Nadie debería equivocarse sobre lo que ha pasado en los últimos días en el sistema bancario estadounidense: estos recientes colapsos bancarios son resultado directo de la suavización de las normas financieras de los dirigentes en Washington. Tras la crisis financiera de 2008, el Congreso aprobó la Ley Dodd-Frank para proteger a los consumidores y asegurar que los grandes bancos nunca pudieran volver a hundir la economía y destruir millones de vidas. Los altos ejecutivos de Wall Street y sus ejércitos de abogados y grupos de presión odiaban esta ley. Gastaron millones en intentar derrumbarla, y, cuando perdieron, gastaron millones más en tratar de debilitarla.

Greg Becker, director ejecutivo del Silicon Valley Bank (SVB), fue uno de los muchos ejecutivos poderosos que presionaron en el Congreso para debilitar la ley. En 2018, ganaron los grandes bancos. Con el apoyo de los dos partidos, el presidente Donald Trump firmó una ley para revertir algunas partes fundamentales de la Ley Dodd-Frank. Bancos como el SVB —que antes de que los reguladores lo cerraran el viernes se había convertido en el 16º mayor banco de Estados Unidos— consiguieron que les suavizaran los requisitos severos. El SVB sufrió una mezcla tóxica de gestión del riesgo y supervisión endeble. Por su parte, el banco dependía de un grupo concentrado de empresas tecnológicas con grandes depósitos, lo que generaba una proporción anormalmente elevada de depósitos no asegurados. Esto significaba que la debilidad de un solo sector de la economía podía amenazar la estabilidad del banco.

En vez de gestionar ese riesgo, el SVB canalizó esos depósitos hacia bonos a largo plazo, lo que dificultó la respuesta ante una retirada de fondos. El SVB, al parecer, no se protegió contra el riesgo evidente de la subida de los tipos de interés. El colapso del SVB desencadenó un contagio inminente que los reguladores pensaron que debían contener, lo que los llevó a la decisión de disolver el Signature Bank. Signature había publicitado su seguro de la FDIC mientras se creaba una base de clientes inclinada hacia las arriesgadas firmas de criptomonedas.

Nunca se debería haber permitido que estas amenazas se materializaran. Debemos actuar para impedir que vuelvan a suceder. En primer lugar, el Congreso, la Casa Blanca y los reguladores bancarios deben revertir la peligrosa desregulación de la era Trump. Los reguladores bancarios también deben mirar con detenimiento debajo del capó de nuestras instituciones financieras, para ver dónde pueden acechar otros peligros. En segundo lugar, los reguladores deberían reformar el seguro de depósitos para que, tanto en esta crisis como en el futuro, las empresas que intentan pagar sus nóminas y realizar otras transacciones financieras ordinarias estén plenamente cubiertas, al tiempo que se asegura que el costo de proteger a los mayores depositantes recaiga sobre las instituciones financieras que plantean el mayor riesgo. Las grandes empresas con miles de millones en depósitos no asegurados nunca más deberían esperar, ni recibir, el apoyo gratuito del Estado.

Por último, si queremos desincentivar que este tipo de conducta de riesgo vuelva a producirse, es crucial que no se recompense a sus responsables.

Elizabeth Warren es senadora de EEUU y columnista de The New York Times.