará temporalmente los buffers precautorios para Chile y brindará un seguro importante frente a una amplia gama de riesgos, como los derivados de una posible desaceleración brusca de la economía mundial, choques de precios de las materias primas, las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania, o un continuo endurecimiento de las condiciones financieras internacionales”.
La cuota de Bolivia en el FMI es de 240,1 de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a $us 320 millones, por lo que un monto similar a 800% de la cuota seria de $us 2.400 millones, cercana a la pérdida de RIN asociada a los shocks externos producto de la pluricrisis.
La LCF la utilizan Chile, Perú, Colombia y México, que no son neoliberales.
Eso sí, se requiere reconocer el problema (que ya es parte del 50% de la solución), romper el velo ideológico y utilizar los mecanismos disponibles en función de los intereses del país.
* Esta es una versión corta del artículo que salió erróneamente en el suplemento El Financiero del domingo 5 de marzo bajo el nombre de Pablo Deheza y bajo el titulo “Los efectos de la guerra y la política”.
Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista.